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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03168-00

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03168-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Rafael Antonio Chavarría Londoño. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03168-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

24 de julio de 2025

Demandante: Rafael Antonio Chavarría Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03168-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03168-00
Demandante: RAFAEL ANTONIO CHAVARRÍA LONDOÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 23 de mayo de 20251, el señor Rafael Antonio Chavarría Londoño, actuando en
nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A con la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social.

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 20 de noviembre de 2024, proferida por la autoridad
judicial accionada, mediante la cual, declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión2 promovido contra la sentencia del 2 de junio de 2023, dictada por el

1 La solicitud de amparo constitucional fue radicada al correo electrónico de la Secretaría General

del Consejo de Estado.
2 Radicado: 11001-03-25-000-2023-00448-00.

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Demandante: Rafael Antonio Chavarría Londoño
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03168-00

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-003-2020-00035-01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] ordene a la autoridad que, corresponda y deba corregir, en fallo de reemplazo,
por estar probadas vías de hechos, debido a que decisión desconoció derechos
fundamentales que debió protegerme, teniendo claro que uno de los caminos que,
nuestra carta política en su artículo 86 reglamentado por el Decreto 2591 de 1991,
acudiendo a la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional; Sentencia C-
543 de 1990 y C-590 de 2005; en clamor de protección a mis derechos
fundamentales, solicito que de DEJE SIN EFECTO, la decisión en cuestión y se
acceda a la protección por derecho merecido de acceso efectivo a la administra de
justicia y la prevalencia del derecho sustancial.

Ordenando en el fallo de reemplazo, la condena a CASUR, al incremento de la
PRIMA DE ACTIVIDAD, conforme a derecho, el pago del retroactivo, la
indemnización por detrimento patrimonial y la condena en costas y agencias en
derecho3..

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

El señor Rafael Antonio Chavarría Londoño recibió su asignación de retiro por
medio de la Resolución 2683 del 23 de junio de 1991, con ocasión de su prestación
de servicios en la Policía Nacional durante 21 años y 6 meses.

El 3 mayo de 2019 solicitó a la institución castrense el reajuste y pago del 12%
adicional por concepto de prima de actividad, dado que recibía el 37.5%, pero a su
juicio, debía reconocérsele un 49.5%. Frente a dicha petición no recibió respuesta
alguna.

En consecuencia, el señor Chavarría Londoño interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que pidió el
estudio de legalidad de la Resolución 2683 de 1991 y el acto administrativo ficto
presunto, así como el reconocimiento y pago del incremento correspondiente a la
prima de actividad4.

3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 Dado que el Gobierno Nacional, desde el año 2008 mediante el artículo 31 del Decreto 673 de

2008 y en los decretos sucesivos hasta el artículo 31 del Decreto 1002 de 2019, aumentó esta

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En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Buga en sentencia del 30 de septiembre de 2022 negó las pretensiones de la
demanda, tras considerar que cuando el demandante se retiró debía recibir las
prestaciones de acuerdo con el Decreto 1212 de 1990, vigente para ese momento.
Por ello, el porcentaje aplicable a la prima de actividad era del 25% del sueldo
básico.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en fallo del 2
de junio de 2023, confirmó la decisión del a quo. Como sustento explicó que:

De los documentos aportados se extrae que la asignación de retiro del accionante
fue reconocida a partir de junio 23 de 1991, la disposición aplicable y que estaba
vigente era el Decreto 1212 de 1990, norma que en su artículo 141 estableció como
partida computable para la liquidación de la asignación de retiro, la prima de
actividad “c. Para oficiales y suboficiales con veinte (20) o más años de servicio,
pero menos de veinticinco (25), el veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico”.
De modo que el demandante venía gozando de un 25%; para la Sala la
interpretación conforme al incremento del 50% decretado, es precisamente sobre
esa base, esto es, el 50% del 25%, lo que equivale al 12,5% que sumados arroja
finalmente el 37,5%, con retroactividad al 01 de julio de 2007 como quedó sentado
en el acto demandado, por lo que este debe mantener incólume su presunción de
legalidad.

Por tanto, la interpretación que hace el actor, consistente en que debe reajustarse
la prima de actividad en el 50% del 33% de la prima de actividad no prospera, ya
que CASUR efectuó el reajuste en la proporción indicada en las citadas
disposiciones, de modo tal que antes del mes de julio de 2007 la parte actora tenía
una prima de actividad del 25% y a partir de julio de 2007 comenzó a devengar un
porcentaje del 37,5%, por lo tanto, la entidad no le adeuda suma alguna por dicho
concepto.

El 4 de octubre de 2023, el señor Chavarría Londoño presentó recurso
extraordinario de revisión contra la decisión del 2 de junio de 2023, bajo la causal
contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, que permite la revisión de
providencias judiciales ejecutoriadas por «existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

Al respecto, indicó que el tribunal incurrió en una indebida aplicación normativa al
no reconocer un incremento del 50% en el factor correspondiente a la prima de
actividad de su asignación de retiro, incumpliendo el principio de oscilación que
exige que dichas prestaciones se ajusten al mismo porcentaje que las del personal
activo.

Además, señaló la falta de aplicación del Decreto 673 de 2008, que dispone un

prima al 49,5% para oficiales, suboficiales en servicio activo, pensionados y sus beneficiarios
pensionales.

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aumento del 8% para la prima de actividad, configurando una nulidad por violación
a su derecho al debido proceso, mínimo vital y seguridad social.

Igualmente, advirtió que existió un error en la valoración de las pruebas, ya que se
omitió el análisis del expediente núm. 7862, que respaldaba la legalidad del
derecho reclamado en la liquidación de la prima de actividad, así como también
alegó que su situación fue indebidamente agravada con la imposición de costas
en segunda instancia, a pesar de ser apelante único.

El recurso fue conocido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A que, mediante providencia del 20 de noviembre de 2024 lo declaró infundado, al
considerar que el recurrente presentaba argumentos dirigidos a controvertir la
aplicación e interpretación de las normas jurídicas consideras por el ad quem, lo
cual no era propio de la causal alegada y escapaban del objeto del mecanismo,
pues no identificó ninguno de los componentes que legal y jurisprudencialmente
constituían un motivo de nulidad.

Dicha decisión fue notificada electrónicamente el 11 de diciembre de 2024.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora comentó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A vulneró sus garantías fundamentales al declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión sin justificación válida, por lo que se configuró una vía
de hecho o error judicial.

Adujo que se le debía aplicar el Decreto 1212 de 1990 para el reconocimiento de
su asignación de retiro, pues si bien la prima de actividad había sido incrementada
del 25% al 37.5%, se realizó de forma irregular, dado que lo correcto era aumentar
el mismo porcentaje que hizo para el personal activo del 16.5%, para que el
incremento total fuera del 50%, según lo dispuesto en el Decreto 2863 de 2007.

Asimismo, refirió como normas violadas las siguientes:

Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 29, 48, 53, 83, 93, Decreto 1212
de 1990 artículos 68, 164, 165, 140 ,144 y 155, Decreto 2863 de 2007, articulo
4,Decreto 1515 de 2007 artículo 32, Decreto 673 de 2008 articulo 31 Decreto 737
de 2009 artículo 30, Decreto 1530 de 2010 artículo 30, Decreto 1050 de 2011
artículo 30, Decreto 842 de 2012 artículo 30, Decreto 1017 de 2013 artículo 30,
Decreto 187 de 2014 artículo 30, Decreto 1028 de 2015 artículo 30, Decreto 1214
de 2016 artículo 30, Decreto 984 de 2017, Decreto 324 de 2018 artículo 31,
Decreto 1002 de 2019, Decreto 318 de 2020 artículos 31 y 37, Decreto 0976 de
2021 artículos 31 y 37, Decreto 466 de 2022 artículos 31 y 37, Decreto 0910 de
2023 artículos 31 y 37, Decreto 305 de 2024 artículos 31 y 37 todos los anteriores
modificatorios de los artículos 84 del Decreto 1211, 68 del 1212 y 38 del 1214 de

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1990, Ley 1437 de 2011 artículos 3, 137, 138, 155,188, 194 y 195, Ley 599 de
2000 Artículo 134ª, y el Decreto 1748 de 1995 artículo 50, 86 del CGP imposición
de sanción por información falsa, Ley 1564 de 2012 artículos 85 numeral 1, 88
reclamo de mesadas que se causen en el transcurso de la demanda, 167 inciso 2
carga dinámica de la prueba, 365 condena en costas y agencias en derecho en
consonancia con el artículo 188ª de La Ley 1437 de 2011.

Por otro lado, manifestó la configuración del defecto fáctico por la acción
caprichosa y descomedida de los operadores jurídicos que, con arbitrariedad,
apartados de la Constitución Política y de normas que amparan el régimen
especial de la Fuerza Pública.

Igualmente, señaló que la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo y
decisión sin motivación al aplicar de forma errada una «norma que no existe»
para liquidar o incrementar la prima de actividad al personal de oficiales,
suboficiales y beneficiarios pensionales que consolidaron sus derechos antes del
2007. Además, indicó que se omitió la aplicación de las normas que fundamentan
el incremento del factor salarial reclamado.

También argumentó la configuración de una violación directa de la
Constitución, «por la intromisión e invasión en el ámbito de competencias las del
legislador, en las que incurrió CREMIL, convalidadas por el operador jurídico en
sus decisiones, es muestra clara del quebrantamiento del estado social de
derecho, el orden justo, el respeto por las personas en estado de debilidad
manifiesta, la observancia de a un juicio justo y el debido proceso, la debida
administración de justicia, no puede darse tiente de legalidad a los delitos
cometidos para lograr beneficios propios en detrimento de personas vulnerables
que somos nosotros, los Oficiales, Suboficiales y Beneficiarios Pensionales; que
materializamos nuestros derechos antes del año 2007 a quienes con los decretos
violados el legislador quiso, que devengáramos uno de nuestros factores salariales
PRIMA DE ACTIVIDAD sobre el 49.5%».

Puso de presente el desconocimiento del precedente judicial al citar la
providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,
Sentencia 07.03.13, Rad. 11001-33-31-010-2007-00575-01, frente a la cual
explicó que, si bien no se definía una regla sobre el incremento de la prima
reclamada para un oficial, suboficial o beneficiario pensional, sí se trató de un
reconocimiento a un agente de la Policía Nacional sobre el 55%, significando que
sí es posible reconocer la prima de actividad sobre el 55% aplicando los decretos
2070 de 2003 y 4433 de 2004.

Asimismo, trajo a colación el fallo del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, M.P. César Palomino Cortés,

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Sentencia 14.06.18, Rad. 25000-23-25-000-2012-01653-01, respecto a la cual
mencionó que se le reconoció el incremento de la prima de actividad al accionante
en un 49.50%.

Finalmente, expuso que «[…] no es cierto en contradicción a la decisión que en su
momento adopta el Consejo de Estado, que el porcentaje reclamado 49.5%, solo
lo alcanza quienes en su asignación de retiro o pensión, hayan logrado el 33% en
la prima de actividad, en su asignación, esto es simplemente coincidencia lo
expresa la norma aumentar el 50% que corresponde al 16.5%, esto para el
personal activo Oficiales y Suboficiales, quienes habíamos logrado asignación de
retiro o pensión antes del año 2007, por PRINCIPIO DE OSCILACION,
merecíamos el mismo trato 16.5% con ello en el primer aumento alcanzaba el
suscrito SV® RAFAEL ANTONIO CHAVARRIA LONDOÑO, el 41.5%, en un
segundo aumento oficioso que debió realizar mi caja pagadora de un 8% tan pronto
expedido el Decreto 673 de 2008 mi prima de actividad alcanza el 49.5%».

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 3 de junio de 2025, la magistrada ponente manifestó
impedimento para conocer de la presente acción tutelar, no obstante, en
providencia del 19 siguiente, los demás integrantes de la Sección Quinta lo
declararon infundado, en atención a que no se encontró que la imparcialidad de la
magistrada se viera comprometida para resolver el caso concreto5.

Mediante proveído del 3 de julio de 2025, se admitió la demanda de tutela, se
ordenó notificar a la parte demandante6 y, como parte demandada, al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A7.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca8, al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buga9 y a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional10, que conformaron el juez de primera y segunda
instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como

5 El expediente pasó nuevamente al Despacho el 1° de julio de 2025.
6 Índice 20 de Samai. La notificación se realizó al correo electrónico:
gomezllanogabriela@gmail.com.
7 Índice 20 de Samai. Fue notificado en los buzones web: notifjduque@consejodeestado.gov.co,

dperezc@consejodeestado.gov.co, notifjmoralest@consejodeestado.gov.co,
dgavirias@consejodeestado.gov.co, notiflmesa@consejodeestado.gov.co y
ces2secr@consejodeestado.gov.co.
8 Índice 20 de Samai. Se notificó a los correos: s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co y

s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Índice 20 de Samai. Se notificó a: j03adtivobuga@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10 Índice 20 de Samai. Notificación realizada al buzón: judiciales@casur.gov.co.

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el extremo pasivo.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buga

En documento allegado el 7 de julio de 2025, la secretaria del juzgado relató lo
sucedido al interior del proceso ordinario, recordando la decisión de primera y
segunda instancia, así como, las providencias mediante las cuales se ordenó
obedecer y cumplir lo resuelto en el auto de sustanciación 819 del 2 de octubre de
2023 y en el 1006 del 8 de noviembre de 2023, a través del cual se liquidaron
costas procesales y se ordenó el archivo del proceso, respectivamente.

1.6.2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Por medio de memorial presentado el 8 de julio del año en curso, la jefe de la
oficina asesora jurídica de la entidad manifestó su oposición frente a la acción
constitucional, dado que las pretensiones no recaían sobre Casur sino frente al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por lo que no existía
vulneración alguna por su parte. Asimismo, adujo que el escrito tutelar resultaba
improcedente.

1.6.3. Pese a que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A fueron notificados en debida forma,
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Rafael Antonio Chavarría Londoño, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7. ° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2.2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

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• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala estudiará lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del señor
Rafael Antonio Chavarría Londoño con ocasión de la sentencia del 20 de
noviembre de 2024?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente; (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su
procedencia13.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García

González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202214.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal15 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico16; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional17.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal18”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales19”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto20, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias

15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-128 de 2021.
20 Sentencia SU-573 de 2019.

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judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal21. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

El señor Rafael Antonio Chavarría Londoño adujo que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A vulneró sus derechos al debido proceso y a la
seguridad social, con ocasión de la sentencia del 20 de noviembre de 2024 que
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.

El accionante argumentó la configuración de los defectos fáctico, sustantivo,
decisión sin motivación, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente. En síntesis, los yerros se fundamentaron en su inconformidad con que
la autoridad judicial no hubiera accedido a incrementar el porcentaje reconocido
en su asignación de retiro frente a la prima de actividad, pues a su juicio, no debía
recibir el 37.5% por concepto de prima de actividad, sino el 49.5%, en atención al
principio de oscilación que exige que las asignaciones de retiro se ajusten al mismo
porcentaje que las del personal activo.

La sentencia cuestionada resolvió el recurso fundado en la causal quinta del
artículo 250 del CPACA, dado que, a juicio del actor, existía una nulidad originada
en la providencia que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

Como fundamentos del recurso, el señor Chavarría Londoño explicó que: i) el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en una debida aplicación
normativa al no reconocer un incremento del 50% en el factor correspondiente a
la prima de actividad de su asignación de retiro, incumpliendo el principio de
oscilación que exige que las asignaciones de retiro se ajusten al mismo porcentaje
que las del personal activo; ii) señaló la falta de aplicación del Decreto 673 de
2008, que dispone un aumento del 8% para la prima de actividad; iii) argumentó
un error en la valoración de las pruebas, ya que se omitió el análisis del expediente
núm. 7862, que respaldaba la legalidad del derecho reclamado en la liquidación
de la prima de actividad y, iv) alegó que su situación fue indebidamente agravada
con la imposición de costas en segunda instancia, a pesar de ser apelante único.

Previo a entrar al análisis de cada uno de dichos argumentos, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A se refirió a la naturaleza y características
propias del recurso extraordinario de revisión, frente a lo cual indicó que de los
fundamentos presentados para controvertir la aplicación e interpretación de las

21 Ibid.

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normas jurídicas no eran propios de la causal alegada y escapaban al objeto del
recurso.

La Corporación manifestó que el señor Chavarría Londoño no identificaba ninguno
de los componentes que legal y jurisprudencialmente constituyen motivo de
nulidad, limitándose a señalar errores derivados de la inobservancia y aplicación
incorrecta de una norma, lo cual estaba por fuera de la naturaleza de la causal
invocada.

Al respecto, recordó que, en diferentes providencias, como por ejemplo la dictada
por la misma Subsección el 27 de agosto de 202022, se había advertido que el
objetivo del recurso era revertir decisiones que atentara contra la justicia material
y no, discutir la labor interpretativa del juez o corregir errores de derecho.

Así las cosas, comentó que, aunque la parte alegaba la violación al debido proceso
haciendo referencia a su desacuerdo con la forma en la que fue aplicada una
norma sustancial y en la falta de aplicación de otra, no se trataba de una anomalía
en el procedimiento que constituyera una causal de nulidad, sino que se utilizaba
como si el recurso extraordinario de revisión se tratara de una tercera instancia.

Por otro lado, respecto al principio de non reformatio in pejus alegado, la autoridad
judicial accionada expresó que la invocación del demandante carecía de
fundamento, dado que dicho principio no se activaba frente a la imposición de
costas, pues tal decisión no constituía un motivo que invalidara el proceso de forma
parcial o total ni una causal de nulidad conforme al artículo 133 del CGP o las
disposiciones jurisprudenciales aplicables.

Por lo tanto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A estimó que el
recurso resultaba infundado.

En consecuencia, se advierte que además de que el señor Chavarría Londoño
alegó los mismos fundamentos utilizados en el recurso extraordinario de revisión
aquí en la acción constitucional, estos a su vez, resultaron ser los argumentos
presentados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre los defectos argumentados por el tutelante, es de señalar que el amparo
constitucional no tiene la entidad o trascendencia para aplicar, interpretar o
desarrollar mandatos constitucionales, ya que lo pretendido por la parte actora es
que se dirima un asunto de mera legalidad que deviene de un inconformismo con
la interpretación válida realizada tanto por los jueces del proceso ordinario, así
como el conocedor del recurso extraordinario de revisión.

22 Radicado 1638-16.

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Se resalta que, tras la revisión de la providencia controvertida, no se evidencia
prima facie vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad
judicial accionada, la cual apoyó su decisión en el marco legal y jurisprudencial
que consideró aplicables al caso.

Aunado a ello, tampoco se encuentra que el actor se haya pronunciado de forma
puntual a los argumentos expuestos por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sino que se limitó a reiterar los alegatos del escrito del recurso y del
medio de control.

Así las cosas, esta Sala encuentra que las consideraciones normativas de la
autoridad judicial accionada parten de un fundamento jurídico y fáctico que, de
entrada, no se muestra caprichoso, por lo que resulta claro que la solicitud de
amparo de la referencia carece de suficiencia y se limita a reiterar los
planteamientos ya debatidos y resueltos dentro del proceso ordinario.

Por lo anterior, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente de relevancia constitucional. La competencia de este
se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal, o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

Por otro lado, se indica que si bien la parte actora advirtió sobre la configuración
del yerro por desconocimiento del precedente, no explicó por qué el criterio
establecido en las sentencias 11001-33-31-010-2007-00575-01 y 25000-23-25-
000-2012-01653-01 tenían la virtualidad de variar la decisión tomada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, así como, tampoco cumplió
con la respectiva carga argumentativa de establecer la regla o subregla de derecho
presuntamente desconocida, pues no basta con simplemente indicar que se debió
haber incrementado su asignación de retiro como sucedió en dichos casos.

En ese orden, la Sala se permite destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para traer a
colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso ordinario, sino
que es un medio excepcionalísimo por medio del cual se revalúan decisiones que
recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los principios rectores de la autoridad
judicial.

Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Rafael Antonio Chavarría Londoño.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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