Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03196-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03196-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03196-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
16 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03196-00
Accionante: HÉCTOR BURITICÁ GIRALDO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia – se acudió a la acción de tutela con el propósito de
reabrir la discusión definida en el proceso ordinario.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución política, el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 20191, la Sala resuelve la acción de tutela
promovida por Héctor Buriticá Giraldo contra la Sentencia del 31 de octubre de 2024,
emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número 76-147-33-33-001-
2015-01007-01. A juicio del tutelante, dicha providencia transgredió su derecho
fundamental al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administración de
justicia.
ANTECEDENTES
1. El presente caso corresponde a una acción de tutela contra una providencia judicial,
por lo que tendrá el siguiente orden en la exposición de los antecedentes: (i) los
hechos que dieron origen al proceso ordinario y el trámite de este; y (ii) los
argumentos que fundamentaron la interposición de la acción de amparo
constitucional, así como las pretensiones formuladas por el demandante.
Antecedentes del proceso ordinario
2. El señor Héctor Buriticá Giraldo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Departamento del Valle del Cauca, con el fin de obtener la nulidad
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03196-00
Accionante: Héctor Buriticá Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de los Decretos 1454 y 1154 del 23 de diciembre de 2014. El primer acto
administrativo nombró al actor en el cargo de Profesional Universitario, código 219,
grado 01, adscrito al Departamento de Planeación de la Gobernación, mientras que
el segundo declaró insubsistente su nombramiento.
3. Adicionalmente, el demandante solicitó la nulidad de varios actos presuntos
derivados de la falta de respuesta a peticiones relacionadas con su reintegro y el
pago de salarios, prestaciones sociales, intereses y sanciones. Como
restablecimiento del derecho, pidió su reintegro al cargo y el reconocimiento de las
sumas dejadas de percibir desde su desvinculación el 9 de enero de 2015.
4. La demanda fue repartida al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Cartago, Valle del Cauca, que mediante sentencia del 22 de abril de 2024 declaró la
nulidad del Decreto 1554 de 2014 y, en consecuencia, condenó al Departamento de
Valle del Cauca a pagar al actor salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos dejados de percibir, debidamente indexados, así como los aportes
proporcionales al sistema de seguridad social en pensiones.
5. Inconforme con dicha decisión, el Departamento interpuso recurso de apelación, al
argumentar que el acto de insubsistencia obedeció al ejercicio de la facultad
discrecional que le otorga la ley respecto de los empleados de libre nombramiento y
remoción. La entidad territorial afirmó que el juez de primera instancia incurrió en
error al considerar que el cargo era de carrera administrativa, pues las funciones
desempeñadas correspondían a un empleo de confianza, elemento característico de
los cargos de libre nombramiento y remoción.
6. Mediante sentencia del 31 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca revocó el fallo de primera instancia, al concluir que el cargo desempeñado
por el demandante tenía naturaleza de libre nombramiento y remoción, y que no se
acreditaron pruebas que desvirtuaran esa clasificación ni que evidenciara vicios que
afectaran la legalidad del acto demandado.
Fundamentos de la demanda de tutela
7. El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca incurrió en
una indebida aplicación e interpretación de las normas que regulan los empleos de
libre nombramiento y remoción. En particular, el demandante consideró que este
error se materializó en la calificación de confianza y de manejo que la autoridad
judicial demandada otorgó al cargo que ocupaba. A su juicio, tal actuación configuró
un defecto fáctico por la indebida valoración de los hechos, y un defecto sustantivo,
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Accionante: Héctor Buriticá Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
al desconocer que la clasificación como cargo de libre nombramiento y remoción
constituye una excepción a la regla general de carrera administrativa, conforme al
artículo 125 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley 909 de 2004.
8. Asimismo, el demandante indicó que el fallo atacado desconoció el precedente
jurisprudencial, al realizar una aplicación inadecuada del mismo, lo cual derivó en
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad
y acceso a la administración de justicia.
Pretensiones de la demanda
9. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
DERECHO DE DEFENSA, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL E IGUALDAD, de HÉCTOR BURITICÁ
GIRALDO; vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA, mediante la Sentencia de segunda instancia PROFERIDA el 31 de
octubre del año 2024.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO, la Sentencia de segunda instancia
PROFERIDA el 31 de octubre del año 2024 por la SALA SEGUNDA
JURISDICCIONAL DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL PROCESO BAJO
RADICACIÓN No. 76147333300120150100700.
TERCERA: ORDENAR A LA SALA SEGUNDA JURISDICCIONAL DE
DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA, que profiera una sentencia acorde con el acervo probatorio obrante
en el expediente, confirmando la Sentencia No. 071 del 22 de abril del año 2024
proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartago
(V)”1.
1 Índice electrónico 02 de SAMAI. 2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
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Accionante: Héctor Buriticá Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Trámite en primera instancia
10. Mediante Auto del 28 de mayo de 20252, el despacho sustanciador admitió la
presente acción de amparo constitucional y, en consecuencia, ordenó notificar a la
parte demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como
vincular al Departamento del Valle del Cauca y al Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito de Cartago. Por último, el juez de primera instancia reconoció
personería jurídica al profesional en derecho Harold Antonio Erazo Díaz.
Intervenciones
11. El Departamento de Valle del Cauca3 solicitó declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva, al considerar que no son la entidad llamada a responder por las
pretensiones formuladas en la presente acción de tutela. En efecto, la eventual
vulneración de los derechos fundamentales que alega la parte accionante estaría
vinculada directamente con actuaciones u omisiones atribuibles al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
12. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartago4 manifestó que
la acción de tutela se dirige exclusivamente contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que constituye la decisión actualmente vigente y con efectos
jurídicos plenos. Por lo tanto, manifestó que se acoge a la determinación que, en
sede tutela, adopte el Consejo de Estado al resolver el presente asunto.
CONSIDERACIONES
Competencia
13. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado
es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de
tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
2 Índice electrónico 04 de SAMAI. 14Autoqueadmite_320250319600ADMITEHE(.pdf) NroActua 4.
3Índice electrónico 09 de SAMAI. 20RECIBEMEMORIAL_Correo_JeysonAndresF(.pdf) NroActua 9.
4 Índice electrónico 08 de SAMAI. 18RECIBEPRUEBAS_05RespuestaTutelapdf(.pdf) NroActua 8.
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Accionante: Héctor Buriticá Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
14. Le corresponde a la Sala determinar en primer lugar, si la presente acción de tutela
satisface los requisitos formales de procedibilidad establecidos en la jurisprudencia
constitucional para su admisión. En caso de superar dicho examen preliminar, será
procedente estudiar de fondo si la decisión judicial proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca el 31 de octubre de 2024. Esto implica analizar si
dicha decisión vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
igualdad y acceso a la administración de justicia, al revocar el fallo de primera
instancia que había declarado la nulidad del Decreto 1554 de 2014, por medio del
cual se declaró insubsistente el nombramiento del accionante de su empleo.
15. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente ruta
de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) análisis del cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por
activa y por pasiva y; (iii) relevancia constitucional. Análisis del caso concreto.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
16. En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional “sistematizó” los requisitos
para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales. En dicha
decisión, la Corte estableció una distinción entre requisitos de carácter general, y
requisitos de carácter específico o defectos.
17. Los primeros constituyen condiciones previas que deben cumplirse en su totalidad,
para que el juez pueda asumir el conocimiento de fondo del caso analizado 5. Una
vez superados estos requisitos de forma, es procedente el estudio de fondo. Por su
parte, los requisitos específicos hacen alusión a los defectos presentes en la
providencia cuestionada, los cuales serían la causa directa de la vulneración de los
derechos fundamentales6.
18. Para que una providencia judicial pueda ser estudiada a través de la acción de
tutela, es indispensable que, en primer lugar, se acrediten los requisitos generales
de procedencia, como son7:
5 Corte Constitucional, Sentencia T-089 de 2025.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-026 de 2021
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
“(i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley
2591 de 1991)
(ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela], ni
una decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad
por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que resuelva el medio de
control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado.
(iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se
promueva en un plazo razonable];
(iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los hechos
que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal;
(v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el
interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance,
salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable o los
medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo.
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional,
lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no
meramente legal o económico;
(vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un
efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente
distinto”.
19. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface los
requisitos formales de procedencia para su admisión.
La legitimación en la causa por activa y pasiva
20. El señor Héctor Buriticá Giraldo cumple con el requisito de legitimación en la causa
por activa, toda vez que es la persona directamente afectada por la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca el 31 de octubre de 2024,
la cual presuntamente violó sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, igualdad y acceso a la administración de justicia.
21. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, autoridad judicial que dictó la providencia a la
que se le atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
El requisito de relevancia constitucional.
22. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su naturaleza
excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
23. La Corte Constitucional indicó8que la tutela contra providencias judiciales no puede
convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni reemplazar los
recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga relevancia
constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los derechos
fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión judicial.
24. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate9: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
25. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental para
entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de manera
clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una trasgresión real
y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen de relevancia
constitucional permite distinguir entre un juicio de validez constitucional, que
justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de corrección judicial, el cual
se escapa de su competencia10.
Análisis del caso concreto
26. En este contexto, el señor Héctor Buriticá Giraldo interpuso una acción de tutela
contra la sentencia del 31 de octubre de 2024, emitida por el Tribunal Administrativo
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
del Valle del Cauca, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, al considerar que dicha decisión incurrió en tres defectos específicos:
(i) defecto fáctico, por la indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso; (ii)
defecto sustantivo, por la errónea aplicación e interpretación de las normas que
regulan los empleos de libre nombramiento y remoción, puntualmente el artículo 125
de la Constitución y el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, y (iii) desconocimiento del
precedente judicial, al no implementar la jurisprudencia aplicable al caso, en
particular la Sentencia de la Corte Constitucional SU-282 de 2019.
27. Sobre el particular, se considera que la demanda de tutela no supera el requisito de
relevancia constitucional en alguno de los defectos alegados, como se mostrará a
continuación:
28. Respecto al defecto fáctico, la Sala concluye que no se acredita el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que el accionante se limita a enunciar en
términos generales una indebida valoración probatoria del juez ordinario, sin
exponer de manera concreta y sustentada las razones por las cuales la omisión en
la apreciación de determinados medios de prueba habrían sido determinantes para
modificar el sentido de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, y en consecuencia, vulnerar sus derechos fundamentales. Tampoco se
aportaron argumentos de constitucionalidad respecto del juicio valorativo realizado
por el fallador, lo que implicó que la solicitud de amparo se centrara, en realidad, en
reproducir cuestionamientos ya decididos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
29. En cuanto al defecto sustantivo, tampoco se cumple con el requisito de relevancia
constitucional. El cuestionamiento se centra en la interpretación y aplicación del
artículo 125 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, sin evidenciar
cómo dicha interpretación vulnera derechos fundamentales ni como esta tiene
impacto sobre estos. Inclusive, el actor omitió demostrar o explicar la forma como el
Tribunal impugnado aplicó de manera indebida un contenido normativo de las
disposiciones mencionadas. Además, el debate es de índole legal, al restringirse a
cuestionar la aplicación de los criterios que utilizó el tribunal para calificar el cargo
del actor como de libre nombramiento y remoción. Lo que se observa es una
inconformidad con la solución jurídica adoptada por el juez ordinario, lo cual por sí
solo, no habilita la intervención del juez constitucional.
30. Frente al supuesto desconocimiento del precedente, la Sala recuerda que la
procedibilidad limitada de la acción de tutela contra providencias judiciales requiere
una carga argumentativa suficiente que demuestre de forma clara y razonada cómo
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
la providencia atacada vulnera gravemente un derecho fundamental, al desconocer
una providencia que era vinculante en el caso analizado. En el presente caso, el
accionante simplemente citó apartes de sentencias de manera genérica. Así las
cosas, el actor no justificó los elementos del defecto de desconocimiento del
precedente: (i) la existencia de hechos análogos entre su situación y los contenidos
en los fallos que supuestamente no se utilizaron; (ii) la existencia de una regla
jurisprudencial vinculante a su situación; y (iii) el desconocimiento de dicha regla, al
punto que fuera contradictoria a lo decidido en la providencia impugnada.
31. En ese sentido, la Sala advierte que el accionante se limitó a enunciar de manera
abstracta, la existencia de diversos defectos específicos de la sentencia
cuestionada, sin exponer de forma clara, articulada y fundamentada cómo tales
yerros habrían afectado sus derechos fundamentales. En particular, el tutelante
tenía la obligación de justificar por qué la supuesta indebida valoración de las
pruebas aportadas al proceso habrían sido determinantes para la decisión adoptada
por el Tribunal, lo que no se explicó. Del mismo modo, el actor no sustentó las
razones por las cuales, a su juicio, se habría aplicado erróneamente el artículo 125
de la Constitución Política y el artículo 5 de la Ley 909 de 2004. Finalmente, tampoco
desarrolló la razón por la que las providencias judiciales que citó en el escrito de
tutela debían considerarse precedentes vinculantes para el caso en concreto ni de
qué manera fueron desconocidas por el Tribunal accionado.
32. A juicio de esta Sala, el requisito de relevancia constitucional exige que el actor
invoque un derecho fundamental, y además demuestre de manera clara y concreta
cómo la decisión judicial impugnada vulneró dicha garantía. No basta con afirmar
genéricamente una afectación, por lo que es necesario identificar con precisión en
qué consiste la presunta lesión, de forma que la acción de tutela no se convierta en
un mecanismo para expresar simple inconformidad con la providencia adoptada, ni
en una vía paralela o adicional al proceso judicial ordinario.
33. En suma, los defectos alegados no superan el requisito general de relevancia
constitucional. La acción de tutela es utilizada por el peticionario como una instancia
adicional, dirigida a reiterar inconformidades ya debatidas en el proceso contencioso
administrativo11. Resulta oportuno recordar que la tutela no constituye un recurso
alternativo frente a providencias desfavorables ni puede emplearse para revivir
controversias que ya fueron objeto de pronunciamiento de fondo en el marco del
proceso ordinario.
11 Identificado con número: 76-147-33-33-001-2015-01007-00/01
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03196-00
Accionante: Héctor Buriticá Giraldo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
34. En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Luisa María
Héctor Buriticá Giraldo, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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