Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03206-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03206-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03206-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
18 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03206-01
Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03206-01
Demandantes: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ Y OTROS1
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción por desacato en el
cumplimiento de un fallo de tutela. Defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico y violación directa de
la Constitución
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro
Yara contra la sentencia de 3 de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de mayo de 2025, la parte accionante pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, la tutela judicial efectiva, el buen nombre y el patrimonio, supuestamente
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de buen nombre, al patrimonio, al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso de los suscritos accionantes,
y en consecuencia, se ordene al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE ARMENIA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO - SALA
TERCERA DE DECISIÓN, dejar sin efectos la providencia fechada el 13 de mayo de
2025, proferida por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
ARMENIA, y en su lugar se efectúe la modulación del fallo de tutela.
SEGUNDO: Modulado el fallo de tutela, se ordene al JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL QUINDÍO - SALA TERCERA DE DECISIÓN, dejar sin efectos las providencias
fechadas 19 de febrero de 2024 y 14 de enero de 2025, mediante las cuales decidió
sancionar a los suscritos con multas de uno (1) y dos (2) SMLMV, en cumplimiento de la
Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la
medida que no hay posibilidad de desembolsar los recursos, señalar turnos, fechas o
plazos de pago y en la actualidad no cuentan con criterios que permitan acceder al pago
de la medida de indemnización de manera priorizada en la presente vigencia fiscal, con
fundamento en la Resolución No. 01049 de 2019.
1 Sandra Viviana Alfaro Yara y Lilia Clemencia Solano Ramírez
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TERCERO: DECLARAR la inexistencia de responsabilidad subjetiva en el trámite
incidental de desacato y en la falta de cumplimiento de la orden judicial.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
ARMENIA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO - SALA TERCERA DE
DECISIÓN, que comuniquen a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción
pecuniaria, dada la falta de responsabilidad subjetiva en el cumplimiento de la orden
judicial.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
ARMENIA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO - SALA TERCERA DE
DECISIÓN, a que acaten y apliquen los precedentes jurisprudenciales frente a la
procedencia del levantamiento de las sanciones, con base en la naturaleza persuasiva
del incidente de desacato”.
2. Hechos
De los documentos que obran en el expediente de tutela se encuentran los
siguientes hechos relevantes:
Relataron que la señora María Elisa García presentó acción de tutela contra la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (en adelante UARIV), con el fin de que se ampararan los derechos
fundamentales de petición y al debido proceso administrativo, vulnerados por la
falta de pago de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado.
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia en sentencia de 21 de
octubre de 2020, accedió al amparo constitucional solicitado y ordenó lo siguiente:
“Primero: AMPARAR los derechos fundamentales de petición y debido proceso
administrativo, de la señora MARÍA ELISA GARCÍA y de su núcleo familiar, conforme
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Ordenar a LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS, como medida de protección de los derechos fundamentales de la
tutelante como víctima del conflicto interno colombiano, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas (2 días) siguientes a la notificación del fallo, y con el fin de dar
respuesta de fondo a la petición, la UARIV asigne el respectivo turno GAC, para dentro
de los 30 días siguientes a las referidas 48 horas. A continuación, en un término
improrrogable de dos (2) meses se hará el trámite subsiguiente, que determinará si la
señora MARÍA ELISA GARCÍA y su núcleo familiar son acreedores a la indemnización
administrativa, y en caso positivo, el desembolso se realizará dentro de los cuatro (4)
meses siguientes, términos que se consideran prudenciales tanto para la entidad como
para la víctima, atendiendo, se itera el término que ha transcurrido desde la primera
petición a la fecha, como se indicó en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Prevenir al ente tutelado que, en caso de incumplimiento a la orden aquí
impartida, se hará acreedor a las sanciones previstas en las normas legales reguladoras
de la acción de tutela”.
Aseguraron que la UARIV en escrito de 29 de octubre de 2020, informó al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia que la señora María Elisa García ya
había cobrado los recursos por el hecho victimizante de homicidio y que no contaba
con los recursos para la medida por el hecho del desplazamiento. Por tanto, de
conformidad con la Resolución no. 1049 de 2019, era imposible asignarle un turno
y debía esperar el resultado favorable de la aplicación del método técnico de
priorización.
De igual modo, indicaron que la entidad explicó los motivos por los cuales no era
posible señalar una fecha de pago, porque ello crearía una falsa expectativa de las
víctimas respecto de los pagos que no dependen de la voluntad de la UARIV, sino
de la capacidad presupuestal asignada para cada vigencia fiscal.
2
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Bajo ese contexto, la parte accionante afirmó que la señora María Elisa García ha
promovido tres incidentes de desacato, sobre los cuales la UARIV ejerció su
derecho de defensa, informando a los despachos judiciales la imposibilidad de
otorgar un turno y, por tanto, la accionante debía esperar el resultado favorable de
la aplicación del método técnico de priorización.
Informaron que los dos primeros incidentes de desacato finalizaron de la siguiente
manera:
“- Auto de fecha 19 de febrero de 2024 donde sancionó por desacato a la orden a las
suscritas María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, con multa de un (1)
SMLMV, decisión que fue confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO - SALA TERCERA DE DECISIÓN en auto del 21 de febrero de 2024.
• Auto de fecha 14 de enero de 2025, sancionó por desacato a los suscritos
exfuncionarios Lilia Clemencia Solano Ramírez y Jesús Leandro Tarazona Moncada con
multa de dos (2) SMLMV, sanción que fue confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO - SALA TERCERA DE DECISIÓN en proveído del
15 de enero de 2025.
El tercer trámite incidental se encuentra en curso y a la fecha nos encontramos ante el
segundo requerimiento previo a su apertura”.
En ese orden, manifestaron que los argumentos expuestos por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Armenia en el auto de 14 de enero de 2025,
consistieron en que la entidad no acreditó el cumplimiento del desembolso de la
indemnización a la parte accionante ni se le informó la fecha cierta y probable del
pago, situación que demuestra su actuar negligente, además de considerar que la
UARIV no evidencia intención de cumplir el fallo de tutela, aunado a que dicha
sentencia no fue objeto de impugnación.
Asimismo, señalaron que el contenido de la providencia de 15 de enero de 2025 2,
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío se consideró que, en las
múltiples peticiones elevadas por la UARIV, no se evidenció ánimo de cumplir el
fallo que se encuentra en firme y tampoco ha demostrado la imposibilidad de cumplir
la orden judicial.
Así las cosas, afirmaron que la UARIV ha elevado múltiples peticiones al despacho
judicial, con fundamentos jurisprudenciales que dan cuenta del examen que han
realizado las altas cortes, para fundamentar la solicitud de modulación de la orden
judicial; no obstante, a la fecha la entidad no ha obtenido respuesta.
Añadieron que la última petición fue elevada el 2 de mayo de 2025, dentro de la cual
se indicaron las actuaciones positivas adelantadas con el fin de proteger los
derechos fundamentales de la señora María Elisa García, e informó el turno de pago
de otras víctimas, teniendo en cuenta que la accionante no cuenta con criterios de
priorización.
Como consecuencia de lo anterior, aseveraron que la entidad solicitó la modulación
del fallo para poder ajustar la orden a lo establecido en la Resolución no. 1049 de
2019, en lo relacionado con el procedimiento de pago de los recursos 3.
2 La Sala precisa que revisado Samai en esta providencia se resolvió “declarar que la doctora Lilia Clemencia
Solano Ramírez y al doctor Jesús Leandro Tadazona Moncada (…) han incumplido con las Ordenes por este
despacho proferidas el 211 de octubre de 2020 (…)”.
3 Revisado Samai se observa que la petición de modulación se hizo el 20 de enero de 2025, en memorial en el
que también se solicitó la inaplicación de la sanción impuesta a Lilia Clemencia y Jesús Leandro Tarazona,
reiterado en solicitud de 2 de mayo de 2025. En sentencia de 27 de julio de 2025, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Armenia informa que en cumplimiento al fallo de primera instancia de esta acción de tutela,
moduló el fallo.
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Frente a la anterior petición, indicaron que mediante proveído de 13 de mayo de
2025, el despacho judicial negó la solicitud de inaplicación de las sanciones y omitió
pronunciarse sobre la solicitud de modulación4.
Finalmente, aseveraron que en proveído de 19 de mayo de 2025, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Armenia requirió nuevamente a la UARIV, para que
informara sobre el cumplimiento del fallo de tutela de 21 de octubre de 2020.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que la de acción de tutela cumple los requisitos generales
de procedencia de tutela contra providencia judicial, en tanto: (i) reviste de
relevancia constitucional en la medida que se desconocen la jurisprudencia de la
Corte Constitucional (T-025 de 2004 y Auto 206 de 2017) que establecen el
procedimiento para pago de indemnizaciones; (ii) están agotados todos los medios
de defensa, pues ha solicitado el levantamiento de las sanciones sin tener otro
recurso adicional; (iii) cumple con el requisito de inmediatez puesto que la última
providencia fue proferida el 13 de mayo de 2025; (iv) se enumeraron y explicaron
los hechos y (v) no están atacando una acción de tutela.
Sobre las causales específicas de procedencia, explicaron que las providencias
judiciales objeto de tutela incurren en los defectos: fáctico, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
Frente al defecto fáctico insistieron que se configuró por una valoración defectuosa
de material probatorio aportado al proceso, como los diferentes informes emitidos
por la UARIV, así como la resolución que resolvió el reconocimiento a la medida
indemnizatoria de la señora María Elisa García, pruebas que estudió de manera
“arbitraria, irracional y caprichosa, sin razón valedera da por no probado el hecho del
incumplimiento de la sentencia, pese a que el fallo señala específicamente cual es el
procedimiento administrativo que debe seguirse previo a suministrar fecha de pago”.
Aunado a lo anterior, indicaron que tampoco se tuvieron en cuenta las explicaciones
manifestadas en las diferentes oportunidades relacionadas con el debido proceso
administrativo contenido en la Resolución no. 1049 de 2019, concerniente al
procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del
conflicto armado.
Agregaron que no se valoró de forma íntegra el informe de cumplimiento, en el que
manifestaron que todas las acciones positivas realizadas por la entidad, así como
las razones de tipo legal y jurisprudencial que imposibilitan indicar una fecha o
vigencia probable de pago para la vigencia fiscal.
En línea con lo anterior, consideraron que con fundamento en la SU-424 de 2012,
se profirió una decisión sin motivación porque desde la génesis de la acción de
tutela la señora María Elisa García pretendía la ejecución presupuestal de recursos
públicos omitiendo el procedimiento administrativo que reglamenta la materia, por
lo que el debate debió girar en torno a si la citada señora cumplía o no con algún
criterio de priorización que la hiciera merecedora del pago reclamado y no ordenar
de manera directa emitir un turno, fecha exacta o plazo de desembolso inmediato
de recursos.
Adicionalmente, aseguraron que el defecto se configura teniendo en cuenta que las
decisiones reprochadas afectan los principios constitucionales al debido proceso,
igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe, por desconocer lo
4 La sala precisa que en este auto se resolvió sobre la petición de inaplicación de la sanción elevada el 20 de
enero de 2025, respecto de los señores Lilia Clemencia y Jesús Leandro Tarazona.
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establecido en el auto 206 de 2017 y el procedimiento de reconocimiento
administrativo previsto en la Resolución no. 1049 de 2019.
Finalmente, en relación con la configuración del (ii) desconocimiento del
precedente judicial indicaron que no se tuvo en cuenta el contenido en la sentencia
SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, que establece las reglas para que los
jueces de tutela de primera instancia, modulen el cumplimiento del fallo,
especialmente en los casos relacionados con el pago de la indemnización
administrativa.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia
La titular del despacho solicitó declarar la improcedencia de la tutela, para lo cual
indicó que la sanción por desacato se profirió con garantía del debido proceso y,
hasta la fecha, no se ha dado cumplimiento a la sentencia de tutela del proceso
2020-00175, por lo que han transcurrido más de 4 años y los funcionarios de la
UARIV se sigue mostrando renuentes.
En ese orden, cuestiona ¿cuánto tiempo más debe pasar para que se cumpla una
sentencia de tutela con la cual se protegieron derechos fundamentales de personas
vulnerables, víctimas del conflicto armado?
Finalmente, sostuvo que el trámite del desacato es la forma legal que tienen los
funcionarios judiciales para hacer cumplir los fallos de tutela, situación que los
funcionarios de la UARIV no han querido aceptar.
4.2. El Tribunal Administrativo del Quindío, la UARIV y la señora María Elisa García,
pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo de 3 de
julio de 2025 resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
relación con el auto proferido el 19 de febrero de 2024, de acuerdo a las consideraciones
de esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, la tutela judicial efectiva, el buen nombre y el patrimonio de la
señora Lilia Clemencia Solano Ramírez, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS las providencias expedidas el 15 de enero del año
en curso, mediante la cual, el Tribunal Administrativo del Quindío, confirmó la sanción
que se cuestiona, así como también, la providencia del 13 de mayo de 2025, a través de
la cual, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia negó la inaplicación de
la multa impuesta.
CUARTO: ORDENAR a las autoridades judiciales accionadas a que, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de la presente decisión, profieran una nueva decisión
dentro de la acción de tutela con radicado 63001-33-33-004-2020-00175-00, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia
(…)”.
Al abordar el caso concreto, el a quo consideró que no se cumplía el requisito de
inmediatez respecto del auto proferido el 19 de febrero de 2024 y notificado en esa
misma fecha, toda vez que la acción de tutela fue presentada el 26 de mayo de
2025, es decir, más de quince meses después. Precisó que el interés de las señoras
María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara en la presentación de la
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tutela se circunscribe exclusivamente al análisis de dicha providencia, por lo que al
no superar el requisito de inmediatez, limitó el análisis a las pretensiones
formuladas por Lilia Clemencia Solano Ramírez.
En ese contexto, para efecto de analizar a configuración del defecto fáctico reseñó
el contenido de la comunicación núm. 202172032833121 de 25 de octubre del 2021
y el artículo 14 de la Resolución 01049 de 2019, para concluir que en el caso
concreto, era posible advertir que la UARIV reconoció medida de indemnización
administrativa de desplazamiento forzado a la señora María Elisa García y a su
grupo familiar. No obstante, al no acreditarse ninguna situación de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad, debía someterse anualmente al método
técnico de priorización con el fin de determinar el orden y la priorización de los
desembolsos.
Sobre el particular, manifestó que debido a la insuficiencia presupuestal de la
entidad para poder efectuar los pagos correspondientes a la indemnización
administrativa, estableció un procedimiento para priorizar los recursos disponibles,
por lo que cada año la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas determina el orden en que se realizarán los desembolsos,
circunstancia que fue debidamente informada a la entonces accionante.
Bajo ese contexto, concluyó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en un defecto fáctico, en tanto desconocieron una realidad manifiesta consistente
en la imposibilidad que tiene la UARIV de cumplir la orden impartida el 21 de octubre
de 2024, específicamente lo concerniente a indicar una fecha cierta para el pago de
la indemnización administrativa, por cuanto no existen los recursos suficientes,
sumado a que la señora María Elisa García no demostró el cumplimiento de los
requisitos de priorización.
Concluyó que la imposibilidad de establecer una fecha cierta no puede atribuirse a
la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez en su calidad de directora de la UARIV,
teniendo en cuenta que el pago de la indemnización administrativa se encuentra
supeditado a la disponibilidad de recursos.
En ese orden de ideas, amparó los derechos fundamentales de la señora Lilia
Clemencia Solano Ramírez, al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, el buen nombre y el patrimonio, dejó sin efectos
“la providencia expedida el 15 de enero del año en curso, mediante la cual, el Tribunal
Administrativo del Quindío, confirmó la sanción que se cuestiona, así como también, el auto
del 13 de mayo de 2025, a través de la cual, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Armenia negó la inaplicación de la multa impuesta a los señores Lilia Clemencia Solano
Ramírez y Jesús Leandro Tarazona Moncada”.
Finalmente, ordenó a las autoridades judiciales accionadas que dentro de los 10
días siguientes a la notificación de la decisión profieran una nueva decisión dentro
de la acción de tutela con radicado 63001-33-33-004-2020-00175-00, teniendo en
consideración los argumentos descritos en precedencia.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, las señoras
María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara impugnaron la sentencia
de primera instancia, reiteraron los hechos de la tutela y solicitaron que se revoque.
Al respecto, indicaron que al decretar la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de inmediatez frente a la inaplicación de la sanción
contenida en el auto proferido el 19 de febrero de 2024, el a quo olvidó que los
accionantes “no interpusieron la tutela para debatir la validez de las sanciones impuestas”,
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sino para que se evaluara si dichas sanciones debían o no permanecer incólumes
en el tiempo, de conformidad con la referencias jurisprudenciales que han estudiado
la imposibilidad actual de la entidad judicial.
En ese contexto, afirmaron que el término de 6 meses no puede contabilizarse
desde el momento de la imposición de la sanción, sino desde el momento en que
las autoridades judiciales otorgaron respuesta negativa a la solicitud de inaplicación
de las sanciones impuestas.
Lo anterior, al considerar que en derecho lo accesorio corre la misma suerte de lo
principal, situación que se presenta para el caso objeto de estudio en tanto se
advierte que en el fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Armenia es de imposible cumplimiento tal y como lo indicó el a quo,
motivo por el cual, cualquier sanción que se haya impuesto a lo largo del proceso,
resulta imposible de ejecutarse, por lo que, ello vulnera los derechos fundamentales
de los exfuncionarios sancionados, al mantener la sanción impuesta por superar los
6 meses.
Así las cosas, aseveraron que “la acción constitucional que nos ocupa no fue presentada
antes, no porque no se haya descuidado el ejercicio de defensa, por el contrario, entre el
tiempo transcurrido entre el 19 de febrero de 2024 y la fecha de presentación de la acción
que nos ocupa, la Unidad para las Víctimas elevo varias peticiones a los operadores
judiciales aquí accionados para que se inaplicaran las sanciones y sobre todo para que
emitieran decisión de fondo sobre las razones por las cuales se apartaban de los
precedentes jurisprudenciales que justificaban la imposibilidad de cumplir la orden judicial
y no fue sino hasta el pasado 13 de mayo de 2025, que el despacho judicial negó la solicitud
de inaplicación de las sanciones, omitiendo pronunciarse sobre los precedentes
jurisprudenciales citados por la entidad en los cuales se ha encontrado probado que en
estos casos existe la imposibilidad legal de cumplir la orden judicial y por ende tampoco
emitió respuesta alguna sobre la solicitud de modulación de la orden, y con ello su deber
legal de emitir una decisión de fondo y resolver las peticiones elevadas en debida forma
que es precisamente la vulneración que se alega en el caso que nos ocupa”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar el ordinal primero de la sentencia de 3 de julio de 2025 de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez
frente al auto proferido el 19 de febrero de 2024, y si se debe acceder al amparo
constitucional en los términos propuestos por las señoras María Patricia Tobón
Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara.
3. De la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de
desacato
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación
con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o
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actuaciones adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i)
cuando la tutela se dirige contra la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando
se dirige contra una actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra
de decisión posterior.
Específicamente, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional fijó las
siguientes reglas cuando se trata de cuestionar providencias que resuelven
incidentes de desacato, que es lo que se discute en este caso:
“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene
que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es
decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado
el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una
de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que
a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar
de oficio”.
4. El cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato5
Las órdenes que profiere el juez de tutela son de estricto e inmediato cumplimiento
por parte de los funcionarios públicos o de los particulares, según el caso. La ley
contempla mecanismos para asegurar el cumplimiento de la sentencia y,
subsidiariamente, para sancionar a los responsables del desacato. Esos
mecanismos son la orden de cumplimiento del fallo6 y el desacato7. El juez
constitucional deberá determinar si existe o no incumplimiento de la orden de
tutela8, y para ello, le corresponde estudiar la responsabilidad subjetiva del
obligado, el allanamiento a las órdenes y la existencia de acciones positivas
orientadas al cumplimiento.
Al respecto, se advierte que, la Corte Constitucional9 ha establecido una
metodología para medir el nivel de cumplimiento del fallo, que recae en cabeza del
juez de primera instancia. Lo primero que se debe verificar, por un lado, es el grado
de cumplimiento de la sentencia, concretamente, si los esfuerzos de la entidad
5 Consideraciones tomadas del proceso núm. 11001-03-15-000-2025-01694-00 de 8 de mayo de 2025 CP
Wilson Ramos Girón
6 Artículo 27 de Decreto 2591 de 1991: Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la
autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir
proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las
medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al
superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario
en su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la
competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
7 Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991: Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida
con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia
jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el
mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres
días siguientes si debe revocarse la sanción.
8 Sentencia del 20 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02302-00, CP. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
9 Auto 185 de 2004, Auto 226 de 2011, Auto 727 de 2018, Auto 001 de 2021 y sentencia T-086 de 2003.
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Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otros
lograron superar el umbral de gestión diligente; y por el otro, la necesidad de
modular las órdenes impartidas para garantizar su cumplimiento.
Si existe incumplimiento del fallo de tutela, el juez constitucional deberá determinar
si el funcionario actuó de manera culposa o dolosa10. El desacato, por tener un fin
sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o
funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes dadas en el fallo
de tutela. Es decir, en ese escenario sí juegan un papel importante todos los
elementos propios del régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y modalidad
de culpa o negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles
circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera.
Sobre este punto, la Corte Constitucional consideró en la sentencia SU-034 de
2018, que no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso
del fallo de tutela para concluir que en el asunto existe responsabilidad subjetiva.
Que no puede presumirse la responsabilidad subjetiva por el solo hecho del
incumplimiento, pues «todo desacato implica incumplimiento, pero no todo
incumplimiento conlleva a un desacato». Eso quiere decir que, ante la falta de
responsabilidad subjetiva, «no habría lugar a la imposición de las sanciones», pese
a que se acredite el incumplimiento
5. Estudio y solución del caso concreto
En el presente asunto se abordarán únicamente los argumentos expuestos por las
señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara en el escrito de
impugnación, en tanto la orden de amparo otorgada a la señora Lilia Clemencia
Solano Ramírez no fue objetada, por lo que se mantendrá incólume.
5.1. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el ordinal primero
de la sentencia de 3 de julio de 2025, declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo por incumplimiento del requisito de inmediatez respecto del auto de 19 de
febrero de 2024, teniendo en cuenta que la tutela fue presentada el 26 de mayo de
2025, es decir, transcurridos más de 15 meses. En ese orden, indicó que el interés
en la presente acción de tutela de las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra
Viviana Alfaro Yara se circunscribía exclusivamente al análisis de dicha providencia,
teniendo en cuenta que en los demás autos cuestionados no hicieron parte del
trámite judicial.
Esta decisión fue impugnada por las interesadas insistiendo en los argumentos del
escrito introductorio y, en particular, al considerar que “no interpusieron la tutela para
debatir la validez de las sanciones impuestas”, sino para que se evaluara si dichas
sanciones debían o no permanecer incólumes en el tiempo, de conformidad con las
referencias jurisprudenciales que han estudiado la imposibilidad actual de la entidad
de dar cumplimiento a una orden judicial.
Así las cosas, para resolver sobre las inconformidades de las señoras María Patricia
Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, la Sala considera pertinente realizar un
recuento de las actuaciones principales, visibles en el Sistema de Gestión Judicial
Samai.
Al respecto, se observa que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Armenia en sentencia de 21 de octubre de 2020, accedió al amparo constitucional
solicitado por María Elisa García y ordenó lo siguiente:
10 Sentencia C - 367 de 2014 « (…) para imponer la sanción se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la
persona que debe cumplir la sentencia».
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Segundo: Ordenar a LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL
A LAS VÍCTIMAS, como medida de protección de los derechos fundamentales de la
tutelante como víctima del conflicto interno colombiano, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas (2 días) siguientes a la notificación del fallo, y con el fin de dar
respuesta de fondo a la petición, la UARIV asigne el respectivo turno GAC, para dentro
de los 30 días siguientes a las referidas 48 horas. A continuación, en un término
improrrogable de dos (2) meses se hará el trámite subsiguiente, que determinará si la
señora MARÍA ELISA GARCÍA y su núcleo familiar son acreedores a la indemnización
administrativa, y en caso positivo, el desembolso se realizará dentro de los cuatro (4)
meses siguientes, términos que se consideran prudenciales tanto para la entidad como
para la víctima, atendiendo, se itera el término que ha transcurrido desde la primera
petición a la fecha, como se indicó en la parte motiva de esta providencia
El 21 de octubre de 2021, se presentó un primer incidente de desacato porque a
juicio de la demandante, la UARIV no cumplió la orden de tutela. En ese trámite
incidental se surtieron como actuaciones principales las siguientes:
Fecha de la
Anotación Observación
actuación
No se observa respuesta registrada en Samai. El
21/10/2021 y Requerimientos a la
24 de febrero de 2023, se recibe memorial de la
09/02/2022 UARIV
parte demandante
Informa que emitió respuesta a través de
comunicación 202172032833121 de fecha 25 de
8 de agosto de octubre del 2021 en la que informa que aplicará
Memorial de la UARIV
2023 el método técnico de priorización. Informa el
nombre de la responsable de cumplir el fallo (dra
Clelia Anaya Benavides.
Ante el auto de vinculación, indica que dio
alcance a la respuesta anterior en comunicación
n.° y solicita que se deniegue el incidente de
14 de marzo de desacato y se declare la imposibilidad jurídica de
Memorial de la UARIV
2023 cumplimiento al fallo en cuanto al desembolso
de la prestación económica por no estar la
señora María García incursa en causal de
priorización.
Admite el incidente en contra de la doctora Clelia
30 de marzo de Auto de apertura del Andrea Anaya Benavides (directora de
2023 incidente reparaciones) y María Patricia Tobón Yagarí
(directora de la UARIV)
Solicitó que se negara el incidente por cuanto
10 de abril de estaba realizando dentro del marco de sus
Contestación UARIV
2023 competencias, las gestiones necesarias para el
cumplimiento del fallo.
Informa que Dirección de Reparaciones fue
asumida por Andrea Nathalia Romero Figueroa y
23 de mayo de
Memorial UARIV solicita se declare la imposibilidad de definir
2023
fecha en plazo razonable por no tener la
tutelante criterios de priorización
Se requiere a la doctora Andrea Nathalia
16 de junio de Auto que ordena
Romero Figueroa para que informe el
2023 continuar con el incidente
cumplimiento al fallo
26 de enero de Vincula al trámite a Sandra Viviana Alfaro Yara
Auto de vinculación
2024 como directora de Reparación de la UARIV
Abre incidente de desacato contra Sandra
7 de febrero de Abre incidente de Viviana Alfaro (directora de Reparaciones) y
2024 desacato María Patricia Tobón Yagarí (directora de la
UARIV)
Rinde informe de cumplimiento poniendo de
9 de febrero de presente la imposibilidad de otorgar fecha cierta
Memorial UARIV
2024 y solicitando la desvinculación de María Patricia
Tobón.
Sanciona por desacato a María Patricia
Tobón Yagarí (directora de la UARIV) y
19 de febrero Auto que impone
Sandra Viviana Alfaro (directora de
de 2024 sanción
Reparaciones) con multa de 1 smmlv.
Sanción confirmada el 21 de febrero de 2024.
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21 de febrero de Solicitud de inaplicación Solicitan inaplicar la sanción y declarar la
2024 de sanción imposibilidad de cumplimiento al fallo.
El despacho no accede a la solicitud de
inaplicación de sanción y ordena estarse a lo
26 de febrero de Resuelven inaplicación de
resuelto en auto de confirmó la sanción. Esta
2024 sanción
decisión se notificó el mismo 26 de febrero de
2024.
Las señoras María Patricia Tobón Yagarí y
Sandra Viviana Alfaro solicitan nuevamente la
27 de febrero de Solicitud de inaplicación
inaplicación de la sanción y que se declare la
2024 de sanción
imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al
fallo.
03 de diciembre Comunican sanción a la
de 2024 Oficina de cobro coactivo
Posteriormente, el 28 de octubre de 2024 la señora María Elisa García presenta
un segundo incidente de desacato dentro de las que principalmente se surten las
siguientes actuaciones:
Fecha de la
Anotación Observación
actuación
29 de octubre
Primer requerimiento
de 2024
29 de Admite el incidente de desacato en contra de
Auto de apertura formal
noviembre de Jesún Leandro Tarazona Moncada y Lilia
del incidente
2024 Clemencia Solano Ramírez
2 de diciembre
Respuesta UARIV Solicitan modulación del fallo.
de 2024
06 de diciembre
Auto de pruebas
de 2024
Solicitan modulación del fallo por cuanto se
9 de diciembre requiere la aplicación del método técnico de
Memorial de la UARIV
de 2024 priorización y en consecuencia, se declare la
innecesariedad del trámite incidental
Declara en desacaro a Lilia Clemencia Solano
14 de enero de Resuelve el incidente de Ramírez (directora de la UARIV) y Jesús
2025 desacato Leandro Tarazona (director de reparaciones E) y
los sanciona con multa de 2 smmlv
14 de enero de
Enviado para consulta
2025
Ordena estarse a lo resuelto en auto de 15 de
16 de enero de
Auto OYC enero de 2025, que confirmó la sanción
2025
impuesta
Solicita la inaplicación de la sanción impuesta el
14 de enero de 2025 y la modulación del fallo.
Adicionalmente, solicitan la inaplicación “de
20 de enero de las sanciones impuestas hasta la fecha por
Memorial UARIV
2025 resultar innecesarias, además por haber sido
impuestas a exfuncionarios de la entidad que
no cuentan con posibilidad de acreditar el
cumplimiento al fallo”
Solicita la inaplicación de la sanción impuesta a
Lilia Clemencia y Juan Leandro Tarazaona.
Pide la modulación del fallo y “ordenar la
inaplicación de las sanciones impuestas hasta la
fecha por resultar innecesarias, además por
2 de mayo de
Memorial UARIV haber sido impuestas a los doctores Lilia
2025
Clemencia Solano Ramírez y Jesús Leandro
Tarazona Moncada exfuncionarios dela entidad
(…)” solicitó además, que se explicaran las
razones por las que se apartaba de los
precedentes judiciales
12 de mayo de Tercer incidente de
Interpuesto por la señora María Elisa García.
2025 desacato
12 de mayo de Auto requiere en tercer
2025 incidente de desacato
13 de mayo de Resuelve solicitud de El despacho precisa que va a resolver sobre la
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2025 inaplicación petición de inaplicación (sin referenciar el índice
o fecha de la solicitud) y concluye en negar la
solicitud elevada por la representante judicial de
la UARIV tendiente a obtener la inaplicación de
la sanción en autos de 14 de enero de 2025,
confirmada el 15 del mismo mes y año.
14 de mayo de Se comunica sanción a la
2025 oficina de cobro coactivo
26 de mayo de Apertura formal del tercer Se abre incidente de desacato contra la señora
2025 incidente de desacato Zoraida Hernández Pedraza.
La Sala precisa que el 26 de mayo de 2025 se presenta la presente acción de tutela
y dentro de las actuaciones que se surtieron de manera posterior y que interesan al
proceso se tiene las siguientes:
El 23 de julio de 2025, en samai el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia
registra en índice 00126 “sentencia de primera instancia” “sentencia de reemplazo
modula” en la que se resuelve lo siguiente:
“RESUELVE
PRIMERO: CÚMPLASE lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencias de fechas
1 y 3 de julio de 2025, proferidas en los procesos con radicados Nos. 11001-03-15-000-
2025-03051-00 y 11001-03-15-000-2025-03206-00, respectivamente.
SEGUNDO: MODULAR la sentencia de tutela proferida el 21 de octubre de 2020, en el
sentido de considerar que el deber de la entidad accionada para realizar la entrega de la
indemnización administrativa a la que tiene derecho la accionante y su núcleo familiar,
supone la aplicación del método técnico de priorización previsto en el artículo 14 de la
Resolución No. 01049 de 2019, el cual deberá ser aplicado año tras año hasta que
resulte favorecida en la aplicación del referido método, así:
SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV - a que, en el caso de no haber
sido aplicado el método técnico de priorización en la presente vigencia fiscal a
la señora María Eliza García, lo realce en el término de un (1) mes contado a
partir de la notificación de la presente providencia, informando las condiciones
en que se aplicara el método técnico y el resultado de la aplicación del método
de priorización, además deberá en el caso en que sea priorizada, definir un
plazo razonable para que se realice el pago efectivo de la indemnización. En
caso de no ser priorizada, el deber de la entidad accionada se circunscribe a la
aplicación del método técnico de priorización en la forma y periodicidad
establecida en la Resolución No. 01049 de 2019. Dicho documento deberá ser
notificado de manera efectiva a la actora y comunicado a este despecho, dentro
del mismo término establecido anteriormente.
TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales primero y segundo de la
sentencia de fecha 1 de julio de 2025 proferida en el proceso con radicado No 11001-
03-15-000-2025-03051-00 y, en atención a la modulación realizada en la presente
providencia, se ordena INAPLICAR LA SANCIÓN impuesta a los señores Jesús Leandro
Tarazona Moncada y Lila Clemencia Solano Ramírez, impuesta en auto del 14 de enero
de 2025. Por Secretaría, COMUNÍQUESE esta decisión a la Oficina de Cobro Coactivo
adscrita a la Administración Judicial para lo de su competencia para lo cual se remitirá
copia de la presente providencia”.
En ese contexto y conforme a las precitadas actuaciones, se observa que el 27 de
febrero de 2024, las actoras nuevamente solicitaron la inaplicación de la sanción sin
que se avizore que de manera posterior el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Armenia hubiere resuelto sobre esa petición. Esa solicitud de
inaplicación se reiteró en términos generales el 20 de enero de 2025, en la que se
alegó por la UARIV que hay sanciones impuestas a varios exfuncionarios de la
entidad, lo que permite inferir que la Unidad solicitó nuevamente la inaplicación de
las sanciones que fueron impuestas, entre ellas, la de 19 de febrero de 2024,
petición que tampoco fue objeto de pronunciamiento por parte del accionado.
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Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto que la Unidad Administrativa
Especial para la Reparación Integral a las Víctimas realizó múltiples solicitudes en
las que pidió la modulación del fallo y que se declarara la imposibilidad jurídica de
dar cumplimiento al mismo, peticiones que tampoco fueron resueltas de manera
primigenia por el extremo pasivo, pues solo se advierte un pronunciamiento de 23
de julio de 2025, en la que el accionado afirma dar cumplimiento a los fallos de tutela
proferidos en el proceso 11001-03-15-000-2025-03051-00 y primera instancia de
este asunto.
Así las cosas, contrario a lo sostenido por la Subsección A de la Sección Segunda
de esta Corporación, sobre las pretensiones relativas a inaplicar las sanciones
impuestas en auto de 19 de febrero de 2024, a las señoras Sandra Viviana Alfaro
Yara y María Patricia Tobón Yagarí no puede predicarse el incumplimiento del
requisito de inmediatez, habida consideración que se insiste, sobre algunos
memoriales de solicitud de inaplicación no ha habido pronunciamiento. De ahí que
el requisito de inmediatez se encuentre superado.
Por otro lado, se observa que las tutelantes no solo han solicitado la inaplicación de
la sanción, sino que además la modulación del fallo por imposibilidad jurídica para
dar cumplimiento al mismo, por lo que no cuentan con otro medio de defensa
judicial, superándose así el requisito de subsidiariedad.
También, el caso reviste de relevancia constitucional puesto que se argumentó
debidamente la posible vulneración al debido proceso de las accionantes por
desconocimiento del precedente judicial e indebida valoración de las pruebas
allegadas al expediente y se determinaron de manera precisa los hechos en que se
funda la acción. En virtud de lo señalado, procede realizar el estudio de fondo de la
cuestión iusfundamental puesta a consideración del juez de tutela.
5.2. La autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial
Las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y María Patricia Tobón Yagarí invocan la
configuración de los defectos fáctico, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución, conforme fue expuesto en el acápite de
fundamentos de la acción.
En ese orden, sería del caso descender al análisis de las providencias objeto de
tutela de no ser porque la Sala observa que el juez natural no se ha pronunciado
sobre la petición de inaplicación que fuera elevada el 27 de febrero de 2024 y
reiterada el 20 de enero de 2025. Adicionalmente, dado que se profirió el auto de
23 de julio de 2025, corresponde en virtud del debido proceso y de acceso a la
administración de justicia que el juez del incidente de desacato se pronuncie sobre
dichas solicitudes.
Para resolver, deberá tener en cuenta que existe un precedente judicial
constitucional contenido en las sentencias C-367 de 2014 y SU-034 de 2018, entre
otras, que precisan los elementos que se deben tener en cuenta para mantener la
imposición de una sanción impuesta en el curso del incidente de desacato de tutela.
Adicionalmente, se precisa que de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
desacato es un procedimiento de naturaleza sancionatoria que permite imponer
multa de hasta veinte salarios mínimos mensuales, e incluso arresto de hasta seis
meses, a quien debe cumplir la orden y no lo hace. En reiteradas oportunidades, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha dispuesto que
su propósito no es la imposición de la sanción. Realmente lo que se persigue es
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propiciar el acatamiento del mandato proferido por el juez de tutela. El desacato, en
consecuencia, no es más que un instrumento procesal para inducir a la autoridad
competente de cumplir la orden a acatarla.
Así, al tratarse de un procedimiento sancionatorio no basta que se acredite el
incumplimiento objetivo de la orden. Debe corroborarse la existencia de
responsabilidad subjetiva, lo que implica acreditar que la persona llamada a cumplir
la orden de tutela actuó con dolo o culpa, e incluso si tales condiciones se presentan,
pero en el curso del incidente se logra el cumplimiento no habrá lugar a la imposición
de la sanción, pues como se indicó la finalidad de este trámite no es la sanción, sino
la protección real del derecho fundamental amparado, mediante el cumplimiento de
la orden de tutela.
En relación con el elemento subjetivo en el marco del incidente de desacato de
tutela, se resalta que en la sentencia C-367 de 2014, la Corte Constitucional explicó
que para imponer la sanción se debe probar el dolo o la culpa del llamado a cumplir
el fallo judicial. Igualmente, en la sentencia SU-034 de 2018 indicó que no basta con
constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso para concluir que en el
asunto existe responsabilidad subjetiva. Por el contrario, para determinar si esta se
configura es necesario “examinar si se da un nexo causal fundado en la culpa o el
dolo entre el comportamiento del demandado y el resultado– pues si no hay
contumacia o negligencia comprobadas –se insiste– no puede presumirse la
responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es
procedente la sanción”11. (negrillas por fuera del texto original)
También en la Sentencia SU-034 de 2018 la Corte Constitucional explicó que “todo
desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un
desacato»12. Esto se debe a que es posible que en el curso del incidente se
compruebe la falta de acatamiento de la sentencia de tutela, pero no por negligencia
o dolo del obligado. En ese evento, ante la falta de responsabilidad subjetiva, “no
habría lugar a la imposición de las sanciones”13, pese a que se acredite el
incumplimiento.
Así las cosas, se revocará el ordinal primero de la sentencia de 3 de julio de 2025,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que,
declaró improcedentes la acción de tutela respecto de las señoras María Patricia
Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara. En su lugar, se ampararán los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, para
lo cual se ordenará que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación
de esta providencia, resuelva sobre las solicitudes de inaplicación de 27 de febrero
de 2024 reiterada el 20 de enero de 2025, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en esta providencia y el auto de 23 de julio de 2025, proferido al interior
del proceso 63001333300420200017500, que resolvió una modulación.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar el ordinal primero de la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar,
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03206-01
Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otros
Segundo.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y María
Patricia Tobón Yagarí, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia que,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva
sobre las solicitudes de inaplicación de 27 de febrero de 2024 reiterada el 20 de
enero de 2025, teniendo en cuenta las consideraciones de esta providencia.
Cuarto.- Confirmar en lo demás la sentencia impugnada.
Quinto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Séptimo.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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