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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03165-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03165-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 20 de junio de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, objeto de impugnación, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03165-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

4 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03165-01
Demandante: Grupo A Estudio S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03165-01
Demandante: Grupo A Estudio S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial, indebida radicación de
recurso de apelación – Falta de cumplimiento de requisitos
generales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la demandante contra la providencia
de 20 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que resolvió:

«1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las razones expuestas en
esta providencia.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de mayo de 2025, la sociedad Grupo A Estudio S.A.S. interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y el Tribunal
Administrativo del Tolima por estimar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso de administración de justicia. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:

«Conforme lo expuesto, respetuosamente solicito al señor Juez, tutelar EL DERECHO AL
DEBIDO PROCESO y EL DERECHO ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, vulnerado por las entidades accionadas a mi poderdante, declarando y
ordenando:

1. Dejar sin efectos auto del 6 de agosto de 2024, emitido por el Honorable Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante el cual se rechazó el recurso de apelación enviado
por e-mail el 24 de julio de 2024 a las 2:31 pm y que llevaba adjunto el documento
RECURSO DE APELACIÓN EXPEDIENTE 2018-580 CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES. PDF al considerarlo extemporáneo, argumentando que el correo
electrónico que fue enviado esto es el rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co no era
el habilitado para ello.

2. Dejar sin efectos la providencia del 3 de febrero de 2025, emitido por el Honorable
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

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Demandante: Grupo A Estudio S.A.S.

A, mediante el cual se declaró bien denegado el recurso de apelación contra la sentencia
del 4 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

3. Como consecuencia de las anteriores peticiones se ordene al Honorable Tribunal
Administrativo del Tolima, que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo
de tutela, proceda a emitir la correspondiente providencia judicial, concediendo el trámite
del recurso de apelación enviado por e-mail el 24 de julio de 2024 a las 2:31 pm y que
llevaba adjunto el documento RECURSO DE APELACIÓN EXPEDIENTE 2018-580
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. PDF (…).».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La sociedad demandante mediante apoderado judicial promovió demanda en ejercicio
del medio de control de controversias contractuales en contra de la Nación – Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colciencias (hoy Ministerio
de Ciencia, Tecnologías e Innovación en adelante MINTIC); el municipio de Ibagué y
la Corporación para el Desarrollo del Meta (Corpometa), por el incumplimiento del
contrato 110 de 2015, que suscribió con la última de las demandadas, así como por
la inobservancia de las obligaciones adquiridas por las demás entidades demandadas
en el marco de la Convocatoria 704 de 2015 y el Convenio Especial de Cooperación
FP44842-432-20152.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Tolima, que, en sentencia del 4 de julio de 2024 negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Dicha
providencia fue notificada de manera personal a las partes el 8 de julio de 2024.

En constancia secretarial del 11 de julio de 2024 el Tribunal señaló que desde ese día
iniciaba el término de 10 días para interponer y sustentar el recurso de apelación
conforme con el artículo 247 del CPACA, es decir, el término vencía el 24 de julio de
2024, fecha en la que nuevamente dejó constancia secretarial en la que se dejó
constancia del vencimiento del término en silencio de las partes, razón por la que
procedería con la liquidación de costas.

La parte actora señaló que, el 24 de julio de 2024, su apoderado envió el recurso de
apelación al correo electrónico rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co, y en
atención a la referida constancia secretarial, la demandante en escrito del 30 de julio
de 2024, solicitó verificar la recepción del recurso de apelación.

Mediante auto del 6 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima rechazó
el recurso de apelación por considerarlo extemporáneo, tras señalar que el canal
utilizado para su presentación no era válido y que, conforme con el Acuerdo PCSJA23-
12068 de 2023, debió haberse radicado exclusivamente por conducto del Sistema
para la Gestión judicial SAMAI.

Contra la anterior decisión el 13 de agosto de 2024, la demandante interpuso recurso
de reposición y, en subsidio, de queja, con fundamento en que el recurso de apelación
no fue presentado de manera extemporánea, ya que fue radicado desde el 24 de julio
de 2024 a la dirección de correo electrónico
rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co, la cual continuaba activa para la
recepción de memoriales, pues, el mensaje no fue rechazado ni devuelto y como
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respuesta automática le fue informado que las únicas cuentas que se desactivaron
con ocasión de la entrada en funcionamiento de la ventanilla virtual de SAMAI fueron
doc01tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co/rdoc0tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co
.

En el trámite del traslado del recurso de queja, el MINTIC, y el Fiducoldex S.A., como
vocero del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Financiamiento para la
Ciencia la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas se opusieron al
recurso e indicaron que el uso del sistema SAMAI es de uso obligatorio y en razón a
ello se procedió a la inhabilitación de cuentas de correo para radicar solicitudes.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en providencia del 28 de agosto de 2024,
resolvió no reponer la decisión del 6 de agosto de 2024, que rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación ,y remitió copias para que el recurso de queja
surtiera su curso.

El conocimiento del trámite de queja correspondió al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que, en auto del 3 de febrero de 2025, confirmó la decisión
y declaró bien denegado el recurso de apelación al considerar que conforme con lo
dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo PSCJA23-12068 del 16 de mayo de 2023,
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, la ventanilla electrónica para la
recepción y presentación de documentos en el Tribunal Administrativo del Tolima se
habilitó el 1° de agosto de 2023.

Explicó que, si bien con ocasión al estado de la emergencia económica, social y
ecológica decretada por el Gobierno Nacional en el año 2020, en los despachos
judiciales se permitió el uso de otros medios digitales para garantizar la continuidad
de la prestación del servicio de administrar justicia, como el caso del Tribunal
Administrativo del Tolima, en el que se habilitaron tres correos institucionales, entre
ellos, al que se envió el recurso de apelación, lo cierto es que con la entrada en
funcionamiento de SAMAI, dichas cuentas dejaron de ser canales digitales
autorizados de comunicación, por lo que a las partes les asistía tramitar las solicitudes
y escritos en uso de la plataforma, dispuesta como sede judicial electrónica.

De igual forma, resaltó que, aunque en el lapso comprendido entre el 3 de marzo de
2022 y el 19 de julio de 2023, las partes enviaron sus memoriales al correo
rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co y fueron tenidos en cuenta en el trámite
procesal, lo cierto es que a partir del 30 de junio de 2023 se publicó un aviso en la
página web de la Rama Judicial sobre la implementación definitiva del aplicativo en el
Tribunal Administrativo del Tolima.

Expuso que, si bien, para el 24 de julio de 2024 el correo
rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co seguía activo para la recepción de
memoriales, pues no remitió un mensaje de rechazó o devolución y, en ese entendido,
se entendía recibido; la entrada en funcionamiento de SAMAI no implicó que el
dominio dejara de existir, pues se mantuvo como fuente de consulta interna de los
despachos judiciales, cosa distinta es que dejó de ser un canal digital autorizado para
efectuar intervenciones de las partes o radicación de memoriales, y en ese sentido,
era claro que a partir de la entrada de funcionamiento de SAMAI los mensajes
enviados por medios distintos no serían procesados ni tenidos en cuenta.

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Finalmente, frente al argumento de la demandante consistente en que las únicas
cuentas que se desactivaron eran doc01tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co y
rdoc01tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.com señaló que era una afirmación sin
respaldo probatorio y se contradice con los avisos y comunicaciones que reposan en
el expediente, los cuales sí incluyen las tres cuentas de correo con la información,
según la cual, a partir del 1° de agosto de 2023 ningún mensaje dirigido a ellas sería
tenido en cuenta.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte demandante afirmó que tanto el Tribunal Administrativo del Tolima como el
Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, con los autos del 28 de agosto de
2024 y del 3 de febrero de 2025, respectivamente, incurrieron en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al rechazar el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 4 de julio de 2024 con el argumento de que fue
remitido a un canal no autorizado para ese efecto.

Insistió en que el recurso fue enviado el 24 de julio de 2024 al correo electrónico
rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co, es decir, lo interpuso dentro del término
legal de diez (10) días previsto en el artículo 247 del CPACA, además, explicó que la
mencionada dirección electrónica había sido utilizada previamente para la recepción
de memoriales para los procesos judiciales y que no recibió constancia de rechazo ni
devolución de dicho mensaje.

A su juicio, la decisión de rechazar el recurso por no haberse radicado por conducto
del sistema para la gestión judicial SAMAI constituye una aplicación excesiva,
inflexible y formalista del Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023 que no
tiene el rango de norma legal y que no puede prevalecer sobre normas y principios de
jerarquía constitucional, tales como el derecho al debido proceso y de acceso efectivo
a la administración de justicia, así como del principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal, pues a su juicio, al rechazar el recurso se obstaculizó la
satisfacción de derechos sustantivos que priman incluso sobre los derechos
procesales.

Como sustento de lo anterior, citó la sentencia SU-041 de 2022 de la Corte
Constitucional, en la cual se precisó que las reglas procesales no pueden convertirse
en barreras infranqueables para el acceso a la justicia ni servir de excusa para
renunciar a la verdad material del proceso.

Finalmente, indicó que el rechazo del recurso de apelación impidió el ejercicio del
derecho a la doble instancia y, con ello, se vulneró el acceso efectivo a la
administración de justicia por una mera formalidad.

4. Trámite previo

El 28 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a las partes, al Ministerio de las Tecnologías de
la Información y Comunicaciones (MINTIC), al Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), a la Corporación para el
Desarrollo del Meta (CORPOMETA), al municipio de Ibagué y a la Fiduprevisora SA,
como terceros con interés.

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5. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A afirmó que la solicitud de
amparo es improcedente para dejar sin efecto la providencia cuestionada, por carecer
del requisito de relevancia constitucional que haga procedente su estudio de fondo,
por cuanto la demandante no expuso las razones por las cuales estima que la
providencia atacada trasgredió los artículos 29, 228 y 229 de la C.P.

Señaló que en el escrito inicial la actora se limitó a manifestar su desacuerdo con la
decisión adoptada y a sostener que con ello se le impide acceder a la administración
de justicia, razón por la que es claro que emplea la acción de tutela como una tercera
instancia que la releve de cumplir la carga de realizar sus actuaciones por medio del
canal digital dispuesto por la administración de justicia para llevar a cabo dichos
trámites y, en su lugar, se tenga como oportunamente presentado un escrito dirigido
a un correo electrónico no autorizado, pese a que la ventanilla de atención virtual de
SAMAI se implementó 11 meses antes de la expedición de la sentencia del 4 de julio
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Explicó que la actora además de aceptar que remitió el memorial contentivo de la
apelación a un canal digital no habilitado y aducir que la decisión de no tenerlo en
cuenta vulneró sus garantías fundamentales, no señaló de qué manera ello configura
una restricción desproporcionada de los derechos al debido proceso o de acceso de
administración justicia o una actuación arbitraria, máxime cuando estaba suficiente y
debidamente informada de que los memoriales se debían radicar en SAMAI.

Respecto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto afirmó que la decisión
objeto de debate no infringió las normas superiores ni desconoció los derechos
fundamentales citados por la demandante dado que la decisión se dio como
consecuencia que se deriva del incumplimiento de la carga procesal que le
correspondía a la parte actora, porque, pese a que en el marco de la emergencia
económica, social y ecológica decretada por el gobierno nacional en el año 2020, se
permitió el uso de correos electrónicos vinculados a los despachos judiciales para
garantizar la continuidad de la prestación del servicio de administrar justicia, lo cierto
es que con la entrada en funcionamiento de SAMAI, dichas cuentas dejaron de ser
canales digitales autorizados de comunicación, por lo que a las partes, debidamente
enteradas de esa situación, les asistía la carga de adelantar sus actuaciones mediante
dicha plataforma, dispuesta como sede judicial electrónica.

De igual forma, resaltó que en el caso objeto de estudio se comprobó que, además de
las comunicaciones generales en las que se informaba que la implementación
definitiva de SAMAI en el Tribunal Administrativo del Tolima se llevaría a cabo el 1°
de agosto de 2023, por lo que a partir de esa fecha los mensajes remitidos a esa
dirección electrónica no se tendrían en cuenta, la referida corporación judicial también
les puso de presente esa situación a los sujetos procesales en comunicaciones
remitidas durante el año 2024, al punto que el 10 de julio de 2024 el apoderado de la
sociedad demandante solicitó y se le autorizó acceso al expediente digital del proceso
en SAMAI.

Adujo que estaba claro que las partes debían hacer uso de la plataforma SAMAI; sin
embargo, ello no fue lo que ocurrió, pues, como lo certificó la secretaría del Tribunal,
ningún memorial se remitió dentro de los diez días siguientes a la notificación de la
decisión de primera instancia, luego, no era posible afirmar que la exigencia de que
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las partes adelantarán sus actuaciones por medio de los canales digitales autorizados
de comunicación constituyera un desconocimiento del procedimiento establecido y,
menos aún, una trasgresión de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, cuando lo que se evidenció fue una omisión de la parte y
no puede alegar su error como justificación.

El Tribunal Administrativo del Tolima indicó que en las providencias emitidas por
esa Corporación analizó el incumplimiento de las cargas de la parte demandante en
el uso de la plataforma SAMAI para la radicación de memoriales de índole procesal
por medio de la ventanilla virtual, como el recurso de apelación interpuesto con la
sentencia de primera instancia del 4 de julio de 2024.

Afirmó que la demandante pretende discutir criterios de interpretación de normas
legales y jurisprudenciales y, especialmente, la valoración realizada por ese tribunal y
por el Consejo de Estado, al evaluar si debía o no darse trámite al recurso de apelación
interpuesto en un medio que no era el autorizado, toda vez que, radicó el escrito por
conducto de un correo electrónico no habilitado y no por la ventanilla única de
radicación de la plataforma SAMAI.

Resaltó que en esa Corporación ha reiterado la postura del Consejo de Estado, según
la cual, los sujetos procesales deben utilizar los medios debidamente autorizados para
radicar los escritos que quieren hacer valer dentro de los procesos, toda vez que, las
autoridades judiciales no pueden garantizar el recibido de dicha información si no se
utilizan los canales admitidos para tal fin, tal como se expuso en sentencia del 5 de
mayo de 2022 en el proceso 73001-23-33-000-2022-00138-01 en el que en un caso
de similares características, vía acción de tutela, concluyó que no existe defecto
alguno al tener como no presentado un recurso remitido a una dirección de correo
distinta a la destinada para ello.

Señaló que la decisión adoptada fue ajustada a derecho y a las normas jurídicas y la
jurisprudencia vigentes, con base en las que se efectuó un análisis razonado de las
mismas frente a los medios de prueba aportados al proceso, sin que ello pueda ser
considerado como una arbitrariedad cometida sino la aplicación del principio de
autonomía judicial de la cual se encuentran investidas las decisiones judiciales.

Afirmó que la parte actora con la solicitud de amparo pretende reabrir el debate jurídico
puesto en conocimiento ante el juez ordinario, al analizar el rechazo del recurso de
apelación interpuesto dentro proceso ordinario de controversias contractuales frente
a la sentencia de primera instancia.

6. Terceros con interés

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó que
se declare la improcedencia de la acción de tutela por considerar que no se configuró
vulneración alguna de derechos fundamentales por parte de dicho ente ni de las
autoridades judiciales demandadas.

En consecuencia, solicitó mantener las decisiones judiciales en las que se rechazó el
recurso de apelación por extemporáneo y se declaró bien denegado el mismo.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación solicitó que se declare
improcedente la acción interpuesta y, en cualquier caso, no se profiera decisión en su
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contra porque no incurrió en la presunta vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales invocados por la demandante, en tanto no es el responsable de realizar
las conductas u omisiones que pudieron generar la violación alegada.

La Corporación para el Desarrollo del Meta (CORPOMETA), el municipio de
Ibagué y la Fiduprevisora SA pese a ser notificados en debida forma guardaron
silencio sobre los hechos objeto de debate.

7. Sentencia de primera instancia

El 20 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
profirió sentencia de primera instancia en la que declaró improcedente la acción de
tutela, porque no cumplió con el requisito de relevancia constitucional. Al respecto,
expresó que la demandante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera
instancia para reabrir un debate que ya había sido zanjado en el proceso ordinario.

Afirmó que la demandante pretendió sustentar la vulneración de los derechos
invocados con argumentos similares a los planteados en el recurso de reposición y,
en subsidio de queja, con base en el cual cuestionó el rechazo del recurso de
apelación.

No obstante, explicó que la autoridad judicial demandada se pronunció para aclarar
que el correo electrónico rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co no se
encontraba habilitado para la recepción de memoriales con destino a procesos
judiciales, de modo que, era claro que la actora no cumplió con la carga de presentar
la alzada por medio de SAMAI, que es de obligatorio cumplimiento desde su
implementación.

Indicó que, si bien la demandante pretende que su inconformidad se enmarque en un
defecto procedimental, lo cierto es que los fundamentos que soportaron la
interposición de la acción de tutela aunque no son una reproducción de los
argumentos que fueron planteados en el trámite del proceso ordinario, lo cierto es que,
igualmente, se dirigen a cuestionar el rechazo del recurso de apelación, y en todo
caso, ya fueron resueltos de manera suficiente en las providencias que resolvieron los
recursos de reposición y queja.

8. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que,
contrario a lo señalado en el fallo de tutela de primera instancia, se acreditó el requisito
de relevancia constitucional, porque la controversia gira en torno a la vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Manifestó que no es cierto que pretenda alcanzar una tercera instancia, cuando ni
siquiera ha podido acceder a la segunda instancia dentro del proceso de controversias
contractuales con radicado 73001-23-33-001-2018-00580-00.

Adujo que con la acción de tutela no pretende que el Tribunal Administrativo del
Tolima, ni su superior inmediato, entren a definir si las pretensiones de la demanda de
controversias contractuales están llamadas a prosperar o no, pues es claro que tales
decisiones judiciales les corresponden a esas autoridades judiciales, quienes son los
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llamados a definir lo que en derecho corresponda, y precisó que lo que realmente
pretende es poder acceder a la administración de justicia, a fin de que su caso sea
revisado en segunda instancia, independientemente de cuál sea el resultado de esta.

Resaltó que no permitir que se dé tramite a la segunda instancia, constituye la
vulneración de los derechos fundamentales invocados porque se incurre en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al privilegiar el trámite señalado en el
Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023, sobre las normas
Constitucionales.

De igual forma, manifestó que las entidades demandadas no otorgaron algún valor
probatorio a las pruebas documentales aportadas en la tutela en las que se
evidenciaba que efectivamente el 24 de julio de 2024 a las 2:31 pm desde la bandeja
de correos elitejudicialsas@yahoo.com se había remitido el citado e-mail, que
contenía el recurso de apelación, entre otros, al correo electrónico
rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co, situación que era fácilmente
comprobable, pues las entidades tenían la potestad de solicitar a la división
informática o de sistemas de sus despachos que les confirmaran si efectivamente se
había recibido el correo electrónico que contenía el recurso de apelación.

Solicitó que se revoque la providencia impugnada y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Conforme con la impugnación presentada por la parte accionante, corresponde a la
Sala determinar si debe confirmar o revocar la sentencia de tutela de primera
instancia, que declaró improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, porque la parte actora la utiliza
la solicitud de amparo como una instancia adicional para insistir en los argumentos
expuestos dentro del medio de control controversias contractuales, dirigidos a señalar
que en el caso objeto de estudio las autoridades judiciales demandadas debieron
tener como presentado el recurso de apelación que ejerció contra la sentencia del 4
de julio de 2024 y remitió el 24 de julio de 2024 al correo electrónico
rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Por lo que la Sala pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos

2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201

01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»5. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa
de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por
los jueces competentes.
(se destaca)

(ii) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que, tal como lo concluyó él a quo, la acción de tutela no cumple el
requisito de relevancia constitucional, en razón a que la demandante emplea el
presente mecanismo como una instancia adicional al proceso ordinario.

En primer lugar, frente a los argumentos dirigidos a señalar que en el caso objeto de
estudio no se dan los presupuestos para considerar que se emplea el mecanismo
como instancia adicional o una tercera instancia, es necesario resaltar que la exigencia
de dicho requisito se predica frente a la oportunidad para presentar el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.

Lo anterior, porque es la decisión que cuestiona por esta vía y respecto de la que
agotó el recurso vertical con que contaba, cuyo fundamento es el mismo de la presente
acción de tutela, pues las partes emplean la solicitud de amparo para reiterar los
argumentos que ya fueron expuestos en el marco del proceso ordinario y, que,
además, ya fueron resueltos por el juez natural, tal como se verá en el caso objeto de
debate.

La Sala evidencia que la actora hace uso de la acción de tutela como instancia
adicional porque la demandante insiste en los argumentos que ya planteó ante el juez
de la causa, encaminados a discutir la oportunidad de presentación del recurso de
5 Ibidem.

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apelación, a su juicio, pese a no haberlo radicado mediante SAMAI el mismo debió
ser tramitado por haber sido remitido a un buzón electrónico en uso del tribunal.

En el caso objeto de estudio se tiene que, la sociedad Grupo A Estudio S.A.S.
interpuso demanda de controversias contractuales contra la Nación – Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colciencias -hoy Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación-, el municipio de Ibagué y la Corporación para el
desarrollo del Meta -en adelante Corpometa-, con la finalidad de que fueran
declaradas responsables por los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
110 de 2015, así como la inobservancia de las obligaciones adquiridas por las demás
demandadas en el marco de la convocatoria 704 de 2015 y el convenio especial de
cooperación FP44842-432-2015.

En el trámite de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia
del 4 de julio de 2024, negó las pretensiones de la demanda; decisión que fue
notificada el 10 de julio siguiente. En constancia secretarial del 25 de julio de 2024,
señaló que el 24 de julio de 2024 se cumplió el término de 10 días previsto en el núm.
1 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080
de 2021, sin que las partes formularan recursos de apelación.

No obstante, la parte actora en escrito del 30 de julio de 2024 afirmó que, el 24 de julio
de 2024, su apoderado envió el recurso de apelación contra la decisión del tribunal al
correo electrónico rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co, razón por la que
solicitó verificar la recepción del recurso de apelación.

Mediante auto del 6 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima rechazó
el recurso de apelación por considerarlo extemporáneo, tras señalar que el canal
utilizado para su presentación no era válido y que, conforme con el Acuerdo PCSJA23-
12068 de 2023, debió haberse radicado exclusivamente a través del Sistema para la
Gestión judicial SAMAI.

Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de queja, con fundamento en que el recurso de apelación no fue presentado
de manera extemporánea, ya que fue radicado desde el 24 de julio de 2024 a la
dirección de correo electrónico rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co la cual
continuaba activa para la recepción de memoriales, pues, el mensaje no fue
rechazado ni devuelto y como respuesta automática le fue informado que las únicas
cuentas que se desactivaron con ocasión de la entrada en funcionamiento de la
ventanilla virtual de SAMAI fueron doc01tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co,
rdoc0tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co.

La Sala observa que en esa oportunidad la parte demandante, puntualmente,
manifestó:
«Estoy en contra de la anterior decisión en razón a que el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, señaló
que el recurso de apelación interpuesto era extemporáneo, lo cual no es cierto, pues como lo mencioné en el
memorial del pasado 30 de julio de 2024, el suscrito abogado realicé envío (sic) del recurso al e-mail
rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co el día 24 de julio de 2024 a las 2:31 pm situación que era de fácil
comprobación, por parte del Tribunal quien tiene la posibilidad de verificar si al citado e-mail llegó en esa fecha
y hora el recurso de apelación interpuesto.

Adjunto y como prueba sumaria allego pantallazo donde se evidencia que de mi correo
elitejudicialsas@yahoo.com se envió el día 24 de julio de 2024 a las 2:31 pm el e-mail con el asunto RECURSO
DE REPOSICIÓN EXPEDIENTE 2018 – 580 y dirigido a los correos: rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co

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CC: mrodriguezreinaprocuraduria@gmail.com,elitejudicialsas@yahoo.com,contabilidad@corpometa.com,
notificaciones@colciencias.gov.co, notificaciones_judiciales@ibague.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co,
notificacionesjudicialesmintic@mintic.gov.co , Andrés Alba Amaya, Sofia Amaya

Tampoco es cierto que el señalado correo rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co este deshabilitado, pues
los envíos realizados a dicho correo no son rechazados ni devueltos, es decir dicha cuenta aún está activa.
Además, reitero que el 10 de julio de 2024 había enviado al correo un e-mail al correo
rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co cuál (sic) tuve respuesta automática el 11 de julio de 2024 donde se
señalaba que los correos de recepción de documentos: rdoc01tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co
rdoc02tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co Funcionarían hasta el 31 de julio de 2023, pero no se indicó que el
correo al cual envié el recurso esto es el correo rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co dejaría de funcionar
por tal razón remití el citado recurso de apelación a ese e-mail. Por lo anteriormente expuesto es que reitero mi
desacuerdo con la decisión tomada por el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima. (…)»

(subraya fuera de texto)

Por lo anterior, solicitó que se revocara la decisión recurrida y, en su lugar, fuera
concedido el recurso de apelación contra la sentencia del 4 de julio de 2024.

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que las providencias del
6 de agosto de 2024 y del 3 de febrero de 2025, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Tolima y por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, respectivamente, incurrieron en defecto procedimental, por haber rechazado
el recurso de apelación, contra la sentencia del 4 de julio de 2024, que remitió el 24
de julio de 2024 al correo electrónico rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co y no
haberlo radicado por la plataforma SAMAI, pues considera una mera formalidad el
tenerlo por no presentado dado que el Tribunal demandado hace uso del referido
correo electrónico dado que su solicitud no rebotó, lo cual indicaba que se encontraba
activo y en uso.

Señaló que, en el caso objeto de estudio, se dio mayor alcance al Acuerdo PCSJA23-
12068 del 16 de mayo de 2023, y no al derecho fundamental al debido proceso y el
principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.

La parte demandante, en el escrito de tutela, manifestó:
«Las decisiones tanto del Honorable Tribunal Administrativo del Tolima como de la subsección A, sección tercera,
sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, al denegar el trámite del recurso de apelación
enviado el correo electrónico rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co se configuraron en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, dado que se privilegió el trámite señalado en un acuerdo, esto es el
“Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023 "Por el cual se dispone el uso obligatorio del aplicativo SAMAI
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como solución de transición tecnológica dentro del Plan
Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial"; y con ello se dio mayor relevancia a un acto
administrativo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, sobre una norma o principio
Constitucional(artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política de Colombia), puesto que se obstaculizó la
satisfacción de derechos sustantivos (acceder al recurso de apelación) que priman incluso sobre los derechos
procesales, con lo cual se lesionaron las garantías fundamentales de la sociedad GRUPO A ESTUDIO S.A.S.,
relacionadas con el DERECHO AL DEBIDO PROCESO y DERECHO ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, pues le fue rechazado por extemporáneo el trámite del recurso de apelación,
para que fuera resuelto por el superior inmediato del Tribunal Administrativo del Tolima. (…)

Se reitera para el caso que nos ocupa, las accionadas el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima y la
subsección A, sección tercera, sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, ni siquiera
privilegiaron una norma procesal sobre el derecho subjetivo, puesto que su negativa a dar trámite al recurso de
apelación interpuesto, fue sustentado bajo el argumento que no se dio cumplimiento al acuerdo PCSJA23-12068
del 16 de mayo de 2023, que es una orden administrativa, ni siquiera tiene rango legal y con ello hicieron caso
omiso al principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, cercenando la posibilidad que una instancia
superior revisara la decisión de primera instancia emitida por el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima. Es
decir, y sintetizando las accionadas le dieron mayor importancia a lo señalado en una orden administrativa
(acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023), que ni siquiera se trata de una norma procesal y pusieron
dicho acuerdo por encima de una norma sustantiva esto es el artículo 247 del CPACA (…)

Seguramente las entidades accionadas continuaran argumentando que sus decisiones (la de declarar
extemporáneo el recurso de apelación y la de confirmar tal decisión), están permeadas de legalidad en razón a
que para la radicación de memoriales y demás actuaciones dentro del proceso a partir de agosto del año 2023
se deben realizar a través del sistema SAMAI y que si de parte del apoderado de GRUPO A ESTUDIO S.A.S.,
no se fue diligente o se actuó con negligencia al realizar dicha radicación en el correo
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rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co ello no se ajusta a la realidad, pues si bien el recurso no se radicó en
el medio idóneo para ello (SAMAI), lo cierto es que el recurso de apelación fue radicado dentro del término legal
concedido para hacerlo eso es el 24 de julio de 2024 a las 2:31 pm, situación fácilmente comprobable por las
accionadas quienes tienen la potestad y autoridad para solicitar al área encargada verificar si efectivamente dicho
correo citado anteriormente llegó y si tenía adjunto el documento denominado RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE 2018-580 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. PDF En razón a que ni el Honorable Tribunal
Administrativo del Tolima ni la subsección A, sección tercera, sala de lo contencioso administrativo del Consejo
de Estado, tuvieron la prevención de verificar la existencia o no del correo del 24 de julio de 2024 a las 2:31 pm
emitido desde la dirección electrónica elitejudicialsas@yahoo.com el cual tenía adjunto documento RECURSO
DE APELACIÓN EXPEDIENTE 2018-580 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. PDF y dirigido entre otros al
correo rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co dichas entidades renunciaron a conocer la verdad verdadera
en el presente caso, renunciaron a conocer de fondo lo ocurrido en el expediente 73001-23-33-001- 2018-
0058000 y prefirieron declarar extemporáneo el recurso de apelación, dando aplicación rigurosa e irreflexiva a
una orden administrativa, esto es el Acuerdo PCSJA23-12068 del 16 de mayo de 2023, con lo cual se constituyó
una barrera de acceso a la Administración de Justicia y una violación al debido proceso para con la sociedad
GRUPO A ESTUDIO S.A.S., pues no se aplicó la garantía de protección al derecho sustancial para que a esa
sociedad se le tramitara el recurso de apelación ya varias veces mentado. Finalmente, considero oportuno
mencionar que frente al uso y aplicación del sistema SAMAI para la fecha del 21 octubre del año 2024, persistía
por parte del HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, directrices frente a las entidades de derecho público y
referente al uso obligatorio de la Ventanilla de Atención Virtual del aplicativo judicial SAMAI, para el envío de
demandas, memoriales y documentos. (…)»

(subraya fuera de texto)

A partir de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora propone exactamente la
misma discusión jurídica que presentó en el proceso de controversias contractuales
donde fungió como demandante, en esta oportunidad reitera lo expuesto en el marco
del trámite del recurso de queja con fundamento en la configuración del defecto
procedimental, con base en el que alega que la autoridad judicial demandada le dio
mayor relevancia a lo formal sobre lo material, para insistir en el hecho de que lo
pertinente fue que presentó el recurso independientemente de que este no hubiese
sido radicado en la plataforma SAMAI.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por la
parte demandante fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en providencia del 3 de febrero de 2025, que, confirmó la decisión de
primera instancia en la que rechazó el recurso de apelación en el medio de control de
controversias contractuales con radicado 73001-23-33-001-2018-00580-01, al
considerar:
«Decisión del cargo de queja.

La demandante afirma que su recurso de apelación no es extemporáneo, por cuanto lo remitió el 24 de julio de
2024 al correo rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual, consideró, seguía activo para la recepción de
memoriales, pues su mensaje no fue rechazado ni devuelto; además, manifestó que debía tenerse en cuenta que
las únicas cuentas que se desactivaron con la entrada en funcionamiento de la ventanilla virtual de SAMAI eran
doc01tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co y rdoc0tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co, tal y como lo evidenciaba
la respuesta automática que se recibió al enviar un mensaje a la referida dirección electrónica el 10 de julio de
2024.

El despacho estimará bien denegado el recurso de apelación, por las razones que pasan a exponerse:

(…)
Ahora, la herramienta tecnológica que se implementó para el trámite y la gestión de los procesos ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo es SAMAI, plataforma de uso obligatorio, según lo dispuesto en el artículo 131 del
Acuerdo PSCJA23-12068 del 16 de mayo de 2023, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura y cuya
ventanilla electrónica para la recepción de documentos y realización de trámites en el Tribunal Administrativo del
Tolima se habilitó el 1.º de agosto de 2023.

Conviene señalar que, si bien en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por
el gobierno nacional en el año 2020, en los despachos judiciales se permitió el uso de otros medios digitales para
garantizar la continuidad de la prestación del servicio de administrar justicia, como el caso del Tribunal
Administrativo del Tolima, en el que se habilitaron tres correos institucionales, entre ellos, el referido por el
apoderado de la sociedad demandante, lo cierto es que con la entrada en funcionamiento de SAMAI, dichas
cuentas dejaron de ser canales digitales autorizados de comunicación, por lo que a las partes -enteradas de esa
situación- les asistía la carga de adelantar sus actuaciones mediante dicha plataforma, dispuesta como sede judicial
electrónica.

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Demandante: Grupo A Estudio S.A.S.

Al revisar las actuaciones del proceso se evidencia que, desde el 3 de marzo de 2022 hasta el 19 de julio de 2023,
las partes enviaron sus memoriales al correo rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co, los cuales fueron
incorporados al expediente.

Asimismo, se observa que el 30 de junio de 2023 se publicó un aviso en la página web de la Rama Judicial en el
que se informaba que la implementación definitiva de SAMAI en el Tribunal Administrativo del Tolima se llevaría a
cabo el 1.º de agosto de 2023, por lo que a partir de esa fecha los mensajes remitidos a esa dirección electrónica
no se tendrían en cuenta, así como también que en los correos electrónicos enviados por la Secretaría el 15 de
enero y el 8 de julio de 2024 se les puso de presente a los sujetos procesales dicha situación, al punto que el 10
de julio de 2024 el apoderado de la sociedad demandante solicitó y se le autorizó acceso al expediente digital del
proceso en SAMAI.

Ahora bien, pese a que el sistema de gestión SAMAI entró en funcionamiento 11 meses antes de la expedición de
la sentencia del 4 de julio de 2024, la cual se notificó el 10 de julio siguiente, ningún memorial se remitió dentro de
los diez días siguientes a la notificación de la referida providencia, a través de dicha plataforma.

Bajo ese panorama, para el despacho no resulta atendible el argumento formulado por el apoderado de la parte
actora, en el sentido de que para el 24 de julio de 2024 el correo rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co seguía
activo para la recepción de memoriales, por cuanto desde el 1.º de agosto de 2023 el único canal a través del cual
las partes debían realizar sus actuaciones era SAMAI y, en ese sentido, era claro que a partir de esa fecha los
mensajes enviados a otras cuentas no serían tenidos en cuenta.

El hecho de que el correo enviado no figure como rechazado o devuelto no modifica la anterior conclusión, porque,
como lo indicó el Tribunal Administrativo del Tolima en su providencia, la entrada en funcionamiento de SAMAI no
implicó que el dominio rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co dejara de existir, pues se mantuvo como fuente
de consulta interna de los despachos judiciales, sino que dicha cuenta dejó de ser un canal digital autorizado para
efectuar sus intervenciones, lo cual, se insiste, era de conocimiento de las partes y demás sujetos procesales.

En cuanto al segundo argumento propuesto por el apoderado de la sociedad actora, relacionado con que la
respuesta automática que recibió tras enviar un correo el 10 de julio de 2024 a
rdoc03tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co indicaba que las únicas cuentas que se desactivaron eran
doc01tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.co y rdoc01tadmtol@cendoj.ramajudicial.gov.com, se debe señalar que,
además de que se trata de una afirmación sin respaldo probatorio alguno, pues no se aportó prueba del supuesto
mensaje ni de la respuesta, se contradice con los avisos y comunicaciones que reposan en el expediente, los
cuales sí incluyen las tres cuentas de correo con la información de que a partir del 1° de agosto de 2023 ningún
mensaje dirigido a ellas sería tenido en cuenta.

Se recuerda que, así como la administración de justicia debe usar el canal digital suministrado por las partes para
comunicar y notificar sus decisiones, los usuarios del servicio público también tienen la carga de utilizar las
herramientas tecnológicas dispuestas por la administración de justicia, como la sede judicial electrónica,
establecida oficialmente para tal fin.

Lo que se observa, entonces, es que la sociedad Grupo A Estudio S.A.S. pretende que se la releve de cumplir la
carga de realizar sus actuaciones a través del canal digital dispuesto por la administración de justicia para llevar a
cabo dichos trámites y, en su lugar, se tenga como oportunamente presentado un escrito dirigido a un correo
electrónico no autorizado para tales efectos, pese a que la ventanilla de atención virtual de SAMAI se implementó
11 meses antes de la expedición de la sentencia del 4 de julio de 2024; situación que, bueno sea precisar, era de
su conocimiento, al punto que el 10 de julio de 2024 a su apoderado se le autorizó el acceso, de ahí que el cargo
formulado contra el proveído del 6 de agosto de 2024 no esté llamado a prosperar. (…)

En las condiciones analizadas, dado que no existen razones para considerar que los memoriales enviados por un
canal digital distinto al único autorizado en la actualidad para tramitar y gestionar los procesos en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo deban ser tenidos en cuenta, el despacho estimará bien denegado el recurso de
apelación de la parte actora. (…)»

(subrayado fuera de texto)

De lo anterior, es posible concluir que la autoridad judicial demandada se refirió a los
argumentos expuestos por la actora en el marco del recurso de queja y de las pruebas
aportadas pudo concluir que no era posible pasar por alto que la demandante
incumplió con la carga procesal de radicar el recurso de apelación, esto es, en la
plataforma SAMAI, más aún cuando el apoderado de la demandante días antes de
que se entendiera surtida la notificación de la providencia, esto es el 10 de julio de
2024, solicitó autorización para el acceso al expediente en la plataforma, hecho que
le permitió concluir que la parte demandante ya se encontraba advertida que, para el
acceso a los expedientes, radicación de memoriales, solicitudes, entre otros, se
encontraba dispuesto el sistema de gestión judicial SAMAI.

Siendo así, aunque la parte actora alega que la providencia objeto de tutela vulneró
los derechos fundamentales invocados, porque, presuntamente incurrió en defecto
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Demandante: Grupo A Estudio S.A.S.

procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cierto es que la parte demandante
pretende hacer uso de la acción de tutela de la referencia para insistir en los mismos
argumentos que alegó en el trámite ordinario, los cuales, como se vio, ya fueron
resueltos por el juez natural, en el sentido de señalar las razones por las que a su
juicio no era procedente tramitar el recurso de apelación, pues la demandante se
relevaría de cumplir la carga de realizar sus actuaciones por conducto del canal digital
dispuesto por la administración de justicia.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, porque la parte actora reiteró los
argumentos que expuso en el marco del proceso ordinario, lo que permite evidenciar
que la inconformidad de la parte actora se generó con las conclusiones a las que llegó
el juez natural.

Además de lo anterior, es necesario destacar que la decisión objeto de debate guarda
consonancia con lo dispuesto por esta Sala en pronunciamientos anteriores6 en los ha
afirmado que, en lo relativo a la aplicación del Decreto Legislativo 806 de 2020, se
tiene que el inciso 3 del artículo 2, estableció que las autoridades judiciales deben dar
a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información
mediante los cuales prestarán su servicio y los mecanismos tecnológicos que
emplearán.

Obligación que, dicho sea de paso, fue debidamente cumplida en el presente asunto,
pues, el 30 de junio de 2023 se publicó un aviso en la página web de la Rama Judicial
en el que se informaba que la implementación definitiva de SAMAI en el Tribunal
Administrativo del Tolima se llevaría a cabo el 1.º de agosto de 2023, así:

6
Ver, entre otras, providencias del: (i) 16 de julio de 2021, expediente con radicado número: 11001-03- 15-000-2021-02394-00;
(ii) 12 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15- 000-2019-04236-00; (iii) sentencia de tutela del 30
de octubre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2019-02420-01, (iv) sentencia de tutela del 14 de
diciembre de 2022, expediente con radicado número:1001-03-15-000-2022-04316-01, (v) sentencia de tutela del 25 de mayo de
2023, expediente con radicado número:11001-03-15-000-2023-00203-01, (vi) sentencia de tutela del 29 de febrero de 2024,
expediente con radicado número:11001-03-15-000-2023-07186-00, y, (vii) sentencia de tutela del 7 de marzo de 2024,
expediente con radicado número:11001-03-15-000-2024-00473-00.
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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03165-01
Demandante: Grupo A Estudio S.A.S.

Lo anterior es suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia proferida por
la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, que declaró improcedente
el amparo invocado por la parte actora, de conformidad a las razones expuestas en la
presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 20 de junio de 2025 proferida por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, objeto de impugnación, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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