Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03181-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03181-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03181-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
9 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: José Gregorio Pulido Herrera y otros
Parte accionada: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03181-01
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de inmediatez
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
16 de junio de 2025 proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor José Gregorio Pulido Herrera y su núcleo familiar, en ejercicio
del medio de control de reparación directa interpusieron demanda
contra el municipio de Valledupar con la finalidad de que les fueran
indemnizados los perjuicios causados por las lesiones personales,
como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 17 de febrero
de 2014, que se produjo por la falta de señalización adecuada.
1.2. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 11 de
noviembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda en el sentido de condenar al municipio de Valledupar a pagar
por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03181-01
y de daño emergente, y por los perjuicios morales causados a los
demandantes.
1.3. Contra la anterior decisión el municipio de Valledupar interpuso recurso
de apelación.
1.4. Mediante sentencia de 13 de septiembre de 2024, la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que la causa eficiente del daño “[…] no fue la ausencia de
señal de “PARE”, sino el incumplimiento del deber de diligencia que
exige la conducción de vehículos automotores […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante manifestó que la sentencia acusada carece del análisis
probatorio de lugar, modo, tiempo y circunstancias, así como la existencia de
factores estructurales y administrativos que hacían inevitable el siniestro.
Alegó que se configuró el defecto sustantivo porque la decisión judicial se
fundó en una norma inaplicable al caso y por omitir hechos probados que
contradicen el razonamiento efectuado por la autoridad judicial accionada.
Así mismo indicó que hubo desconocimiento del precedente jurisprudencial
contenido en las sentencias SU-129 de 2021, de 29 de marzo de 2019 (Exp.
68001-23-31-000-2004-02686-01), de 30 de octubre de 2019 (Exp. 05001-23-
31-000-2006-03498-01), de 2 de agosto de 2021 (Exp. 63001-23-31-000-
2010-00334-01), entre otras.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
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“[…] 1.- SE TUTELEN El DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, DERECHO
AL ACCESO DE JUSTICIA, DERECHO A LA VIDA, VIDA DIGNA,
DERECHO A LA REPARACIÓN, PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD de la
prueba, RESPETO AL PRESEDENTE JUDICIAL NACIONAL E
INTERNACIONAL, Y LA OMISION A LA APLICACIÓN DE LOS
PRESEDENTES JURISPRUDENCIALES, Y OTROS, a favor de los
señores los señores JOSE GREGORIO PULIDO HERRERA, y la señora
DEIRA LUZ GUTIERREZ MARTINEZ, y los señores JHOAN
ALEXANDER PULIDO RADA, Y JEISON JOSE PULIDO RADA.
2.- Como consecuencia de lo anterior se ordene la revocatoria, y dejar si
efecto la sentencia de segunda instancia del CONSEJO DE ESTADO -
SECCION TRECERA -SUBSECCION A, por LA SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA de fecha 13 de Septiembre de 2024, con
radicado RAD: 2000-13-33-9000-2016-00171-02, notificada el 2 de
octubre del 2024, vía correo electrónico, sentencia que revocó el fallo de
primera instancia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, de
fecha 11 de Noviembre de 2021, con radicado 2000-13-33-9000-2016-
00171-00, que declaro administrativa y patrimonialmente responsable al
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, y en su defecto conceda las peticiones
de la demanda.
3. Ordenar al CONSEJO DE ESTADO -SECCION TRECERA -
SUBSECCION A, que profiera una nueva sentencia, de reemplazo dentro
del presente proceso, teniendo en cuenta el análisis efectuado, y un
análisis de las pruebas conforme a los precedentes y las pruebas
aportadas. […]”. [negrillas en el texto original y sic en toda la cita]
II. INTERVENCIONES
1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que
la presente acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez, por
cuanto la sentencia cuestionada fue notificada el 2 de octubre de 2024 y la
acción de tutela fue presentada el 26 de mayo de 2025.
Además, señaló que no se cumple el requisito de relevancia constitucional
dado que lo que busca el actor es reabrir un debate que ya fue resuelto por el
juez ordinario, pretendiendo que la acción de tutela sea una instancia
adicional.
2. El Tribunal Administrativo del Cesar envió el enlace del proceso de
reparación directa con número de radicado 20001-23-39-002-2016-00171-00.
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III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 16 de junio de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por
no cumplir con el requisito general de inmediatez, dado que fue presentada el
26 de mayo de 2025 cuando habían transcurrido más de seis (6) meses desde
la notificación de la providencia objeto de tutela, la cual se surtió el 2 de octubre
de 2024.
IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos generales
los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
Adicionalmente, manifestó que el juez de primera instancia incurrió en error al
considerar extemporánea la acción de tutela presentada el 26 de mayo de
2025, dado que no ha transcurrido seis (6) meses desde que se notificó el auto
que ordenó obedecer y cumplir lo decidido en la sentencia de 13 de septiembre
de 2024, la cual es objeto de esta acción constitucional.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”4.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional5.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable es el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional7 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular8, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
4 Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
5 Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014,
expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Sentencia T-584 de 2011.
8 Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala
Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
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inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”9.
En el presente caso, la parte actora promovió la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la vida digna y a la
reparación, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 13 de septiembre
de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
único número de radicación 20001-33-39-000-2016-00171-02.
Ahora bien, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de la
inmediatez de la presente acción de tutela se debe tener en cuenta la fecha
de notificación de la sentencia de 2 de octubre de 2024.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el expediente del proceso10, la providencia de 13 de septiembre
de 2024 fue notificada personalmente a la parte actora, vía correo electrónico,
el 2 de octubre de ese mismo año; mientras que la acción de tutela se presentó
el 26 de mayo de 202511, es decir con posterioridad al plazo de seis (6) meses
establecidos por esta Corporación como término razonable.
De ahí que la presente acción deviene improcedente por incumplimiento del
requisito de la inmediatez, tal como lo consideró el a quo, máxime cuando el
argumento expuesto por la parte impugnante para justificar la tardanza en la
presentación de la acción de tutela no tiene la entidad para flexibilizar el
término de seis meses establecido por regla general como tiempo razonable
para el ejercicio del mecanismo de amparo.
9 Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
10https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2000133390002016001
71021100103
11https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002025031
81001100103
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Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo de
primera instancia proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 16 de junio de 2025 proferido por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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