Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03167-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03167-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03167-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03167-01
Accionante: José Vicente Quintero Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Tema: Acción de tutela contra providencia. Nulidad y restablecimiento del derecho. Límite
en el restablecimiento del derecho. Aclaración de providencia. MODIFICA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la
sentencia del 19 de junio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
El señor José Vicente Quintero Martínez, en nombre propio, pretende que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander con la sentencia del 21 de
marzo de 2024 y el auto del 21 de noviembre de igual año, proferidos en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-011-2018-
00126-02.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 4 de junio de 2015, fue nombrado en provisionalidad en el cargo de auxiliar
administrativo, código 407, grado 04, del nivel asistencial, en la planta de personal
global de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta.
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Que el 5 de abril de 2018, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del municipio de Piedecuesta, en la que solicitó la nulidad del
Oficio 1458/17, por medio del cual se le comunicó la modificación y definición de la
planta de empleos, en lo relacionado con la supresión de su empleo; de los decretos
municipales 110, 111 y 112 expedidos en noviembre de 2017, en los que se modificó
la estructura del municipio, estableció la planta de empleos y creó cargos
transitorios; y de las resoluciones 227 del 7 de noviembre de 2017, 228 de igual
fecha, 237 del día siguiente y 242 del 9 de ese mes y año, con las cuales se
estableció el Manual Específico de Funciones, se distribuyeron los empleos de la
planta y se incorporaron unos servidores.
Que el 17 de septiembre de 2019, fue desvinculado de la Alcaldía, previa
autorización del juez laboral frente al levantamiento del fuero sindical que ostentaba
al momento de la restructuración de la planta de personal del municipio.
Que el 30 de octubre de 2019, el Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga
negó las pretensiones, por lo cual interpuso recurso de apelación, y el 21 de marzo
de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión, inaplicó los
decretos 110 y 111 del 2 y 3 de noviembre de 2017, declaró la nulidad de los
decretos 112 y 120 de noviembre de 2017 y de las resoluciones demandadas y, a
título de restablecimiento del derecho, ordenó su reintegro al cargo que ejercía o a
otro de mejor categoría, siempre y cuando el que ocupaba no fuere provisto por
concurso de méritos, caso en el cual la condena pecuniaria solo se prolongaría
hasta el día anterior a la posesión del funcionario en carrera. Lo anterior en el
entendido que el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir tendrían un
tope máximo de 24 meses siguientes al retiro.
Que el 12 de abril de 2024, solicitó la aclaración de la sentencia, pero por error su
apoderada envió el memorial al Juzgado, por lo cual el 7 de junio de ese año, fue
remitido al Tribunal, quien el 21 de noviembre de 2024, negó la petición porque no
se cumplió con el requisito de oportunidad, teniendo en cuenta que no la presentó
ante esa autoridad directamente, por lo cual interpuso recurso de reposición, pero
el 26 de marzo de 2025, el Tribunal lo rechazó por extemporáneo.
Que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en desconocimiento del
precedente horizontal porque en varios casos con circunstancias idénticas
reconoció el pago completo de salarios y prestaciones sin limitar el período de 24
meses, lo que evidencia un trato desigual sin justificación razonable, como ocurrió
en las siguientes sentencias: del 20 de abril de 2023, rad. 68001-33-33-0005-2018-
00133-03; 14 de julio de 2023, rad. 68001-33-33-002-2018-00196-01; 13 de
diciembre de 2023, rad. 68001-33-33-005-2018-00124-12; 8 de febrero de 2024,
rad. 68001-33-33-001-2018-00174-02; 20 de septiembre de 2023, rad. 68001-33-
33-004-2018-00145-02; 18 de enero de 2024, rad. 68001-33-33-005-2018-00198-
01; 18 de enero de 2024, rad. 68001-33-33-010-2018-00158-01; y 17 de junio de
2024, rad. 68001-33-33-013-2018-00187-00.
Que también desconoció el precedente vertical, pues el Consejo de Estado ha
sostenido en múltiples sentencias que «el restablecimiento económico debe cubrir
la totalidad de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación
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hasta el reintegro, salvo prueba de ingresos paralelos o enriquecimiento
injustificado», como lo sostuvo en la sentencia del 26 de noviembre de 2020, rad.
11001-03-25-000-2011-00133-00.
Que en la Sentencia SU-054 de 2015 la Corte Constitucional fijó un criterio
excepcional de equidad en un caso concreto, pero no estableció una regla general
de un tope obligatorio, por lo que su aplicación mecánica vulneró el principio de
reparación integral y el derecho a la igualdad.
De otra parte, indicó que el Tribunal le vulneró sus derechos fundamentales porque
no reconoció que el funcionario judicial que recibió el memorial de solicitud de
aclaración de sentencia debía remitirlo al competente para que le diera trámite, por
lo cual debió tramitar su petición, como lo ha afirmado la Corte Constitucional en las
sentencias T-1243 de 2008, T-430 de 2016 y T-025 de 2018.
PRETENSIONES
Solicitó que i) se deje sin efectos el límite de 24 meses impuesto en la sentencia del
Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, se reconozca el pago completo
de salarios y prestaciones desde la fecha de desvinculación hasta el día anterior al
reintegro efectivo en condiciones de igualdad y ii) ordenar a dicho Tribunal tener en
cuenta la solicitud realizada el 12 de abril de 2024.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 27 de mayo de 2025, la magistrada sustanciadora del Consejo de Estado,
Sección Quinta, admitió la acción; vinculó al municipio de Piedecuesta y al Juzgado
Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga, como terceros con interés; y
corrió el respectivo traslado.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Santander, a través del magistrado ponente de las
providencias cuestionadas, expuso que el uso de las tecnologías, en especial del
Sistema de Gestión Judicial SAMAI, exige que las partes utilicen adecuadamente
los canales establecidos, por lo cual los memoriales radicados por fuera de estos
deben entenderse como no presentados, como lo señaló la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de marzo de 2023,
rad. 11001-03-15-000-2023-01252-00, pues aceptar lo contrario implicaría caos y
cargas excesivas para la administración de justicia.
Que no se le puede obligar a revisar otros buzones digitales para detectar posibles
solicitudes mal radicadas, ya que ello vulneraría el principio jurídico de que nadie
está obligado a lo imposible. Que en ese sentido, la presentación de la solicitud por
una vía distinta a la oficialmente fijada y la interposición extemporánea del recurso
de reposición en contra de la decisión frente a la solicitud de aclaración de la
sentencia le imposibilitaron el estudio de fondo, por lo cual la tutela no puede
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convertirse en un mecanismo para subsanar las deficiencias procesales imputables
al apoderado.
Manifestó que la Sentencia SU-054 de 2015 tiene efectos vinculantes y obligatorios,
lo cual justificó la imposición del tope de 24 meses en el restablecimiento económico
ordenado.
En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción, pues no existió alguna
actuación de la que se derive la transgresión alegada.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
Los vinculados guardaron silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 19 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente
la acción porque consideró que no se cumplió el requisito de subsidiariedad, en la
medida que la solicitud de aclaración presentada por la parte accionante se dirigió
a aclarar puntos oscuros acerca de la aplicación de la Sentencia SU-054 de 2015
de la Corte Constitucional y el condicionamiento del término de 24 meses para el
pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, pero esa petición no fue
radicada en el canal habilitado para ello, con lo cual dejó de utilizar el medio con el
que contaba.
IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la sentencia porque estimó que se basó en una
interpretación estrictamente procedimental de la radicación de un memorial,
pasando por alto su intención de solicitar la aclaración en tiempo y que esta fue
efectivamente enviada a una autoridad judicial, aunque no al despacho competente.
Que en las sentencias T-1243 de 2008, T-430 de 2016 y T-025 de 2018, la Corte
Constitucional ha sostenido que cuando un ciudadano dirige un escrito a una
autoridad incorrecta, este tiene el deber de reenviarlo sin dilación al competente,
conforme al principio por actione y al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.
Que utilizó los medios disponibles dentro del término, pero fue afectado por el
incumplimiento institucional frente al deber de traslado por parte del Juzgado Once
Administrativo de Bucaramanga.
Que la tutela es procedente aun cuando existen otros mecanismos, si estos no son
eficaces para proteger el derecho fundamental amenazado, de acuerdo con la
Sentencia SU-961 de 1999, por lo cual solicitó revocar la decisión de primera
instancia, estudiar de fondo la posible vulneración de sus derechos, ya que está en
riesgo de perder 208 semanas de cotización a pensión o, subsidiariamente, aplicar
de forma flexible el requisito de subsidiariedad.
Se decidirá previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene
que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Sentencia SU-074 de 2022.
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‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
A esta Subsección corresponde definir si se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad, que no se halló satisfecho en la sentencia recurrida porque no se
utilizó debidamente la solicitud de aclaración, pues solo de ser así, habría lugar a
analizar las inconformidades expuestas por el accionante.
El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales frente a dos
decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Santander: i) el tope máximo
de 24 meses para el pago de salarios y prestaciones que dejó de percibir con
ocasión de su desvinculación laboral, impuesto en la sentencia del 21 de marzo de
2024, y ii) la determinación de negar la solicitud de aclaración que presentó respecto
a dicha sentencia, adoptada en el auto del 21 de noviembre de ese año.
Se advierte que frente a la primera controversia la solicitud de aclaración presentada
por el señor José Vicente Quintero Martínez, aun si hubiere sido decidida de fondo,
no podría haber modificado el restablecimiento del derecho en los términos
pretendidos por el solicitante del amparo, por no ser el medio idóneo para ese
efecto.
Lo anterior en atención al carácter inmutable de la sentencia, que implicaba la falta
de competencia de la autoridad judicial que la profirió para modificarla, y a la
finalidad de la solicitud de aclaración de providencias, que no es otra que esclarecer
conceptos o frases que generen un verdadero motivo de duda, cuando estén
contenidas en su parte resolutiva o influyan en ella, en los términos del artículo 285
del Código General del Proceso.
Obsérvese entonces que la decisión adoptada por el Tribunal al no resolver de fondo
esa solicitud no implicó que el actor hubiera dejado vencer una oportunidad para
discutir esa determinación, por lo cual no podía exigirse su agotamiento en debida
forma para entender superado el requisito de subsidiariedad.
En cuanto a la segunda decisión cuestionada, debe tenerse en cuenta que la
discusión que planteó el accionante en esta sede, es precisamente que debió darse
trámite a esa solicitud porque, a su juicio, el Juzgado tenía el deber de remitir el
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.
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memorial al Tribunal, para que este lo tramitara. Además, el artículo previamente
señalado establece que «la providencia que resuelva sobre la aclaración no admite
recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra
la providencia objeto de aclaración», lo que evidencia que no contaba con otro
medio de defensa judicial.
Lo expuesto permite concluir que, contrario a lo definido en primera instancia, la
acción sí cumple con el requisito de subsidiariedad. Además, se encuentran
cumplidas las demás exigencias de procedencia de la tutela para controvertir la
sentencia del 21 de marzo de 2024, como se pasa a explicar.
i) El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que
se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los
derechos fundamentales reclamados en protección por la incursión en los defectos
invocados, los cuales fueron desarrollados en debida forma; ii) la acción se presentó
con inmediatez, pues el auto que resolvió la solicitud de aclaración fue notificado el
22 de noviembre de 2024 y adquirió ejecutoria el 27 de ese mes y año, mientras la
tutela fue instaurada el 23 de mayo de esta anualidad; iii) se está invocando una
irregularidad procesal que podría tener un efecto decisivo en la decisión; iv) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
estimados como transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de tutela.
Sin embargo, frente al auto del 21 de noviembre de 2024, no se encuentra cumplido
el requisito de relevancia constitucional e identificación clara de los hechos
generadores de la vulneración, pues el accionante no discutió la línea argumentativa
expuesta en dicha decisión, lo que demuestra que su intención es convertir la acción
en una instancia adicional y desconocer la autonomía e independencia del juez
natural, sumado a que busca controvertir un aspecto de mera legalidad.
En efecto, el actor argumentó el deber de remisión de los memoriales cuando el
funcionario que los recibe no es el competente, con base en normas y
jurisprudencia, en su mayoría, relativas al derecho de petición, mientras que el
fundamento para negar la solicitud de aclaración consistió en que esta fue
extemporánea, conclusión que el accionante no discutió en esta sede, por lo que no
resulta procedente su análisis.
En esa medida, el debate no versó sobre el deber del Juzgado de remitir el
memorial, lo cual ciertamente ocurrió, sino sobre la fecha en que debía entenderse
efectivamente radicada la solicitud, por lo cual frente a este aspecto no se encuentra
que la tutela cumpla con los requisitos de procedencia mencionados y, por lo tanto,
se continuará con el análisis del defecto invocado respecto a la sentencia discutida.
El accionante alegó el desconocimiento del precedente horizontal, para lo cual citó
varias sentencias, en las que consideró que sí se había accedido al restablecimiento
del derecho de forma plena, esto es, sin imponer el tope máximo de 24 meses, por
lo cual se transgredió su derecho a la igualdad.
Sin embargo, se observa que la composición de la Sala en esas ocasiones difiere
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de la actual7, por lo que no puede entenderse que se trata de la misma autoridad
judicial, teniendo en cuenta que la totalidad de los magistrados que han adoptado
las decisiones no son los mismos y, por tanto, estas estuvieron fundamentadas en
su autonomía e independencia judicial frente al análisis de las particularidades de
cada caso.
Sumado a lo expuesto, en la sentencia del 17 de junio de 2024, rad. 68001-33-33-
013-2018-00187-028, proferida por el Tribunal hoy accionado, se confirmó la
decisión de primera instancia sin que en los recursos de apelación se cuestionara
el aspecto aquí controvertido, por lo cual no se realizó un análisis sobre el particular,
en atención a la competencia dada por la alzada.
Si bien el actor también alegó el desconocimiento del precedente del Consejo de
Estado, lo cierto es que solo aludió a la sentencia del 26 de noviembre de 2020, rad.
11001-03-25-000-2011-00133-00, pero verificado el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI, se observa que en ese proceso la sentencia es del 30 de agosto de 2016 y
no versa sobre los mismos supuestos fácticos. En esa ocasión se cuestionó la
legalidad de un acuerdo que declaró que la totalidad de cargos ofertados en un
concurso de méritos no salieron a concurso en las pruebas de conocimientos, por
lo que se convocó una nueva prueba y se dejaron sin valor los puntajes obtenidos.
Igualmente, se observa que el accionante se limitó a señalar que en la Sentencia
SU-054 de 2015 la Corte Constitucional fijó un criterio excepcional de equidad en
un caso concreto y no una regla general, pero no ahondó en ese argumento, sino
que se limitó a realizar dicha afirmación, desconociendo que se trató de una decisión
de unificación, que la autoridad judicial aquí accionada, dentro del marco de su
autonomía e independencia judicial, decidió que debía aplicar al asunto bajo su
conocimiento.
Lo expuesto conlleva concluir que no se estructuró el desconocimiento del
precedente judicial invocado.
En consecuencia, se modificará la sentencia del 19 de junio de 2025 proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el sentido de confirmar la declaratoria
de improcedencia únicamente respecto al auto del 21 de noviembre de 2024, pero
por las razones aquí esgrimidas, y negar el amparo solicitado en lo demás.
7
En el presente asunto los magistrados que suscribieron la providencia fueron Iván Fernando Prada Macías y
María Eugencia Carreño Gómez, pues el magistrado Julio Edisson Ramos Salazar estaba ausente con permiso.
Mientras en las demás sentencias fueron: del 20 de abril de 2023, rad. 68001-33-33-0005-2018-00133-03 Julio
Edisson Ramos Salazar, Milciades Rodríguez Quintero y Claudia Ximena Ardila Pérez: 14 de julio de 2023, rad.
68001-33-33-002-2018-00196-01 Julio Edisson Ramos Salazar, Milciades Rodríguez Quintero y Claudia
Ximena Ardila Pérez; 13 de diciembre de 2023, rad. 68001-33-33-005-2018-00124-12; es 02 Carolina Arias
Ferreira, Luisa Fernanda Flórez Reyes e Iván Mauricio Mendoza Saavedra; 8 de febrero de 2024, rad. 68001-
33-33-001-2018-00174-02, Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada Macías y Julio Edisson Ramos
Salazar; 20 de septiembre de 2023, rad. 68001-33-33-004-2018-00145-02; Milciades Rodríguez Quintero,
Carolina Arias Ferreira y Claudia Ximena Ardila Pérez; 18 de enero de 2024, rad. 68001-33-33-010-2018-00198-
01; Carolina Arias Ferreira, Luisa Fernanda Flórez Reyes e Iván Mauricio Mendoza Saavedra; y 18 de enero de
2024, rad. 8001-33-33-010-2018-00158-01; Carolina Arias Ferreira, Luisa Fernanda Flórez Reyes e Iván
Mauricio Mendoza Saavedra.
8
Suscrita por los magistrados María Eugenia Carreño Gómez y Julio Edisson Ramos Salazar.
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Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 5- 0 3 16 7- 0 1
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. MODIFICAR la sentencia del 19 de junio de 2025 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en el sentido de confirmar la declaratoria de
improcedencia únicamente respecto al auto del 21 de noviembre de 2024, pero por
las razones aquí expuestas, y negar el amparo solicitado en lo demás, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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