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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03197-00

Fecha
21 de julio de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03197-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Marina Martínez Ardila, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta, deberán dirigirlos, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin26. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03197-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

21 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 21 de julio de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03197-00
Demandante: Marina Martínez Ardila
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias de primera y segunda instancia que
negaron las pretensiones de la demanda, en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, relacionadas con el reconocimiento de una pensión de
sobreviviente.

De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Marina Martínez
Ardila en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 26 de mayo de 2025, Marina Martínez Ardila, en nombre propio,
presentó una acción de tutela en contra del Juzgado 16 Administrativo de
Bogotá y de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, mínimo vital
y “a una justicia legal y justa”, con ocasión de las Sentencias de 24 de
octubre de 2024 y 21 de marzo de 2025, proferidas por las autoridades
judiciales accionadas, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-016-2023-00043-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03197-00
Demandante: Marina Martínez Ardila
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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“Sírvase, Señor Magistrado acceder a las siguientes Pretensiones: “El divorcio no
borra el tiempo de convivencia” Corte Constitucional y Corte Suprema de
Justicia.

PRIMERO: TUTELAR; los derechos fundamentales de la demandante, la
vulneración del derecho a la igualdad, al debido proceso, al derecho de
defensa, al derecho del mínimo vital en condiciones dignas y justas, que están
siendo vulnerados por los entes accionados, igualmente el acceso efectivo a
la administración de Justicia, la violación directa de la constitución y demás
normas concordantes, la jurisprudencia.

SEGUNDO: DECLARAR, que el fallo de fecha 21 de marzo de 2025, y el fallo de
fecha 24 de octubre del 2024, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, y el JUZGADO 16
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD respectivamente, así como los actos
Administrativos demandados, vulneraron los derechos insertos en los artículos
13, 29, 31, 83, 87, 228, 229 y 230 de la Constitución Política de Colombia y demás
normas de derecho internacional. Así como la jurisprudencia de las Cortes en
estos casos.

TERCERO: REVOCAR o dejar sin efecto los fallos de fecha 21 de marzo de 2025
y fallo de fecha 24 de octubre del 2024, proferidos por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, y el
JUZGADO 16 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD, respectivamente, dentro del
proceso No. 2023 - 00043, donde es demandante la compañera del Militar
MARINA MARTINEZ ARDILA, y en su lugar acceder a las pretensiones de la
demanda.

CUARTO: Se declaré la nulidad de los actos administrativos Nos. 6521 de 07 de
junio de 2022 y No. 9724 de octubre 08 de 2022, proferidos por la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares, mediante las cuales se niega el reconocimiento y pago
de la sustitución de la asignación de retiro, en favor de mi poderdante.

QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, se reconozca la sustitución de la asignación de retiro en favor de mi
poderdante MARINA MARTINEZ ARDILA compañera del exmilitar LUIS
ALEJANDRO MUÑOZ PRADA (q.e.p.d.), de conformidad con todo el material
probatorio que obra dentro del expediente y la Jurisprudencia de las altas
Cortes.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 23 de mayo de 1979, Marina Martínez Ardila contrajo matrimonio
con Luis Alejandro Muñoz Prada2, quien adquirió en vida una asignación de
retiro por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

5. 2) El 5 de diciembre de 1995, mediante escritura pública No. 7092, se
disolvió la unión y, luego, mediante Sentencia de 4 de junio de 1996, se
declaró la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico.

6. 3) El 21 de diciembre de 2021, Luis Alejandro Muñoz Prada murió3.

2 Como consta en el registro civil de matrimonio No. 7555755.
3 Como consta en el registro civil de defunción No. 10655631. Expedido por la Notaria 27 de Bogotá.

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Demandante: Marina Martínez Ardila
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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7. 4) Nubia Margarita Rozo Bellón, quien indicó ser compañera
permanente del señor Muñoz Prada desde el 8 de septiembre de 2015, y
Marina Martínez Ardila radicaron solicitudes, de manera individual4, con el
objetivo de solicitar el reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente
ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL. Dichas solicitudes
fueron negadas, de manera conjunta, mediante la Resolución No. 6521 de
7 de junio de 2022, la cual fue recurrida por ambas, y confirmada en la
Resolución No. 9724 de 8 de octubre de 2022.

8. 5) El 9 de febrero de 2023, Nubia Margarita Rozo Bellón presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional - Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, bajo el radicado No. 11001-33-35-
016-2023-00043-00, con el objetivo de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones No. 6521 de 7 de junio y 9724 de 8 de octubre de 2022 y, en
consecuencia, se le reconociera a su favor la pensión de sobreviviente.

9. 6) A través de Auto de 17 de abril de 2023, el Juzgado 16
Administrativo de Bogotá vinculó al proceso a Marina Martínez Ardila (se
trascribe) “como interviniente ad excludendum”, quien, al contestar la
demanda, solicitó el reconocimiento y pago de (se trascribe) “asignación
de retiro del Sargento LUIS ALEJANDRO MEÑOZ PRADA, (…) en un 100% en
calidad de esposa”. Expuso que tenía derecho porque estuvo casada y
mantuvo relaciones de cariño, confianza, apoyo mutuo y negocios con el
causante, es más, vivieron en la misma casa donde trataron la covid-19. De
la misma manera, propuso las excepciones de inexistencia del derecho
reclamado y mala fe de la demandante, dada la ausencia de convivencia
ininterrumpida entre ella y Luis Alejandro Muñoz Prada.

10. 7) Mediante Sentencia de 24 de octubre de 2024, el Juzgado 16
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda presentada
por Nubia Margarita Rozo Bellón, así como las de la parte vinculada Marina
Martínez Ardila, por no haberse acreditado su convivencia con el causante

11. Frente a Nubia Margarita Rozo Bellón, puso de presente que recibió
un tratamiento de “sanación bioenergética” desde febrero a diciembre de
2021 en Tijuana - Baja California - México. En consecuencia, el despacho
expuso que, mal podría afirmarse que convivió de forma continua,
permanente e ininterrumpida con el causante. En esa medida, no bastaba
con haberse acreditado que el causante se presentó como acompañante
de la señora Rozo Bellón en sus estancias hospitalarias5, pues, si bien ello
probó un vínculo afectivo, no demostró la clase de convivencia requerida

4 Marina Martínez Ardila bajo radicados No. 20754476 20765860 2022036262 2022037269 y Nubia Margarita Rozo

Bellón bajo radicados No. 20765317 2076992 2022029611 2022038255.
5 Certificadas por (se trascribe) “Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03197-00
Demandante: Marina Martínez Ardila
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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para acceder a la prestación económica, en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 4433 de 2004.

12. En relación con Marina Martínez Ardila, expuso que, aunque estuvo
casada con el causante, al haberse divorciado en 1995, no tenía derecho
a la pensión de sobreviviente o sustitución pensional6. Tampoco lo tenía por
la aparente convivencia, en la medida que, si bien, la señora Martínez Ardila
continuó siendo la beneficiaria del servicio de salud y demás servicios
complementarios a los que acceden los familiares de miembros de la fuerza
pública, incluso, después de su separación, lo cierto era que, de ello no era
posible acreditarse la convivencia entre ambos en los últimos 5 años
inmediatamente anteriores a su muerte.

13. 8) El 7 de noviembre de 2024, tanto Marina Martínez Ardila como
Nubia Margarita Rozo Bellón presentaron recurso de apelación en contra de
la anterior decisión.

14. La señora Martínez Ardila manifestó que el Juzgado no tuvo en cuenta
(se trascribe) “el abundante y suficiente material probatorio que reposa en
el expediente tales como: declaraciones Bajo juramento, testimonios, fotos
familiares, cedula, carnet servicios médicos, pasaporte y visa del señor
causante Alejandro Muñoz, certificado de cámara y comercio de los
negocios que ambos tenían, contratos de arriendo y demás”. Aunado a ello,
indicó que, convivió como esposa y compañera del causante por más de
40 años hasta el día de su muerte, pues, a pesar de haberse liquidado la
sociedad, (se trascribe) “esta se originó por cuidar el patrimonio familiar
(hijos) de algún embargo o amenaza”. Además, citó jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia7 para indicar que el término de 5 años de
convivencia no debía ser inmediatamente anterior a la muerte del causante
para los cónyuges separados de cuerpo.

15. Por otra parte, Nubia Margarita Rozo señaló que se incurrió en un error
de derecho al exigir requisitos adicionales a los previstos en el artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, concretamente, la declaratoria de la unión marital de
hecho conforme con la ley 979 de 2005, y la exigencia de informar de dicha
unión a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL. Agregó que hubo
un error de valoración probatoria, al considerarse que el valor probatorio de
las declaraciones aportadas al proceso fue restado con los documentos
aportados por la señora Martínez Ardila.

6 “Artículo 12. Pérdida de la condición de beneficiario. Se entiende que falta el cónyuge o compañero (a)
permanente y por lo tanto se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución de la asignación
de retiro o de la pensión de invalidez, en cualquiera de las siguientes circunstancias, según el caso:
(…)
12.3 Divorcio o disolución de la sociedad de hecho. (…)”
7 Sentencias No. 37825 de 2011, SL 2433-2024 (99858) de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03197-00
Demandante: Marina Martínez Ardila
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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16. 9) Mediante Sentencia de 21 de marzo de 2025, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia.
Realizó un recuento de la totalidad del material probatorio allegado al
expediente, el marco normativo aplicable al caso concreto y jurisprudencia
de la Corte Constitucional8 y del Consejo de Estado9, respecto de la
convivencia efectiva del cónyuge y compañero permanente y la
sustitución pensional, para concluir, igualmente, que no se acreditó la
convivencia requerida para el reconocimiento pensional solicitado, ni que
ella dependiera económicamente del causante, o que entre estos existiera
(se trascribe) “apoyo emocional, ayuda de manera diaria, habitual, mutua,
ni que uno o el otro se brindara amor, o estuvieran pendientes de esas
situaciones que los afectara de manera personal”, sino que existía una
relación de carácter comercial y de cercanía por sus hijos.

17. De cara a lo alegado por Nubia Margarita Rozo Bellón indicó que,
entre ella y el causante existió una relación sentimental que escapaba de la
órbita de una familia u hogar, ya que solo convivieron de manera
esporádica, no habitual, en tanto la señora Rozo Bellón, por su propia
decisión, realizaba viajes por largos periodos de tiempo para ir a donde su
hija en México.

18. Como fundamento de la vulneración, la accionante indicó que la
autoridad judicial accionada incurrió en una vía de hecho,
desconocimiento del precedente, defecto material o sustantivo, y violación
directa de la Constitución.

19. Sobre la vía de hecho, manifestó que, con la negativa a ordenar el
reconocimiento pensional, se vulneraron sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia en condiciones justas, y se desconoció su calidad
de compañera permanente del causante, por más de 40 años, de acuerdo
con múltiples pruebas y testimonios.

20. Agregó que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en
cuenta (se trascribe) “el abundante y suficiente material probatorio que
reposa en el expediente tales como: declaraciones Bajo juramento,
testimonios, fotos familiares, cedula, carnet servicios médicos, pasaporte y
visa del señor causante Alejandro Muñoz, los que están en poder de la
señora Marina Martínez, los certificados de cámara y comercio de los
negocios que ambos tenían, contratos de arriendo y demás. Todos en poder
de mi defendida. “

8 Sentencias C - 336 de 2014, T - 616 de 2017, T - 409 de 2018, T - 228 de 2023

9 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B. Sentencia de 22 de abril de 2010, dentro del radicado No.

27001233100020020022101 (1955-07).
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 2 de octubre de 2008, dentro del radicado
No. 25000232500020020605001 (0363-08).

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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21. En esa medida, expuso que, de acuerdo con las declaraciones y
pruebas obrantes en el expediente era posible constatar que los actos
administrativos fueron expedidos con falsa motivación, en la medida en
que, (se trascribe) “negaron un derecho legal a la compañera MARINA
MARTÍNEZ, se puede ver en los actos que le negaron el reconocimiento de
la sustitución de asignación de retiro a que tenía derecho legalmente.”

22. Frente al defecto material o sustantivo, se limitó a indicar que las
autoridades judiciales accionadas profirieron las sentencias de primera y
segunda instancia (se trascribe) “sin tener en cuenta la Ley, la Constitución,
su interpretación subjetiva, los precedentes judiciales, la Jurisprudencia y
otros preceptos judiciales, normas que determinan la gravedad y los efectos
que produjo en el afectado y su familia por la falla de la administración”.

23. Indicó que se desconoció el precedente de la Corte Constitucional10
y la Corte Suprema de Justicia11 que, a su juicio, establecen que el divorcio
no elimina el tiempo de convivencia, y que no deben ser 5 años
inmediatamente anteriores a la muerte del causante.

24. Frente a la vulneración directa a la Constitución el accionante, no
puso de presente argumento alguno.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados12

25. El Juzgado 16 Administrativo de Bogotá13 realizó un recuento de las
actuaciones surtidas durante la primera etapa del proceso ordinario y
explicó que no había desplegado conducta alguna de la que se pudiera
predicar la vulneración a los derechos fundamentales indicados por la parte
actora, y adjuntó el enlace del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-016-2023-00043-00/01. En esa
medida, solicitó que se declarara improcedente la presente acción o, en su
defecto, se negaran las pretensiones.

26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca14 explicó que lo
planteado por la accionante fue resuelto por esa autoridad judicial en la
sentencia enjuiciada, donde, luego de un estudio normativo, probatorio y
jurisprudencial, concluyó que la señora Martínez Ardila no logró acreditar los
requisitos previstos por la norma especial vigente al momento de la muerte

10 Sentencia T - 281 de 2016.

11 Sentencias No. 85825 de 2022, No. SL5201-2021 Radicado No. 8497, No. SL-3651 DE 2022, No. 37825 de 2011, No.

SL2433 Radicado No. 99858 de 2024.
12 Mediante Auto de 3 de junio de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2) tener

como accionados a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al
Juzgado 16 Administrativo de Bogotá y, (3) vincular la Nación - Ministerio de Defensa – Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (CREMIL) y Nubia Margarita Rozo Bellón, como terceros interesados en el asunto.
13 Índices 12 y 17 en el aplicativo SAMAI
14 Índice 13 en el aplicativo SAMAI

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Decisión: Declara improcedencia
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del causante y, en esa medida, no se configuró una vía de hecho. Como
consecuencia de lo anterior, solicitó que se negaran las pretensiones de la
presente solicitud de amparo.

27. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - CREMIL15 puso de
presente que actuó conforme a derecho y que los actos administrativos
proferidos gozaban de presunción de legalidad. En consecuencia, solicitó
declarar improcedente la presente solicitud de amparo.

28. Nubia Margarita Rozo Bellón, a pesar de haber sido notificada en
debida forma, guardó silencio16.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

29. La Sala centrará su análisis en la Sentencia de 21 de marzo de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca porque, aunque también se enjuició la
sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 16 Administrativo
de Bogotá, lo cierto es que, con ocasión de los recursos de apelación, la
decisión del tribunal fue la que resolvió el litigio. Aunado a ello, ante una
eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que
resolvió la controversia en segunda instancia, la encargada de dar
cumplimiento a lo que se ordene.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional, por
las siguientes razones:

31. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a

15 Índice 11 en el aplicativo SAMAI
16 Como consta en el índice 9 y 23 del aplicativo SAMAI.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional17.

32. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental18. Igualmente, en Sentencia SU-295
de 202319, estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de
tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos,
(2) perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir
debates concluidos.

33. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto20; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario21; y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad22.

34. Bajo este entendido, la Sala considera que, pese a que la parte actora
hizo referencia a que existía una vulneración de sus garantías
constitucionales, lo cierto es que tal argumento no resulta suficiente para
explicar por qué esta controversia tiene una marcada trascendencia
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, es más no
cumplió con la carga argumentativa mínima en relación con los defectos
sustantivo y violación directa de la Constitución, pues, se limitó a alegar su
configuración, sin especificar las razones por las cuales la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales.

17 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
18 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
19 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
20 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
21 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
22 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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35. Frente a los demás defectos alegados, la Sala observó que lo
pretendido fue revivir un debate propio del juez natural sobre una situación
definida y consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela,
como una instancia adicional, se estudiaran nuevamente aspectos
relacionados con la acreditación de la convivencia, la valoración de
pruebas y la observancia de jurisprudencia para el reconocimiento y pago
de la pensión de sobreviviente reclamada.

36. Esas inconformidades fueron planteadas por la accionante, ante el
juez del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto
en la contestación de la demanda23 como en el recurso de apelación que
presentó en contra de la decisión de primera instancia24, y que, ahora, son
reiteradas en la acción de tutela bajo la aparente vulneración de sus
derechos fundamentales y la configuración de una vía de hecho, un
defecto material o sustantivo, desconocimiento del precedente y una
vulneración directa de la constitución.

37. En esa medida, se advierte que la parte buscó que, a través de la
acción de tutela, se estudiaran aspectos que ya fueron resueltos, es decir,
utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional. Debe
precisarse que, tales argumentos fueron abordados y resueltos por la

23 “(…) LUIS ALEJANDRO MUÑOZ PRADA, además de haber estado casado con mi poderdante desde el 23 de

mayo de 1979, mantuvo una relación de cariño confianza y apoyo mutuo, pues manejaban negocios juntos, sin
que existieran secretos entre ellos dos.
(…)
LUIS ALEJANDRO MUÑOZ PRADA vivía en la casa con su esposa y compañera MARINA MARTINEZ hasta días antes
de su muerte, era imposible porque ellos manejaban los negocios de la familia, negocios que estaban la mayoría
a nombre de mi cliente la señora MARINA MARTINEZ y el señor ALEJANDRO MUÑOZ era el que los administraba, por
lo que tenían que verse continuamente para hacer cuentas y otras cosas de los negocios, mi poderdante se
hubiese dado cuenta de alguna otra relación por faltantes de plata, viajes, ausencias o por los empleados. Por
ese motivo no pudo haberse dado ninguno de los requisitos permanentes de convivencia, no pudo compartir
vivienda, comida, ayuda mutua, socorro y menos armonía familiar con la señora Nubia, pues el causante
compartía, vivía, con su única familia, hijos y su compañera la señora MARINA MARTINEZ.
(…)
El causante y la señora Marina para esa época sufrieron del covid 19, estuvieron en la clínica y luego en
tratamiento y recuperación en la casa, el hogar de ambos con la familia sus dos hijos en recuperación esto del
año 2020 al 2021, entonces como afirma la señora Nubia que convivio con el causante y no estaba enterada de
la enfermedad del covid 19 que tenía el causante, tampoco estuvo en los últimos días de la muerte del causante,
mucho menos lo acompaño en su enfermedad.2”
24 En el recurso presentado por la accionante se indicó (se trascribe): “El Juzgado de primera instancia no tuvo en

cuenta el abundante y suficiente material probatorio que reposa en el expediente tales como: declaraciones Bajo
juramento, testimonios, fotos familiares, cedula, carnet servicios médicos, pasaporte y visa del señor causante
Alejandro Muñoz, certificado de cámara y comercio de los negocios que ambos tenían, contratos de arriendo y
demás.
(…) pues fue su esposa y compañera a pesar de haber liquidado la sociedad conyugal, “esta se originó por cuidar
el patrimonio familiar (hijos) de algún embargo o amenaza”, por los distintos negocios que tenían, pero continuaron
viviendo juntos con sus hijos, esto esta ratificado por los testimonios y pruebas obrantes en el expediente, las mismas
declaraciones bajo juramento que no fueron tenidas en cuenta.
(…) que había ayuda mutua, cariño, armonía, según los testigos de la señora Marina a quien le toco varias veces
cuidar del señor Alejandro en sus enfermedades y en la pandemia “covid”, ambos se cuidaron, pues estando
juntos ambos adquirieron el covid, cosa que no paso con la señora Nubia pues no estaban juntos, son requisitos:
la convivencia, la ayuda mutua, vivir bajo el mismo techo, que la señora Nubia debe demostrar para acceder a
este derecho, según dice la Corte y la Jurisprudencia.
(…)
Se allegaron copias de las declaraciones bajo la gravedad de juramento, de las personas que no fueron
escuchadas por algún motivo, (…), pruebas que no se tuvieron en cuenta por el Juzgado.
(…)
Además, citó la siguiente jurisprudencia (se trascribe): “JURISPRUDENCIA (Sentencia 37825 de 2011 Corte Suprema
de Justicia / F_CSJ_SCL_37825(29_06_11)_2011) (…) Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia, SL 2433-
2024 (99858), 14/agosto de 2024”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03197-00
Demandante: Marina Martínez Ardila
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________

Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en los siguientes términos (se trascribe):

“(…) Ahora, se verifican las declaraciones con fines extra procesales que
fueron aportadas como pruebas por la parte vinculada, esto es de los señores
SAMANDA QUINTANA MARTÍNEZ, ABELARDO MARTÍNEZ ARDILA, YORS
ALEXANDER GARCÍA OLAYA y LUIS ENRIQUE ROZO (…). Aunado a lo anterior,
observa la Sala que fueron aportados varios documentos, que dan cuenta de
la existencia de establecimientos de comercio y negocios (…).

Analizado el material probatorio, las documentales y testimoniales aportadas
en el curso de la actuación judicial, así como los antecedentes administrativos
que fueron allegados ante CREMIL, puede evidenciar la Sala que en efecto
los señores LUIS ALEJANDRO y MARINA estuvieron casados desde el año de
1979, que liquidaron su sociedad conyugal en el año de 1995, por presuntos
problemas de amenazas recibidas por el causante y para proteger el
patrimonio de la familia, pero que en el año de 1996 se divorciaron conforme
a sentencia emitida por el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, la cual está
debidamente registrada en el Registro Civil de Matrimonio.

En este punto, debe destacar la Sala que, la parte vinculada en un principio
trató de ocultar el registro de la sentencia de divorcio que medió entre las
partes, pues aportó un Registro Civil de Matrimonio que no contenía la nota
marginal, aspecto este que da cuenta que la parte vinculada no estaba
interesada en demostrar la realidad de como ocurrieron los hechos, hecho
este que podría llegar a incurrir en error a la entidad, así como al operador
judicial, pues como quedó expuesto en párrafos que preceden (en el marco
normativo aplicable), la existencia de una sentencia de divorcio
debidamente registrada, si cuenta con implicaciones diferentes en lo que
tiene que ver con el reconocimiento de la asignación de retiro, respecto a la
sola existencia de la liquidación de la sociedad conyugal.

Dicho esto, debe precisarse que, al analizar las declaraciones extra procesales
aportadas en sede administrativa y judicial estás dan cuenta de manera
general sobre la presunta convivencia entre los señores LUIS ALEJANDRO
MUÑOZ PRADA y MARINA MARTÍNEZ ARDILA, pero no evidencian que los
declarantes conocieran de manera real la situación de convivencia entre la
pareja, pues tan solo se limitan a señalar una fecha de inicio (matrimonio) y
una fecha de culminación de la convivencia (muerte del causante), sin hacer
mención alguna a la liquidación de la sociedad conyugal, el divorcio, ni
mucho menos que los señores en mención no convivieran bajo el mismo
techo.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que de las declaraciones del señor MELKIN
(hijo del causante) y la señora MARINA, se puede verificar en debida forma
que el señor LUIS ALEJANDRO siempre tuvo su residencia en el apartamento
ubicado en el norte de Bogotá, esto es en la calle 167 No. 51-40, interior 15,
apartamento 301. Se evidencia de estas declaraciones, que el causante
nunca dormía en este lugar, ni tomaba sus alimentos, tampoco era quien
asumía los gastos del hogar, pues su hijo y ex esposa afirmaron de manera
certera que, el fallecido vivía en su apartamento de la calle 167. En el mismo
relato, se afirma que el señor en mención tenía un hotel denominado Tayrona
en la ciudad de Tocaima, y que allí también pasaba parte de su tiempo, pero
nunca hicieron mención a que compartiera de manera diaria, habitual,
permanente, con la señora MARINA en el apartamento donde vivía(....)

De otro lado, debe destacarse que, la señora MARINA de manera alguna
dependía económicamente del señor LUIS ALEJANDRO, por el contrario, lo
que puede evidenciar la Corporación era que esa relación que tuvieron
después del divorcio, no se trataba de una sentimental, de apoyo y ayuda

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03197-00
Demandante: Marina Martínez Ardila
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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mutua, sino derivaba de los negocios o establecimientos comerciales que
tenían juntos, en los cuales trabajaban y de los que se presume cada uno
obtenía sus ganancias. Aunado a lo anterior, lo que evidencia la Sala de
Decisión, conforme el señor MELKIN afirmó, y fue ratificado por la señora
MARINA en su declaración, el señor MUÑOZ PRADA estuvo pendiente de sus
hijos, por lo que resulta claro que, compartieran espacios (…), sin que por ello
pueda afirmarse que mantenían un vínculo de pareja, de auxilio, de ayuda
mutua y espiritual, elementos estos que son de vital importancia evidenciar,
para establecer el derecho que hoy se reclama.

De otro lado, si bien se aporta la historia clínica emitida por el Hospital Militar
en la que se evidencia que el señor LUIS ALEJANDRO MUÑOZ PRADA aparecía
como casado, infiere la Sala esto obedece al mismo hecho de que el
causante nunca puso de presente ante CREMIL el cambio de su estado civil al
de divorciado de la señora MARINA, lo que ratifica la afirmación efectuada
por esta Corporación en cuanto a que la ex pareja terminó su relación en
buenos términos, y por esta razón pudo ser que el ex militar decidió mantener
su estatus ante la entidad como de casado.

Se demuestra también que siempre figuró como acompañante o responsable
la señora MARÍA MARI MUÑOZ, quien se presume es la hermana del fallecido,
(…) la que acompañó al causante al Hospital Militar cuando este se enfermó.
Debe también destacarse que, se reporta como dirección la de calle 167 No.
51-40 interior 15 apartamento 301, lugar este que como se indicó, era donde
el causante vivía. Hecho este que se reitera, por cuanto para el momento en
que el señor MUÑOZ PRADA tuvo que ser hospitalizado la señora MARINA y sus
hijos estaban de viaje en Aruba, por lo que la vinculada no estuvo en esos
momentos en que el causante requirió de su ayuda, y evidencia que la salud
del ex militar no era prioridad de la peticionaria, (…).

Así las cosas, concluye la Sala de Decisión que, entre los señores LUIS
ALEJANDRO MUÑOZ PRADA y MARINA MARTÍNEZ ARDILA existió una relación
de pareja como esposos que culminó en el año de 1996, y que con
posterioridad, la relación mutó a una de carácter comercial por los negocios
que compartían, y también puede decirse de cierta cercanía por la relación
marital que sostuvieron durante varios años, y los hijos que existían, lo que
implica que siempre iban a estar de cierta manera unidos y coincidir en
diferentes asuntos, situaciones o lugares, sin que ello implique la existencia de
una relación o unión de pareja. Mucho menos se evidencia que la peticionaria
dependiera económicamente del causante, ni que entre estos existiera apoyo
emocional, ayuda de manera diaria, habitual, mutua, ni que uno o el otro se
brindara amor, o estuvieran pendientes de esas situaciones (…).”

38. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
el cual puso de presente las razones por las cuales consideró que existían
fundamentos suficientes para confirmar la decisión que negó las
pretensiones de reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente.

39. Con lo anterior, la señora Martínez Ardila pretendió darle el cariz de
vicio o defecto a dicha situación, pero es evidente que los fundamentos que
soportan el reparo son una reproducción de los argumentos que fueron
planteados en la contestación y en el recurso de apelación, además, lo que
se observa es que, la accionante no está conforme con la valoración
realizada por la autoridad judicial accionada.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03197-00
Demandante: Marina Martínez Ardila
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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40. En consecuencia, se recuerda que la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía acción de tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional25.

2.3. Conclusión

41. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Marina Martínez Ardila, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta, deberán dirigirlos, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin26.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

25 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

26 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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