Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03208-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03208-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03208-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03208-00
Accionante: Fernando Leyva Barragán
Accionados: Presidencia de la República y otro
Temas: Tutela contra autoridades públicas. Agencia oficiosa.
Improcedencia de la acción de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Decide la Sala1 la acción de tutela formulada por Fernando Leyva Barragán
contra la Presidencia de la República y el Congreso de la República.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 26 de mayo de 2025, Fernando Leyva Barragán presentó la acción de tutela
(i) como agente oficioso de Lina María Garrido, con el fin de obtener la protección
de los derechos fundamentales a la vida, paz, salud, debido proceso, libertad de
expresión, elegir libremente y «libre ejercicio de funciones públicas»; y (ii) en
nombre propio, con ocasión de la solicitud por parte del Gobierno Nacional al
Senado para que emita concepto favorable para convocar una consulta popular.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:
«[…] SOLICITUD PRINCIPAL
-1- Al Estado y/o Gobierno de Colombia: que le preste de manera inmediata la
protección a la vida y seguridad de la Representante a la Cámara, señora Lina María
Garrido, en su vivencia en general, y en su zona o sector de domicilio y/o residencia,
de manera eficaz, eficiente, efectiva y completa, de tal forma que se logre hacer
disminuir al máximo la intimidación en razón de las amenazas y el peligro inminente de
muerte, y de manera que pueda así hacer ejercicio de sus funciones de congresista y
en consecuencia del derecho a elegir o votar de manera absolutamente libre.
-2- Al Senado o Congreso de la República de Colombia: En cabeza de su Presidente
el señor Efraín Cepeda, que se sirva suspender de manera inmediata, el trámite
presentado por el Gobierno Nacional de Colombia, de la solicitud respecto del trámite
para la decisión de conveniencia o inconveniencia de la segunda Consulta Popular,
presentada el día 19 de mayo de 2025, hasta cuando el Gobierno pueda demostrar
ante el señor Juez, que se han dado las circunstancias y condiciones de seguridad de
la Representante Lina María Garrido, de manera eficaz, eficiente, efectiva y completa,
y le sea posible hacer ejercicio de sus funciones de congresista y en consecuencia del
derecho a elegir o votar de manera absolutamente libre.
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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Accionante: Fernando Leyva Barragán
Respecto de mi actuación en nombre propio, como ciudadano de Colombia,
respetuosamente le solicito al señor juez de la causa, que se sirva ordenar:
-1- Al Gobierno de Colombia:
a). que se suspenda la segunda solicitud presentada por parte del Gobierno al
Congreso respecto de la emisión del concepto favorable de conveniencia para poder
convocar a la Consulta Popular, hasta que se le demuestre al señor juez que han
cesado las actuaciones señalas (sic) en los literales siguientes, es decir, b), c), d) y e).
b). que cese de manera inmediata toda actuación que vulnere el Debido Proceso, sus
actuaciones y solicitudes al Congreso de la Republica que sean inconstitucionales,
ilegales, abusivas, específicamente la segunda solicitud al Congreso respecto de la
emisión del concepto favorable de conveniencia para poder convocar a la Consulta
Popular.
c). Que cesen actitudes o actuaciones que puedan poner en riesgo el libre
funcionamiento del Congreso de la República, la toma de sus decisiones o votaciones,
su libertad de decisión, sin que se atente contra la independencia del Congreso de
Colombia, las Institucionalidad o instituciones públicas, sin menoscabar la división de
los tres poderes públicos, sin perturbar la paz y la convivencia de los colombianos y sin
poner en riesgo la democracia del país.
d). Que cese y ordene cesar las amenazas y coacciones a los ciudadanos colombianos
por parte de sus citados funcionarios públicos y miembros de los partidos políticos
Colombia Humana, El Pacto Histórico, etc. y los congresistas aliados.
e). Que cese y no coaccionen, constriñan, y en realidad extorsionen a los ciudadanos
colombianos para que les sea posible participar en los procesos electores de manera
absolutamente libre.
SOLICITUD SUBSIDIARIA
En la eventualidad que, por parte del juzgador de esta causa, se niegue la solicitud
principal, es decir, la solicitud de suspensión del trámite, de manera subsidiaria
solicitamos lo siguiente:
Respecto de la actuación como Agente Oficioso:
-1- Teniendo en cuanta entre otros argumentos de esta Tutela que:
a). el potencial del móvil de las amenazas es la actual vigencia de la segunda solicitud
del Gobierno ante el Congreso, (Del día 14 de mayo de 2.025), con la finalidad que se
dé un concepto favorable de la conveniencia de una convocatoria a una Consulta
Popular.
b). esta tutela es para la protección de los derechos de la congresista Lina María
Garrido.
c). tiene como finalidad lograr que cesen las amenazas y el peligro de muerte.
d). se den medidas que conjuren o neutralicen de manera eficaz, eficiente efectiva y
completa el peligro de la congresista. Así como la coacción para ejercer sus funciones
libremente, incluyendo votar.
Entonces, cualquier actuación debe ser inmediata.
-2- Teniendo en cuenta entre otros argumentos de esta Tutela respecto de la segunda
solicitud del Gobierno ante el Congreso, (Del día 14 de mayo de 2.025), con la finalidad
que se dé un concepto favorable de la conveniencia de una convocatoria a una
Consulta Popular, tenemos:
a). Que es una solicitud abiertamente inconstitucional, habida cuenta de la falta de
facultades del ministro delegatario y de la modalidad de la solicitud.
b). Que las 4 preguntas de derecho a la Salud en realidad son inocuas.
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c). Que es un abuso del poder.
d). Que es ilegal, debido a la improcedencia reiterativa.
e). Que no se van a afectar los derechos de las Reformas en trámite, ni de la laboral ni
de la de la salud.
f). Que no se vulneraría ni el Debido Proceso, ni el Derecho de Petición.
f). Que no se vulneraría los Derechos de participación ciudadana.
g). Que jurídicamente es una modalidad de consulta siu generis, hibrida, que implica la
aplicación de normas del derecho general respecto de la consulta jurídica y de normas
del Congreso de la República respecto de la votación y de los efectos de firmeza de
estas decisiones.
Y que, por lo tanto:
De una parte: debe tramitarse es como un concepto jurídico, por lo que, siendo
reiterativo o repetitivo, debe responderse o resolverse de plano, procediendo solamente
a manifestar por parte del presidente del Congreso Doctor Efraín Cepeda, al Gobierno,
que debe atenerse a lo ya resuelto.
De otra parte, que una solicitud al Congreso una vez decidida, no puede volver a
presentarse sino en otro periodo legislativo.
h). Que sería dar lugar a eliminarle las funciones al Congreso, a la vulneración del
principio de independencia de las tres ramas del poder público, concentrándose en una
sola, la del ejecutivo, a una ruptura institucional, lo cual, obviamente terminaría con la
democracia.
Entonces, que se sirva el señor juez de esta causa, ordenarle al Senado o Congreso,
en cabeza del Doctor Efraín Cepeda, que proceda actuar de manera inmediata, vale
decir, a darle respuesta de manera inmediata a la citada solicitud al gobierno ».
4. Como fundamentos fácticos, el accionante afirmó que Lina María Garrido,
representante a la Cámara por el departamento de Arauca y miembro del partido
Cambio Radical, ha sido objeto de «amenazas de muerte reiteradas por parte de
grupos armados ilegales» debido a las denuncias públicas que ha realizado sobre
hechos de corrupción relacionados con la presunta entrega irregular de contratos a
algunos grupos armados.
5. A pesar de que «ha presentado varias solicitudes de protección al Estado
Colombiano, incluso a través de medios de comunicación o por sus redes sociales»,
la respuesta de la institución ha sido insuficiente.
6. El 1 de mayo de 2025, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la
República una solicitud, frente a la «conveniencia o no» para convocar una consulta
popular, compuesta por 12 preguntas de contenido laboral, la cual fue debatida y
rechazada el 14 de mayo de 2025 por el Senado de la República.
7. El 19 de mayo de 2025, el Gobierno Nacional nuevamente formuló una
segunda solicitud para que se emitiera concepto favorable, con el fin de consultar al
pueblo «las misma 12 preguntas y relacionadas con tema laboral y agregó 4
preguntas sobre temas de salud.
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8. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que era inaceptable la
falta de acciones concretas por parte del Gobierno Nacional para proteger de
manera eficaz a la congresista Lina María Garrido, quien actualmente enfrenta
amenazas como consecuencia de su labor legislativa, especialmente, frente al
trámite de una consulta popular, así como las evidencias de coacción y la gravedad
de la situación de violencia en la región donde reside la congresista. Señaló que esa
omisión no solo pone en riesgo su vida, sino también vulnera los derechos de otros
funcionarios con circunstancia similares.
9. De otra parte, indicó que la solicitud presentada por el ministro Guillermo
Alfonso Jaramillo ante el Senado de la República para convocar una consulta
popular fue inconstitucional, ya que según el artículo 104 de la Constitución Política,
la facultad de convocar a una consulta es exclusiva del presidente de la República
y no puede ser delegada, de manera que aunque aquella autoridad se ausentó del
país, esta seguía ostentando ese cargo.
10. Expuso que ya se presentó una primera solicitud para la viabilidad de la
consulta popular, la cual ya fue resuelta por lo que no era procedente que el
Gobierno elevara una nueva petición bajo las mismas condiciones y con el mismo
propósito. En ese sentido, el Senado no estaría obligado a responderla nuevamente,
sino que bastaría con que se remita a lo decidido en la contestación anterior.
Agregó, que de conformidad con el reglamento del Congreso («Ley 5° de 1.992,
sentencias C-543 de 1998, C-277 de 2002 y C-222 de 1997») no puede presentarse
en una misma legislación proyectos antes formulados.
11. Mencionó que actualmente está en discusión en la Comisión Cuarta el
proyecto de ley de la Reforma Laboral, el cual aborda los mismos derechos
laborales que son objeto de las preguntas planteadas en las 2 solicitudes
relacionadas con la consulta popular, por lo que en observancia del debido proceso,
lo lógico sería esperar la culminación de ese trámite, por haber iniciado primero,
antes de considerar el avance de la segunda consulta.
12. Añadió que «es muy probable» que los derechos planteados en las preguntas
de la consulta popular sean reconocidos en el trámite de las reformas laboral y de
salud, de ahí que la consulta perdería sentido, convirtiéndose en algo
innecesariamente costoso.
13. Finalmente, manifestó que aunque el Estado puede promover consultas
populares, este derecho no es absoluto ni puede ejercerse de forma ilimitada. En
este caso concreto, al insistir en una nueva solicitud mientras aún hay trámites
vigentes y condiciones jurídicas no superadas, se configura un abuso de poder que
no debe ser aceptado.
Actuaciones procesales
14. El 28 de mayo de 2025, el despacho del magistrado sustanciador de la
presente decisión negó la medida provisional solicitada, admitió la acción de tutela
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contra la Presidencia de la República y el Congreso de la República, y vinculó a la
Unidad Nacional de Protección (UNP).
15. Adicionalmente, se requirió al señor Leyva Barragán, quien afirmó que formuló
la solicitud de amparo en calidad de agente oficioso de la señora Lina María Garrido,
para que acreditara en debida forma dicha calidad, puesto que no demostró la
imposibilidad de la última de las mencionadas de asumir personalmente la defensa
de sus derechos fundamentales, ello so pena de entender que la tutela fue
presentada solo en nombre propio.
16. El 5 de junio de 2025, el actor, entre otras cosas, manifestó que ante la
imposibilidad de la señora Garrido de presentar una acción judicial eficaz por las
«amenazas» que ha recibido por las denuncias relacionadas con el caso de la
«UNGRD respecto de los contratos del Gobierno al E.L.N.», era válida la actuación
de un ciudadano como agente oficioso para proteger derechos fundamentales,
especialmente, la vida.
17. Adicionalmente, señaló que no le fue posible contactarse con la representante,
debido a «las circunstancias de terror que la han obligado a esconderse». Destacó
que la situación de la representante es tan grave, que los mensajes que envió a
varios congresistas para que le informaran a esta todo lo relacionado con el trámite
de la tutela, a través de la red social Facebook «fueron intervenidos, [al punto de
que no pudo] abrir una de sus cuentas y otra le tocó eliminarla».
Intervenciones
18. El Congreso de la República indicó que Lina María Garrido Martín, al ser
representante a la Cámara, ostenta la calidad de persona objeto de protección, de
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.4.1.2.7 del Decreto 1066 de
2015. En consecuencia, las medidas decretadas por la Unidad Nacional de
Protección (UNP), en ejercicio de sus facultades legales (Decretos 4065 de 2011,
1744 de 2022 y 1066 de 2015), están amparadas por el Convenio Interadministrativo
CI_0298_2024.
19. Expuso que en la Resolución DGRP 008340 de 2024, el Comité de Evaluación
de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) ordenó nuevas medidas de
protección para la representante, modificando las adoptadas en 2023. Las medidas
actuales incluyen «ratificación de 2 vehículos blindados. Incorporación de 1 vehículo
convencional. ratificación de 2 escoltas e implementación de un tercero. Las
medidas de protección también se extienden a su núcleo familiar».
20. Adicionalmente, informó que la funcionaria precitada instauró acción de tutela
en contra de la UNP, con el fin de restablecer su esquema de protección, a la cual
le fue asignado el radicado No. 11001-33-42-067-2024-00397-00 y le correspondió
por reparto al Juzgado 67 Administrativo de Bogotá. Despacho judicial que, el 9 de
diciembre de 2024, amparó los derechos fundamentales a la vida, seguridad e
integridad personal de la señora Garrido Martín y, en consecuencia, le ordenó a la
entidad precitada «restablecer el esquema de seguridad […] compuesto por 3
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vehículos blindados y 2 personas de protección. Implementar una 1 persona de
protección».
21. En cumplimiento de lo anterior, adujo que se asignó un esquema de protección
cargadas y facturadas al Convenio Interadministrativo CI_0298_2024, el cual estará
vigente hasta el 31 de mayo de la presente anualidad y, posteriormente, se cargarán
al CI_1534_2025 que entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2025.
22. En esos términos, precisó que la UNP era la competente para asignar y
modificar las medidas de protección y que la Cámara de Representantes era la
encargada de realizar los aportes económicos en virtud de los precitados convenios,
por lo que cualquier modificación del esquema debería ser decretado mediante acto
administrativo de la primera de las mencionadas (entiéndase la UNP).
23. La Secretaría General del Senado manifestó que el Congreso de la
República carecía de legitimación en la causa por activa, comoquiera que no existió
una conducta atribuible a esa corporación que hubiese vulnerado los derechos
fundamentales invocados. Precisó que ese órgano no tiene competencia en materia
de seguridad, protección personal o gestión de riesgos de congresistas, pues esas
responsabilidades corresponden a la Rama Ejecutiva, por intermedio de entidades
como la UNP, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, conforme lo establece
el ordenamiento jurídico colombiano.
24. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y su
desvinculación del presente trámite constitucional o, en su defecto, negar las
pretensiones formuladas ante la ausencia de vulneración de las garantías
superiores.
25. La Unidad Nacional de Protección (UNP) indicó que el señor Leyva Barragán
no se encuentra legitimado para agenciar los derechos de Lina María Garrido,
puesto que no acreditó los requisitos establecidos en la jurisprudencia
constitucional, ya que no presentó prueba sumaria sobre la incapacidad de la
agenciada para interponer directamente la tutela y tampoco aportó poder alguno
que lo faculte para actuar en nombre y representación judicial de ella.
26. Frente al caso bajo estudio, afirmó que los hechos y pretensiones no guardan
ningún tipo de relación con la función y el objeto de esa Unidad, dado que estos se
formulan contra la Presidencia y el Congreso de la República para que se le ordene
a esta última «proceder de manera inmediata a actuar o responderle la citada
solicitud al Gobierno Colombiano».
27. Indicó que, según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, en
armonía con los artículos 2.4.1.2.2 (numeral 13) y 2.4.1.2.47 (numeral 3) del Decreto
1066 de 2015, esa información goza de reserva legal, por lo que no debe formar
parte de los archivos a los cuales tiene acceso el público con motivo de la consulta
del expediente.
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28. En ese orden de ideas, solicitó (i) su desvinculación del presente trámite
constitucional, (ii) la declaratoria de improcedencia de la acción de la referencia, y
(iii) en caso de que el señor Leyva Barragán acredite su calidad de agente oficioso
dentro de la acción constitucional, se le informe mediante auto y se otorgue un
tiempo prudente para ejercer su derecho de defensa.
29. La Presidencia de la República, pese a que fue debidamente notificada,
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
30. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los presupuestos de
procedibilidad de la acción de tutela, entre ellos, el de legitimación de cara a la
agencia oficiosa que alegó Fernando Leyva Barragán respecto de la congresista
Lina María Garrido Martín, si la Presidencia de la República y el Congreso de la
República vulneraron los derechos de la señora Garrido Martín y/o del señor Leyva
Barragán.
Análisis respecto de la petición a favor de tercero (agencia oficiosa)
31. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto de los
derechos fundamentales invocados en nombre de Lina María Garrido Martín, por no
haberse acreditado los requisitos exigidos para la procedencia de la agencia
oficiosa.
32. Fernando Leyva Barragán presentó acción de tutela, en calidad de agente
oficioso de Lina María Garrido Martín, actual representante a la Cámara por el
departamento de Arauca, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, paz, salud, debido proceso, libertad de expresión, elegir
libremente y «libre ejercicio de funciones públicas», los cuales estimó vulnerados
por el presidente y el Congreso de la República, por la situación de riesgo en que
se encuentra ante las constantes amenazas que ha recibido por grupos al margen
de la ley, como consecuencia de su labor legislativa, especialmente, frente al trámite
de la consulta popular.
33. Conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la agencia oficiosa es un
mecanismo procesal que permite a un tercero interponer, sin necesidad de poder,
acción de tutela, ante la imposibilidad del titular de los derechos fundamentales de
asumir directamente la defensa de estos ante la autoridad judicial. Al respecto, la
Corte Constitucional ha manifestado que para la constitución de esta figura es
indispensable que se acrediten los siguientes requisitos: «(i) la manifestación del
agente oficioso de estar actuando en tal calidad y (ii) la imposibilidad del agenciado
de defender directamente sus derechos»2.
2
Sentencia T-382 de 2021 de la Corte Constitucional.
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34. Al analizar el presente caso, la Sala observa que, a pesar de que el accionante
manifestó actuar como agente oficioso de la señora Garrido Martín, para lo cual
señaló que esta se encontraba en situación de riesgo por amenazas que
comprometen su vida e integridad personal, no demostró de forma alguna que tales
circunstancias le impidieran a esta última ejercer su derecho a interponer la acción
de tutela por sí misma.
35. Por el contrario, en el escrito de subsanación, el propio accionante reconoce
que no ha logrado establecer contacto directo con la congresista y que, por tanto,
no cuenta con toda la información relacionada con las amenazas que ella ha
recibido, lo cual no solo evidencia que no existe una autorización expresa de la
titular de los derechos presuntamente vulnerados para formular la acción de
amparo, sino también la ausencia de elementos que permitan inferir una
imposibilidad material que le impidiera actuar directamente en defensa de sus
derechos.
36. La anterior conclusión se refuerza con el hecho de que la misma señora
Garrido Martín presentó, en nombre propio, una acción de tutela3 en contra de la
UNP, con el fin de restablecer su esquema de protección, en la cual el Juzgado 67
Administrativo de Bogotá, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2024, amparó
sus derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal y le ordenó
a la Unidad «restablecer el esquema de seguridad […] compuesto por 3 vehículos
blindados y 2 personas de protección. Implementar una 1 persona de protección».
37. En ese orden de ideas, no se encuentran acreditados los elementos para la
constitución de la agencia oficiosa, al no haberse cumplido con el requisito
indispensable de demostrar la imposibilidad de la agenciada para ejercer su propia
defensa judicial de manera directa ni con la posterior ratificación de dicha actuación.
Por lo anterior, se concluye que Fernando Leyva Barragán carece de legitimación
en la causa por activa para representar los intereses de Lina María Garrido Martín.
Análisis respecto de la petición a nombre propio
38. Por otra parte, negará el amparo solicitado respecto de los derechos
fundamentales alegados por el accionante a título personal.
39. Si bien el actor formuló pretensiones en nombre propio, orientadas a que se
suspenda el trámite de la segunda solicitud de concepto favorable para convocar
una consulta popular presentada ante el Senado de la República, lo cierto es que
no expuso de manera clara ni suficiente cómo dicho trámite vulneró de forma directa
e inmediata sus derechos fundamentales. En efecto, los argumentos expuestos en
el escrito de tutela no permiten establecer un nexo de causalidad entre la actuación
del Gobierno Nacional cuestionada y una afectación real y actual a sus derechos
fundamentales.
3
Rad. 11001-33-42-067-2024-00397-00.
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40. En otras palabras, de lo narrado por la parte actora no se advierte en qué
consiste la afectación y/o vulneración que pretende hacer cesar con el presente
trámite constitucional.
41. Finalmente, en atención al contexto actual, la naturaleza y alcance de la
información contendida en los informes presentados por las autoridades vinculadas
(entiéndase información sobre esquemas de seguridad) y los derechos invocados
como presuntamente lesionados (vida, paz, salud, debido proceso, libertad de
expresión, elegir libremente y «libre ejercicio de funciones públicas»), la Sala
considera imprescindible adoptar medidas excepcionales en materia de manejo de
la información, por lo cual con el fin de proteger la integridad del proceso y
salvaguardar la seguridad de las personas involucradas, se ordenará a la Secretaría
General de esta corporación mantener la reserva de todos los documentos que
obran en el proceso de tutela de instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por no haberse
acreditado los requisitos de la agencia oficiosa frente a la señora Lina María Garrido
Martín.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Fernando Leyva Barragán, a
través de la acción de tutela instaurada en contra de la Presidencia de la República
y del Congreso de la República.
TERCERO: Por Secretaría, CLASIFICAR como reservados los documentos que
reposan en el proceso de la referencia, dada la naturaleza, contenido y alcance de
la información que en ellos reposa.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
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