Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03167-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03167-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
19 de junio de 2025
Demandante: José Vicente Quintero Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03167-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03167-00
Demandante: JOSÉ VICENTE QUINTERO MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 23 de mayo de 20251, el señor José Vicente Quintero Martínez, en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander con
la que pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 21 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, a través de la cual revocó el fallo de primera instancia
que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el radicado 68001-33-33-011-2018-00126-02 y, en su
lugar, accedió a las pretensiones de la demanda. De igual manera, reprochó la
decisión de la autoridad judicial accionada de negar la solicitud de aclaración
1 La solicitud de amparo constitucional fue radicada por medio de la ventanilla virtual, a la cual se
le asignó el número de solicitud 16967.
1
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Demandante: José Vicente Quintero Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
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interpuesta en contra de la referida sentencia y el posterior rechazo del recurso de
reposición contra esta negativa.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
SSEGUNDO: Se ordene dejar sin efecto el límite de 24 meses impuesto en la
sentencia del Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, se reconozca el
pago completo de salarios y prestaciones desde la fecha de desvinculación hasta
el día anterior al reintegro efectivo, en condiciones de igualdad con los demás
demandantes por fallos similares.
TERCERO: Que se ordene al Tribunal Administrativo de Santander, tener en
cuenta la solicitud realizada por mi apoderada el día 12 de abril de 2.024 enviado
por error al Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga y meses después es
reenviado por el mismo Juzgado al Tribunal de Santander al proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho. Proceso No. 680001333391-2018-00126-02 a
nombre de José Vicente Quintero Martínez2.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
El señor José Vicente Quintero Martínez fue nombrado mediante la Resolución
173-P del 4 de junio de 2015, de forma provisional como auxiliar administrativo,
código 407, grado 04 del nivel asistencial de la planta de personal global de la
alcaldía de Piedecuesta, Santander.
Por medio del Acuerdo 017 del 5 de diciembre de 2016, el Concejo Municipal de
Piedecuesta autorizó al alcalde para ejercer la función pro tempore para
restructurar la planta del personal del municipio, incluyendo las funciones de sus
dependencias y las escalas de remuneración.
Seguido de ello, mediante la Resolución 226 del 1° de noviembre de 2017, el
alcalde municipal le delegó sus funciones al secretario general de la administración
municipal, por lo que, al día siguiente, el alcalde encargado expidió el Decreto 110
de 20173, en el que realizó una reestructuración y modernización de la planta de
personal de la alcaldía y fue suprimido el cargo que ocupaba el señor Quintero
Martínez, decisión comunicada mediante el oficio 1458 de 2017.
2 Transcripción literal que puede contener errores.
3 «Por el cual se modifica y se define la estructura administrativa y funcional del municipio de
Piedecuesta».
2
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Demandante: José Vicente Quintero Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
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En consecuencia, el señor Quintero Martínez presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de
Piedecuesta, en el que solicitó el estudio de legalidad de varios actos
administrativos relacionados4, su reintegro en el cargo que ocupaba o en otro de
igual o suprior categoría5 y el pago por reparación integral del perjuicio.
En primera instancia, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga en providencia del 30 de octubre de 2019, negó las pretensiones,
tras considerar que:
[…] se efectuó debidamente la supresión de empleos, comprendida como una
causa admisible de retiro del servicio de los empleados del sector público, en el
entendido que hubo la necesidad de restructurar la planta del personal del
Municipio a los requerimientos del servicio basado en el estudio técnico
presentado. Así mismo expresa que no se demostró la desviación de poder que
justificara que la reestructuración haya estado motivada por un interés particular o
político, como tampoco se acreditó la transgresión a la Ley de garantías, puesto
que la creación en defensa de la garantía del fuero sindical, solo buscaban
salvaguardar los derechos fundamentales de las personas que
constitucionalmente se encontraban protegidas y que ya hacían parte de la Planta
de Personal pero que para ser despedidas necesitaban de autorización judicial.
Ante el recurso de apelación presentado por el extremo activo, el Tribunal
Administrativo de Santander en sentencia del 21 de marzo de 2024, revocó la
decisión del a quo, para en su lugar, i) declarar la nulidad de los decretos 112 del
7 de noviembre de 2017 y 120 del 21 de noviembre de 2017; ii) declarar la nulidad
4 Oficio 1458 de 2017 «Por medio del cual se comunicó la modificación y definición de la planta de
empleos de la alcaldía municipal de Piedecuesta»; Decretos municipales 110, 111 y 112 de 2017
«Por medio del cual se Modifica y Define la estructura Administrativa y Funcional del Municipio de
Piedecuesta», «Por el cual se establece la planta de empleos de la administración central del
Municipio de Piedecuesta y se dictan otras disposiciones», «Por medio del cual se crean unos
empleos de carácter transitorio en la Alcaldía Municipal de Piedecuesta», respectivamente;
Resolución 227 del 7 de noviembre de 2017 «por medio de la cual se estableció el Manual
Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para los empleos de Planta del
Municipio de Piedecuesta»; Resolución 228 del 7 de noviembre de 2017 «Por medio el cual se
hace la distribución de los Empleos de la planta de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta»;
Resolución 237 de 8 de noviembre de 2017 «Por medio del cual se incorporan unos servidores
públicos a la planta de empleos de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta» y la Resolución 242 de 9
de noviembre de 2017 «Por medio del cual se modifica el Manual Especifico de Funciones
Requisitos y Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Empleos de la
Administración Central del Municipio de Piedecuesta Santander».
5 Igualmente pidió que «[S]i al momento de resolver de fondo en sentencia a favor de mi
representado lo aquí solicitado, el señor JOSE VICENTE QUINTERO MARTINEZ se encuentre
desvinculado totalmente de la vinculación laboral como empleado público con el Municipio de
Piedecuesta se ordene el pago de los salarios, prestaciones sociales, cesantías, vacaciones y en
general todos los demás haberes laborales legales dejados de percibir y así mismo, pagar el valor
de los aportes para la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales dejados de
aportar al sistema de seguridad social integral causados desde la fecha de su retiro del empleo
público que venía ocupando hasta la fecha de su reintegro efectivo de la entidad, incluido los
intereses que haya lugar por la mora en el pago de los mismos».
3
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de las resoluciones 227, 228, 237 del 7 de noviembre de 2017 y 242 del 9 de
noviembre de 2017; iii) reintegrar al accionante al cargo que ejercía o a otro de
mejor categoría6, y iv) descontar las sumas que hubiere percibido por concepto de
salarios y prestaciones sociales producto de otras vinculaciones con el Estado
durante el lapso de tiempo comprendido entre el momento en el que se retiró del
cargo y 24 meses subsiguientes a ello, atendiendo a lo dispuesto en la sentencia
de unificación del 9 de agosto de 2022 proferida por el Consejo de Estado.
Lo anterior, tuvo como sustento que la competencia pro tempore trasladada al
alcalde municipal para proferir actos administrativos tendientes a reorganizar la
estructura de la administración municipal, no podía ser objeto de una nueva
delegación por parte de éste en uno de sus colaboradores, pues no podía entregar
una competencia ajena. Por lo tanto, el tribunal sostuvo que el acto administrativo
no fue expedido por funcionario competente y el consecuente vicio de nulidad del
Decreto 110 de 2017 afectaba la legalidad del acto de supresión
Dicha decisión fue notificada electrónicamente el 5 de abril de 2024.
El 12 de abril de 2024, la apoderada judicial de la parte demandante radicó
memorial al juzgado, por medio del cual solicitó aclaración del fallo de 21 de marzo
de 2024, acerca del pago por concepto de seguridad social durante el tiempo que
estuvo desvinculado. No obstante, solo hasta el 7 de junio siguiente, el operador
jurídico remitió el documento al tribunal.
En providencia del 21 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander negó la solicitud interpuesta7, en atención a que no encontró
satisfechos los requisitos formales de procedencia como la oportunidad. Al
respecto, advirtió que:
[…] la solicitud de aclaración no fue radica a través del canal digital dispuesto por
esta Corporación para la tramitación y radicación de memoriales; en efecto,
advierte la Sala, que el escrito de aclaración se radicó ante el juez de primera
instancia y el memorial fue remitido a este Tribunal meses después del término de
ejecutoria de la providencia de segunda instancia.
Inconforme con la decisión, el señor Quintero Martínez presentó reposición, sin
6 Dicha orden se condicionó a que se haría efectiva siempre y cuando el cargo no lo hubieran
provisto por concurso de mérito, caso en el cual, la condena pecuniaria solo se prolongaría
hasta el día anterior a la posesión del funcionario que lo ocupe en carrera. Lo anterior sin perjuicio
de lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la Sentencia SU 054 de 2015 en relación con el
restablecimiento económico, en el entendido que el pago de salarios y prestaciones dejados de
percibir, tendrán un tope máximo de 24 meses subsiguientes al retiro (subrayado y negrita propio).
7 A su vez, fue negada la solicitud de aclaración presentada por el señor Danny Alexander Ramírez
Rojas, dado que no cumplía con los requisitos de titularidad y legitimación.
4
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embargo, en auto del 25 de marzo de 20258, la autoridad judicial lo rechazó por
extemporáneo, dado que la providencia del 21 de noviembre de 2024 fue notificada
por estado electrónico al día siguiente, en consecuencia, el actor contaba hasta el
27 de noviembre de 2024 para radicar el recurso, el cual fue allegado el 2 de
diciembre de 2024.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora adujo que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró sus
garantías fundamentales con las providencias del 21 de marzo de 2024 y 25 de
marzo de 2025, por cuanto se configuraron los siguientes yerros:
Desconocimiento del precedente horizontal: Efectuó una aplicación inconsistente
y arbitraria de su propia jurisprudencia, dado que en varios casos con supuestos
fácticos idénticos decidió reconocer el pago completo de salarios y prestaciones
sociales sin limitar el periodo a 24 meses, lo cual evidenciaba un trato desigual sin
justificación aparente.
Para ello, citó los siguientes procesos en los que se demandaron los decretos 110
y 11 del 2 y 3 de noviembre de 2017 y 112 y 227 del 7 de noviembre de 2017, en
los que se decidió el reintegro sin solución de continuidad al cargo que ejercía el
accionante o a otro equivalente de similares condiciones e ingresos y a pagarle los
salarios, prestaciones y demás derechos laborales dejados de percibir, desde el
día siguiente a su desvinculación hasta el día antes de su reintegro:
• 68001-33-33-005-2018-00133-03 – sentencia de segunda instancia del 20
de abril de 2023.
• 68001-33-33-002-2018-00196-01 – sentencia de segunda instancia del 14
de julio de 2023.
• 68001-33-33-005-2018-00124-12 – sentencia de segunda instancia del 13
de diciembre de 2023.
• 68001-33-33-001-2018-00174-02 – sentencia de segunda instancia del 8
de febrero de 2024.
• 68001-33-33-004-2018-00145-02 – sentencia de segunda instancia del 20
de septiembre de 2023.
• 68001-33-33-010-2018-00198-01 – sentencia de segunda instancia del 18
de enero de 2024.
• 68001-33-33-010-2018-00158-01 – sentencia de segunda instancia del 18
de enero de 2024.
• 68001-33-33-013-2018-00187-00 – sentencia de segunda instancia del 17
de junio de 2024.
8 La decisión fue notificada por estado el 25 de marzo de 2025.
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Sobre el asunto, mencionó que «[E]n la anterior relación se puede ver una
aplicación de desigualdad entre los compañeros que salieron en la misma
reestructuración infundada y que ya están reintegrados algunos y les fue
reconocido de pleno sus derechos y en comparación a mí, el Tribunal me
desmejora mis derechos y los limita a solo en la parte económica de salarios
dejados de percibir a un tope máximo de 24 meses».
Desconocimiento del precedente vertical: El tope de 24 meses no puede aplicarse
automáticamente ni imponerse de manera generalizada sin un análisis de las
circunstancias particulares del caso. Para sustentar ello, citó un aparte de la
sentencia del 26 de noviembre de 2020 del Consejo de Estado, Sección Segunda
que rezaba:
El restablecimiento económico debe cubrir la totalidad de salarios y prestaciones
dejados de percibir desde la desvinculación hasta el reintegro, salvo prueba de
ingresos paralelos o enriquecimiento injustificado.
Asimismo, expuso que la autoridad judicial accionada realizó una aplicación
errónea de la sentencia de unificación 054 de 2015, dado que, a su juicio, se fijó
un criterio excepcional de equidad en un caso concreto, pero no estableció una
regla general de tope obligatorio.
Así las cosas, solicitó que el restablecimiento económico fuera reconocido en su
integridad desde el día siguiente a la desvinculación hasta el día anterior al
reintegro efectivo, sin aplicación del tope de 24 meses, en garantía del derecho a
la igualdad y conforme con los precedentes judiciales.
Por otro lado, reprochó el hecho de que el Juzgado Once Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga hubiese remitido al tribunal, la solicitud de
aclaración tanto tiempo después. Al respecto, manifestó:
[…] el Tribunal de Santander me esta violando mis derechos fundamentales de
acceso a la justicia y al debido proceso toda vez que no reconoce que las entidades
están dentro del mismo poder en este caso el judicial y que es deber constitucional
cuando llega un memorial o petición donde no corresponde, el funcionario deberá
remitir al competente para que le dé trámite al mismo e informar a la parte
peticionaria. Es así que la Corte Constitucional ha manifestado en reiteradas
sentencias: T-1243 de 2008, T-430 de 2016 y T-025 de 20189.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 27 de mayo de 2025, la magistrada ponente admitió la demanda
9 Transcripción literal que puede contener errores.
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de tutela, ordenó notificar a la parte demandante10 y, como parte demandada, al
Tribunal Administrativo de Santander11.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso al municipio de Piedecuesta12 y al Juzgado Once
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga13.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander
En documento allegado el 3 de junio de 2025, el magistrado ponente de las
decisiones enjuiciadas, luego de hacer un recuento de lo sucedido al interior del
proceso, advirtió que el uso de la tecnología, en especial, el sistema de gestión
judicial Samai, imponía a las parte la obligación de usar adecuadamente los
canales dispuestos, por lo cual los memoriales radicados por fuera de estos debían
considerarse como no presentados, tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 29 de marzo de 2023 14, pues
aceptar lo contrario generaría caos y cargas excesivas para la administración de
justicia.
Adicionalmente, resaltó que no se le podía exigir al tribunal revisar otros buzones
digitales para detectar posibles solicitudes mal radicadas. Por lo tanto, expuso que
la presentación de la solicitud de aclaración por un canal distinto al oficialmente
dispuesto imposibilitó su estudio de fondo.
Asimismo, indicó que, en lo referente al recurso de reposición, no pudo realizarse
un análisis sustancial, por cuanto se desconoció el término legal para su
interposición, por lo que la acción tutelar no podía utilizarse como un mecanismo
para subsanar las deficiencias procesales.
En consecuencia, explicó que lo pretendido por el actor era revivir los términos
legalmente concluidos y que se le aplicaran precedentes que no cumplieron el
10 Índice 8 de Samai. La notificación se realizó al correo electrónico: juristajosequintero@gmail.com.
11 Índice 8 de Samai. Fue notificado en los buzones web: sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tadmin01std@notificacionesrj.gov.co, tadmin02std@notificacionesrj.gov.co,
sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co y tadmin04std@notificacionesrj.gov.co.
12 Índice 8 de Samai. Se notificó al correo: notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co.
13 Índice 8 de Samai. Se notificó a: adm11buc@cendoj.ramajudicial.gov.co.
14 Radicado 11001-03-15-000-2023-01252-00.
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mismo trámite, por lo que no se cumplía con el criterio de comparación tertium
comparationis.
Por otro lado, sostuvo que la aplicación de la sentencia SU-054 de 2015, se hizo
correctamente, por lo cual se justificaba la imposición del tope de 24 meses en el
restablecimiento económico ordenado.
Así las cosas, solicitó que se declarar la improcedencia del mecanismo
constitucional.
Pese a que el municipio de Piedecuesta y el Juzgado Once Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga fueron notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor José Vicente Quintero Martínez, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5. ° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Santander.
2.2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Santander incurrió en un defecto por
desconocimiento del presente y vulneración del derecho a la igualdad en
las providencias del 21 de marzo de 2024 y 25 de marzo de 2025 al interior
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
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Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
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procedente; (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201215
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16 y declaró su
procedencia17.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Subsidiariedad
El señor José Vicente Quintero Martínez consideró que el Tribunal Administrativo
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
17 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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de Santander vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de las
providencias del 21 de marzo de 2024 y 25 de marzo de 2025, por medio de las
cuales: i). se accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, se ordenó el reintegro del accionante y se condicionó
el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir a un tope máximo de 24
meses subsiguientes al retiro y, ii). se rechazó por extemporáneo el recurso de
reposición presentado contra el auto que negó la solicitud de aclaración de
sentencia.
En primer lugar, se advierte que, si bien la parte actora dirigió la mayoría de sus
reproches frente al fallo del 21 de marzo de 2024, se debe indicar que el proceso
ordinario llegó a su fin cuando se resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra el auto que negó la solicitud de adición.
Ahora bien, es de recordar que el 12 de abril de 2024, la apoderada judicial del
tutelante radicó el memorial contentivo de la solicitud de aclaración ante el Juzgado
Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en lugar del
tribunal, razón por la cual el operador judicial remitió el documento solo hasta el 7
de junio siguiente y fue resuelto por la autoridad judicial accionada el 21 de
noviembre de 2024.
En dicha decisión, el Tribunal Administrativo de Santander determinó que no se
encontraba satisfecho el requisito de oportunidad por haber presentado la solicitud
por fuera de término. Lo que posteriormente, desencadenó en que fue rechazado
por extemporáneo el recurso de reposición presentado contra la providencia que
negó la solicitud.
Se recuerda que el envío de documentos a procesos judiciales debe ser a través
de los canales dispuestos para dicho fin, por lo cual, al evidenciarse que el envío
del documento se realizó a un correo electrónico distinto es una falencia que no
permite que se tenga como radicado adecuadamente.
La solicitud de aclaración presentada por la parte accionante se encontraba
dirigida a aclarar puntos oscuros acerca de la aplicación de la sentencia de
unificación y el condicionamiento del término de 24 meses para el pago de los
salarios y prestaciones dejadas de percibir, mismos puntos reprochados en la
presente acción de tutela.
En consecuencia, se indica que el señor Quintero Martínez contó con la
oportunidad de aclarar sus dudas frente a la sentencia del 21 de marzo de 2024,
no obstante, lo hizo a un canal distinto al habilitado para ello y, por ende, se tuvo
por fuera del término. Es por ello que, esta Sala de Decisión estima que la acción
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03167-00
de tutela es improcedente, por no superar el requisito de subsidiariedad, pues
teniendo el mecanismo a su disposición desaprovechó la oportunidad.
Se reitera que, la acción de tutela no puede ser utilizada para corregir los errores
en los que incurrió el accionante o su apoderado en el proceso ordinario, pues, la
incuria en el ejercicio de los mecanismos procesales que tenía a su disposición
excluye la posibilidad que el mecanismo constitucional pueda operar.
Asimismo, se debe destacar que una de las obligaciones propias de los abogados
que actúan como apoderados en un proceso judicial es estar al tanto de las
actuaciones judiciales que se surtan en el mismo para así poder intervenir de
manera oportuna en defensa de los intereses de sus representados, a través de
los mecanismos legales dispuestos para el efecto en forma oportuna e idónea.
Por ello, la apoderada judicial del accionante tenía el deber de diligencia y cuidado
de estar al tanto del proceso en el que actuaba, de las actuaciones realizadas por
el despacho como de sus propias actuaciones. Además, también tenía el deber de
hacer uso de los mecanismos de defensa en debida forma y en la oportunidad
precisa, es decir, en la manera correcta, esto es, en los canales dispuestos para
tal efecto y dentro del término establecido.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por el señor José Vicente Quintero Martínez.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03167-00
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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