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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03131-01

Fecha
15 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03131-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Modificar el primer numeral de la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el cual quedará así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 11001-03-15-000-2025-03131-01 Demandante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina Declarar que operó parcialmente la cosa juzgada constitucional, en relación con lo alegado y solicitado frente a la Corte Constitucional, y negar las pretensiones dirigidas contra el Consejo Nacional Electoral. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03131-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

15 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03131-01
Demandante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03131-01
Demandante: LEODÉGAR LORENZO SEGUNDO ROIS REINA
Demandados: CORTE CONSTITUCIONAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL PARCIAL – La demanda de tutela
presenta identidad de partes, de causa y de objeto con otra presentada previamente, en
relación con lo expuesto y lo solicitado frente a la Corte Constitucional – AUSENCIA DE
VULNERACIÓN DE DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN – La respuesta a la
solicitud del demandante fue de fondo y no merece reproche alguno por haber implicado
la denegación de la consulta pretendida – AUSENCIA DE AFECTACIÓN DE OTROS
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES – La respuesta a la petición del accionante no
permite siquiera inferir una afectación de los demás preceptos constitucionales
invocados, cuya supuesta lesión se sustentó en una afirmación incierta e hipotética.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia del
26 de junio de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 23 de mayo de 20252, el señor Apolinar José de Jesús Martínez Madrid instauró
demanda de tutela contra la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, a fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición y a la libertad de
conciencia, así como de la «excepción de inconstitucionalidad» y de la «protección [de
su] creencia».

1 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 4 de agosto de 2025,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, expediente de primera instancia, índice 2, archivo «1(…)Demanda_AcciondeTutela(…)».

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Demandante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina

2. En ese sentido, solicitó que se ordenara a las autoridades demandadas, primero,
indicar cuál de ellas era la competente para resolver una solicitud que presentó el 21 de
enero de 2025; y, segundo, emitir la respuesta de fondo correspondiente.

3. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente
relevantes:

4. El 21 de enero de 2025, el señor Rois Reina le solicitó a la Corte Constitucional que le
informara, primero, si tenía derecho a postularse como candidato presidencial; y
segundo, si, en caso de resultar elegido, podría posesionarse sin rendir el juramento
establecido en el artículo 192 de la Constitución, y posesionar a otros servidores públicos
sin exigirles juramento alguno, en tanto el acto de jurar es contrario a sus creencias
religiosas.

5. En la misma fecha, el presidente de la Corte Constitucional le informó que no era
posible pronunciarse frente a su solicitud, en tanto su objeto no correspondía a ninguno
de los asuntos sobre los cuales esa corporación ejerce la función jurisdiccional.

6. El 31 de enero de 2025, el accionante interpuso «recurso de reposición» contra la
anterior respuesta, argumentando que, entre las funciones del jefe de comunicaciones
de la Corte Constitucional, establecidas en el reglamento de esa corporación, se
encuentra la de proyectar respuestas a las consultas elevadas por los ciudadanos.

7. El mismo día, el presidente de la Corte Constitucional insistió en la imposibilidad de
pronunciarse sobre la solicitud y agregó que, dentro de las funciones de esa corporación,
no se encuentra la de resolver consultas particulares, ni la de emitir conceptos, ni la de
suministrar asesorías jurídicas.

8. El 11 de febrero de 2025, el señor Rois Reina presentó demanda de tutela contra la
Corte Constitucional, a fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición.
En consecuencia, solicitó ordenar a dicha corporación que expidiera una respuesta de
fondo ante su solicitud o, en su defecto, que definiera la autoridad competente para
hacerlo.

9. Mediante sentencia del 6 de marzo de 2025, la Sala de Decisión Civil – Familia -
Laboral del Tribunal Superior de Riohacha declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a la solicitud de amparo mencionada, argumentando que la Corte
Constitucional probó haber resuelto la petición y el «recurso de reposición» del señor
Rois Reina mediante escritos del 21 y del 31 de enero de 2025.

10. El 7 de mayo de 2025, el Consejo Nacional Electoral contestó la solicitud del aquí
demandante, refiriéndose, primero, al régimen de inhabilidades del presidente de la
República; segundo, al deber de partidos y movimientos políticos, así como de
movimientos sociales y de grupos ciudadanos, de verificar la ausencia de inhabilidades
en cabeza de quienes pretendan postular como candidatos presidenciales; y, tercero, a

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la imposibilidad de «absolver de fondo consultas que traten de situaciones particulares,
individuales o concretas».

11. A juicio del demandante, la Corte Constitucional vulneró su derecho fundamental de
petición al remitir su solicitud a una autoridad que no era competente para resolverla, así
como al no proferir la respuesta pronta y de fondo que le correspondía.

12. Sobre el particular, el señor Rois Reina adujo que esa corporación era la competente
para resolver su solicitud, por ser la máxima intérprete de la Constitución, en virtud de lo
cual debía definir su «derecho» a posesionarse como presidente de la República y a
posesionar a otros servidores públicos sin juramento alguno.

13. Agregó que una respuesta de fondo por parte de la Corte Constitucional era
necesaria para evitar un perjuicio irremediable futuro, consistente en que otras
autoridades le impidan posesionarse como presidente sin rendir juramento, o en que
algún ciudadano cuestione su posesión por vía judicial.

14. Por otro lado, sostuvo que el Consejo Nacional Electoral vulneró su derecho
fundamental de petición, en tanto contestó su solicitud de forma evasiva, sin abordar su
objeto, y por cuanto no identificó la autoridad competente para resolver el debate
planteado en ella.

15. Además, señaló que esa autoridad electoral y la Corte Constitucional vulneraron su
derecho fundamental a la libertad de conciencia, no solo porque le impusieron una
creencia al obligarlo a rendir el juramento establecido en el artículo 192 de la
Constitución, contentivo de un «dogma espurio y sin fundamento en las Sagradas
Escrituras», sino porque lo sometieron al riesgo de sufrir discriminación en la
conformación del poder político, a causa de sus creencias.

16. Igualmente, alegó que la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral
desconocieron el deber de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por no confrontar
el artículo 18 de la Carta, relativo al derecho fundamental a la libertad de conciencia, con
los artículos 122, 137, 188 y 192 ejusdem.

17. Por último, acusó a ambas autoridades de incumplir el deber de protegerlo en su
creencia, desconociendo así el artículo 2 de la Constitución Política.

B. Trámite impartido e intervenciones

18. Mediante auto del 27 de mayo de 20253, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la demanda de tutela contra la Corte Constitucional y el Consejo
Nacional Electoral.

3 Samai, expediente de primera instancia, índice 5.

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19. El presidente de la Corte Constitucional4, solicitó que se declarara improcedente
la solicitud de amparo constitucional, por cuanto esta se sustentó en hechos abstractos,
futuros e inciertos que no dieron cuenta de la necesidad de evitar un perjuicio
irremediable.

20. De forma subsidiaria, solicitó que se denegaran las pretensiones del demandante,
debido a que no vulneró sus derechos fundamentales, pues contestó sus peticiones el
mismo día en el cual las presentó, en atención a los mandatos legales y constitucionales
aplicables, cuyo desconocimiento implicaría una extralimitación de funciones por parte
de la Corte Constitucional.

21. Finalmente, en cuanto al alegato de que la Corte era la competente para resolver la
petición del señor Rois Reina, advirtió que esa corporación no es un órgano consultivo
y, por ende, no puede brindar asesorías jurídicas particulares ni emitir conceptos.

22. El Consejo Nacional Electoral guardó silencio, pese a que se le notificó5 el auto
admisorio de la demanda.

C. Fallo impugnado

23. Mediante sentencia del 26 de junio de 20256, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo.

24. En primer lugar, argumentó que la Corte Constitucional acreditó haber informado al
señor Rois Reina sobre la falta de competencia para resolver su petición, así como sobre
la remisión de esta al Consejo Nacional Electoral.

25. Seguidamente, sostuvo que el Consejo Nacional Electoral probó haber brindado una
respuesta «oportuna, adecuada y justificada» a la solicitud del demandante,
satisfaciendo así las exigencias mínimas para la garantía del derecho fundamental de
petición. Además, advirtió que esa entidad acertó al indicar que el ejercicio de este
derecho «no puede convertirse en un mecanismo para la absolución de consultas
abstractas o hipotéticas».

26. Por último, expuso que no encontró ninguna situación actual que permitiera
considerar vulnerado el derecho fundamental a la libertad de conciencia, o estimar
desconocidas la «excepción de constitucionalidad» y la «protección a la creencia
personal», respecto de lo cual el accionante alegó hechos futuros e inciertos.

D. Impugnación

27. El demandante7 solicitó que se revoque la anterior decisión, para lo cual reiteró que
las autoridades demandadas vulneraron su derecho fundamental de petición porque, a
su juicio, brindaron respuestas evasivas y contradictorias, y no determinaron quién era
4 Samai, expediente de primera instancia, índice 9.
5 Samai, expediente de primera instancia, índice 8.
6 Samai, expediente de primera instancia, índice 11.
7 Samai, expediente de primera instancia, índice 15.

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la competente para resolver la solicitud ni la trasladaron de conformidad con el artículo
21 del CPACA.

28. Igualmente, sostuvo que dichas autoridades no emitieron una contestación de fondo
que le permitiera ejercer el «derecho» a participar en las elecciones presidenciales sin
prestar juramento, omitiendo así el deber de protegerlo en sus creencias y lesionando su
derecho fundamental a la libertad de conciencia.

29. Por otro lado, adujo que la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación
desconoció que su petición surgió de una situación «concreta, real e inminente»: su
«derecho» a participar en las elecciones presidenciales sin prestar juramento, de
acuerdo con su «conciencia». Además, señaló que se configuró una amenaza «actual y
verificable», en tanto la expedición de una respuesta de fondo frente a su solicitud era
necesaria para «evitar perjuicios irremediables futuros».

30. Finalmente, alegó que dicha subsección desconoció el artículo 86 de la Constitución
al proferir su decisión luego de haber transcurrido más de diez días desde la presentación
de la demanda de tutela.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

F. Cuestiones previas

Alcance de la decisión

32. La Corte Constitucional8 ha explicado que, en materia de tutela, la impugnación es
una manifestación del derecho fundamental al debido proceso, cuyo objeto consiste en
que el superior jerárquico de la autoridad que profirió el fallo de primera instancia «evalúe
nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva»9.

33. De lo anterior, se desprende claramente que la impugnación debe versar sobre la
misma vulneración de derechos fundamentales alegada ante el juez de primera instancia,
lo cual, a su vez, delimita el ámbito decisión del de segunda.

8 Sentencia T-353 de 2018, reiterada en la sentencia de unificación 387 de 2022.
9 Énfasis añadido.

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34. En el presente caso, el impugnante planteó una lesión de derechos fundamentales
distinta a la alegada en la demanda de tutela: la derivada de la demora en la expedición
del fallo de tutela de primera instancia. En consecuencia, la decisión de esta Sala excluirá
cuaquier análisis al respecto y únicamente versará sobre la supuesta violación
iusfundamental que motivó la presentación de la solicitud de amparo: el trámite y la
contestación de la solicitud del 21 de enero de 2025.

Necesidad de estudiar la configuración de cosa juzgada constitucional o de una
actuación temeraria

35. El señor Rois Reina afirmó haber presentado una demanda de tutela previa contra la
Corte Constitucional, con el propósito de obtener el amparo de su derecho fundamental
de petición, para lo cual solicitó ordenar a dicha corporación que emitiera una respuesta
de fondo ante su solicitud del 21 de enero de 2025 o, en su defecto, que definiera la
autoridad competente para hacerlo.

36. De entrada, la Sala advierte una identidad parcial de partes, de causa y de objeto
entre la mencionada demanda de tutela, resuelta por la Sala de Decisión Civil – Familia
• Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, y aquella que constituye el objeto de la
presente providencia. En consecuencia, se analizará si se configuró una cosa juzgada
constitucional o una actuación temeraria por parte del señor Rois Reina, en relación con
lo alegado y solicitado frente a la Corte Constitucional.

G. Problema jurídico

37. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 26 de junio de
2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Para
esto, de conformidad con lo expuesto en el acápite de cuestiones previas y en la
impugnación, establecerá lo siguiente:

38. Primero, si se configuró una cosa juzgada constitucional o una actuación temeraria
por parte del señor Rois Reina, respecto de lo alegado y solicitado frente a la Corte
Constitucional.

39. Segundo, si los derechos fundamentales de aquel resultaron vulnerados a causa de
la respuesta a su solicitud del 21 de enero de 2025.

H. Análisis de la Sala

Configuración de cosa juzgada constitucional parcial

40. A efectos de establecer si se configuró una cosa juzgada constitucional o una
conducta temeraria por parte del señor Rois Reina, es necesario exponer lo siguiente:

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41. Según el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se incurrirá en una conducta
temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales».

42. En la sentencia de unificación 168 de 2017, la Corte Constitucional explicó que la
temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad de
partes, b) identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) ausencia de justificación
en la presentación de la nueva acción de tutela, vinculada a un actuar doloso y de mala
fe por parte del demandante. Sobre este último elemento, la Corte señaló lo siguiente:

(…) [S]e presenta cuando la actuación del actor resulta amañada, denota el propósito
desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, deja al descubierto
el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la
acción, o pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien
administra justicia.

43. Aparte, la mencionada corporación10 ha sostenido que bien puede configurarse la
cosa juzgada constitucional, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una
segunda tutela, «debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo».

44. En línea con lo anterior, la Corte11 ha indicado que, desprovisto de la mala fe propia
de la temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada constitucional se presenta cuando se
constata lo siguiente: (i) que en el nuevo proceso existe identidad jurídica de partes; (ii)
que el nuevo proceso versa sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones;
(iii) que el nuevo proceso se adelanta por la misma causa que originó el anterior, es decir,
por los mismos hechos, y (iv) que en el proceso de tutela anterior se hubiera surtido el
trámite de selección ante la Corte Constitucional.

45. En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que la presentación de
dos o más acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los mismos
hechos y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate que quien ha
acudido ante los jueces constitucionales lo haya hecho de mala fe, en forma abusiva o
con el propósito de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable de los jueces, de
suerte que, deliberadamente, somete su cuestión al escrutinio de varios jueces para
propiciar una decisión acorde con sus intereses.

46. Finalmente, la Corte Constitucional12 ha señalado que, aunque objetivamente se
adviertan los requisitos de la temeridad, existen circunstancias que impiden que se
configure o sea declarada por el juez, como se expone a continuación:

10 Sentencia T-560 de 2009. Criterio reiterado en la sentencia T-280 de 2017.
11 Sentencia T-219 de 2018.
12 Sentencia T-579 de 2017.

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Con todo, se configurará la temeridad solo cuando concurran los siguientes elementos: (i)
identidad fáctica con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante y de accionado;
(iii) identidad de pretensiones; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción.
Esta situación supone un desgaste al sistema judicial por capricho del accionante y por
desconocimiento del principio de buena fe. Con todo, la temeridad debe ser plenamente
acreditada y no puede ser inferida tras una simple revisión formal de las acciones de tutela
que llevan a suponer que se ha configurado dicha conducta.

Si hay concurrencia de los elementos citados, el juez podrá, rechazar de plano la tutela o
decidir negativamente la petición, cuando advierta que la actuación (i) envuelva una
actuación amañada, en la que se reservan para cada acción los argumentos o pruebas
que convaliden las pretensiones; (ii) denote un interés desleal de alcanzar un beneficio
individual al perseguir una interpretación judicial favorable; (iii) evidencie el abuso del
derecho al actuar abiertamente de mala fe; (iv) pretenda asaltar la buena fe de los
administradores de justicia.

Con todo, a pesar de la posible concurrencia de los citados elementos que dan estructura
a la figura de la temeridad, debe verificarse las circunstancias particulares del caso
concreto, en especial cuando se pueda advertir alguna de las siguientes circunstancias:
(i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad
extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los
profesionales del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron
con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la
misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales
del demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de interponer una nueva
acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación,
cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran
en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron
acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.

47. Ahora, el señor Rois Reina afirmó haber presentado una demanda de tutela previa
contra la Corte Constitucional y aportó el escrito respectivo13. Tras su revisión, la Sala
corroboró que se dirigió contra la mencionada corporación y que, al igual que la demanda
que ahora se estudia, se motivó en la falta de resolución de la solicitud del 21 de enero
de 2025 y tuvo por objeto el amparo del derecho fundamental de petición, así como la
indicación de la autoridad competente para resolver dicha solicitud y la emisión de la
respuesta de fondo correspondiente.

48. Cabe indicar que esa demanda previa no incluyó dos alegatos contenidos en aquella
objeto de la presente decisión: (i) el relativo a que la Corte Constitucional remitió la
solicitud a una autoridad que no era competente para resolverla, y (ii) el referente a la
vulneración del derecho fundamental a la libertad de conciencia del señor Rois Reina,
derivada de la imposición de una creencia por la eventual obligación de rendir el
juramento establecido en el artículo 192 de la Constitución. Empero, ninguno de estos
alegatos tiene incidencia en lo pretendido frente a la Corte Constitucional, es decir, la
indicación de la autoridad competente para resolver la petición y la emisión de la
respuesta de fondo correspondiente, razón por la cual no integran la causa petendi y,

13 Samai, expediente de primera instancia, índice 2, archivo «5_(…)Anexos_2AcciondeTutelaDerec».

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consecuentemente, no constituyen un verdadero elemento diferenciador de la motivación
de las demandas de tutela comparadas.

49. Aclarado lo anterior, entonces, se colige que ambas demandas presentan identidad
de partes, de causa y de objeto, en relación con lo expuesto y lo solicitado frente a la
Corte Constitucional, en su orden: la falta de resolución de la petición y la indicación de
la autoridad competente para resolverla y la emisión de la respuesta de fondo
correspondiente.

50. Ahora, la Sala no encuentra ningún elemento para inferir que el señor Rois Reina
obró de mala fe al presentar la segunda demanda de tutela contra la Corte Constitucional,
máxime cuando él mismo informó haber presentado una solicitud de amparo previa.
Tampoco encuentra prueba de un actuar abusivo o dirigido a obtener una decisión
favorable a toda cosa. En consecuencia, se descarta la configuración de una actuación
temeraria.

51. Finalmente, tras la revisión del expediente asociado a la primera demanda de tutela,
disponible en el sitio web de la Corte Constitucional14, la Sala identificó que esa
corporación lo excluyó de revisión mediante auto del 29 de abril de 202515. Esto, aunado
a la identidad de partes, de causa y de objeto ya descrita, permite concluir que se
configuró la cosa juzgada constitucional sobre lo alegado y solicitado frente a aquella
corporación.

Ausencia de vulneración de derechos fundamentales por parte del Consejo
Nacional Electoral

52. Para establecer si los derechos fundamentales del accionante resultaron vulnerados
a causa de la respuesta a su solicitud del 21 de enero de 2025, es necesario señalar
que, según la Corte Constitucional16, la garantía del derecho fundamental de petición
exige la emisión y notificación de una respuesta pronta y de fondo. Esta última
característica, según la misma corte, no implica acceder a lo solicitado y se predica
respecto de contestaciones claras, precisas, congruentes y, de ser el caso, consecuentes
con las actuaciones del procedimiento administrativo correspondiente 17.

53. Ahora, en la impugnación, el señor Rois Reina sostuvo (i) que no se determinó la
autoridad competente para resolver su solicitud, (ii) que no fue trasladada de conformidad

14 Expediente T11034109, disponible en: ExpedienteT11034109.
15 Disponible en: Auto29Abril2025.
16 Al respecto, se puede consultar la sentencia de unificación 191 de 2022, así como las sentencias C-007

de 2017 y T-230 de 2020.
17 Las mencionadas características fueron explicadas en la sentencia T-230 de 2020, en los siguientes

términos: «(…) la respuesta de la autoridad debe ser: (i) clara, esto es, inteligible y contentiva de
argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar
en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que
abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con
el trámite que se ha surtido (…), si la respuesta se produce con motivo de [una] petición formulada dentro
de un procedimiento (…)».

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con el artículo 21 del CPACA y (iii) que la contestación a esta fue evasiva y contradictoria,
lo cual le impidió ejercer el «derecho» a participar en las elecciones presidenciales sin
prestar juramento, e implicó una lesión de su derecho fundamental a la libertad de
conciencia y un incumplimiento del deber estatal de protegerlo en sus creencias.

54. Ahora, entre los documentos aportados por el demandante, se encuentra el escrito
contentivo de la petición del 21 de enero de 202518, el cual corrobora que el señor Rois
Reina solicitó que se le informara, primero, si tenía derecho a postularse como candidato
presidencial; y segundo, si, en caso de resultar elegido, podría posesionarse sin rendir
el juramento establecido en el artículo 192 de la Constitución, y posesionar a otros
servidores públicos sin exigirles juramento alguno, en tanto el acto de jurar es contrario
a sus creencias religiosas.

55. Adicionalmente, entre los documentos adjuntos a la intervención del presidente de la
Corte Constitucional, se encuentra el oficio 2025-01319, el cual evidencia que, el 24 de
febrero del presente año, esa corporación remitió la petición del señor Rois Reina al
Consejo Nacional Electoral.

56. Además, entre los documentos presentados con la demanda, se encuentra el oficio
CNE-S-2025-001321-OJ-50020, proferido el 7 de mayo de 2025 por el jefe de la Oficina
Jurídica del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se contestó la petición del señor
Rois Reina de la siguiente manera:

(…) [N]o es posible absolver por vía de la consulta autorizada por el numeral 2º del
artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, asuntos en los que el Consejo Nacional Electoral tiene atribuciones
a través de un procedimiento especial para revocar la inscripción de candidatos en los
términos que prevé el numeral 12 del artículo 265 de la Carta Política. (…)

Para atender su primer interrogante, es preciso indicarle que, para ser [p]residente
de Colombia, deberá de (sic) tener en cuenta lo establecido en [los artículos] 191 y
197 de la Constitución Política de 1991. (…)

Con fundamento en lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011[,] en el alcance
de interpretación dado por la Corte Constitucional, es deber de las agrupaciones
políticas que inscriben candidatos a cargos y curules de elección popular, verificar
el cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos y que no se
encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. (…)

(…) [S]egún las facultades que han sido otorgadas al Consejo Nacional Electoral en virtud
de lo contemplado en el artículo 265 de la Constitución Política, no puede absolver de
fondo consultas que traten de situaciones particulares, individuales o concretas,
menos aún inmiscuirse en los asuntos y/o trámites que deben ser llevados a cabo por
otros entes del Estado de acuerdo con sus competencias, como lo es en este caso que
se pone en discusiones asuntos relacionados con cuestiones religiosas y las facultades
para posesionar a otros servidores públicos (énfasis añadido) (…).

18 Samai, expediente de primera instancia, índice 2, archivo «3_(…)Anexos_1DerechodePeticionJu».
19 Samai, expediente de primera instancia, índice 9, archivo «18(…)oficiodel24defeb».
20 Samai, expediente de primera instancia, índice 2, archivo «11(…)5ContestacionCNEDesp».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03131-01
Demandante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina

57. De la respuesta brindada al demandante, se puede extraer lo siguiente:

58. Primero, frente al interrogante del aquí demandante sobre la posibilidad de ser
candidato presidencial, el Consejo Nacional Electoral informó que ello debería ser
analizado por aquel y por el partido, el movimiento político o social, o el grupo significativo
de ciudadanos en representación del cual se postule, de conformidad con lo establecido
en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 y en atención a lo dispuesto en los artículos 191
y 197 de la Constitución.

59. Segundo, en relación con el interrogante del actor frente a la posibilidad de
posesionarse como presidente de la República y de posesionar a otros servidores
públicos sin juramento alguno, el Consejo Nacional Electoral informó que no podía
absolver consultas sobre situaciones particulares, individuales o concretas, ni
pronunciarse sobre asuntos relacionados con su facultad constitucional de revocar la
inscripción de candidatos de cargos a elección popular.

60. Sobre el particular, la Sala advierte que, contrario a lo sugerido por el señor Rois
Reina, el Consejo Nacional Electoral no afirmó carecer de competencia para
pronunciarse sobre la solicitud en cuestión. Lo que sí se desprende de la respuesta es
que ese organismo se abstuvo de emitir un concepto sobre la situación particular
planteada por el aquí demandante, en atención a que, eventualmente, podría
encontrarse en la obligación de pronunciarse sobre ella, dada su facultad constitucional
de revocar la inscripción de candidatos a cargos de elección popular (art. 265.12 de la
Constitución Política).

61. De esa manera, el Consejo Nacional Electoral no tenía por qué referirse a ninguna
otra autoridad ni, mucho menos, efectuar la remisión establecida en el artículo 21 del
CPACA, como se alegó en la impugnación.

62. Ahora, en virtud de lo explicado frente al oficio CNE-S-2025-001321-OJ-50021, la Sala
considera que el Consejo Nacional Electoral abordó clara y concisamente los dos puntos
de la petición de la solicitud del señor Rois Reina, pues expuso de forma comprensible y
concreta los motivos por los cuales no pudo pronunciarse sobre ellos. Dada la naturaleza
de la consulta, en la que, cabe recordar, se visualiza al aquí demandante como
presidente de la República ad portas de tomar posesión y absteniéndose de prestar
juramento en los términos del art. 192 superior, por considerarlo contrario al credo que
profesa, era apenas comprensible que la autoridad adujera la imposibilidad de absolverla
porque aludía a una situación individual o concreta, además de hipotética. Es más, la
propia Corte Constitucional la que ha señalado que, en ciertos casos, la Administración
puede relevarse de brindar respuestas de fondo, «si la impredictibilidad del sentido
correcto de la respuesta hace altamente complejo dar contestación precisa de dicha
petición»22.

21 Es decir, lo expuesto en los párrafos 57 a 59.
22 Sentencia T-1075 de 2003.

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Demandante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina

63. Adicionalmente, según la Corte Constitucional, una respuesta de fondo no implica
acceder a lo solicitado, por lo que mal haría esta judicatura en formular reproches al
Consejo Nacional Electoral por haberse abstenido de emitir su concepto sobre la
situación particular planteada por el señor Rois Reina, máxime cuando sustentó esa
decisión en la posibilidad de tener que pronunciarse sobre esa situación en ejercicio de
sus facultades constitucionales. De hecho, como lo dejó entrever el presidente de la
Corte Constitucional en su intervención, lo pedido por el actor ante las autoridades, más
que el ejercicio del derecho de petición en la modalidad de consulta, es una asesoría
jurídica personal, relativa a lo que, en su criterio, podría presentarse en caso de que él
resultara elegido presidente de la República y, al momento de posesionarse, se
abstuviera de prestar el juramento previsto en el artículo 192 de la Constitución Política,
porque ello se opone a su creencia religiosa.

64. De esa manera, se corrobora que la respuesta brindada por el Consejo Nacional
Electoral no implicó la vulneración del derecho fundamental de petición del demandante.

65. Ahora, tampoco puede considerarse que la mencionada respuesta haya lesionado el
derecho fundamental a la libertad de conciencia del señor Rois Reina, ni que haya
implicado un desconocimiento del deber estatal de protegerlo en sus creencias, pues ni
lo uno ni lo otro puede siquiera inferirse de los argumentos expuestos por el Consejo
Nacional Electoral.

66. Finalmente, como bien lo advirtió la Subsección A de la Sección Segunda de esta
corporación, el demandante no expuso ninguna situación actual y concreta que
evidenciara la lesión o el desconocimiento mencionados y, de ninguna manera, puede
considerarse que dicha situación corresponda a la supuesta imposibilidad de ejercer el
«derecho» a participar en las elecciones presidenciales sin prestar juramento, como se
sostuvo en la impugnación, pues ello, en sí mismo, constituye una afirmación incierta e
hipotética, esto es, desprovista de cualquier elemento fáctico que la sustente.

67. En virtud de todo lo explicado, se modificará el primer numeral de la sentencia de
primera instancia, en el sentido de declarar la cosa juzgada constitucional sobre lo
alegado y solicitado frente a la Corte Constitucional, y de negar las pretensiones de
amparo dirigidas contra el Consejo Nacional Electoral.

68. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Modificar el primer numeral de la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el cual quedará así:

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Demandante: Leodégar Lorenzo Segundo Rois Reina

Declarar que operó parcialmente la cosa juzgada constitucional, en relación con lo
alegado y solicitado frente a la Corte Constitucional, y negar las pretensiones dirigidas
contra el Consejo Nacional Electoral.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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