Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03135-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03135-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03135-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
31 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03135-01
Demandante: Carlos Augusto Ruiz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03135-01
Demandante: CARLOS AUGUSTO RUIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CALI
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defectos fáctico, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución. Requisito de
la relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el demandante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 19 de junio de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela por desatender el requisito de la relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de mayo de 2025, el accionante pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al principio
de favorabilidad, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales
accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Yo CARLOS AUGUSTO RUÍZ, imploro con fundamento en los artículos 48, 49 y 53 de
la constitución Política, tener en cuenta el servicio militar obligatorio estatuido en el artículo
40 de la ley 48 de 1993, hoy artículo 45 de la ley 1861 de 2017, para la suma en la presente
pensión de vejez de alto riesgo y obtener la mesada 14.
2. Ordénese proferir nueva sentencia al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
teniendo en cuenta el servicio militar del 03 de agosto de 1989 hasta el día 30 de julio de
1990 total 360 días, y los 20 años de servicio certificados como servidor público al servicio
en el INPEC, fue del día 01 de enero de 1992 hasta el día 31 de Diciembre de 2011, por
lo tanto teniendo en cuenta el tiempo de servicio militar, cumpliré los 20 años de servicio
el día 31 de diciembre de 2010, amparado en el artículo 40 de la ley 48 de 1993 y artículo
45 de la Ley 1861 de 2017 normativas de servicio militar, cumpliendo los requisitos del
acto legislativo 01 de 2005 y poder obtener la mesada 14.
3. Las demás que estime pertinentes el señor Magistrado Constitucional”.
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Demandante: Carlos Augusto Ruiz
2. Hechos
La parte actora manifestó que laboró para el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (en adelante, INPEC) durante el período comprendido entre el 1º de
enero de 1993 y el 31 de enero de 2013 y que, al momento de su retiro, había
completado casi veintiún años de cotización para la pensión de vejez de alto riesgo.
Adujo que el último cargo que desempeñó fue el de dragoneante, código 4114,
grado 11, y que mediante la Resolución n.º GNR 308212 de 19 de noviembre de
2013, la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) le
negó el reconocimiento de dicha pensión.
Indicó que interpuso recurso de reposición contra esa decisión, el cual fue resuelto
favorablemente mediante la Resolución n.º GNR 181764 del 21 de mayo de 2014,
por la cual se le reconoció la pensión de vejez de alto riesgo a partir del 1º de febrero
de 2013, en cuantía de $1.089.000, con los factores salariales contemplados en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
Refirió que el 11 de mayo de 2020, mediante oficio n.º 2020_4757608 solicitó a
Colpensiones el reconocimiento de la mesada 14, incluyendo el período
comprendido entre el 3 de agosto de 1989 y el 30 de julio de 1990, durante el cual
prestó el servicio militar obligatorio como soldado del Ejército Nacional. Sin
embargo, dicha solicitud fue negada mediante la Resolución n.º SUB 3300 de 12 de
enero de 2021.
Mencionó que interpuso los recursos ordinarios contra el acto administrativo que
negó la nivelación, reliquidación e inclusión de la mesada 14. No obstante,
Colpensiones solo se pronunció sobre el recurso de reposición, mediante la
Resolución n.º SUB 41452 de 17 de febrero de 2021, en la que confirmó la negativa.
Adujo que, con fundamento en lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin
de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la nivelación,
reliquidación e inclusión de la mesada 14, y se accediera a su reconocimiento.
Relató que el asunto fue asignado por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Cali, que mediante sentencia de 26 de julio de 2024 negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que no se cumplían los requisitos
establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Por último, indicó que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión. En
consecuencia, el proceso fue asignado al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que por medio de sentencia de 28 de febrero de 2025 confirmó la decisión
de primera instancia, precisando que el estatus pensional se adquirió el 30 de enero
de 2012, esto es, con posterioridad a la fecha límite establecida en el parágrafo
transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005 (31 de julio de 2011).
3. Fundamentos de la acción
La parte actora hizo una relación sobre el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela para debatir decisiones judiciales y señaló
que en el asunto se configuran los defectos fáctico, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución, para lo cual sostuvo lo siguiente:
Aludió que la sentencia objetada “desconoció los precedentes verticales y la ratio decidendi
del honorable Consejo de Estado y la Corte Constitucional, violando mis derechos
fundamentales: a la seguridad social, el debido proceso, principio de favorabilidad para el
trabajador art. 53 de la Constitución Política, así mismo amparados por los artículos 48, 49 de
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la constitución Política, en relación a la inclusión de la mesada 14, desconociéndome el tiempo
de servicio militar”.
En relación con el defecto fáctico indicó que las autoridades judiciales accionadas
no valoraron todos los medios probatorios aportados por el accionante, como la
certificación laboral, formato 1 y 2 del Ejército Nacional o la normatividad general
del servicio militar.
Sobre la violación directa de la Constitución sostuvo que tiene relación con la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, pues “se distorsiona el
alcance de normas que no solo hacen parte del ordenamiento, sino que además, ocupan el
lugar más elevado de la jerarquía normativa”.
Manifestó que las sentencias proferidas en el proceso ordinario llegaron a la
conclusión de que no se cumplieron los requisitos del Acto Legislativo 01 de 2005,
por ser el estatus pensional a la fecha límite establecida, desconociendo la
normatividad del servicio militar obligatorio contemplada en el artículo 40 de la Ley
48 de 1993, hoy artículo 45 de la Ley 1861 de 2017 y el principio de favorabilidad.
Refirió que cumple con las condiciones para el reconocimiento de la mesada 14, ya
que la pensión de vejez no supera los tres salarios mínimos y señaló que
Colpensiones en la Resolución n.º 181764 de 21 de mayo de 2014, tuvo en cuenta
los extremos laborados, tanto de servicio militar obligatorio como el trabajado en el
INPEC, por lo que expuso que “teniendo en cuenta el servicio militar del 03 de agosto de
1989 hasta el día 30 de julio de 1990 (total 360 días), y los 20 años de servicio certificados
como servidor público al servicio en el INPEC, que fueron del día 01 de enero de 1992 hasta
el día 31 de Diciembre de 2011, sumados todos los extremos laborales, cumplo los 20 años
de servicio el día 31 de diciembre de 2010, amparado en el artículo 40 de la ley 48 de 1993
y artículo 45 de la Ley 1861 de 2017 normativas de servicio militar, así mismo cumpliendo
los requisitos del acto legislativo 01 de 2005”.
Finalmente, sostuvo que al darse aplicación al tiempo de servicio militar el estatus
pensional se causaría el 31 de diciembre de 2010 cumpliendo los requisitos para
percibir la mesada pensional 14, y citó las sentencias T-477 de 2018 y T-166 de
2020 de la Corte Constitucional, así como la proferida el 16 de septiembre de 1998
por el Consejo de Estado en el radicado n.º 1144.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
La directora de Acciones Constitucionales de la entidad rindió informe en el que
pidió la desvinculación del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa
por pasiva, y mencionó que las pretensiones de la solicitud de amparo están
dirigidas contra las autoridades judiciales que conocieron del proceso ordinario.
Sostuvo que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales de
procedencia establecidos para controvertir una decisión judicial en sede de tutela y
señaló que los argumentos expuestos en el asunto ya habían sido objeto de estudio
por otro juez constitucional, que resolvió no acceder a las pretensiones, sin
embargo, no hizo mención del radicado de dicho trámite constitucional, ni aportó
copia de la decisión allí emitida.
4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, remitieron el link del expediente
digital, sin embargo, no rindieron informe sobre los hechos que dieron origen a la
presente acción.
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5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 19 de junio de 2025, resolvió
lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por
Colpensiones.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción constitucional
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria”.
Sostuvo que la parte actora alegó que las decisiones adoptadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho no aplicaron el principio de favorabilidad, al
no computar el tiempo prestado en el servicio militar obligatorio, necesario para el
reconocimiento de la mesada pensional 14. Por ello, consideró que la controversia
planteada es de naturaleza legal y corresponde a un aspecto que fue resuelto por
el juez natural.
En consecuencia, expuso que el juez natural enfrenta múltiples posibilidades
hermenéuticas en su labor interpretativa, y que no le corresponde al juez de tutela
determinar cuál es la correcta, ya que ello vulneraría la independencia y autonomía
de la autoridad que conoce del proceso ordinario.
Indicó, además, que el actor se limitó a transcribir apartes de sentencias proferidas
por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y que del escrito de tutela se
desprende una inconformidad con la interpretación realizada por el juez natural en
el proceso ordinario, lo cual no implica ni evidencia una transgresión de las garantías
iusfundamentales.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual reiteró los argumentos del escrito de tutela y mencionó que: “con los hechos
relacionados y el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre la forma, por el
material probatorio recaudado para un análisis en conjunto de las documentales, que
versaron generando una vía de hecho en la actuación judicial de los fallos proferidos por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cal y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, donde se aplicó indebidamente tener en cuenta el tiempo de servicio militar
obligatorio estatuido en el artículo 40 de la ley 48 de 1993 , hoy artículo 45 de la ley 1861
de 2017, para la suma en la presente pensión de vejez”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 19 de junio de 2025 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por carecer del
requisito de relevancia constitucional, y de encontrar cumplidos los restantes
requisitos generales de procedencia, si debe acceder a la protección constitucional
solicitada por la parte actora.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones1.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional 3.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
1
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
2
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
3
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
En primera instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de
sentencia de 19 de junio de 2025 declaró improcedente la acción de tutela, luego
de concluir que el asunto carece de relevancia constitucional, ya que pretende
debatir una situación que fue objeto de análisis en ambas instancias en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En el escrito de impugnación, la parte actora solicitó revocar la decisión de primera
instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, al considerar
que las pretensiones están relacionadas con la falta de aplicación del periodo en el
que prestó el servicio militar obligatorio contemplado en el artículo 40 de la ley 48
de 1993, hoy artículo 45 de la ley 1861 de 2017, necesario a efectos de determinar
que la pensión se causó con antelación al 31 de julio de 2011 y, por ende, al
superarse los requisitos establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2005 se debe
acceder al reconocimiento de la mesada pensional 14.
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente y las actuaciones que
reposan en el expediente digital, la Sala observa que el accionante por intermedio
de apoderado judicial promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones con el fin de que se
declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones GNR
181764 del 21 de mayo de 2014, SUB 3300 del 12 de enero de 2021 y SUB 41452
del 17 de febrero de 2021, mediante las cuales se reconoció una pensión de vejez
de alto riesgo del demandante, negó su nivelación y reliquidación, y rechazó el
reconocimiento de la mesada pensional 14.
El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Cali, con radicado n.º 76001-33-33-004-2021-00207-00, quien en decisión de 26
de julio de 2021 declaró probada parcialmente la excepción de cosa juzgada
respecto de la pretensión de reliquidación pensional con la inclusión de todos los
factores salariales y negó las demás pretensiones de la demanda.
En esa oportunidad el juez de primera instancia expuso que la administradora de
pensiones tuvo en cuenta el tiempo de servicio prestado por el demandante cuando
desempeñó su servicio militar, pero para determinar el quantum pensional y no la
fecha de estatus de la prestación, que de conformidad con las pruebas aportadas
se reconoció el 30 de enero de 2012, cuando se cumplieron los veinte años de
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servicio en el INPEC, sin cumplirse los requisitos establecidos en el Acto Legislativo
01 de 2005.
La anterior decisión fue apelada por la parte demandante quien respecto al
reconocimiento de la mesada pensional 14 indicó que se ampara la misma en virtud
de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005 y citó las sentencias T-166 de
2020 y precisó que: “en este caso, la Corte explicó que “todo colombiano que haya
prestado el servicio militar obligatorio y sea beneficiario de un régimen pensional que se
fundamenta en los aportes efectivamente realizados al sistema, tiene derecho a que la
entidad encargada de reconocerle la pensión de vejez, le compute el tiempo durante el cual
prestó dicho servicio como semanas efectivamente cotizadas al sistema” y que ello no
afecta la sostenibilidad financiera del sistema, por cuanto dicha prerrogativa tiene origen
en una atribución reconocida al legislador en el artículo 216 de la Constitución Política”.
Al respecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo de 28 de febrero
de 2025, confirmó la sentencia de primera instancia, para lo cual consideró lo
siguiente:
“(...)
36. No obstante, respecto a la mesada 14, se advierte que este aspecto no fue objeto
de análisis en el proceso anterior, razón por la cual procede el estudio de fondo de
esta pretensión.
Debe indicar la Sala que, en materia pensional, la causación de los derechos
pensionales, como lo es la mesada, se encuentra determinada por el cumplimiento
de los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas de cotización exigidos en la
normatividad vigente al momento en que el afiliado reúne las condiciones para
acceder a la prestación, conforme a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.
En este sentido, el citado precepto (inciso 8°) estableció que las personas cuyo
derecho pensional se cause a partir de la vigencia del Acto Legislativo solo podrán
recibir 13 mesadas pensionales al año, regla de aplicación general para todos los
regímenes.
No obstante, el parágrafo transitorio 6° del mismo Acto Legislativo contempló una
excepción, señalando que quienes perciban una pensión igual o inferior a 3 salarios
mínimos legales mensuales vigentes y hayan causado su pensión antes del 31 de
julio de 2011, podrán recibir 14 mesadas pensionales al año.
Pues bien, en el sub exámine a partir del material probatorio obrante a plenario, se
acredita que el señor CARLOS AUGUSTO RUÍZ cumplió con los requisitos para
acceder a su derecho pensional el 30 de enero de 2012 (momento en que adquirió
su status especial), es decir, con posterioridad a la fecha límite establecida en el
parágrafo transitorio 6° del Acto Legislativo 01 de 2005 (31 de julio de 2011).
Si bien -tal y como lo acotó el juez de instancia- el monto de su pensión era inferior
a tres (3) salarios mínimos, su situación no se encuentra dentro de las excepciones
previstas en la norma, pues la fecha en la que cumplió los requisitos para acceder a
la pensión superó el término dispuesto por el constituyente derivado.
Siendo las cosas de esta manera, en aplicación estricta de la normativa vigente, la
Sala concluye que no le asiste derecho al reconocimiento de la mesada 14, razón
por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las
pretensiones de la demanda”.
Bajo ese contexto, la Sala advierte que, si bien en el escrito de tutela se enuncian
conculcadas algunas garantías ius fundamentales, así como se alega la
configuración de los defectos fáctico, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución, de los argumentos expuestos en la demanda
de tutela se observa que, tal y como fue considerado por el a quo, los mismos se
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utilizan para insistir en el reconocimiento de la mesada pensional 14, en la cual el
actor reitera que se debe acceder a la misma a partir del cómputo del tiempo en el
que prestó el servicio militar obligatorio, pues a su juicio, este aspecto permitía
establecer que el estatus pensional se adquirió con antelación al 31 de julio de
2011, y al percibir una mesada pensional inferior a tres salarios mínimos, era viable
su reconocimiento a la luz de lo señalado en el Acto Legislativo 01 de 2005.
En esa medida, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto la parte actora la utiliza para insistir en el mismo debate que
fue objeto de análisis por parte del juez natural en el proceso ordinario. En dicho
trámite, el actor expuso los fundamentos por los cuales consideraba que debía
accederse a lo solicitado, al punto que, aunque la sentencia de primera instancia
negó las pretensiones, contó con la oportunidad de interponer el recurso de
apelación, en el cual, como se vio, reiteró los argumentos que, a su juicio,
justificaban el reconocimiento de la mesada pensional 14. No obstante, al ser
analizados por la autoridad judicial competente, se concluyó que no le asistía razón.
Así, el mecanismo de amparo se promueve como una tercera instancia, motivado
por la inconformidad con una decisión que le resultó desfavorable, y que ahora
pretende reabrir ante el juez de tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 2019, estableció
que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de
mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”.
En la sentencia SU-215 de 2022, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe
limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y
no a problemas de carácter legal”.
Así las cosas, para la Sala, tal y como fue considerado por el a quo, la parte actora
acudió a la acción de tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al principio de
favorabilidad, en este caso, a la manera de una tercera instancia, toda vez que
insiste en un debate que fue desarrollado por el juez natural en el curso del medio
de nulidad y restablecimiento del derecho que le resultó desfavorable a sus
intereses.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró
la improcedencia de la acción de tutela por ausencia del requisito de relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03135-01
Demandante: Carlos Augusto Ruiz
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 19 de junio de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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