Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03225-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Subsidiariedad: no se satisface el requisito al no haber hecho uso de los medios de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03225-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03225-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
1 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., primero (1.°) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03225-00
Accionante: GABRIEL EDUARDO MONTAÑO DUARTE
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA UNA LEY – Procedencia excepcional/
REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL -
SUBSIDIARIEDAD - No se satisface el requisito al no haber hecho uso de los medios de
defensa contemplados en el ordenamiento jurídico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por el señor Gabriel Eduardo Montaño Duarte contra el Congreso de la República y
el presidente de la República – Gustavo Francisco Petro Urrego, de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución y el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 27 de mayo de 2025, el señor Gabriel Eduardo Montaño Duarte, quién actúa
en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Congreso de la República y
el presidente de la República – Gustavo Francisco Petro Urrego, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la pensión.
Hechos relevantes
2. Desde el año 2000, el accionante informó que comenzó a cotizar pensión,
debido a que tenía un empleo formal en el que realizaban aportes a salud, pensión,
parafiscales, riesgos profesionales, entre otros.
3. Posteriormente2, el actor trabajó de manera independiente y actualmente tiene
52 años. El tutelante mencionó que debe continuar con el pago de los aportes al
sistema de seguridad social. Sin embargo, en su criterio, la Ley 2381 del 2024
1 Que ingresó para fallo el 9 de junio de 2025.
2 No especifica desde qué fecha trabaja de manera independiente.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03225-00
Accionante: Gabriel Eduardo Montaño Duarte
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela
impediría acceder a su ahorro pensional de manera libre y afectaría a quienes
cotizan entre 1 y 2.3 SMLMV, sin que pueda obtener una pensión digna.
Pretensiones
4. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción textual):
“Muy respetuosamente le solito señor juez que suspenda la implementación el 1° de
julio de 2025 de esta ley: LEY PENSIONAL 2381 de 2024; Ley de Reforma Pensional;
hasta que se nos permita conocer el fallo final de las acusaciones e investigaciones
en contra del señor Presidente del congreso de la república en el periodo año 2024
IVÁN LEONIDAS NAME VASQUEZ; donde se aprobó esta ley; este señor
actualmente está en calidad de detenido. Para que se nos garantice el debido
proceso y el derecho a no estar de acuerdo con leyes nocivas con el ciudadano de
menores ingresos con aspiraciones a pensionarse con su ahorro mensual al aporte
a pensión que no debe ser tomada por el gobierno de turno”.
Fundamentos de la demanda de tutela
5. La parte accionante alegó que acudió a este mecanismo de protección con el
fin de reclamar la protección de sus derechos fundamentales porque resultan
amenazados por la norma impugnada y las autoridades públicas o particulares que
deben aplicarla. De conformidad con lo establecido con el artículo 86 de la
Constitución Política, el actor presentó la solicitud de amparo contra la Ley
Pensional 2381 de 2024 que establece un nuevo sistema de protección social
integral para la vejez en Colombia, misma que entrará en vigencia a partir del 1° de
julio de 2025.
6. Con base en lo anterior, el tutelante expuso que los regímenes especiales de
pensión son esquemas que fueron modificados y se aplican únicamente a grupos
específicos. A su vez, expresó que esta Ley afecta a los colombianos que cotizan
entre 1 y 2,3 SMLMV, mientras que los demás trabajadores son privilegiados con
fueros pensionales especiales, como sucede con el Congreso de la República, la
Rama Judicial, los trabajadores de Ecopetrol, Fecode, los trabajadores de las
Universidades Públicas, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, entre otros, que no
serán afectados por esta Ley.
7. Asimismo, expresó que el gobierno tiene un déficit económico por sus teorías
económicas de los años 50, sin que se hubiere ahorrado para pagar las respectivas
pensiones. Además, el actor señaló que ahora los fondos privados tienen unos
recursos equivalentes a $467.67 billones de pesos que “el gobierno de turno” busca
“dilapidarlos”.
8. El actor afirmó que los presidentes del Senado y de la Cámara de
Representantes, quienes aprobaron y firmaron la Ley 2381 de 2024, se encuentran
“detenidos por presuntamente haber recibido dineros”. En consecuencia, consideró
que la ley impugnada debe ser derogada.
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Accionante: Gabriel Eduardo Montaño Duarte
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela
9. Por último, puso de presente que la elección del magistrado Héctor Carvajal
Londoño genera dudas respecto de su designación y mencionó las sentencias T-
398/13; T-107/02; T-289 de 2024; T-376 de 2021; T-176 de 2002 y T-457 del 2022,
las cuales, según el actor, se relacionaban con su caso.
Trámite en primera instancia
10. Mediante auto del 29 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Presidencia de la República
y al Congreso de la República como accionados.
Intervenciones
11. El Senado de la República precisó que uno de los requisitos generales para la
procedencia de la acción de tutela es la subsidiariedad. Esta exigencia significa que
la demanda de amparo de derechos se puede utilizar, siempre y cuando no existan
otros medios judiciales idóneos y efectivos para la protección del derecho
fundamental invocado. Al respecto, citó la Sentencia T-1008 de 2012, la cual
estableció que no se puede abusar del amparo constitucional ni tampoco vaciar de
la competencia a la jurisdicción ordinaria.
12. Con base en la Sentencia C-132 de 2018, que reitera sentencias como la T-373
de 2015 y T-630 de 2015, la entidad demandada alegó que es deber del afectado
acudir a los mismos de manera principal sin utilizar la acción de tutela. En el
presente caso esto no ocurre, ya que no se evidencia una amenaza a los derechos
fundamentales ni un riesgo inminente derivados del Congreso o Senado de la
República.
13. También, explicó que no todos los sujetos mencionados en la demanda de tutela
se deben considerar como accionados o vinculados con responsabilidad en la
presunta vulneración de sus derechos fundamental de acuerdo a i) la integración
del Congreso fijada en el artículo 7 de la Ley 5 de 1992; ii) las atribuciones del
mismo y iii) la libertad de configuración como facultad para diseñar, estructurar y
desarrollar normas dentro de su competencia siempre que respete los límites que
impone la Constitución Política de 1991, a través del a) El reconocimiento del
margen de acción del legislador y b) los límites constitucionales, por lo que se puede
determinar que no ha realizado ninguna conducta omisiva que atribuya la
vulneración de los derechos de la parte accionante y cualquier alegación carece de
fundamento, por lo que puede existir una falta de legitimación por pasiva.
14. Por último, argumentó que el señor Gabriel Eduardo Montaño Duarte tiene otras
opciones para cuestionar la Ley 2381 de 2024, como la acción de
inconstitucionalidad sobre dicha norma, la cual ya se encuentra bajo la revisión de
la Corte Constitucional.
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Accionante: Gabriel Eduardo Montaño Duarte
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela
15. La Presidencia de la República sostuvo que el término para responder en
trámites de tutela notificados por medios electrónicos debe contarse desde el
segundo día hábil posterior al envío del mensaje, según la Ley 2213 de 2022 y la
Sentencia SU-487 de 2024; por tanto, al recibirse la notificación el 3 de junio de
2025, el término vencía el 9 del mismo mes.
16. El demandado señaló que la tutela resulta improcedente, ya que el
ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos para controvertir la
constitucionalidad de normas legales, como la acción pública de inconstitucionalidad
prevista en el artículo 241 de la Constitución. Sobre el particular, informó que
actualmente cursan varias demandas contra la Ley 2381 de 2024, una de ellas con
ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Además, afirmó que la tutela debe
negarse, dado que la ley impugnada contempla un régimen de transición que
protege los derechos de quienes hayan cumplido ciertas condiciones al 30 de junio
de 2025, lo cual demuestra que no existe omisión por parte del Ejecutivo.
Finalmente, insistió en que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues existen otros medios judiciales idóneos, y recalcó que no basta
con alegar un perjuicio irremediable sin demostrar su inminencia, gravedad y
urgencia, aspectos que deben cumplirse para activar la intervención del juez
constitucional.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
17. La Sección Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20193.
Problema jurídico
18. Corresponde a la Sala determinar la procedibilidad de la acción de tutela
propuesta por el actor, quien sostiene que la Ley Pensional 2381 de 2024, resulta
lesiva de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social. De
superar este requisito, se determinará si la Ley pensional 2381 de 2024 transgredió
sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social.
Del requisito de la subsidiariedad
19. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la
presente acción, por cuanto no se cumple con el requisito de subsidiariedad como
se explicará a continuación.
3 Reglamento interno de esta corporación, específicamente el artículo 13 que indica la “distribución
de los procesos entre las secciones”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03225-00
Accionante: Gabriel Eduardo Montaño Duarte
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela
20. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la tutela es procedente cuando
el afectado no cuente con mecanismo de defensa judicial o, a pesar de la existencia
de éste, la intervención del juez constitucional sea indispensable para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, evento en el cual procederá de manera
transitoria o si los mecanismos de defensa judicial no resultan idóneos o eficaces
para lograr la protección de los derechos conculcados, caso en el cual procederá
de manera definitiva.
21. La Corte Constitucional ha indicado reiterativamente que el artículo 86 de
la Constitución Política prescribe que la acción de tutela tiene carácter subsidiario
respecto de los medios ordinarios de defensa judicial. El principio de subsidiariedad
parte del supuesto de que las acciones y recursos judiciales ordinarios están
diseñados para proteger la vigencia de los derechos fundamentales y, por lo tanto,
los jueces ordinarios son quienes tienen el deber preferente de garantizarlos4.
22. En virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela sólo procede en dos
supuestos excepcionales5. Primero, como mecanismo de protección definitivo, si el
afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz. De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, el mecanismo judicial ordinario es idóneo si “es
materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales”6. Por su parte, es eficaz si “está diseñado para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados”7 (eficacia en
abstracto), en consideración de las circunstancias en que se encuentre el solicitante
(eficacia en concreto)8. Segundo, como mecanismo de protección transitorio si, a
pesar de existir medios ordinarios idóneos y eficaces, la tutela se utiliza con el
propósito de evitar un perjuicio irremediable.
23. Ahora bien, la Corte Constitucional ha definido unos criterios para identificar el
perjuicio irremediable cuando se trate de un riesgo cierto y real de daños
provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, por lo que
resultaría indispensable la intervención del juez de tutela siempre y cuando
provenga de acciones que sean contrarias a la Ley y afecten de manera grave los
derechos fundamentales. Estos presupuestos apuntan a que se trata de un perjuicio
4 Ver, Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2017.
5 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-071 de 2021.
6 Ver, Corte Constitucional, sentencia SU-379 de 2019. En la Sentencia T-213 de 2016, la Corte
aplicó las reglas para verificar la existencia de medios de defensa judicial idóneos y eficaces, así
como la posible configuración de perjuicio irremediable, con el fin de evaluar la subsidiariedad en
acciones de tutela dirigidas a cuestionar leyes. En el caso particular, la Corte concluyó que los
alegatos presentados por los actores se concentraron en evidenciar la existencia de un peligro
inminente y grave que requeriría de una intervención urgente e impostergable del juez de tutela. En
su opinión, el único recurso idóneo sería la acción de tutela como mecanismo transitorio. Además,
la Sala de Revisión precisó que el objeto de la acción versaba sobre una norma de contenido general
y abstracto, por lo que, al no pretenderse la declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de la
Ley 1776 de 2016, sino su inaplicación frente al caso concreto, se cumplieron con todos los requisitos
generales de procedencia de la acción exigidos por la jurisprudencia constitucional.
7 Ibidem.
8 Decreto 2591 de 1991, art. 6. “La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03225-00
Accionante: Gabriel Eduardo Montaño Duarte
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela
irremediable cuando “(i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que produce un daño inminente; (iii) que de ocurrir no
existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de
protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se
encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”9.
24. Sin embargo, en el caso concreto, el accionante no ofrece argumentos sólidos,
para afirmar que se está ante un perjuicio irremediable por la amenaza de los
derechos fundamentales invocados ni ofrece razones constitucionalmente
relevantes para avizorar que está en imposibilidad material de presentar una acción
de inconstitucionalidad.
25. En ese contexto, la parte accionante indicó que Ley pensional 2381 de 2024
desconoce su derecho fundamental de igualdad y pensión. Sin embargo, la Sala
advierte que el señor Gabriel Eduardo Montaño Duarte tenía a su disposición el
medio de control de acción pública de inconstitucionalidad, como mecanismo idóneo
y eficaz para controvertir la legalidad y/o constitucional de la Ley con el fin de discutir
la constitucionalidad de la Ley pensional frente a la cual se encuentra inconforme.
26. Dicho mecanismo, se encuentra estipulado el artículo 241 de la Constitución
Política10, mediante el cual se determina que la Corte Constitucional es la que puede
decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos
contras las leyes cuando haya unos vicios de procedimientos en su formación. La
idoneidad y eficacia de este medio salta a la vista. Incluso, la Corte Constitucional
activó su control y tomó una primera decisión sobre la Ley 2381 de 2024 mediante
el Auto 841 de 2025. En esa decisión, se devolvió dicho estatuto al Congreso de la
República para que se subsanaran y se corrigieran los vicios de procedimiento
identificados en el trámite de la ley.
27. Con base en lo anterior, al analizar la Ley 2381 de 2024 “por medio de la cual
se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones" se trata de una norma que a juicio
del señor Gabriel Eduardo Montaño Duarte afecta el orden constitucional, es decir,
dispone de este mecanismo para cuestionarlo. Por tanto, no es posible que el juez
constitucional emita un pronunciamiento al respecto, cuando la parte accionante
contaba con los medios idóneos y eficaces contemplados en el ordenamiento
jurídico y las peticiones que trae ante el juez de tutela, puede planteárselas a la
Corte Constitucional para su análisis, debate y eventual revisión.
28. Al respecto, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
9 Corte Constitucional, Sentencia T-694 de 2014.
10 “Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes
funciones: (…) 4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos
contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.”
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Accionante: Gabriel Eduardo Montaño Duarte
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Referencia: Acción de tutela
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.
29. De otro lado, es importante mencionar que el accionante puso de presente las
sentencias T-398 del 2013, T-107 de 2002, T-289 de 2024, T-376 de 2021, T-176
de 2002 y T-457 de 2022, dado que, según él, se relacionaban con su caso.
30. No obstante, en criterio de la Sala, el razonamiento jurídico requiere algo más
que la simple alegación de la transgresión de derechos fundamentales. En realidad,
es imprescindible explicar con precisión la forma en que se afectaron sus derechos
y cómo estas sentencias son relevantes para su caso en concreto, así como su
respectiva aplicación.
31. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, la Subsección declarará
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Gabriel Eduardo Montaño
Duarte en contra de la Presidencia de la República y el Congreso de la República.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Gabriel Eduardo Montaño Duarte contra la Presidencia de la República y el
Congreso de la República.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03225-00
Accionante: Gabriel Eduardo Montaño Duarte
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela
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que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
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