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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03207-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03207-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar la decisión de primera instancia, la cual quedara así: «Declarar improcedente la solicitud de amparo que ejerció la señora Gloria Inés Betancurt Botero contra el Tribunal Administrativo de Risaralda frente al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto alegado, conforme con lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión. Negar, en lo demás, la presente solicitud de amparo». 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-03207-01 Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03207-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

21 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03207-01
Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03207-01
Demandante: GLORIA INÉS BETANCURT BOTERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Tema: Tutela contra providencia judicial – nulidad y restablecimiento del
derecho reliquidación pensional DAS.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Gloria Inés Betancurt contra
la providencia de 19 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Gloria Inés Betancurt Botero contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera
de Decisión.».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de mayo de 2025, mediante apoderado, la señora Gloria Inés Betancurt
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y de acceso
a la administración de justicia, así como a los principios de confianza legítima y a la
seguridad social. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«Con fundamento en los hechos narrados y los fundamentos de derecho expuestos,
solicito muy respetuosamente al Honorable Juez de Tutela que, previo el trámite
preferente y sumario que ordena el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991, se sirva:

1. TUTELAR los derechos fundamentales de GLORIA INÉS BETANCURT BOTERO,
identificada con C.C. No. 42.065.356, al Debido Proceso (Art. 29 C.P.), al Acceso a la
Administración de Justicia (Art. 229 C.P.), a la Seguridad Jurídica y al Principio de
Confianza Legítima (Art. 83 C.P.), a la Seguridad Social en Pensiones (Art. 48 C.P.), y al
Mínimo Vital y Móvil (Art. 53 C.P.), los cuales fueron vulnerados por la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.

2. En consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia
proferida el cinco (05) de diciembre de 2024 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho con radicado No. 66001-33-33-004-2021-00016-01, mediante la cual se revocó
la sentencia de primera instancia No. 179/2022 del 23 de septiembre de 2022 (proferida
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira) y se declararon nulas las
Resoluciones SUB92494 del 15 de abril de 2019 y SUB130530 del 27 de mayo de 2019,
que reconocieron y reliquidaron la pensión de vejez de la Accionante.

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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

3. Igualmente, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el auto proferido el treinta y uno (31)
de marzo de 2025 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante el cual se negó la solicitud de aclaración de la referida sentencia de
segunda instancia.

4. Como restablecimiento de los derechos vulnerados, ORDENAR a la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que, en el término perentorio e
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, o el que su Despacho considere apropiado,
contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, proceda a dictar una nueva sentencia
de segunda instancia dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
radicado No. 66001-33-33-004- 2021-00016-01, en la cual:

a. Se respeten los derechos fundamentales de la Accionante y se subsanen los defectos
sustantivos, procedimentales y de desconocimiento del precedente que configuran la vía
de hecho alegada.
b. Se valore y decida sobre la excepción de caducidad de la acción de lesividad
interpuesta por Colpensiones, conforme a los términos del artículo 164 numeral 2 literal
d) del CPACA y la jurisprudencia aplicable.
c. Se reconozcan los efectos de la Sentencia C-030 de 2009 y de la sentencia de tutela
proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Rad. 2009-01058) del
21 de octubre de 2009, que amparó el traslado de régimen pensional de la Accionante.
d. Se protejan los principios de confianza legítima y buena fe, así como los derechos
adquiridos o, en su defecto, las situaciones jurídicas consolidadas de la Accionante
respecto de su pensión de vejez.
e. En consecuencia de lo anterior, se confirme la sentencia de primera instancia No.
179/2022 del 23 de septiembre de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Pereira, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda de
lesividad presentada por Colpensiones.

5. De manera SUBSIDIARIA a la petición anterior (numeral 4, literal e), y solo en el evento
en que su Despacho no considere viable la confirmación de la sentencia de primera
instancia, se sirva ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda que, en la nueva sentencia de segunda instancia que profiera, si bien analiza
la legalidad de los actos administrativos de reconocimiento pensional, disponga que
cualquier eventual reliquidación de la pensión de vejez de la señora GLORIA INÉS
BETANCURT BOTERO por parte de Colpensiones:
a. Se realice aplicando el régimen especial de alto riesgo al que tenía derecho en virtud
de su labor en el DAS y el traslado de régimen amparado judicialmente, o, en su defecto,
aplicando el principio de favorabilidad en la interpretación de las normas pensionales.
b. En todo caso, se establezcan directrices claras y precisas para que dicha reliquidación
NO implique una disminución de la mesada pensional que la Accionante venía
percibiendo, garantizando así la protección de su mínimo vital y el principio de
progresividad de los derechos sociales.
c. Se ordene a Colpensiones motivar de forma clara, completa y suficiente el nuevo acto
administrativo de liquidación, especificando las normas aplicadas y los factores tenidos
en cuenta.

6. Como MEDIDA PROVISIONAL, y con el fin de evitar un perjuicio irremediable y
garantizar la continuidad de la protección de mis derechos fundamentales mientras se
tramita la presente acción, solicito respetuosamente a su Despacho, con base en el
artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, ORDENAR LA SUSPENSIÓN INMEDIATA de los
efectos de la sentencia proferida el cinco (05) de diciembre de 2024 por la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, hasta tanto se emita un fallo
definitivo en esta acción de tutela. Lo anterior, para asegurar la estabilidad de mi situación
pensional y evitar la materialización de los efectos de una decisión que considero vulneró
mis derechos.

7. ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que,
una vez proferida la nueva sentencia de segunda instancia en cumplimiento de este fallo
de tutela, remita copia de la misma a este Despacho para verificar su cumplimiento.

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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

8. COMPULSAR COPIAS de esta acción de tutela y de las piezas procesales pertinentes
a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, para su conocimiento,
en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso.».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Gloria Inés Betancurt Botero nació el 23 de octubre de 1961 y se vinculó al
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el 1º de septiembre de 1994; por
Resolución 1464 de 27 de junio de 2014, fue incorporada a la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia en el empleo de auxiliar administrativo, código 4044,
grado 15, del cual le fue aceptada la renuncia a partir del 1° de junio de 2019.

La actora afirmó que, inicialmente, se encontraba afiliada al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad (RAIS) en el fondo de pensiones Horizonte, hoy Porvenir
S.A., no obstante, con ocasión a la sentencia C-030 de 2009 de la Corte
Constitucional, que facilitó el traslado de régimen pensional a los funcionarios del DAS
en actividades de alto riesgo para acceder al régimen especial, solicitó traslado del
RAIS al Régimen de Prima Media (RPM), época en que era administrado por el
Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), hoy Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones).

Mediante fallo de tutela del 21 de octubre de 2009, el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Pereira ordenó al ISS a trasladar a la señora del RAIS al Régimen de Prima
Media con Prestación Definida. Orden que se cumplió el ente previsional el 1° de
diciembre de 2009.

Mediante Resolución SUB-92194 del 15 de abril de 2019, Colpensiones reconoció
pensión de vejez a favor de la señora Betancurt Botero, bajo el régimen especial de
alto riesgo y condicionó el pago al retiro definitivo del servicio. La anterior prestación
fue reliquidada por medio de la Resolución SUB-130530 del 27 de mayo de 2019, en
la cual se ordenó su ingreso en nómina de pensionados con efectos fiscales a partir
del 1° de junio de 2019.

La señora Betancurt Botero, nuevamente, solicitó ante Colpensiones la reliquidación
de la pensión de vejez, y en atención a dicha solicitud, Colpensiones encontró una
inconsistencia en la afiliación de la demandante, porque no había acreditado el
requisito de 750 semanas (15 años de servicio) antes del 1° de abril de 1994, para
efecto de ser beneficiaria del traslado del régimen de ahorro individual -RAIS- al de
prima media con prestación definida, en los términos señalados en la sentencia C-
1024 de 2004 de la Corte Constitucional, motivo por el cual, indicó que quien era
competente para el reconocimiento y pago de la pensión era la Administradora de
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Con la Resolución APSUB 1939 del 15 de octubre de 2020, Colpensiones solicitó a la
beneficiaria autorización para revocar los actos administrativos mediante los que le
reconoció y reliquidó la pensión de vejez. No obstante, la señora Betancurt Botero no
se pronunció respecto a la solicitud.

En razón de lo anterior, Colpensiones presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad contra los actos

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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

administrativos que reconocieron y reliquidaron la prestación de la señora Betancurt
Botero.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo de Pereira, que, en sentencia del 23 de septiembre de 2022, negó
las pretensiones de la demanda al considerar que, de conformidad con las pruebas
documentales, la beneficiaria de la pensión había realizado su traslado de régimen
pensional dentro de los 3 meses otorgados a los funcionarios del extinto DAS que
desempeñaban actividades de alto riesgo, conforme con la sentencia C-030 de 2009
de la Corte Constitucional.

Contra la anterior decisión, Colpensiones presentó recurso de apelación basado en
que los actos administrativos acusados contrariaban el ordenamiento jurídico, ya que
carecían de los fundamentos fácticos y jurídicos que determinaran el reconocimiento
pensional, pues no fueron estudiados en observancia de los requisitos que exige la
Ley 797 de 2003 y el Decreto 692 de 1994 y, en esa medida, omitió que no era la
entidad competente para asumir el reconocimiento de la prestación, pues no fueron
acreditados los requisitos y en razón a ello se generó un detrimento a las arcas del
Estado y un enriquecimiento sin justa causa, lo cual hacía necesario que se declarara
la nulidad de los actos acusados.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 5 de diciembre de 2024,
revocó el fallo de primera instancia y ordenó a Colpensiones reliquidar la pensión de
la señora Betancurt Botero con base en las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y 812 de
2003, además, precisó que mientras se efectuaba la reliquidación debía continuar
pagándole la mesada pensional, toda vez que, tenía causado el derecho a la pensión
al contar con 1.649 semanas cotizadas y más de 57 años de edad.

Consideró que, el traslado de régimen de la actora se presentó dentro del plazo
señalado en la sentencia C-030 de 2009, no era posible efectuar el reconocimiento de
la pensión como beneficiaria del régimen especial de alto riesgo, pues, no acreditó las
500 semanas de cotización al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del
Decreto 2090 de 2003, que estableció dicho requisito para tener derecho a la
aplicación del Decreto 1835 de 1994, que regulaba la pensión de régimen especial.

Conforme con lo anterior, concluyó que la señora Betancurt Botero si tenía causado
el derecho pensional (al contar con 1.649 semanas cotizadas y más de 57 años) y que
no se encontraba en discusión su cambio de régimen del privado al público, sin
embargo, no era beneficiaria del régimen especial que permitiera el estudio del
régimen de transición, y en ese sentido, lo que correspondía era la anulación de los
actos administrativos demandados, razón por la que ordenó a Colpensiones el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero, bajo el régimen general de
pensiones, esto es, con sustento en las Ley 100 de 2003, la Ley 797 de 1993 y la Ley
812 de 2003.

Dicha decisión fue objeto de solicitud de aclaración por parte de la señora Betancurt
Botero, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante auto del 31 de
marzo de 2025, la negó al considerar que no fueron satisfechos los presupuestos
normativos para que procediera.

3. Argumentos de la acción de tutela

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La demandante alegó que el Tribunal demandado vulneró los derechos fundamentales
invocados al dejar sin efecto los actos que reconocieron su pensión en condiciones
consolidadas y ordenó un reconocimiento bajo un régimen diferente, lo que propició
una situación lesiva a sus intereses.

Indicó que la autoridad judicial demandada desconoció que había operado la
caducidad de la acción de lesividad interpuesta por Colpensiones, los efectos de la
cosa juzgada de una tutela previa y el principio de confianza legítima.

Señaló que, en la sentencia objeto de debate, el tribunal demandado incurrió en los
defectos sustantivo, inaplicación del principio de favorabilidad en materia laboral;
procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente
judicial.

Frente al defecto sustantivo adujo que el tribunal incurrió en este yerro por errónea
interpretación y aplicación de la sentencia C-030 de 2009 de la Corte Constitucional,
dado que, en su caso, analizó de forma estricta el cumplimiento del requisito de las
500 semanas de cotización de alto riesgo para el 28 de julio de 2003, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 2090 de 2003, sin tener en cuenta que su traslado de régimen
pensional fue posterior y obedeció a un fallo de tutela en el que se ordenó que
efectuara el cambio de régimen, que además buscó superar obstáculos temporales y
precisó que dicha sentencia no condicionó el traslado a una revisión retroactiva de
semanas bajo el nuevo decreto, sino que abrió una ventana para el ejercicio efectivo
de un derecho.

Asimismo, indicó que se aplicó indebidamente el principio de favorabilidad en materia
de seguridad social, comoquiera que, ya contaba con un reconocimiento pensional
bajo el amparo de las normas que regulaban el régimen especial del DAS, sin
embargo, el Tribunal ordenó a la entidad pensional reconocer su pensión bajo el
régimen general de pensiones el cual, a su juicio, es menos favorable.

Por lo anterior, explicó que el tribunal desconoció que la Corte Constitucional ha
reiterado en señalar que, en caso de duda en la aplicación de fuentes normativas en
seguridad social, debe preferirse la que sea más favorable al pensionado o afiliado.

Respecto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto expresó que el
tribunal incurrió en este defecto porque no se pronunció ni realizó la valoración frente
a la excepción de caducidad de la acción de lesividad, toda vez que, la demanda debió
presentarse dentro del término de los 4 meses previstos en el literal d) del numeral 2º
del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y en el presente caso, los actos de
reconocimiento de la pensión fueron expedidos en el año 2019, mientras que el medio
de control se ejerció en febrero del 2021, esto es, fuera del referido plazo, cuando ya
había operado el fenómeno de la caducidad, y de haberse estudiado dicho aspecto el
análisis de fondo sobre la legalidad de los actos no habría tenido lugar.

Finalmente, frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial adujo
que, se desconoció el fallo de tutela del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial
de Pereira que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional en relación con la orden de
traslado de régimen pensional, pues, en ella se realizó un reconocimiento judicial de
su derecho a pertenecer al régimen de prima media con prestación definida en el
contexto de la sentencia C-030 de 2009, esto es, para los fines pensionales especiales
allí señalados.

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De igual forma, alegó que se omitió la línea jurisprudencial en la que se ha estudiado
ampliamente los principios de confianza legítima y buena fe, es decir, alegó que el
tribunal demandado omitió sentencias como la T-295 de 1999, la SU-360 de 1999, la
T-611 de 2001 y la C-131 de 2004, pues, en razón a que ya gozaba de un
reconocimiento pensional se le generó la expectativa legítima durante casi 2 años del
cumplimiento los requisitos para la pensión de vejez bajo el régimen especial del DAS.

4. Trámite previo

El 28 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta negó la medida
provisional, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las partes, a Colpensiones,
a la Administradora de Fondo de Pensiones Cesantías Porvenir S.A. y al Juzgado
Cuarto Administrativo de Pereira, en calidad de terceros con interés.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Risaralda relató que al estudiar el caso fue posible
concluir que la solicitud de traslado de régimen efectuada por la señora Gloria Inés
Betancurt Botero fue realizada dentro del término concedido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-030 de 2019, por lo que procedió a pronunciarse
exclusivamente respecto a lo que motivó la demanda y específicamente del recurso
de apelación, en ese orden de ideas, precisó que para verificar si era procedente el
reconocimiento de pensión bajo régimen especial por actividad de alto riesgo del
personal del DAS había lugar a verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos
en la norma.

Señaló que los detectives del extinto DAS, que estuviesen vinculados con anterioridad
al 4 de agosto de 1994 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 1835 de 1994), se
les debe aplicar en materia pensional las normas que les regían antes de la expedición
de la Ley 100 de 1993, que corresponden a los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989, pero la señora Gloria Inés Betancurt Botero se vinculó al DAS el 1º de
septiembre de 1994, lo que significó que no era beneficiaria de los precitados Decretos
1047 de 1978 y 1933 de 1989.

Indicó que el decreto 2090 de 2003, entró en vigencia el 28 de julio de 2003 y en él se
señaló que eran beneficiarios quienes hubiesen efectuado al menos 500 semanas de
cotización especiales, tendrían derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas
cotizadas, la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, esto es, el
Decreto 1835 de 1994.

Resaltó que el referido decreto entró en vigencia el 28 de julio de 2003 y como la
señora Gloria Inés Betancurt Botero se vinculó al DAS el 1º de septiembre de 1994,
no era posible ni matemática ni materialmente que con esa única vinculación, al 28 de
julio de 2003, hubiese acreditado las 500 semanas de cotizaciones de alto riesgo,
requisito que exige el nuevo régimen de transición del régimen especial;
adicionalmente, no se probó en el proceso, que el tiempo que trabajó de forma previa
para la Policía Nacional lo hubiese realizado en una actividad de alto riesgo.

Por lo anterior, concluyó que había lugar a declarar la nulidad de los actos
demandados y se ordenó que Colpensiones reconociera y reliquidara la pensión de la
señora Betancurt Botero con base en las Leyes 100, 797 y 812, y mientras expide el
respectivo acto administrativo, lo notifica y la incluye en nómina, ordenó que se
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continúe pagando la mesada pensional, porque lo cierto es que de conformidad con
la historia laboral que se plasma en los actos administrativos emanados de la propia
entidad, sí tiene causado el derecho a la pensión al contar con 1.649 semanas
cotizadas y más de 57 años, solo que en el caso no hay lugar a aplicar el régimen
especial.

Afirmó que la decisión objeto de debate no incurrió en defecto alguno, pues en ella se
abordó el estudio de los elementos de prueba y de su valoración adecuada fue posible
concluir que lo procedente era ordenar la declaratoria de nulidad de los actos
acusados pues no había lugar al reconocimiento de un régimen especial y su
reliquidación.

Aunado a lo anterior, señaló que para resolver el problema jurídico planteado en el
caso objeto de debate realizó el estudio de las normas aplicables al caso, en especial
aquellas que consagran el beneficio de la pensión especial para aquellos trabajadores
que ejercen actividades consideradas de alto riesgo.

De igual forma, precisó que tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
especialmente la sentencia C-030 de 2009, mediante la cual realizó un examen del
tiempo concedido para efectuar el traslado del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM) a fin de ser beneficiaria de una
pensión especial por actividades de alto riesgo.

Expuso que en el caso objeto de debate no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque la demandante hace uso de la acción de tutela como un recurso
e instancia adicional, en razón a que alega la configuración de un defecto sustantivo
con base en que a su juicio se realizó una errónea interpretación y aplicación de la
sentencia C-030 de 2009 y el régimen especial de los funcionarios del DAS, pues a
su juicio dicha sentencia no condicionó el traslado a una revisión retroactiva de
semanas bajo el Decreto 2090 de 2003 sino que abrió una ventana para el ejercicio
efectivo de un derecho; sin embargo pasa por alto la tutelante que la interpretación
efectuada en la providencia que pretende dejar sin efecto, se realizó de manera
armónica con base en lo dispuesto por la Corte Constitucional y en las normas
aplicables al caso y en las características de la situación particular en la que se
encuentra la señora Betancurt Botero.

En relación con la caducidad del medio de control, expreso que este aspecto fue
analizado por el juez de primera instancia y dicho argumento no fue apelado, y al no
advertirse inconformidad en aquella ocasión, esa decisión quedó debidamente
ejecutoriada, razón por la que frente a ese tema puntual la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de subsidiariedad.

Frente al supuesto desconocimiento del precedente judicial aclaró que ese argumento
no tiene vocación de prosperidad por cuanto la decisión cuestionada fue enfática al
indicar que: «es a raíz de un fallo de Tutela que se ordena y/o permite que la señora Gloria
Inés Betancurt Botero se traslade de régimen y que no existe un acto administrativo a controlar
o demandado que lo materialice, sino que se cuestiona el reconocimiento de un régimen
especial al que no tiene derecho y su reliquidación, la elección de dicho régimen especial fue
un error de COLPENSIONES y lo relatado no es suficiente para demostrar que existía una
maniobra ilegal o un fraude al sistema por parte de la señora Betancurt Botero, pues, como
se mencionó previamente, una vez regresa al régimen de prima media, le correspondía a la
entidad fijar sus derechos pensionales en dicho contexto y además, la parte demandante no
aportó evidencia que lleve a desvirtuar la buena fe de la demandada.»

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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

6. Intervenciones de los terceros con interés

Colpensiones solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia
por cuanto no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
demandante por parte de la autoridad judicial demandada, de igual forma, solicitó que
se nieguen las pretensiones respecto de la administradora pensional, en atención a
que los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la misma ya fueron
estudiados por el juez natural que conoció del asunto, lo que permite concluir que la
demandante acude a la solicitud de amparo como una instancia adicional al proceso
ordinario.

Mencionó que en el caso objeto de estudio existe cosa juzgada constitucional si se
tiene en cuenta que la actora ya había acudido a otra solicitud de amparo por los
mismos hechos ante el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira.

La Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. solicitó que
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva porque quien está llamado a
contestar la acción de tutela de la referencia es el Tribunal Administrativo de Risaralda,
razón por la cual no se le podía endilgar la trasgresión de alguna garantía superior de
la demandante.

De igual forma, indicó que en el caso objeto de estudio la accionante no allegó una
sola prueba tendiente a demostrar que se le causó un perjuicio irremediable, razón
por la que hay lugar a que se declare improcedente o se niegue la acción de tutela de
la referencia.

7. Sentencia de primera instancia

El 19 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente el amparo solicitado por la señora Gloria Inés Betancurt Botero, porque,
a su juicio, no superó el requisito general de relevancia constitucional, comoquiera que
las inconformidades planteadas no contienen la carga argumentativa necesaria que
dé cuenta de las razones del porqué el asunto requiere la intervención del fallador de
esta sede; es decir, no tienen la entidad o trascendencia para aplicar, interpretar o
desarrollar mandatos constitucionales.

En efecto, explicó que si bien la actora planteó la configuración de los defectos
sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y por desconocimiento de
precedente, lo cierto es que no satisfizo la carga desde la perspectiva constitucional,
según lo establecido en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU- 215
de 2022, pues, el debate planteado tiene como objeto refutar las consideraciones de
la autoridad judicial accionada, más allá de exponer cómo se materializó la presunta
trasgresión de sus garantías fundamentales.

Reiteró que además de alegar la vulneración se requiere que en el escrito inicial medie
un ejercicio argumentativo que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al
alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

Finalmente indicó que la actora busca que el juez de tutela desplace al juez natural
del asunto, para obtener la interpretación y aplicación de las normas y principios, en
la forma que a ella le parece «correcta», y con ello, pretende hacer uso de la solicitud

8
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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

de amparo como una instancia adicional pues no se cumplió con la carga
argumentativa requerida en los casos de tutela contra providencia judicial.

8. Impugnación

La señora Gloria Inés Betancurt Botero reiteró los argumentos del escrito inicial e
impugnó la decisión de primera instancia al considerar que el despacho erró al
declarar la improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional.

Sostuvo que la solicitud de amparo no se interpuso como un recurso adicional al
proceso ordinario, sino como el único mecanismo para «denunciar» que la providencia
del Tribunal, al anular un derecho pensional legítimamente constituido, incurrió en
graves vicios que comprometen el orden constitucional.

Adujo que la sentencia impugnada no consideró que el Tribunal Administrativo de
Risaralda omitió por completo el estudio de la caducidad como una excepción
perentoria, dado que no es un asunto meramente legal, pues tuvo que soportar las
consecuencias de un fallo proferido en un proceso que, legal y constitucionalmente,
nunca debió tener un pronunciamiento de fondo lo que ocasionó que se incurriera en
defecto procedimental absoluto.

Alegó que se vulneró el principio de confianza legítima porque el fallo de tutela del 21
de octubre de 2009 que ordenó su traslado al Régimen de Prima Media hizo tránsito
a cosa juzgada constitucional y en razón a ello, Colpensiones ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión, y el hecho de ahora permitir que la propia
administración revoque su acto administrativo de reconocimiento pensional a través
de una acción tardía, desconoce el precedente que ordenó su traslado de régimen.

Por último, manifestó que existe afectación al mínimo vital y a la seguridad social al
ordenar una reliquidación bajo el régimen general de pensiones pues esto representa
una amenaza directa a su única fuente de ingresos, sin embargo precisó que esto no
convierte la tutela en un asunto «puramente económico», dado que la pensión de
vejez está intrínsecamente ligada al mínimo vital.

Afirmó que hay lugar a revocar el fallo impugnado y, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto» .

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

De conformidad con lo alegado en la impugnación por la señora Gloria Inés Betancurt
Botero, corresponde a la Sala determinar si la sentencia de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, debió
analizar el fondo del asunto. De ser afirmativa la respuesta, se analizará si, en efecto,
la providencia cuestionada incurrió en los defectos alegados.

Al efecto, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la falta de cumplimiento del
requisito de subsidiariedad para alegar el defecto procedimental invocado (ii) del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela frente
a los demás cargos; (iii) del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
contenido en la sentencia C-030 de 2009 y presunta omisión del fallo de tutela del 21
de octubre de 2009, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira
y desconocimiento de principios de favorabilidad, buena fe y confianza legítima.

(i) De la falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad1 para
alegar el defecto procedimental

La demandante consideró que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto porque a su juicio la autoridad judicial demandada no se pronunció sobre
la excepción de caducidad que propuso en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad.

Para resolver el cargo, la Sala encuentra pertinente precisar que el Juzgado Cuarto
Administrativo de Pereira en providencia del 28 de junio de 2022 declaró no probadas
las excepciones de prescripción y caducidad, propuestas por las partes demandada y
vinculada en sus escritos de contestación, al considerar que el numeral 2 del artículo
164 del CPACA prevé que la oportunidad para presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho so pena de que opere la caducidad es de 4 meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas
en otras disposiciones legales.

Sin embargo, se refirió a la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual la
lesividad no es una acción autónoma, sino que para promoverse debe acudirse a la
acción o medio de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, por
lo tanto, el demandante tiene dos opciones: (i) cuando no se solicita el
restablecimiento del derecho en la que no es factible computar el término de caducidad
y; (ii) cuando este sí se solicita, la acción impetrada es la de nulidad y restablecimiento
del derecho, luego se le aplica el término de caducidad.

Entonces, la Sala encuentra que el presente asunto si bien la demandante alega que
el tribunal demandado no se pronunció frente a la caducidad del medio de control, lo
cierto es que está excepción fue resuelta por el juez de primera instancia, desde la
providencia del 28 de junio de 2022, en la que declaró no probadas las excepciones
1
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
10
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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

de prescripción y caducidad; y frente a esta decisión las partes no interpusieron
recursos, razón por la que ahora no puede hacer uso de la acción de tutela para suplir
dicha falencia.

Al respecto, debe señalarse que en el presente caso no se satisface el requisito de
subsidiariedad respecto al cargo alegado, toda vez que la demandante contaba con
un mecanismo procesal idóneo y eficaz para controvertir la decisión de declarar no
probada la excepción de caducidad, esto es, el recurso de reposición. En efecto, de
conformidad con el artículo 242 del CPACA modificado por el artículo 61 de la Ley
2080 de 2021, procedía la reposición, recurso que no fue interpuesto por la
demandante.

Si bien, la demandante aduce que el tribunal no se pronunció respecto a la excepción
de caducidad, lo cierto es que este aspecto procesal fue resuelto en la etapa inicial
del medio de control, razón por la que ahora no procede que lo alegue en el marco de
la presente solicitud de amparo, pues tal como se acaba de explicar, el recurso de
reposición sí era un medio de defensa idóneo para alegar la contradicción alegada en
la acción de la referencia.

De manera que, no hay lugar a pronunciarse de fondo respecto al presunto defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, pues, como se vio, no cumple con el
requisito general de procedencia de subsidiariedad.

(ii) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela respecto de los demás cargos

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el requisito general de relevancia
constitucional porque la parte actora invoca la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad; se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial
cuestionada afecta dichos derechos; no se trata de un asunto de mera legalidad o
económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi.

Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
porque, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de
lesividad, la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Pereira negó las pretensiones de la demanda, la cual fue favorable
a los intereses de la demandante, y fue solo en virtud del recurso de apelación
interpuesta por Colpensiones que el Tribunal Administrativo de Risaralda revocó dicha
decisión y declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó la
reliquidación de la pensión de la actora con base en las Leyes 100 de 1993, 797 de
2003 y 812 de 2003.

Además, de configurarse los defectos sustantivo o por desconocimiento del
precedente alegados por la parte actora, se vería comprometido su derecho
fundamental al debido proceso, en tanto la autoridad judicial demandada habría
resuelto la controversia a partir de una presunta indebida aplicación de las normas, un
actuar del juez al margen del procedimiento o una omisión del precedente judicial
respecto a los principios de confianza legítima y principio de favorabilidad en materia
pensional, lo que redundó en la disminución de la mesada pensional reconocida a la
actora.

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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia cuestionada fue proferida el 5 de diciembre de 2024, notificada el 12 de
diciembre de 2024, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 26 de mayo de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela.

Por lo que la Sala pasa a analizar si se configura los defectos alegados.

En atención a la forma en que fueron planteados los cargos por la demandante, se
abordara de manera conjunta los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, en relación con el análisis de la sentencia C-030 de 2009; el
estudio del fallo de tutela 21 de octubre de 2009, proferido por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Pereira y el desconocimiento de las demás sentencias citadas
referentes a principios de favorabilidad, buena fe y confianza legítima, por cuanto se
encuentran íntimamente relacionados.

Del defecto sustantivo2 por desconocimiento del precedente fijado en la
sentencia de la Corte Constitucional C-030 de 2009 en el caso concreto

De conformidad con lo alegado por la demandante, corresponde a esta Sala
determinar si el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en defecto sustantivo por
presunto desconocimiento de la interpretación normativa realizada en la sentencia C-
030 de 2009, en la que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del
Decreto 2091 de 2003, que reformó el régimen de pensiones de los servidores
públicos del DAS.

En ese momento, la Corte realizó un examen para efectuar el traslado del Régimen
de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media a fin de ser
beneficiario de una pensión especial por actividades de alto riesgo, y dispuso:

«De otra parte, los demandantes solicitan se declare la inexequibilidad del término de 3
meses que consagran las normas acusadas para trasladarse del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida para ser
beneficiario de la pensión especial por actividades de alto riesgo. Argumentan que, con

2
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable
al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

esta disposición, en caso de que un afiliado al Régimen de Ahorro Individual se trasladara
al Régimen de Prima Media con posterioridad al término señalado, no podría beneficiarse
de la pensión especial, ya que dicha pensión sólo se otorga a quienes hubiesen
efectuado el traslado en el plazo indicado de 3 meses.

Antes de estudiar la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, es pertinente
aclarar que aunque el término establecido de 3 meses ya feneció, pues se contaba
únicamente desde la fecha de publicación del Decreto 2090 y de la Ley 860 de 2003,
aun produce efectos para aquellas personas que no ejercieron la opción de trasladarse
de régimen en el plazo indicado. (…)

Los demandantes sostienen que con la imposición de dicho plazo se vulnera el derecho
a la libre escogencia de régimen pensional, pues una vez cumplidos los 3 meses no es
posible ningún traslado, y en consecuencia, no se podría acceder al beneficio de la
pensión especial. No obstante, una lectura armónica de todo el artículo 9 del Decreto
2090 de 2003 y del artículo 2 de la Ley 860 de 2003, permite concluir que dicho término
se consagró como una ventaja para aquellas personas que ejercían actividades de alto
riesgo en la fecha de expedición de las respectivas normas y quisieran trasladarse al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida para ser beneficiarios de la pensión
especial, ya que podrían cambiarse de régimen sin necesidad de cumplir los términos de
permanencia contemplados en el literal e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, según el
cual, sólo se puede cambiar de régimen cada 5 años después de la elección inicial.

Es decir, que aquellas personas que ejercían actividades de alto riesgo para la fecha de
publicación de las mencionadas normas y se encontraban afiliados al Régimen de Ahorro
Individual, se pudieron trasladar de régimen sin necesidad de cumplir los 5 años de
permanencia que exige la norma citada. Así entonces, partiendo de la anterior
interpretación, no resulta vulnerado el derecho a la libre elección de régimen pensional,
que a pesar de ser un derecho de rango legal puede llegar a involucrar otros derechos
constitucionales como el derecho a la igualdad.

En primer lugar, en ningún momento las normas en cuestión establecen que una vez
vencido el término de 3 meses no se podrán realizar traslados de un régimen pensional
a otro, pues estos traslados se siguen rigiendo por el artículo 13, literal e de la Ley 100
de 1993. En segundo lugar, tampoco se dice en las normas acusadas que no será posible
acceder a la pensión especial por actividades de alto riesgo con posterioridad al término
señalado de 3 meses, ya que dichas normas sólo prescriben que aquellas personas que
ejercían actividades de alto riesgo y se encontraban en el Régimen de Ahorro Individual
para la fecha en que se publicaron tanto el Decreto 2090 de 2003 como la Ley 860 de
2003, se podían trasladar al Régimen de Prima Media, a fin de obtener la pensión
especial por actividades de alto riesgo, sin tener en cuenta los términos de permanencia
antes mencionados.

No obstante lo anterior, es preciso que esta Corporación armonice el presente fallo con
la sentencia C-789 de 2002, en donde se estudió la constitucionalidad de requisitos
impuestos por el legislador para aplicar el régimen de transición. En dicha sentencia la
Corte protegió el derecho a cambiar de régimen pensional y declaró exequibles las
normas bajo dos condiciones dirigidas a hacer efectivo dicho derecho dentro de un
sistema pensional sostenible.

Tales condiciones se aplicaban a las personas que habiendo cumplido el requisito de
quince años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema
de seguridad social en pensiones y que estuvieran en el régimen de ahorro individual,
pudieran trasladarse al régimen de prima media y ser beneficiarios del régimen de
transición, a saber: a) que trasladen al régimen de prima media todo el ahorro que
efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y b) que dicho ahorro no sea
inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren permanecido en
el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo trabajado les será computado en el
régimen de prima media. Así las cosas, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional
estableció que 66001-33-33-004-2021-00016 -01 (A-1270-2022) Nulidad y
Restablecimiento del Derecho Página 26 de 44 uno de los requisitos para cambiarse del
régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida,
para aquellas personas que llevaran quince años o más de servicios cotizados al

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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, consistió
en que el ahorro del régimen de ahorro individual no fuera inferior al monto del aporte
legal correspondiente, es previsible que algunas personas que trataron de ejercer la
opción de trasladarse del régimen de ahorro individual al de prima media para acceder a
la pensión especial por actividades de alto riesgo, en el término de 3 meses previsto en
las normas demandadas, no pudieron realizar el traslado debido a que se encontraron
con el obstáculo de tener un ahorro en el régimen de ahorro individual inferior al monto
del aporte legal correspondiente en el régimen de prima media.

En razón a ello la opción para beneficiarse de la pensión especial sin tener que cumplir
los términos de permanencia no fue realmente efectiva. La efectividad del derecho a
cambiar de régimen pensional dentro del marco constitucional y legal vigente depende
de que éste pueda ser ejercido sin trabas insalvables. Uno de estos obstáculos es
precisamente impedir que el interesado aporte voluntariamente los recursos adicionales
en el evento de que su ahorro en el régimen de ahorro individual sea inferior al monto
del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido en el régimen de
prima media con prestación definida. Esta barrera es salvable si el interesado aporta los
recursos necesarios para evitar que el monto de su ahorro, al ser inferior en razón a
rendimientos diferentes o a otras causas, sea inferior al exigido. Esto no sólo es
necesario dentro del régimen general, sino también en los regímenes especiales con el
fin de conciliar el ejercicio del derecho del interesado en acceder a la pensión y el objetivo
constitucional de asegurar la sostenibilidad del sistema pensional.

Por lo tanto, con el fin de que se ejerza sin ningún obstáculo la opción de trasladarse de
régimen y beneficiarse de la pensión especial por actividades de alto riesgo, es preciso
que se restablezca el mismo plazo, es decir, tres meses a partir de la comunicación de
la presente sentencia. De tal manera que la opción que se les otorgó a los trabajadores
que se dedican a actividades de alto riesgo para acceder a la pensión especial resulte
cierta, efectiva y respetuosa del derecho que tiene toda persona a cambiar de régimen
pensional, dentro del marco constitucional y legal vigente. En consecuencia, esta
Corporación declarará exequible el término de 3 meses contemplado en las normas
acusadas, en el entendido de que: a) el plazo de tres (3) meses se contará a partir de la
comunicación de la presente sentencia; y b) la persona que ejerza la opción, puede
aportar voluntariamente los recursos adicionales necesarios en el evento de que el
ahorro en el régimen de ahorro individual con solidaridad sea inferior al monto del aporte
legal correspondiente, en caso de que hubiere permanecido en el régimen de prima
media, como se advirtió en la sentencia C-789 de 2002»

En dicha oportunidad la Corte les permitió a los funcionarios que se encontraban en
el régimen de ahorro individual con solidaridad, y desempeñaban actividades de alto
riesgo como personal del DAS, durante los 3 meses siguientes a la comunicación de
esa sentencia, es decir, desde el 28 de enero hasta el 28 de abril de 2009 realizarán
su solicitud y efectivo traslado.

Para empezar, en el presente asunto se encuentra que la demandante alega que el
tribunal demandado desconoció la referida sentencia, en la medida en que incurrió en
indebida interpretación y aplicación de ese pronunciamiento, porque dicha decisión
tuvo como finalidad primordial facilitar el traslado de los funcionarios del DAS que
desempeñaban actividades de alto riesgo para que pudieran acceder a los beneficios
de la pensión especial contemplada en la Ley 860 de 2003 y el Decreto 2090 de 2003
y, en ese orden, se dispuso que se hiciera efectivo y de manera coordinada el traslado.

En efecto indicó:

«La propia Sentencia C-030/09 indicó que el plazo para el traslado se restablecía para
que la opción de beneficiarse de la pensión especial "resulte cierta, efectiva y respetuosa
del derecho que tiene toda persona a cambiar de régimen pensional". El Tribunal
Administrativo, al centrar su análisis en el cumplimiento estricto de las 500 semanas de
cotización en alto riesgo al 28 de julio de 2003 (fecha de entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003), sin una ponderación suficiente del hecho de que el traslado de la
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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

Accionante fue posterior y amparado por la C-030/09 (que precisamente buscaba
superar obstáculos temporales), y además ordenado por un fallo de tutela, incurrió en
una interpretación restrictiva que desnaturaliza el alcance de la C-030/09. Dicha
sentencia no condicionó el traslado a una revisión retroactiva de semanas bajo el nuevo
decreto, sino que abrió una ventana para el ejercicio efectivo de un derecho (…)

Inaplicación o aplicación indebida del Principio de Favorabilidad en materia de Seguridad
Social (Artículo 53 C.P.):

Existiendo una interpretación plausible de las normas (Sentencia C-030/09, Ley
860/2003, tutela previa) que permitía mantener el reconocimiento de la pensión bajo las
condiciones especiales del régimen del DAS, el Tribunal optó por una interpretación que
resulta menos favorable a la Accionante, ordenando la reliquidación bajo el régimen
general. La Corte Constitucional ha sido reiterativa (ej. Sentencia SU-267 de 2023) en
que, ante la duda en la aplicación de fuentes normativas en seguridad social, debe
preferirse la situación más favorable al afiliado o pensionado.»

Es decir que, a juicio de la demandante, el Tribunal Administrativo de Risaralda al
proferir la sentencia del 5 de diciembre de 2024 no tenía la posibilidad de invalidar los
actos de reconocimiento pensional bajo el régimen especial del DAS, conforme con la
sentencia C-030 de 2009.

Sobre el particular, es necesario precisar respecto a la sentencia C-030 de 2009, que
en ella se abrió la posibilidad para que la actora pudiese hacer efectivo el traslado del
régimen de pensiones del privado al público, pero, no determinó la forma en que debía
ser liquidada dicha prestación o si la demandante cumplía los requisitos del
reconocimiento pensional o no bajo el régimen especial o general de pensiones.

Al respecto, se precisa que el Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia del
5 de diciembre de 2024, hoy cuestionada, no desconoció o inaplicó en indebida forma
la sentencia C-030 de 2009, pues la orden de declarar la nulidad del acto
administrativo de reconocimiento pensional no se refirió al traslado efectivo de la
demandante al régimen de prima media, sino que la misma se enmarcó en el hecho
de que la demandante no cumplió requisitos para el reconocimiento pensional bajo el
régimen especial del DAS, razón por la que concluyó que, si bien, había lugar al
reconocimiento pensional, el mismo debía hacerse en aplicación del régimen general
de pensiones, esto es, la Ley 100 de 1993; en dicha oportunidad la autoridad judicial
demandada indicó:

«(…) la solicitud de traslado de régimen efectuada por la señora Gloria Inés Betancurt
Botero, fue realizada dentro del término concedido para ello por la Corte Constitucional en
la sentencia C-030 de 2019, por lo que con base en todo lo discurrido y, en cuanto a los
términos establecidos por la sentencia ya reseñada, C-030 de 2009, se observa que la
señora Betancurt Botero, realizó el respectivo trámite dentro de los mismos.

Cabe destacar que, esta Sala se pronunciará, exclusivamente, respecto a lo que motivó la
demanda y específicamente del recurso de apelación; para ello, resulta útil reseñar que el
auto de pruebas APSUB 1939 del 15 de octubre de 2020, coincide con el argumento
plasmado en el líbelo introductorio y reiterado en el escrito de alzada presentado por la
Administradora Pensional, referente a que la misma no era la entidad competente para
asumir la prestación pensional deprecada por la señora Betancurt Botero en razón a que
aquella no acreditaba las 750 semanas de cotización al 01 de abril de 1994, consagradas
en la Ley 797 de 2003 y el Decreto 692 de 1994, tal y como quedó reflejado en el auto de
pruebas mencionado, en el acápite de “Normas Violadas y Concepto de la violación” del
escrito de demanda, y que, como ya se indicó, se reitera en el escrito de apelación (…)

Luego entonces, en este caso, debe la Sala considerar que la entidad demandante alega
que presenta la demanda en vista de que la señora Gloria Inés Betancurt Botero no
acreditó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y conforme a la postura del
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Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, cuando el trabajador es beneficiario de un
régimen especial en pensiones, no es necesario acreditar el régimen de transición de Ley
100; sin embargo, la condición sine qua non para concluir que a la señora Betancurt Botero
no se le podía exigir por parte de COLPENSIONES estar inmersa en el régimen de
transición de la Ley general, es la acreditación de que cumple con los requisito del régimen
especial, lo que entiende esta colegiatura esta indefectiblemente atado y se concluye, con
la valoración integral de su historia laboral, que la señora Gloria Inés no tiene derecho a
régimen de transición de Ley 100 de 1993, pero tampoco reúne los requisitos de ley
establecidos para acceder al régimen especial, y en ese sentido, si bien es cierto el
concepto de violación se ciñe únicamente a no haberse acreditado las 750 semanas de
cotización al 01 de abril de 1994, no es posible aplicar la tesis de favorabilidad tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado sin verificar primero que en efecto la
persona sea beneficiaria del régimen especial.

En efecto, resulta claro que se puede reconocer que en ciertos escenarios no se necesita
acreditar ser beneficiario del régimen de transición de la Ley general, como en efecto se
ha establecido por la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre, pero siempre y
cuando dicha persona tenga el régimen especial; luego, como la beneficiaria no cumplía
los requisitos para acceder al régimen especial por no encontrarse ni dentro del marco de
los regímenes de transición del mencionado régimen especial, no resulta relevante si tiene
o no, el régimen de transición de Ley 100 de 1993; ya que, se itera, la señora Gloria Inés
Betancurt Botero, quien laboraba como Oficial Técnico de Inteligencia adscrita a la
Coordinación de Inteligencia; es decir, funcionaria del Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS, en la seccional Risaralda y desempeñaba actividades de alto riesgo, no
acreditó los requisitos de ley establecidos para acceder al régimen especial, como pasa a
explicarse; a los servidores públicos que ejercen actividades de alto riesgo, que se
encontraban amparados por el Decreto 1835 de 1994, les fue concedido un régimen de
transición con el Decreto 2090 de 2003 (que lo derogó) consistente en que quienes a 28
de julio de 2003 (fecha de su entrada en vigencia) hubiesen efectuado al menos 500
semanas de cotización especiales, tendrían derecho a que una vez cumplidas 1000
semanas cotizadas, la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, esto es, el
Decreto 1835 de 1994.

En consecuencia, a los detectives del extinto DAS, que estuviesen vinculados con
anterioridad al 04 de agosto de 1994 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 1835 de
1994), se les debe aplicar en materia pensional las normas que les regían antes de la
expedición de la Ley 100 de 1993, que corresponden a los Decretos 1047 de 1978 y 1933
de 1989 (…)

En síntesis, a los servidores públicos que ejercen actividades de alto riesgo que se
encontraban amparados por el Decreto 1835 de 1994, les fue concedido un régimen de
transición con el Decreto 2090 de 2003 (que lo derogó) consistente en que quienes a 28
de julio de 2003 (fecha de su entrada en vigencia) hubiesen efectuado al menos 500
semanas de cotización especiales, tendrían derecho a que una vez cumplidas 1000
semanas cotizadas, la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, esto es, el
Decreto 1835 de 1994.(…)

El decreto 2090 de 2003, entró en vigencia el 28 de julio de 2003 y como la señora Gloria
Inés Betancurt Botero se vinculó al DAS, el primero de septiembre de 1994, no es posible
ni matemática, ni materialmente que con esa única vinculación, al 28 de julio de 2003,
hubiese acreditado las 500 semanas de cotizaciones de alto riesgo que exige el nuevo
régimen de transición del régimen especial; adicionalmente, no se probó en este proceso,
que el tiempo que trabajó de forma previa para la Policía Nacional lo hubiese realizado en
una actividad de alto riego; por lo anterior, habrá lugar a revocar el fallo de primera
instancia, para en su lugar disponer la nulidad de los actos demandados y que,
Colpensiones reconozca y reliquide la pensión de la señora Betancurt Botero con base en
las leyes 100, 797 y 812, y mientras lo hace, expidiendo el respectivo acto administrativo,
lo notifica y la incluye en nómina, continúe pagando la mesada pensional, porque lo cierto
es que de conformidad con la historia laboral que se plasma en los actos administrativos
emanados de la propia entidad que ya fueron reseñados, sí tiene causado el derecho a la

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pensión al contar con 1.649 semanas cotizadas y más de 57 años, lo que pasa es que no
tiene derecho a la pensión de régimen especial. (…)».

(subraya fuera de texto)

En este contexto, la Sala concluye que la autoridad judicial demandada no incurrió en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial de la sentencia C-030
de 2009, por cuanto para solucionar el presente asunto fundamentó su decisión en el
hecho de que la demandante, si bien, acreditó 1.649 semanas y más de 57 años, no
tenía derecho al reconocimiento pensional bajo el régimen especial del DAS, porque
a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, esto es el 28 de julio de 2003, la
actora debía acreditar 500 semanas de cotizaciones de alto riesgo, que exigía el nuevo
régimen de transición del régimen especial.

Que, la señora Betancurt Botero se vinculó al DAS, el 1° de septiembre de 1994, por
lo que no era posible matemática, ni materialmente que, con esa única vinculación, al
28 de julio de 2003, hubiese acreditado las 500 semanas de cotizaciones; además no
probó que el tiempo que trabajó de forma previa para la Policía Nacional lo hubiese
realizado en una actividad de alto riesgo.

De modo que, si bien la accionante argumentó que al declarar nulo el acto
administrativo de la pensión reconocida por Colpensiones se incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento de la sentencia C-030 de 2009, lo cierto es que lo
ordenado no desconoció el traslado del régimen privado al público de la actora, sino
que se refirió puntualmente al reconocimiento de la pensión bajo el régimen especial
del DAS, en la medida en que no cumplió los requisitos necesarios para acceder a
ello.

Por tanto, la interpretación realizada por la autoridad judicial demandada encuentra
respaldo en la normativa y la jurisprudencia que rigen el caso y, por lo tanto, no puede
catalogarse como arbitraria ni caprichosa, motivo por el cual no se acredita el defecto
sustantivo alegado.

Del defecto por desconocimiento del precedente judicial3

La actora alegó que, en el caso objeto de estudio se desconoció el precedente judicial,
porque, a su juicio, no se tuvo en cuenta lo fijado en el fallo de tutela dictado el 21 de
octubre de 2009, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira en el que se
ordenó al ISS radicar y aceptar la solicitud de traslado del régimen de ahorro individual
con solidaridad de la señora Betancurt Botero desde BBVA Horizonte Pensiones y
Cesantías al régimen de prima media con prestación definida.

3
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
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Frente a este punto la demandante señaló que la autoridad judicial demandada
desconoció que en su caso existía una decisión constitucional en la que se ordenó
hacer efectivo el traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al
Régimen de Prima Media, razón por la que había lugar a mantener su situación bajo
el amparo del régimen especial del DAS. Que, la decisión acusada desconoció el
principio de favorabilidad, pues optó por una interpretación que resulta menos
favorable a la actora, y ordenó la reliquidación bajo el régimen general de pensional,
cuando lo propio era que, ante la duda se diera aplicación a la situación más favorable.

Al respecto, la Sala destaca que el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Pereira el 21 de octubre de 2009, no constituye un precedente
vinculante para la autoridad judicial demandada, porque se trata de una decisión
proferida por un juez de otra jurisdicción y de otra jerarquía; además en él únicamente
se ordenó hacer efectivo el traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
al Régimen de Prima Media, en aplicación a lo ordenado en la C-030 de 2009, tal
como ocurrió, más no se ordenó el reconocimiento pensional bajo alguna norma
específica.

En ese entendido, es claro que este punto corre la misma suerte que el estudiado con
anterioridad, pues si bien, en el fallo citado como desconocido le fueron amparados
derechos fundamentales a la actora, lo cierto es que esto fue en el sentido de
garantizar que, en aplicación a la C-030 de 2009, se hiciera efectivo el traslado del
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media.

Al efecto, en el fallo del 21 de octubre de 2009, el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Pereira, puntualmente, ordenó:

«PRIMERO. TUTELAR el derecho fundamental a la seguridad social e igualdad que le
asiste a la señora GLORIA INES BETANCURT BOTERO que viene siendo vulnerado por
el Instituto de Seguros Sociales.

SEGUNDO: ORDENAR que en el término de 48 horas el Instituto de Seguros Sociales
proceda a radicar y aceptar el traslado de la señora GLORIA INES BETANCURT BOTERO
de la administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad, BBVA Horizonte
Pensiones y Cesantías a la del régimen de prima media con prestación definida por él
administrado, conforme a lo establecido en la parte motiva.

TERCERO: PREVENIR al Instituto de Seguros Sociales, para que, en coordinación con
BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, en el término antes referido, coordinen y realicen
las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la presente decisión, debiendo informar al
juzgado de manera inmediata todas y cada una de las actuaciones que se lleven a cabo
para efectivizar esta orden. (…)».

Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto del presente asunto, se encuentra que en
la sentencia objeto de debate no se desconoció lo expuesto en el mencionado fallo de
tutela, dado que como se vio, no se dejó sin efecto el traslado de régimen privado a
público de la actora.

En este contexto, la Sala encuentra que no se configuran los defectos alegados por la
accionante, por las razones que se exponen.

Por último, la Sala observa que, si bien, la demandante alega como desconocidos los
principios de favorabilidad, buena fe y confianza legítima, en la medida en que afirma
que no había lugar a declarar la nulidad de su reconocimiento pensional y ordenar un
nuevo reconocimiento bajo el régimen general de pensiones, y al efecto citó como
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desconocidas las sentencias T-295 de 1999, la SU-360 de 1999, la T-611 de 2001 y
la C-131 de 2004; e indicó que la demandante confió en la legalidad de su traslado; lo
cierto es que en el caso objeto de estudio el juez natural aplicó el principio de
favorabilidad, cuando ordenó continuar pagando la mesada a la actora, ajustada a las
disposiciones del régimen general de pensiones, en el entendido que ya no le asistía
el derecho a percibir la pensión especial por actividades de alto riesgo.

Lo anterior si se tiene que, la decisión cuestionada abordó el estudio de los requisitos
del régimen del DAS, como régimen especial, y los de la Ley 100 de 1993, régimen
general, lo cual no implicaba que dos le resultaran aplicables, sino que, como se vio,
el tribunal concluyó que al no cumplir los requisitos del régimen especial, porque a la
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, esto es, que el 28 de julio de 2003 la
actora no acreditó 500 semanas de cotizaciones de alto riesgo, que exigía el nuevo
régimen de transición del régimen especial, lo procedente era reconocer la pensión
bajo el amparo de la Ley 100 de 1993, porque tenía 1.649 semanas cotizadas y más
de 57 años.

De igual forma, es necesario indicar que no se desconoció el principio de buena fe de
la demandante, en la medida en que en la decisión cuestionada se indicó que no había
lugar a ordenar el reintegro de los valores cancelados, pues en el marco del proceso
Colpensiones, en calidad de parte demandante, no aportó evidencia que condujera a
desvirtuar la buena fe de la demandada y que diera lugar a ordenar el reintegro de los
valores pagados en exceso.

Por ello, se encuentra que el análisis realizado por la autoridad judicial accionada no
fue arbitrario ni se apartó del ordenamiento jurídico.

Así las cosas, la Sala concluye que en el caso objeto de estudio no se configuraron
los defectos alegados, pues la interpretación de la autoridad judicial accionada fue
razonable, se ajustó a los parámetros legales y se fundamentó en la jurisprudencia
aplicable.

Por lo anterior, la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, negará
las pretensiones de la acción de tutela que ejerció la señora Gloria Inés Betancurt
Botero contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar la decisión de primera instancia, la cual quedara así:

«Declarar improcedente la solicitud de amparo que ejerció la señora Gloria Inés Betancurt
Botero contra el Tribunal Administrativo de Risaralda frente al defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto alegado, conforme con lo expuesto en la parte considerativa de la
presente decisión.

Negar, en lo demás, la presente solicitud de amparo».

2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Demandante: Gloria Inés Betancurt Botero

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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