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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03142-00

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03142-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jonathan Rachid Verano Rojas Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-03142-00 PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el señor Jonathan Rachid Verano Rojas contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional Disciplina Judicial de Cundinamarca. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03142-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

17 de julio de 2025

Demandante: Jonathan Rachid Verano Rojas
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03142-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diecisiete [17] de julio de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03142-00
Demandante: JONATHAN RACHID VERANO ROJAS
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de
inmediatez y de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Jonathan Rachid Verano
Rojas contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Cundinamarca, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 20211 y, el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2025, el señor Jonathan Rachid Verano
Rojas instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la dignidad, al buen nombre, a la honra y a «la protección
reforzada frente al acoso laboral y la revictimización institucional».

La vulneración de las referidas garantías constitucionales la atribuyó a las providencias
de 25 de junio y de 30 de julio de 2024, a través de las cuales las autoridades
accionadas definieron la primera y la segunda instancia del proceso disciplinario
identificado con el radicado «25000-11-02-000-2017-00929-00», el cual se adelantó
contra la jueza Civil del Circuito de La Mesa, Cundinamarca, causa que tuvo origen en

1 Vigente para el momento en que se radicó la acción de tutela.
1

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Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
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la queja impetrada por el señor Jonathan Rachid Verano Rojas por motivo de maltrato
laboral, entre otros.
1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

1. Que se declare que la providencia judicial de segunda instancia proferida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial el día 30 de julio de 2024, dentro del proceso
disciplinario No. 25000-11-02-000-2017-00929-00, vulneró mis derechos fundamentales
al debido proceso, a la dignidad humana, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, a la protección frente al acoso laboral y a la no revictimización institucional, al
incurrir en defectos fácticos, defectos sustantivos y desconocimiento del precedente
constitucional.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos jurídicos dicha sentencia
del 30 de julio de 2024, y toda actuación posterior a esta, por haber sido proferida con
fundamento en valoraciones probatorias incompletas, arbitrarias y sesgadas,
interpretaciones erróneas de la Ley 1010 de 2006, y la omisión en el estudio de los
argumentos contenidos en los recursos de apelación.

3. Que se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial emitir una nueva
providencia, dentro del mismo expediente, con sujeción estricta a:

• El análisis integral del material probatorio obrante en el proceso.
• El respeto al principio de congruencia procesal y a los límites impuestos por los
recursos interpuestos, para que se examine lo atinente a los recursos de apelación.
• La correcta interpretación y aplicación de la Ley 1010 de 2006, en armonía con el
precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre acoso laboral.
• La garantía del enfoque de protección reforzada a víctimas de violencia institucional,
sin que se revictimice a la victima.

4. Que se disponga que dicha nueva providencia deberá excluir toda manifestación
subjetiva, deshonrosa, o revictimizante, contenida en el acápite “Otras determinaciones”
de la sentencia de primera instancia y ratificada por la segunda, que atente contra la
honra, dignidad o buen nombre del suscrito, en su condición de denunciante y víctima.

5. Que se ordene a la autoridad competente evaluar las circunstancias que rodearon la
pérdida, omisión o extravío de pruebas documentales por parte de la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Cundinamarca, en especial aquellas relacionadas con la
elaboración de estadísticas del Juzgado 22 Laboral de Bogotá, y se adopten las medidas
necesarias para garantizar la integridad de los expedientes disciplinarios.

6. Que se exhorte al Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial a adoptar protocolos de actuación que prevengan la revictimización
institucional en casos de acoso laboral, y que promuevan un enfoque garantista, diligente
y respetuoso frente a las personas que denuncian este tipo de hechos dentro de la Rama
Judicial.

7. Que se ordene comunicar esta sentencia al Ministerio Público, para que haga
seguimiento al cumplimiento de lo aquí ordenado y adopte, en el marco de sus
competencias, medidas de vigilancia, acompañamiento y protección a víctimas en
procesos disciplinarios por acoso laboral2.

2 Cita del texto original con posibles errores.
2

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1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

Del expediente se advierte que, mediante acto administrativo de 23 de noviembre de
2017, el Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca ordenó remitir la queja del señor Jonathan
Rachid Verano Rojas quien se desempeñaba en provisionalidad como secretario del
Juzgado Civil del Circuito de la Mesa, contra la señora Angélica María Sabio Lozano
en su calidad de jueza del mencionado despacho judicial, con sustento en las causales
de «(i) maltrato laboral, (ii) persecución laboral, (iii) discriminación y trato desigual, (iv)
Entorpecimiento laboral, e (v) Inequidad y Abuso de Autoridad», las cuales, a su juicio,
fueron ejercidas en su contra por la referida funcionaria3.

El asunto lo conoció en primera instancia la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Cundinamarca, autoridad que en providencia de 26 de mayo de 2023 ordenó la
terminación y archivo de las diligencias al considerar que se encontraba frente a dos
versiones encontradas y que en la ampliación de la queja no se aportaron elementos
que sustentaran las manifestaciones del señor Verano Rojas.

La parte actora refirió que, contra esa decisión, elevó recurso de apelación al alegar
abandono y poco interés a lo largo de los 3 años de investigación, en tanto, según su
dicho, se destruyó u ocultó una prueba «allegada por el suscrito el 14 de septiembre
del 2017, denominada “estadística Juzgado 22 Laboral 2”, estadística Juzgado 22
Laboral 3” y “estadística Juzgado 22 Laboral”».

Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial expidió el proveído de 27 de
septiembre de 2023 a través del cual revocó la decisión del a quo consistente en el
archivo de las diligencias y, en su lugar, ordenó que se continuara con el proceso
disciplinario luego de advertir que el juez de la primera instancia no se pronunció sobre
los testimonios de los señores Luis Francisco Hernández Contreras, Diego Fernando
Robledo Grajales, Henry López Martínez y José Alexander Carranza Molina, porque
consideró que la etapa preliminar había vencido a pesar de que se contaba con la
posibilidad iniciar la investigación y ordenar su decreto con el fin de contextualizar con
ellos el entorno laboral.

En auto de 29 de enero de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca formuló cargos contra la jueza Angélica María Sabio Lozano por la

3 Indicó que la funcionaria judicial le solicitó en múltiples ocasiones que renunciara para disponer del
cargo; que realizara trámites personales de la jueza; las estadísticas del Juzgado 22 Laboral del Circuito
de Bogotá, de donde la funcionaria proveía; reponer en horario no oficial luego de concederle permisos
para estudiar o por motivos de salud; no le concedía algunos permisos; se le investigó disciplinariamente
por ausentarse del puesto de trabajo cuando su madre tuvo un accidente de tránsito; su comunicación
con la jueza debía ser a través de un empleado del juzgado; y tuvo que soportar que le gritara y
amenazara públicamente.
3

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presunta incursión en la falta gravísima a título de dolo, conforme al artículo 242 de la
Ley 1952 de 2019, al desconocer el deber previsto en el numeral 1º del artículo 153
de la Ley 270 de 19964 en concordancia con los artículos 1º5 y 2º6 numerales 1 y 2, y
artículo 7º literales c, k y m de la Ley 1010 de 20067. Lo anterior, en atención a que
encontró que entre el 4 de julio de 2017 y el 31 de julio de 2019, la jueza presuntamente
desplegó conductas persistentes en contra del señor Verano Rojas.

Mediante sentencia de 25 de junio de 2024, la referida autoridad falló la primera
instancia en los siguientes términos:

4 «ARTÍCULO 153. DEBERES. <Artículo modificado por el artículo 76 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo
texto es el siguiente:> Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:
1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y
los reglamentos. [...]»

5 «ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY Y BIENES PROTEGIDOS POR ELLA. La presente ley tiene
por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes,
trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre
quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública.
Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad,
la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes
comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.
PARÁGRAFO: <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> La presente ley no se aplicará
en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de
servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a
la contratación administrativa».

6 «ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL. Para efectos de la presente
ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un
empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un
compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a
causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.
En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las
siguientes modalidades generales:
1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y
los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o
ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes
participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la
autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.
2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad
permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación,
la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación
laboral. [...]»

7 «ARTÍCULO 7o. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. <Ver Notas de Vigencia>
Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las
siguientes conductas:
[...]
c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los
compañeros de trabajo;
[...]
k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de
derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales;
[...]
m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias
ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para
pedirlos; [...]»
4

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[...] absolvió de responsabilidad a la doctora ANGÉLICA MARÍA SABIO LOZANO, de la
imputación contenida en el numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1010 de 2006; asimismo,
declaró responsable a la investigada, por haber incurrido en falta de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, al desconocer el deber previsto en
el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto
en los artículos 1º y 2º -numeral 1º- y artículo 7º literales c, k y m de la Ley 1010 de 2006,
calificada como falta gravísima a título de dolo; y la sancionó con destitución e inhabilidad
general para ejercer cargos públicos por el término de diez (10) años.

Contra la anterior decisión, la jueza Sabio Lozano y el señor Verano Rojas presentaron
recursos de apelación. Por su parte, el quejoso solicitó que se revocara el numeral
primero de la resolutiva y que, en su lugar, también se responsabilizara a la jueza por
incurrir en la conducta prevista en el numeral 2. ° del artículo 2. ° de la Ley 1010 de
20068. Pidió que se confirmara la sanción al revisar el análisis de culpabilidad, el
testimonio del señor Diego Robledo, la asignación de funciones personales, los
permisos, la aplicación de la sanción por las investigaciones disciplinarias, los
comentarios hostiles, el trato discriminatorio respecto de los demás empleados y la
solicitud de la renuncia. Finalmente, reprochó que en un acápite de la sentencia
denominado «otras disposiciones», le fueran expresadas manifestaciones ofensivas,
irrespetuosas, injuriosas y calumniosas en su contra.

En fallo de 30 de julio de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la
decisión de primer grado, para, en su lugar, absolver de responsabilidad disciplinaria
a la jueza Angélica María Sabio Lozano.

Esta decisión se adoptó luego de desestimar los cargos del recurso de apelación
interpuesto por el señor Jonathan Rachid Verano Rojas, en el sentido de indicar que
no se acreditó: (i) que la investigada le requiriera la renuncia; (ii) que el testimonio del
señor Diego Robledo fuera consistente y veraz; (iii) que la funcionaria obligara al
quejoso a pagar una factura como un acto de acoso laboral, ni siquiera se demostró
que lo hubiese realizado; (iv) la elaboración de las estadísticas del despacho del cual
provenía la jueza; (v) la calamidad que sufrió la madre del señor Verano Rojas, puesto
que no fue informado previamente a la jueza que estaba en el despacho, ni se envió
un correo para informar la ausencia; (vi) que la comunicación con la funcionaria fuera
imposible; (vii) el nexo entre el informe que realizó el quejoso el 14 de septiembre de
2017 (queja) y el contexto, con la renuncia que presentó sin motivación casi dos años
después; y (viii) temeridad o capricho en las causas disciplinarias iniciadas contra el
señor Verano Rojas, puesto que obedecieron a circunstancias sucedidas al interior del
despacho que fueron tramitadas y resueltas sin que de ello se pueda inferir
razonablemente el acoso laboral por parte del director del despacho.

8 «2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad
permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación,
la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación
laboral».
5

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El señor Verano Rojas presentó solicitud de nulidad, la cual fue rechazada mediante
providencia de 3 de octubre de 2024 debido a que se planteó de manera extemporánea
al encontrarse ejecutoriada la sentencia para esa fecha9.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora indicó que el asunto de la referencia cumple con los requisitos
generales de procedibilidad. Particularmente, indicó que el caso es relevante
constitucionalmente debido a que la sentencia de 30 de julio de 2024 revocó la decisión
de primera instancia que había sancionado a la jueza investigada sin haber emitido un
pronunciamiento sobre la totalidad de los hechos y las conductas disciplinarias
probadas ante el a quo, asi como respecto de las pruebas perdidas o extraviadas y por
haber resuelto el cargo relacionado con la persecusión laboral pese a que ello no fue
apelado por la defensa de la encartada.

Adicionalmente, se refirió a todos lo elementos materiales de prueba que fueron
aportados al proceso disciplinario, tanto documentales como testimoniales que puso
de presente en su escrito de apelación, a partir de las cuales, en su criterio,
demostraba plenamente los patrones de hostigamiento por parte de la jueza en contra
del señor Verano Rojas

En cuanto a la inmediatez, aseguró que acudió a este mecanismo constitucional luego
de revisar y analizar todo el material probatorio recaudado, lo cual le tomó bastante
tiempo. Además, indicó que en las sentencias T-426 de 2021, T104 de 2024 y T-012
de 2016, la Corte Constitucional ha señalado que en los casos en que se aborda un
caso por acoso laboral es necesario flexibilizar el estudio de este requisito.

1.4.1. Defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y sustantivo
por cuanto al dictarse la sentencia de 30 de julio de 2024 se desconoció el reglamento
interno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el sentido de asegurar que el
fallo se profirió con prelación debido a la proximidad de la ocurrencia de la prescripción
de la acción disciplinaria.

Lo anterior, debido a que el expediente fue remitido a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial el 26 de julio de 2024, los días 27 y 28 siguientes correspondieron
a un fin de semana, el lunes 29 fue el único día en que el asunto estuvo al despacho
y el 30 de julio de 2024 se profirió la sentencia. Al respecto, alegó que no se cumplió
lo estipulado en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 que solo permite la alteración
del orden cronológico para fallar, en casos excepcionales que traten sobre seguridad
nacional, violaciones a derechos humanos, corrupción o relacionados con la infancia
y adolescencia, lo cual no se ajusta al caso objeto de atención.

9 Por auto de 25 de octubre de 2024 se dispuso no reponer la decisión correspondiente al rechazo de
la solicitud de nulidad.
6

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Además, advirtió que en el Acuerdo n. ° 003 de 2021, el cual contiene el reglamento
interno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en su artículo 7. ° literal a)
estipula que las sesiones ordinarias deben realizarse los miércoles, que los proyectos
deben rotarse al menos con 2 días de antelación (art. 16), y que debe contarse con la
convocatoria formal (inciso 2. °, art. 6)

También reprochó que la providencia de 30 de julio de 2024 solo fue suscrita por el
magistrado ponente, transgrediendo el principio de colegialidad.

1.4.2. Defecto fáctico y decisión sin motivación en atención a que, a su juicio, luego
de comparar las sentencias de primera y segunda instancia determinó que presentan
un «68%» de identidad en los argumentos a partir de los cuales se adoptaron las
decisiones respectivas.

En ese sentido, aseguró que la sentencia de 30 de julio de 2024 carece de una
motivación suficiente por cuanto es evidente que debieron acudir a los mismos
argumentos de la sentencia de primer grado, al pretender resolver una apelación en
tan poco tiempo

Así, nuevamente se refirió a la desestimación de las grabaciones con las cuales
pretendía probar que la jueza encartada le pidió la renuncia, con sustento en que tales
grabaciones no fueron permitidas por una autoridad según la SU-371 de 2021, lo cual
no es del todo cierto, puesto que no se le prohíbe a las víctimas la recolección de
evidencia; que se valoró indebidamente el testimonio del señor Diego Robledo quien
fue testigo presencial de los hechos de acoso laboral; que no apreciaran en debida
forma la asignación de tareas personales; que no se valoraron los archivos que
contenían los documentos con la estadística del despacho del cual provenía la jueza
por cuanto estos se perdieron o destruyeron en la primera instancia; lo relacionado con
los permisos y la ausencia de un día en el que su progenitora sufrió un accidente de
tránsito; lo concerniente a la presunta temeridad en las investigaciones disciplinarias
que la jueza adelantó contra el señor Verano Rojas; y las manifestaciones agresivas y
groseras en su contra que se incluyeron en la sentencia de primer grado.

En síntesis, aseguró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial:

1. Omitió valorar el contexto y los antecedentes del expediente, en el cual constan
comunicaciones oficiales que daban cuenta del envío original de las estadísticas.
2. Desconoció el principio de verdad material, que impone a la administración la
obligación de buscar la verdad real, incluso mediante la actuación oficiosa. 3.
Eludió su deber funcional de investigar el extravío de prueba, como mínimo debió
ordenar su reconstrucción o declarar formalmente su pérdida.
4. Aplicó un criterio arbitrario al descartar los hechos por no estar probados, sin
mencionar que la imposibilidad probatoria fue causada por la propia
administración.

1.4.3. Finalmente, frente a la sentencia de primera instancia, realizó las siguientes
apreciaciones:
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10. No obstante, la sentencia inicial, para sustentar la absolución de la investigada
respecto a la causal de persecución laboral, cometió yerros de valoración probatoria que
fueron como, por ejemplo:

• La poca y contradictoria carga argumentativa de la Comisión Seccional para desechar
el testimonio directo del señor Diego Robledo, pues fue testigo de los maltratos de la
investigada al suscrito y de la solicitud de ella de mi renuncia.
• La poca o superficial intención de considerar los múltiples procesos disciplinarios
abiertos en mi contra, como indicios de acoso y persecución por parte de la investigada.
• La incorrecta y sesgada interpretación de que entre las funciones del secretario estaba
la de elaborar y cargar la estadística del Juzgado, sin que exista acuerdo, ley o
reglamento que regule esta responsabilidad a alguien diferente que al titular del
Despacho.
• La de elaborar y cargar al sistema SIERJU la estadística del Juzgado 22 Laboral de
Bogotá, a pesar de que yo nunca laboré allí.
• La desaparición, extravío u ocultamiento por parte de la Comisión Seccional de
Disciplina de Cundinamarca, de las pruebas aportadas el 14 de septiembre del 2017, por
el suscrito, donde evidenciaba que elaboré y cargué la estadística del Juzgado 22
Laboral de Bogotá, de donde venía de trabajar la investigada.

11. Además de los yerros antes mencionados, la primera instancia en la parte final de su
sentencia insertó un acápite denominado “Otras disposiciones” cuyo único propósito fue
expresar manifestaciones supremamente ofensivas, irrespetuosas, injuriosos y
calumniosas en contra del suscrito, como si para ello no hubieran sido suficientes los
insultos, ofensas y faltas de respeto en que incurrió la investigada en mi contra.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 27 de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela y se dispuso tener
como autoridades judiciales accionadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca. En calidad de
tercero con eventual interés en las resultas del trámite constitucional, se vinculó de la
señora Angélica María Sabio Lozano [jueza Civil del Circuito de La Mesa, Cundinamarca ].

Finalmente, se ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado para que
realizara la publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la
página web de la corporación.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:

1.6.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La magistrada ponente de la sentencia de 30 de julio de 2024 solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de la referencia debido a que no cumple con el requisito
general de procedibilidad de inmediatez en tanto que han transcurrido más de 6 meses
desde que cobró ejecutoria la providencia demandada. Subsidiariamente, pidió que se

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nieguen las pretensiones de amparo en tanto no se acreditó la configuración de alguna
de las causales especiales.

También aseguró que el mecanismo es improcedente en atención a que no se supera
el estudio de la relevancia constitucional debido a que se pretende recabar en una
discusión que ya fue abordada en el marco del proceso disciplinario y contraviene lo
señalado en jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que la tutela
contra providencia judicial solo procede ante arbitrariedades manifiestas, no como
recurso adicional para revisar interpretaciones legales o probatorias.

En cuanto al fondo, luego de realizar un resumen de las decisiones adoptadas en
primer y segundo grado de la causa disciplinaria, precisó que, respecto al trámite dado
al expediente en el marco de los recursos de apelación no desatendió ninguna norma
o postulado constitucional por el hecho de haberle impreso prioridad a la resolución
de la segunda instancia, puesto que, tal como lo refirió el señor Verano Rojas, el
asunto llegó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con la advertencia de que
estaba próximo a la prescripción.

Aseguró que, incluso la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha analizado que el
orden en que se fallan los asuntos de conocimiento de las autoridades judiciales es un
criterio administrativo a tener en cuenta, no obstante, ello no impide que en virtud del
principio de la autonomía de los jueces se determine en qué eventos debe imprimírsele
celeridad o prioridad a determinados casos, lo cual evidencia que, contrario a lo
manifestado por el señor Verano Rojas, se garantizó el derecho de acceso a la
administración de justicia al procurar que la acción disciplinaria no prescribiera. En ese
sentido, afirmó que la celeridad con que se tramitó la apelación no deslegitima el
análisis jurídico, probatorio y la decisión adoptada el 30 de julio de 2024.

También puntualizó que, si bien el parágrafo 1. ° del artículo 110 de la Ley 1952 de
2019 solo faculta al quejoso para recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio,
lo cierto es que se atendió su recurso en el pronunciamiento de fondo que se emitió
en la providencia de 30 de julio de 2024, dentro del término estipulado en el artículo
234 de la norma ejusdem con respeto al principio de congruencia procesal y a los
límites impuestos por los recursos interpuestos.

1.6.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca

El magistrado ponente de la decisión disciplinaria de primer grado explicó que el
asunto se tramitó con sujeción al debido proceso y respeto tanto de la persona
investigada como del quejoso. Adicionó que el fallo primigenio estuvo debidamente
sustentado en derecho y que, en todo caso, la providencia fue objeto de recursos de
apelación, por lo que se encontraba sujeta a la decisión que se adoptara por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial que finalmente resolvió revocar, para, en su
lugar absolver a la encartada de toda responsabilidad disciplinaria. En ese orden,
solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela.

9

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1.7. Otra actuación

1.7.1. Mediante auto de 26 de junio de 2024 se dispuso la vinculación del Consejo
Superior de la Judicatura y del Ministerio Público en atención a que las pretensiones
sexta y séptima del escrito de tutela se dirigen respecto de esas entidades, las cuales,
guardaron silencio10.

1.7.2. El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar impedido para
conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 1. º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal, comoquiera que su cónyuge es magistrada de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y, en ese orden, su nominadora
es la demandada, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

Mediante providencia de 17 de julio de 2025 la Sala declaró infundada la referida
manifestación de impedimento luego de señalar que no se acreditó el elemento
subjetivo que radica en el interés directo de la cónyuge del magistrado Barreto Suárez
en el resultado del proceso disciplinario «25000-11-02-000-2017-00929-00».

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Jonathan Rachid Verano Rojas contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
otro, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

En este punto del debate, la Sala precisa que, si bien el accionante demandó las dos
decisiones dictadas en el marco del proceso disciplinario, lo cierto es que, el análisis
de los requisitos adjetivos de procedibilidad y en el evento en que estos se encuentren
superados, el estudio del caso concreto se hará respecto de la sentencia de 30 de julio
de 2024 por ser esta la providencia que puso fin a la causa disciplinaria.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración
de las garantías fundamentales del señor Jonathan Rachid Verano Rojas con ocasión
de la providencia de 30 de julio de 2024 dictada por la Comisión Nacional de Disciplina

10 Las constancias de notificación se encuentran en los índices 20-22 del sistema de gestión judicial
Samai.
10

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Judicial dentro de la causa identificada con el radicado «25000-11-02-000-2017-
00929-00».

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 11
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 12.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la
misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte accionante
fue proferida en el marco de un trámite disciplinario.

2.5.2. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto, el fallo que se cuestiona es el proferido por la Comisión

11 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
13 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11

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Nacional de Disciplina Judicial el 30 de julio de 2024, mediante el cual revocó la
decisión de primera instancia, para, en su lugar, absolver de responsabilidad
disciplinaria a la jueza Angélica María Sabio Lozano. Contra esta decisión no procede
otro recurso ordinario o extraordinario.

2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, la Sala ha insistido en que la acción de
tutela debe ejercerse en un plazo razonable15, el cual debe ser ponderado por el juez
en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo16.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección17 ha considerado como plazo prudencial el
de seis (6) meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador, el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada que da lugar a la solicitud de
protección y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite es
que se declara su improcedencia.

En el caso objeto de estudio, se observa que esta exigencia de procedibilidad no se
cumple, por cuanto: (i) la providencia censurada fue proferida por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial el 30 de julio de 2024; (ii) se notificó el 30 de julio de 2024 y, de
conformidad con la constancia de ejecutoria contenida en el expediente digital
aportado por la autoridad judicial, la decisión quedó ejecutoriada el 1. ° agosto de 2024,
por lo que, es evidente que transcurrieron más de 6 meses al momento en que se
radicó la acción de tutela, lo cual ocurrió el 24 de mayo de 2025, es decir, después de
transcurrido el tiempo que la Sala considera razonable18.

Así las cosas, se concluye que el señor Jonathan Rachid Verano Rojas ejerció la
acción en un término superior a seis meses frente al fallo que puso fin a un trámite
dentro de un proceso disciplinario, lo cual desatiende el plazo que tanto la Corte
Constitucional como esta Sección han considerado prudencial para presentar la

15 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha 5
de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo,
reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero del 2015,
Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de
Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado
Ponente: Alberto Yepes Barreiro.

16 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01, 12
de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre
de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro; 21
de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada Ponente: Rocío Araújo
Oñate entre otras.

18 Además, la solicitud de nulidad presentada por el señor Verano Rojas fue rechazada por
extemporánea, por lo cual no es posible computar el término de la inmediatez desde la ejecutoria de
esta decisión.
12

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solicitud de amparo.

En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican el
retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-256
de 2015, cuya tesis es acogida por este juez colegiado como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente:

Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de
la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual19.

En este orden de ideas, esta colegiatura considera que no es de recibo el argumento
planteado el señor Jonathan Rachid Verano Rojas en el sentido de que en este evento
se debe flexibilizar el requisito de la inmediatez porque tuvo que revisar múltiples
medios probatorios de manera previa, y porque así lo ha indicado la Corte
Constitucional en las sentencias T-426 de 2021, T104 de 2024 y T-012 de 2016,
cuando se trata de casos sobre acoso laboral.

La desestimación de la Sala respecto a las razones dadas por el actor para justificar
el ejercicio tardío de la acción de tutela encuentra asidero en que, es la misma corte la
que, a título de creación jurisprudencial estableció que el tiempo razonable para acudir
al juez de tutela es de 6 meses, lapso que consideró justo y pertinente en cualquier
caso, puesto que ese espacio es más que suficiente para efectos de analizar las
pruebas a las que tuvo acceso incluso dentro de la causa disciplinaria, lo cual no le era
ajeno y tuvo a su disposición antes de que se profiriera la sentencia de 30 de julio de
2024.

Ahora, al revisar el contenido de la sentencia T-426 de 2021, se evidencia que en este
evento el estudio de la inmediatez se flexibilizó por cuanto se trataba de la revisión de
un caso sobre violencia sobre la mujer, en el cual se indicó lo siguiente:

En el caso el demandante presentó la tutela el 1 de junio de 2020 y la decisión final de
rechazo del recurso se dio mediante auto 695 de 23 de julio de 2019. Entre el auto y el
amparo transcurrieron once meses, término que se estima razonable bajo el entendido

19 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005,
T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
[5] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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de que en los casos en los que hay violencia contra la mujer, debe haber una
flexibilización de le los requisitos de procedencia formal de la tutela en aras de no vaciar
de contenido el derecho fundamental que se pretende proteger. Adicionalmente, se tiene
que desde marzo de 2020 se declaró la emergencia social por la pandemia del Covid-
19. En ese marco, se suspendieron temporalmente las labores de los juzgados y se
modificaron las formas de presentar las tutelas, a través de medios tecnológicos. Esa
situación debe ser atendida al momento de evaluar el periodo transcurrido.

Por su parte, en la sentencia T104 de 2024 el análisis de la exigencia de la inmediatez
se encontró superado, así: «[a]terrizando en el caso concreto, la Sala observa que el
requisito se encuentra debidamente acreditado, ya que entre la negativa de
Colpensiones y la admisión de la tutela trascurrieron tan solo 5 días, tiempo que a
todas luces demuestra la urgencia con la que el accionante estaba requiriendo de la
prestación que le fue negada».

Por último, en la sentencia T-012 de 2016 también se revisó un caso sobre violencia
de género en el cual la accionante acudió a la acción de tutela después de
transcurridos 2 años desde la ocurrencia del hecho vulnerador, oportunidad en la cual
también se flexibilizó el requisito de procedibilidad.

Así, es claro que los pronunciamientos señalados por el señor Verano Rojas desataron
casos que no se ajustan a los supuestos fácticos del asunto de la referencia. En
consecuencia, su justificación para el ejericicio inoportuno de este mecanismo
constitucional no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que no invalida por sí
mismo el criterio pacífico de esta Sección respecto al plazo prudencial de seis meses
contados desde la ocurrencia del hecho generador, esto es, la ejecutoria de la
providencia judicial cuestionada, puesto que dicho plazo es verdaderamente
suficiente para que la parte que se considera afectada acuda a esta sede de manera
oportuna.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201420, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200521, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

21 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos».

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De igual manera se destaca que controvertir una providencia judicial supone
cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, lo cual impone al
interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo justificación razonable, carga que
le corresponde alegar y demostrar a la parte accionante y que en este asunto no se
hizo.

Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas
contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la decisión que se
señala como vulneradora de derechos fundamentales sea conocida en razón de la
efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para que la persona natural o jurídica
acuda ante el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.

2.5.4. Para la sala resulta necesario anunciar que, el requisito de relevancia
constitucional tampoco se advierte superado en el asunto de la referencia, marco
en el cual la solicitud de amparo elevada por el señor Jonathan Rachid Verano Rojas
no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación 215 de 16 de junio de 2022.

2.5.4.1. En el referido fallo la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la “restricción desproporcionada ” a las garantías superiores
invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el estudio del fondo
del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

15

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El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal22.

Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico23; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y desarrollo
eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales24».

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de los
casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general”25.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más

22 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-573 de 2019.
25 Ibídem.

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allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental26».

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito debe ser más riguroso27,
es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión arbitraria por
parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos fundamentales,
toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de cierre.

2.5.4.2. Ahora, al descender al análisis de la demanda, esta colegiatura no avizora que
las inconformidades aludidas por el accionante trasciendan a un debate constitucional.
Es decir, al tratarse de una tutela contra providencia judicial, es indispensable que el
interesado identifique y desarrolle los yerros de los cuales adolece la decisión,
exponga desde una perspectiva constitucional, cómo se transgredió la garantía
superior invocada, y debe exponer con suficiencia las razones del porqué el asunto
implica la intervención del fallador de esta sede.

Esto es así, debido a que, si bien el señor Verano Rojas expuso que considera
relevante el asunto objeto de debate porque se quebrantaron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
dignidad, al buen nombre, a la honra y a «la protección reforzada frente al acoso laboral
y la revictimización institucional» con la expedición de la providencia demandada, lo
cierto es que no satisfizo la carga argumentativa desde la perspectiva constitucional
exigida, según lo establecido en la referida sentencia de unificación de la Corte
Constitucional, SU-215 de 2022.

Tal afirmación deviene de manera indiscutible, debido a que, al revisar el escrito de
tutela se advirtió que, en síntesis, los argumentos expuestos por la parte actora se
centraron en realizar manifestaciones de desacuerdo con el análisis probatorio, en
tanto, en su criterio, los elementos aportados daban plena certeza del acoso laboral
del cual aduce haber padecido por parte de la jueza investigada, sin que con tales
argumentos se logre desvirtuar la razonabilidad de ese ejercicio de valoración
efectuado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial al respecto, puesto que el
simple descontento no invalida, per se, la validez de la sentencia de 30 de julio de
2024, la cual fue dictada por una alta corte en el marco de los principios de la sana
crítica y de la autonomía judicial.

Además, tales planteamientos fueron puestos en conocimiento de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial en el recurso de apelación que interpuso el señor
Jonathan Rachid Verano Rojas contra la sentencia de primera instancia de la causa
disciplinaria y, pese a que no constituía parte en ese proceso, en el fallo de 30 de julio
de 2024 se atendieron y resolvieron sus alegaciones de manera suficiente.

26 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
27 Sentencia SU-573 de 2019.

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Demandante: Jonathan Rachid Verano Rojas
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03142-00

Ahora, en cuanto al defecto procedimental, consistente en que el asunto disciplinario
se falló en segunda instancia de manera expedita, lo único que se acredita es el
compromiso de la autoridad en no dejar vencer el término de prescripción debido a
que, de lo contrario, ello incidiría en la prestación deficiente del servicio de
administración de justicia al no proferir las decisiones correspondientes dentro del
plazo estipulado por el legislador. En ese sentido, no se advierte, a priori, que tal
actuación hubiese transgredido las garantías superiores invocadas por el tutelante.

Así, se precisa que no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
censurada se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la vulneración que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique en esta sede un análisis
de fondo frente a la decisión cuestionada, máxime si es dictada por el órgano de cierre
en la materia.

En resumen, no se evidencia un argumento sólido que demuestre la infracción de las
garantías constitucionales invocadas que amerite superar los requisitos de inmediatez
y de relevancia constitucional, este último, tratándose de acción de tutela contra
providencia judicial, comoquiera que: (i) el escrito de tutela no cuenta con un
fundamento elevado a un rango constitucional, máxime, por dirigirse contra una
decisión expedida por una alta corte; (ii) el debate se concentra en una discusión
probatoria que ya fue abordada de manera suficiente por el juez natural; y (iii) no se
evidencia una vulneración palmaria derivada del proveído demandado que implique la
intervención del juez de tutela.

Todo lo anterior da lugar a que esta Sala de decisión declare la improcedencia de la
solicitud de amparo de la referencia.

2.6. Conclusión

La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jonathan
Rachid Verano Rojas contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro, por no
satisfacer los requisitos de inmediatez y de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

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Demandante: Jonathan Rachid Verano Rojas
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03142-00

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Jonathan Rachid Verano Rojas contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional Disciplina Judicial de Cundinamarca.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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