RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03197-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03197-01

Fecha
6 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03197-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 21 de julio de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela. Para en su lugar, Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por la señora Marina Martínez Ardila, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03197-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho

Decisión: Revoca improcedencia para negar las pretensiones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada la parte actora contra la providencia del 21 de julio de
2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El23 de mayo de 1979, el señor Luis Alejandro Muñoz Prada contrajo
matrimonio con la señora Marina Martínez Ardila. Asimismo, mediante Resolución
0468 del 29 de abril de 1987, CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de una
asignación de retiro a favor del causante.

3. El 5 de diciembre de 1995 a través de la escritura pública 7092, se disolvió el
matrimonió y, luego, mediante sentencia de 4 de junio de 1996, se declaró la
cesación de los efectos civiles del matrimonio católico.

4. El 21 de diciembre de 2021, el señor Luis Alejandro Muñoz Prada falleció, razón
por la que las señoras Nubia Margarita Rozo Bellón y Marina Martínez Ardila, de
manera individual solicitaron ante CREMIL, el reconocimiento y pago de la
sustitución de asignación de retiro. Sin embargo, dichas solicitudes fueron
negadas por la entidad por medio de las resoluciones 6521 de 7 de junio de 2022
y 9724 de 8 de octubre de 2022, respectivamente.

5. Con ocasión de lo anterior, la señora Nubia Margarita Rozo Bellón en ejercicio

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó las
resoluciones por las cuales se le negó el reconocimiento de la sustitución de
asignación de retiro, razón por la cual, se vinculó al proceso ordinario a la señora
Marina Martínez Ardila como interviniente ad excludendum, por lo tanto, en la
contestación de la demanda requirió el mismo reconocimiento por haber estado
casada con el causante.

6. El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá por medio de
sentencia del 24 de octubre de 2024 negó las pretensiones de la demanda de la
señora Rozo Bellón por no haber acreditado la convivencia continua durante los 5
años anteriores al fallecimiento del causante. En cuanto a la señora Martínez
Ardila, expuso que, aunque estuvo casada con el causante, al haberse divorciado
en 1995, no tenía derecho a la sustitución pensional.

7. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B mediante sentencia del 21 de marzo de 2025 resolvió
confirmar la anterior decisión.

2.2. Fundamento jurídico

8. La parte actora señaló que en la providencia cuestionada se incurrió en un
defecto fáctico por omisión en la valoración del material probatorio,
particularmente, hizo referencia a las «declaraciones bajo juramento, testimonios,
fotos familiares, cédula, carnet de servicios médicos, pasaporte y visa del señor
causante Alejandro Muñoz, (…) los certificados de cámara y comercio de los
negocios que ambos tenían, contratos de arriendo y demás» que, a su juicio,
demostraban que convivió con el causante por más de 40 años.

9. Asimismo, alegó un desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional
contenido en la sentencia T 281 de 2016 y de la Corte Suprema de Justicia con
radicados SL 85825 de 2022, SL3651-2022, SL 5201-2021, SL-3651 de 2022,
2011, SL2433 de 2024, en las que, a su juicio, establecen que el divorcio no
elimina el tiempo de convivencia, y que no deben ser 5 años inmediatamente
anteriores a la muerte del causante.

10. Asimismo, alegó que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo, toda vez
no tuvo en cuenta «la Ley, la Constitución (…), los precedentes judiciales, la
Jurisprudencia (…) normas que determinan la gravedad y los efectos que produjo
en el afectado y su familia por la falla de la administración.»

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que se cita:

«(…)
PRIMERO: TUTELAR; los derechos fundamentales de la demandante, la
vulneración del derecho a la igualdad, al debido proceso, al derecho de defensa,
al derecho del mínimo vital en condiciones dignas y justas, que están siendo
vulnerados por los entes accionados, igualmente el acceso efectivo a la
administración de Justicia, la violación directa de la constitución y demás normas
concordantes, la jurisprudencia.

SEGUNDO: DECLARAR, que el fallo de fecha 21 de marzo de 2025, y el fallo de

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

fecha 24 de octubre del 2024, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUB SECCIÓN B, y el JUZGADO 16
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD respectivamente, así como los actos
Administrativos demandados, vulneraron los derechos insertos en los artículos 13,
29, 31, 83, 87, 228, 229 y 230 de la Constitución Política de Colombia y demás
normas de derecho internacional. Así como la jurisprudencia de las Cortes en
estos casos.

TERCERO: REVOCAR o dejar sin efecto los fallos de fecha 21 de marzo de 2025
y fallo de fecha 24 de octubre del 2024, proferidos por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN
B, y el JUZGADO 16 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD, respectivamente, dentro
del proceso No. 2023 - 00043, donde es demandante la compañera del Militar
MARINA MARTINEZ ARDILA, y en su lugar acceder a las pretensiones de la
demanda.

CUARTO: Se declaré la nulidad de los actos administrativos Nos. 6521 de 07 de
junio de 2022 y No. 9724 de octubre 08 de 2022, proferidos por la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares, mediante las cuales se niega el reconocimiento y pago
de la sustitución de la asignación de retiro, en favor de mi poderdante.

QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, se reconozca la sustitución de la asignación de retiro en favor de mi
poderdante MARINA MARTINEZ ARDILA compañera del exmilitar LUIS
ALEJANDRO MUÑOZ PRADA (q.e.p.d.), de conformidad con todo el material
probatorio que obra dentro del expediente y la Jurisprudencia de las altas Cortes.»
(Sic)

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección B, de la
Sección Tercera, del Consejo de Estado mediante auto del 3 de junio de 2025 a
través del cual se ordenó notificar Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B y al Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá
como accionados y a la Nación - Ministerio de Defensa, Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares - CREMIL y Nubia Margarita Rozo Bellon, como terceros
interesados en el asunto.

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B manifestó que la decisión cuestionada no adolece de defecto
alguno porque se valoraron las pruebas en debida forma, y es precisamente en
aplicación de los postulados constitucionales, normativos y jurisprudenciales, que
la señora Martínez Ardila no acreditó los requisitos, ni las condiciones para ser
acreedora de la sustitución de la asignación de retiro.

14. El Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá después de hacer un
recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario solicitó
declarar improcedente el mecanismo constitucional, o, en su defecto negar el
amparo, al considerar que no desplegó conducta alguna de la que se predicara
vulneración de los derechos fundamentales que se invocaron en protección.

15. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela porque la decisión cuestionada en esta sede fue
proferida con sujeción al ordenamiento jurídico.

16. No se rindieron más informes.

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

2.5. Sentencia impugnada

17. El Consejo de Estado de la Sección Tercera de la Subsección B mediante
sentencia del 21 de julio de 2025 resolvió declarar la improcedencia del
mecanismo constitucional, al considerar que no se acreditó el requisito de
relevancia constitucional.

18. Al respecto, señaló que, si bien se hizo referencia a que existía una vulneración
de sus garantías constitucionales, lo cierto es que tal argumento no resultaba
suficiente para explicar por qué la controversia tenía una marcada trascendencia
constitucional que ameritara la intervención del juez de tutela. Máxime cuando no
cumplió con la carga argumentativa mínima en relación con los defectos
sustantivo y violación directa de la Constitución.

19. En cuanto a los demás defectos observó que lo pretendido con la interposición
de la acción de tutela era revivir un debate propio del juez natural sobre una
situación definida y consolidada.

2.6. Impugnación

20. La parte actora insistió en los argumentos de la demanda de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

22. La Sala aclara que, si bien en la demanda de tutela se invocó un defecto
sustantivo, lo cierto es que la parte accionante no argumentó de qué manera la
autoridad judicial accionada incurrió en la referida causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues, solo se limitó
a señalar de manera genérica que el Tribunal no tuvo en cuenta «la Ley, la
Constitución (…), los precedentes judiciales, la Jurisprudencia (…) normas que
determinan la gravedad y los efectos que produjo en el afectado y su familia por
la falla de la administración», pero no expuso de manera concreta las razones por
las cuales considera que la decisión cuestionada adolece de tal defecto.

23. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo en lo
atinente a dichos reparos, en caso de superar los presupuestos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales.

3.3. Problema jurídico

24. Deconformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

Subsección B, al proferir la sentencia del 21 de marzo 2025, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, mínimo vital al incurrir en los
defectos fáctico y desconocimiento de precedente. Previamente, deberá
verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de relevancia
constitucional que no fue acreditado en primera instancia.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

25. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

28. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto
es, el 31 de marzo de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 26
de mayo de la presente anualidad.

3.4.1.4. Contrario a lo sostenido en la providencia impugnada, la Sala concluye
que el presente asunto es de marcada relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido proceso,
igualdad, defensa, mínimo vital como consecuencia de los defectos fáctico y
desconocimiento de precedente.

En efecto, se argumenta razonablemente que la autoridad judicial accionada
desconoció las pautas fijadas en la sentencia T 281 de 2016 de la Corte
Constitucional y las decisiones con radicados SL 85825 de 2022, SL3651-2022,
SL 5201-2021, SL-3651 de 2022, 2011, SL2433 de 2024 de la Corte Suprema de
Justicia, en los que establecen que el divorcio no elimina el tiempo de convivencia,
y que no deben ser 5 años inmediatamente anteriores a la muerte del causante.
Así como también una indebida valoración del material probatorio.

29. Así las cosas, no es cierto que no sustentó en qué defectos incurrió la autoridad
judicial al momento de proferir la decisión que en sede de tutela se cuestiona. Por
lo tanto, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

30. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o valora la

1 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,

T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
2 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva3, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

31. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»4.

32. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.6. Desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

33. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 5, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara
y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

34. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela.

35. Respecto del precedente vertical6, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

36. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge

3 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
5 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso7.

37. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la
igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la
sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los
justiciables ningún género de discriminación8.

38. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.7. Análisis del defecto fáctico y desconocimiento de precedente en el caso
concreto

39. Al respecto, la parte actora sostiene que la decisión cuestionada adolece de un
defecto fáctico porque el Tribunal no valoró el material probatorio, particularmente
hizo referencia a las «declaraciones bajo juramento, testimonios, fotos familiares,
cedula, carnet servicios médicos, pasaporte y visa del señor causante Alejandro
Muñoz, (…) los certificados de cámara y comercio de los negocios que ambos
tenían, contratos de arriendo y demás» que, a su juicio, demostraban que convivió
con el causante por más de 40 años.

40. Asimismo, alegó un desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional
contenido en la sentencia T 281 de 2016 y de la Corte Suprema de Justicia con
radicados SL 85825 de 2022, SL3651-2022, SL 5201-2021, SL-3651 de 2022,
2011, SL2433 de 2024, en los que establecen que el divorcio no elimina el tiempo
de convivencia, y que no deben ser 5 años inmediatamente anteriores a la muerte
del causante.

41. Deconformidad con el material probatorio, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B mediante sentencia del 21 de
marzo de 2025 confirmó la decisión de primer grado, al considerar:

«En providencia del 23 de septiembre de 2021, con ponencia del Consejero Gabriel
Valbuena Hernández, proferida dentro del expediente radicado bajo el No. 0332-20,
manifestó:

(…) (viii). Bajo esa línea argumentativa y atendiendo la jurisprudencia de esta
Corporación con respecto a asuntos similares al aquí debatido, la liquidación de
la sociedad conyugal no puede ser un obstáculo para que la señora (...) sea
beneficiaria de la sustitución de la pensión de su esposo.
Aunado a ello, no puede dejarse de lado que la demandante es una persona en
estado de debilidad manifiesta y por ende, sujeto de especial protección
constitucional y, en esa medida, beneficiaria de mayores garantías.

(ix). En ese orden de ideas y atendiendo a la finalidad de la pensión de
sobrevivientes la cual se constituye en un derecho fundamental, si de su
reconocimiento depende que se materialicen las garantías de los beneficiarios

7 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
8 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, por razones de tipo
económico, físico o mental.

En el sub examine se demostró que la señora Silvia Galvis de Montalvo tiene en
este momento 92 años, que padece de múltiples enfermedades que afectan
gravemente su salud y que no cuenta con los recursos necesarios para vivir
dignamente, pues nunca trabajó, siempre quedó al cuidado del hogar y de sus
hijos, dependiendo económicamente siempre de su esposo, el señor Francisco
Javier Montalvo Castañeda.

De lo expuesto, colige la Sala que, a pesar de haberse liquidado la sociedad
conyugal entre la señora Silvia Galvis de Montalvo y Francisco Javier Montalvo,
la pareja continuó apoyándose mutuamente, en las que se otorgaron afecto,
ayuda mutua, y solidaridad. (…)”
2.4.- Del caso en concreto. -
(…)
Ahora, se observa que con ocasión del fallecimiento del señor LUIS ALEJANDRO
MUÑOZ PRADA, las señoras NUBIA MARGARITA ROZO BELLÓN y MARINA
MARTÍNEZ ARDILA se presentaron ante CREMIL a solicitar el reconocimiento y pago
de la sustitución de la asignación de retiro percibida por el ex militar, en sus
condiciones de compañera permanente y cónyuge supérstite, respectivamente.

En consecuencia, CREMIL a través de la de Resolución No. 6521 de 2022, niega el
reconocimiento y pago de la sustitución de asignación de retiro solicitada por las
señoras en mención, al considerar que ninguna de las solicitantes logró acreditar la
convivencia con el señor LUIS ALEJANDRO MUÑOZ PRADA, toda vez que la señora
MARINA MARTÍNEZ ARDILA tenía la sociedad conyugal disuelta, y sentencia de
divorcio debidamente registrada; y no precisó depender económicamente del ex militar
(…).
(…)
En primera medida se observa que los señores LUIS ALEJANDRO MUÑOZ PRADA
y MARINA MARTÍNEZ ARDILA contrajeron nupcias por el rito católico el 23 de mayo
de 1979, y de esta unión nacieron sus hijos de nombres MELKIN ALEXANDER (25 de
agosto de 1980) y AMANDA MILENA MUÑOZ MARTÍNEZ (20 de octubre de 1986).

De la misma manera se tiene que, por medio de Escritura Pública No. 7092 del 5 de
diciembre de 1995, los señores LUIS ALEJANDRO MUÑOZ PRADA y MARINA
MARTÍNEZ ARDILA acordaron de común acuerdo disolver y liquidar la sociedad
conyugal creada por el vínculo del matrimonio. Y al verificar el Registro Civil de
Matrimonio, se observa nota marginal en la que se indica “por sentencia de junio 4 de
1996, comunicado por oficio No. 1058 de junio 19 de 1996 del Juzgado Décimo de
Familia de Santa Fe de Bogotá, se decretó la cesación de los efectos civiles del
matrimonio católico a que se refiere esta acta. Hoy octubre 16 de 1996”.

De otro lado, evidencia la Sala que, pese a que la pareja desde el año de 1996 se
divorció y liquidó la sociedad conyugal, el señor LUIS ALEJANDRO nunca informó a
CREMIL sobre la modificación de su estado civil, y por esta razón la entidad mantuvo
los servicios de salud en favor de la señora MARINA MARTÍNEZ ARDILA, así como
los servicios en los clubes a los que se encontraba afiliado el causante por su
condición de militar.

Ahora, se verifican las declaraciones con fines extra procesales que fueron aportadas
como pruebas por la parte vinculada, esto es de los señores SAMANtA QUINTANA
MARTÍNEZ, ABELARDO MARTÍNEZ ARDILA, YORS ALEXANDER GARCÍA OLAYA
y LUIS ENRIQUE ROZO (este último también rindió declaración en el curso del
proceso), quienes coinciden en afirmar que conocían a la pareja y que estos
convivieron desde el momento en que se casaron en el año 1979 y hasta la muerte
del señor LUIS ALEJANDRO, compartiendo lecho, techo y mesa, y dan cuenta de la
existencia de dos hijos. Aunado a lo anterior, observa la Sala que fueron aportados
varios documentos, que dan cuenta de la existencia de establecimientos de comercio
y negocios de propiedad de los señores LUIS ALEJANDRO MUÑOZ PRADA y
MARINA MARTÍNEZ ARDILA, lo que se ratifica con las afirmaciones efectuadas por
los declarantes en el curso de la audiencia de pruebas, quienes afirmaron que los
señores en mención tenían varios negocios en el centro de Bogotá (restaurantes y
residencias) de nombres Media Luna I y Media Luna II.

Analizado el material probatorio, las documentales y testimoniales aportadas en el

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

curso de la actuación judicial, así como los antecedentes administrativos que fueron
allegados ante CREMIL, puede evidenciar la Sala que en efecto los señores LUIS
ALEJANDRO y MARINA estuvieron casados desde el año de 1979, que liquidaron su
sociedad conyugal en el año de 1995, por presuntos problemas de amenazas
recibidas por el causante y para proteger el patrimonio de la familia, pero que en el
año de 1996 se divorciaron conforme a sentencia emitida por el Juzgado Décimo de
Familia de Bogotá, la cual esta debidamente registrada en el Registro Civil de
Matrimonio.

En este punto, debe destacar la Sala que, la parte vinculada en un principio trató de
ocultar el registro de la sentencia de divorcio que medió entre las partes, pues aportó
un Registro Civil de Matrimonio que no contenía la nota marginal, aspecto este que
da cuenta que la parte vinculada no estaba interesada en demostrar la realidad de
como ocurrieron los hechos, hecho este que podría llegar a incurrir en error a la
entidad, así como al operador judicial, pues como quedó expuesto en párrafos que
preceden (en el marco normativo aplicable), la existencia de una sentencia de divorcio
debidamente registrada, si cuenta con implicaciones diferentes en lo que tiene que ver
con el reconocimiento de la asignación de retiro, respecto a la sola existencia de la
liquidación de la sociedad conyugal.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que de las declaraciones del señor MELKIN (hijo del
causante) y la señora MARINA, se puede verificar en debida forma que el señor LUIS
ALEJANDRO siempre tuvo su residencia en el apartamento ubicado en el norte de
Bogotá, esto es en la calle 167 No. 51-40, interior 15, apartamento 301. Se evidencia
de estas declaraciones, que el causante nunca dormía en este lugar, ni tomaba sus
alimentos, tampoco era quien asumía los gastos del hogar, pues su hijo y ex esposa
afirmaron de manera certera que, el fallecido vivía en su apartamento de la calle 167.
En el mismo relato, se afirma que el señor en mención tenía un hotel denominado
Tayrona en la ciudad de Tocaima, y que allí también pasaba parte de su tiempo, pero
nunca hicieron mención a que compartiera de manera diaria, habitual, permanente,
con la señora MARINA en el apartamento donde vivía ella y sus dos hijos, ubicado en
Unicentro de la ciudad de Bogotá.

De otro lado, debe destacarse que, la señora MARINA de manera alguna dependía
económicamente del señor LUIS ALEJANDRO, por el contrario, lo que puede
evidenciar la Corporación era que esa relación que tuvieron después del divorcio, no
se trataba de una sentimental, de apoyo y ayuda mutua, sino derivaba de los negocios
o establecimientos comerciales que tenían juntos, en los cuales trabajaban y de los
que se presume cada uno obtenía sus ganancias.

Aunado a lo anterior, lo que evidencia la Sala de Decisión, conforme el señor MELKIN
afirmó, y fue ratificado por la señora MARINA en su declaración, el señor MUÑOZ
PRADA estuvo pendiente de sus hijos, por lo que resulta claro que, compartieran
espacios como cumpleaños, el grado de sus hijos y fechas de navidad, o algunos que
involucraban los logros de sus hijos (…) sin que por ello pueda afirmarse que
mantenían un vínculo de pareja, de auxilio, de ayuda mutua y espiritual, elementos
estos que son de vital importancia evidenciar, para establecer el derecho que hoy se
reclama.
(…)
Se demuestra también que siempre figuró como acompañante o responsable la
señora MARÍA MARI MUÑOZ, quien se presume es la hermana del fallecido, por los
apellidos y por la misma declaración de la vinculada, quien afirmó que fue la hermana
la que acompañó al causante al Hospital Militar cuando este se enfermó. Debe
también destacarse que, se reporta como dirección la de calle 167 No. 51-40 interior
15 apartamento 301, lugar este que como se indicó, era donde el causante vivía.
Hecho este que se reitera, por cuanto para el momento en que el señor MUÑOZ
PRADA tuvo que ser hospitalizado la señora MARINA y sus hijos estaban de viaje en
Aruba, por lo que la vinculada no estuvo en esos momentos en que el causante
requirió de su ayuda, y evidencia que la salud del ex militar no era prioridad de la
peticionaria, ni mucho menos estaba pendiente de lo que le sucediera.»

Así las cosas, concluye la Sala de Decisión que, entre los señores LUIS ALEJANDRO
MUÑOZ PRADA y MARINA MARTÍNEZ ARDILA existió una relación de pareja como
esposos que culminó en el año de 1996, y que con posterioridad, la relación mutó a
una de carácter comercial por los negocios que compartían, y también puede decirse
de cierta cercanía por la relación marital que sostuvieron durante varios años, y los
hijos que existían, lo que implica que siempre iban a estar de cierta manera unidos y

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

coincidir en diferentes asuntos, situaciones o lugares, sin que ello implique la
existencia de una relación o unión de pareja. Mucho menos se evidencia que la
peticionaria dependiera económicamente del causante, ni que entre estos existiera
apoyo emocional, ayuda de manera diaria, habitual, mutua, ni que uno o el otro se
brindara amor, o estuvieran pendientes de esas situaciones que los afectara de
manera personal.
(…)»

42. De las transcripciones relacionadas previamente se desprende que la autoridad
judicial accionada realizó un análisis probatorio integral en consonancia con las
reglas de la sana critica, lo que le permitió concluir que en el presente asunto se
debía negar las pretensiones respecto la señora Marina Martínez Ardila, toda vez
que no acreditó los requisitos para sustitución de la asignación de retiro.

43. Al respecto, la Sala observa que el Tribunal realizó un examen detallado y
razonado del acervo probatorio, tanto de las pruebas documentales como las
declaraciones extraprocesales y testimoniales, a partir del cual concluyó que, si
bien existió un vínculo matrimonial desde 1979, lo cierto es que liquidaron y
disolvieron de la sociedad conyugal en 1995 y con posteridad se divorciaron en
1996, de conformidad con la sentencia proferida por el Juzgado Décimo de Familia
de Bogotá.

44. Adicionalmente, para el Tribunal tampoco se acreditó la dependencia
económica ni el apoyo emocional o espiritual entre la señora Martínez Ardila y el
causante, razones por las cuales consideró que no se cumplían los presupuestos
exigidos para el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro.

45. En ese sentido, para Sala la decisión cuestionada no se basó en la omisión o
exclusión injustificada de medios de prueba, sino en una ponderación razonada
de los elementos obrantes en el expediente, en la medida que, para la autoridad
judicial, si bien existió una relación de pareja como esposos que culminó en el año
de 1996, lo cierto es que dicho vinculo mutó a uno de carácter comercial por los
negocios.

46. De lo anterior se desprende que la valoración probatoria efectuada por la
autoridad judicial accionada se enmarca dentro de su margen de apreciación
judicial y no resulta arbitraria, irracional ni caprichosa, por lo que no se configura
el defecto fáctico endilgado.

47. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con que
cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de discrecionalidad,
cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva fundada en la
lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar los
pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión
como violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto puesto
que se trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable al amparo
de los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial9.

48. Finalmente, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, de los
parámetros fijados en la sentencias en la sentencia T 281 de 2016 de la Corte

9 Sentencia T-106 de 2000.

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

Constitucional y las decisiones con radicados SL 85825 de 2022, SL3651-2022,
SL 5201-2021, SL-3651 de 2022, 2011, SL2433 de 2024 de la Corte Suprema de
Justicia, dado que la autoridad judicial realizó una interpretación armónica entre
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el asunto bajo
estudio, lo que le permitió inferir que no se cumplían los presupuestos exigidos en
el ordenamiento jurídico para el reconocimiento de la sustitución de la asignación
de retiro.

49. Así las cosas, para la Sala, la autoridad judicial accionada no desatendió los
criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto, sino que los integró y aplicó,
dentro del marco de su autonomía judicial.

50. De modo que, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento
de precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de
derechos fundamentales.

51. En ese sentido, se concluye que la decisión objeto de cuestionamiento contiene
una carga argumentativa suficiente y razonable, por lo que no es dable
considerarla como constitutiva de defecto alguno, pues, por el contrario,
corresponde al ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces, conforme se
deduce del contenido normativo de los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial.

52. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún
defecto, sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la
interpretación efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada
la finalidad prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez
constitucional.

53. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez10, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.

54. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala procederá a
revocar la decisión de primer grado para, en su lugar, negar el amparo
constitucional reclamado por la parte accionante, al no configurarse ninguna
vulneración ius fundamental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

10Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03197-01
Accionante: Marina Martínez Ardila

FALLA

Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 21 de julio de 2025
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la que
declaró la improcedencia de la acción de tutela. Para en su lugar,

Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por la señora Marina Martínez
Ardila, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.