RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03229-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03229-00

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03229-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por intermedio de apoderado judicial por el señor Aníbal Trillos Mora y otros por no superar el requisito de la relevancia constitucional. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. Destacado por la Sala. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00 SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03229-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

3 de julio de 2025

Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03229-00
Demandantes: ANÍBAL TRILLOS MORA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de amparo prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y
de conformidad con lo dispuestos en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de amparo

Los señores Aníbal Trillos Mora y otros1, por intermedio de apoderado judicial,
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar con el
fin de que les sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la vida, a la vida digna, a
la reparación y «al principio de flexibilidad de la prueba».

La parte accionante consideró vulneradas tales garantías constitucionales con
la providencia del 5 de diciembre de 2024, que confirmó la dictada por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar el 13 de
diciembre de 2023, en la que se negaron las pretensiones dentro del medio de
control de reparación directa instaurado contra el municipio de Puerto Bello –
Cesar identificado con el radicado 20001-33-33-001-2021-00066-00/01.

1.2 Pretensiones

1 Eucariz Barbosa Cuéllar, Ana Karina Quintero en nombre propio y en representación de su

menor hija Oriannys Mishell Trillos Quintero, María Ángel Trillos Quintero, José Miguel Trillos
Quintero, Ferney Luis Trillos Barbosa, Johana Lisbeth Izarra en nombre propio y en
representación de sus menores hijos Yohennyfred Luisnaibeth Trillos Izarra y Luis Ferney
Trillos Izarra, José Aníbal Trillos Barbosa, Tibisay Tirado en nombre propio y en
representación de sus hijos menores Isaac Alejandro Trillos, Isabeth Alejandra Trillos Tirado y
Isainer Aníbal Trillos Tirado , María Esther Trillos Barbosa, Gustavo Jiménez Torres en nombre
propio y en representación de su menor hija Deiry Stefani Jiménez Trillos, Geiler Jesús
Jiménez Trillos, Beiber Andrés Jiménez Trillos y Eudin Fabián Trillos Barbosa.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00

En concreto, solicitó lo siguiente:

1.- SE TUTELEN El DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, DERECHO AL
ACCESO DE JUSTICIA, DERECHO A LA VIDA, VIDA DIGNA, DERECHO A
LA REPARACIÓN, PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD de la prueba , RESPETO
AL PRESEDENTE JUDICIAL NACIONAL E INTERNACIONAL, Y LA
OMISION A LA APLICACIÓN DE LOS PRESEDENTES
JURISPRUDENCIALES, Y OTROS, a favor del núcleo familiar de las familias
TRILLOS BARBOSA y TRILLOS QUINTERO.

2.- Como consecuencia de lo anterior se ordene la revocatoria, y dejar si
efecto la sentencia de segunda instancia del adelante con argumentos
doctrinarios, legales y jurisprudenciales, con la sentencia del HONORABLE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, por LA SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA de fecha 05 de Diciembre de 2024, con RAD: 20-001-
33-33-001-2021-00066-01, sentencia que confirmo el fallo de primera instancia
del JUZGADO PRIMERO (1°) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE VALLEDUAR, de fecha 13 de Diciembre del 2023, con RAD: 20-001-33-
33-001-2021-00066-00, que confirmo las pretensiones negadas en el medio del
control de reparación directa contra la MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO -
CESAR, y en su defecto conceda las peticiones de la demanda.

3. Ordenar al HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, que
profiera una nueva sentencia, de reemplazo dentro del presente proceso,
teniendo en cuenta el análisis efectuado, y un análisis de las pruebas conforme
a los precedentes y las pruebas aportadas, dándole el valor probatorio
adecuado y se es necesario decretar nuevas pruebas2

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3 Hechos

El señor Yovanys Jesús Trillos Barbosa falleció el 23 de agosto de 2019 como
consecuencia del accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 2 de la vía
que conduce hacia la vereda La Tranquilidad del municipio de Pueblo Bello,
departamento del Cesar.

Los accionantes formularon demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra del municipio de Pueblo Bello – Cesar, proceso
que conoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, identificado con el radicado 20001-33-33-001-2021-00066-00 con
el fin de obtener el pago integral de los perjuicios causados por el fallecimiento
del señor Yovanys Jesús Trillos Barbosa.

La autoridad judicial, en sentencia del 13 de diciembre de 2023, declaró
probada la excepción denominada “exoneración de responsabilidad de la
demandada municipio de Pueblo Bello - Cesar por encontrarse demostrada la
presencia de una causa extraña como lo es hecho o la culpa de un tercero en
virtud de las cuales se destruye el nexo de causalidad”, por lo que negó las
pretensiones de la demanda.

2
Trascripción literal con posibles errores.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00

La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la
providencia, impugnación que fue resuelta por el Tribunal Administrativo del
Cesar en sentencia del 5 de diciembre de 2024, que confirmó la proferida en
primera instancia.

El ad-quem expuso como problema jurídico determinar si el fallecimiento del
señor Yovanys Jesús Trillo Barbosa constituyó un daño antijurídico imputable al
municipio demandado bajo la modalidad de falla en el servicio, derivada de la
presunta omisión en la señalización y mantenimiento adecuado de la vía
pública en el lugar en el que ocurrió el accidente de tránsito.

En ese orden, expresó que conforme lo ha indicado el Consejo de Estado3 en
materia de daños causados por falta de señalización vial, cuando el daño
antijurídico es ocasionado por el incumplimiento de normas cuya observancia
se exige a los agentes estatales, el régimen de imputación es el subjetivo por
falla en el servicio, en el que se debe acreditar que las entidades a las que
corresponde señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de
manera defectuosa4, con lo cual se manifiesta la negligencia en el servicio
público.

Indicó que, conforme al régimen de responsabilidad subjetiva, la falla en el
servicio por falta de señalización de la vía pública es la omisión del deber legal
de mantenimiento, conservación y señalización de la misma que le asiste a la
administración, deberes que según el demandante, incumplió el municipio de
Pueblo Bello.

A partir de lo anterior, concluyó que contrario a lo indicado en la apelación, de
los registros fotográficos, informe oficiales y testimonios con los cuales se
pretendía evidenciar el mal estado de la vía, la ausencia de señalización y las
fallas de mantenimiento, no se acreditaba que el accidente sufrido por el señor
Yovanys Jesús Trillos Barbosa tuviera como origen una causa imputable al
municipio de Pueblo Bello (Cesar).

Ahora, en cuanto a lo considerado por el a-quo en el sentido de que se
configuró el eximente de responsabilidad por el hecho de un tercero, manifestó
que el informe policial indicó tres hipótesis como causa probable del accidente,
que ante su falta de claridad y evidencia, generaba incertidumbre no solo sobre
las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, sino también la falta de
medios probatorios concluyentes que impedían establecer si la causa principal
lo fue el estado de la vía, la conducción de los implicados o incluso la
combinación de tales factores.

Lo anterior, en su criterio, enervaba la configuración de cualquier eximente de
responsabilidad, incluso el hecho de un tercero, para dejar en el terreno de la
especulación la incidencia concreta del comportamiento de los conductores o

3
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2006 (expediente
14880).
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de julio de 2009, magistrado ponente
Enrique Gil Botero.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00

del estado de la vía como causa del accidente.

De igual manera, señaló que aunque la parte actora en su demanda atribuía
responsabilidad al municipio de Pueblo Bello (Cesar) por omitir señalización de
la existencia en el lugar del accidente de un montículo de tierra o escombros
que ocupaban parte de la carretera, no se acreditó dicha falla en el servicio en
los términos del artículo 167 del C.G.P.

Por lo tanto, la autoridad accionada confirmó la sentencia recurrida.

1.4 Sustento de la vulneración

La parte actora afirma que se le vulneran sus derechos fundamentales como
consecuencia de los defectos fáctico, sustantivo o material y desconocimiento
del precedente.

Indicó que se incurrió en defecto fáctico en su dimensión negativa por cuanto
del dictamen pericial, informe policial, documental, registros fotográficos,
testimonios y expediente penal, se determinó que la vía no tenía señalización
alguna y no contaba con el debido mantenimiento.

Así mismo, que estaba construida sin atender la reglamentación respectiva,
pues se incumplió el artículo 1º de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito), al no realizarse con los estándares u normas de construcción, berma,
zona peatonal, andenes, señalización de carriles, muros de contención para
derrumbes.

Aseguró que esa omisión resultó en un riesgo previsible, evitable y corregible
por la administración, cuyo incumplimiento prueba de manera contundente la
falla del servicio por parte del municipio de Pueblo Bello- Cesar.

Afirmó que la autoridad judicial no tenía la aptitud técnica, formación
profesional, experiencia en el área o conocimientos especializados en el tema
de accidentes de tránsito, para afectar la credibilidad del dictamen pericial sin
que el mismo haya sido objetado o confrontado con otro practicado a instancias
de la parte demandada o de oficio por parte del despacho.

Refirió que conforme a las pruebas documentales se probó que la demandada
no realizó las labores de prevención y señalizaciones conforme a las normas
para evitar accidentes de tránsito y demás necesarias para el adecuado
funcionamiento de la vía, conforme se concluyó en los numerales 9 al 12 del
dictamen presentado.

En cuanto al defecto sustantivo, sin indicar la norma presuntamente
desconocida, insistió que del peritaje y la prueba documental se determinó que
la vía no tenía señalización alguna, lo que desencadenó un carrusel de
sucesos que llevaron al fallecimiento del señor Yovanys Jesús Trillos Barbosa
como fue la falta de mantenimiento y los escombros como consecuencia de un
derrumbe que con anterioridad se había presentado.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00

Con relación al desconocimiento del precedente citó la sentencia SU-129 de
2021 de la Corte Constitucional, providencia que al estudiar el defecto fáctico
en su dimensión positiva por indebida valoración probatoria, enunció algunos
parámetros para identificar si la actuación del juez de conocimiento al momento
de evaluar los medios probatorios desconoció el derecho al debido proceso,
como aquel relativo a que las pruebas no fueran valoradas de manera integral
y se le asignara un mayor o menor valor a alguna sin que existiera justificación
para ello.

Así mismo mencionó providencias de la corporación5 referidas al tema de falla
del servicio por falta de vigilancia, conservación, mantenimiento y señalización
de las vías, como también pronunciamientos del Tribunal Administrativo del
Cesar, con las cuales reiteró la responsabilidad de la autoridad municipal como
consecuencia del incumplimiento de la falta de mantenimiento y conservación
de una vía.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante providencia del 30 de mayo de 2025, el magistrado ponente admitió
la solicitud de amparo y dispuso tener como accionado al Tribunal
Administrativo del Cesar.

Así mismo, se ordenó vincular como tercero con interés en las resultas del
proceso al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y
al municipio de Pueblo Bello – Cesar.

Efectuadas las notificaciones respectivas6, se presentó la siguiente:

Municipio de Pueblo Bello - Cesar

La autoridad municipal mediante apoderado debidamente constituido,
manifestó que el defecto fáctico invocado no ocurrió ya que en la sentencia
cuestionada se realizó análisis de cada una de las pruebas obrantes al
expediente, como fue el informe de tránsito para llegar a la conclusión que a

5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente Marta Nubia
Velásquez Rico. Radicado 63001-23-31-000-2010-00334-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, magistrado ponente Jaime Enrique
Rodríguez Navas. Radicado 68001-23-31-000-2004-02686-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, magistrado ponente Ramiro Pazos
Guerrero. Radicado 050001-23-31-00-2006-03498-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente María Adriana Marín.
Radicado 68001-23-31-000-2011-00391-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, magistrada ponente María Adriana Marín.
Radicado 68001-23-31-000-2007-00453-01.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, magistrado ponente Fredy Ibarra
Martínez. Radicado 68001-23-31-000-2011-00158-01.
Tribunal Administrativo del Cesar, magistrado ponente Carlos Alfonso Guechá Medina.
Radicado 20001-33-33-004-2014-00056-01.
Tribunal Administrativo del Cesar, magistrado ponente Carlos Alfonso Guechá Medina.
Radicado 20001-33-33-002-2015-00395-01.
6
Mediante comunicaciones del 3 de junio de 2025 enviados a las partes, y a los terceros con
interés. Índice 7 Samai.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00

pesar que la vía en la ocurrió el accidente se encontraba carente de
señalización, era recta, de doble sentido, con superficie seca y estaba en buen
estado, por lo que no era procedente atribuirle responsabilidad al municipio de
Pueblo Bello – Cesar.

Frente al defecto material o sustantivo, expresó que contrario a lo sostenido por
los accionantes, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar
se fundamentó en la causal de eximente de responsabilidad, como fue la culpa
de un tercero, conforme a la normativa vigente y acorde a la Constitución
Política.

Expuso que la accionada en su sentencia tuvo en cuenta los fundamentos
fácticos y jurídicos indicados en la demanda, contestaciones, sentencia de
primera instancia y en el recurso de apelación.

Afirmó que no se desconoció precedente alguno, por cuanto el tribunal aplicó
los precedentes judiciales con los cuales le permitió confirmar la decisión del
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar para eximir
de responsabilidad al municipio demandado.

Solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no existir vulneración
alguna a los derechos fundamentales de la parte actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5 del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si el Tribunal Administrativo del Cesar, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, a la vida, a la vida digna, a la reparación y «al
principio de flexibilidad de la prueba» de los accionantes, con ocasión de la
providencia del 5 de diciembre de 2024, que confirmó la dictada el 13 de
diciembre de 2023 por parte del Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, que negó las pretensiones dentro del medio de control
de reparación directa instaurado contra el municipio de Puerto Bello – Cesar
identificado con el radicado 20001-33-33-001-2021-00066-00/01.

Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, iii) el caso concreto.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema8.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales9.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.4. Del requisito de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis
de la Sala)

7
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
9
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00

La Sala en sentencia del 29 de septiembre de 202211, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente
que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se
pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la vulneración de
aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no
puede convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales debe ser examinada con especial rigurosidad. Por ende,
se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una
actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración
de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes
que permitan advertir tal situación a primera vista.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.5. Caso concreto

La parte actora controvirtió la sentencia del 5 de diciembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó la dictada por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, que negó las
pretensiones dentro del medio de control de reparación directa que instauró
Aníbal Trillos Mora y otros contra el municipio de Puerto Bello – Cesar,

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00

identificado con el radicado 20001-33-33-001-2021-00066-00/01.

La autoridad accionada, conforme a los argumentos expuestos por la parte
demandante y apelante del proceso ordinario, realizó análisis de todos los
medios probatorios, con los que estableció que la parte actora no acreditó de
conformidad con el artículo 167 C.G.P. que el municipio fue responsable del
fallecimiento del señor Yovanys Jesús Trillos Barbosa por la no señalización,
mantenimiento o cuidado de la vía que de Puerto Bello conduce a la vereda la
Tranquilidad, con relación a un alud de tierra que ocupaba parte de la misma
con escombros.

El requisito de la relevancia constitucional, como presupuesto general de la
acción de tutela, tiene tres finalidades, a saber:

(…) (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional12 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad13; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales14 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces15.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el
juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.

En tal ejercicio, se establece que la parte actora invocó como cargos el defecto
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, los que desarrolló con
base en la interpretación que de los testimonios, registros fotográficos, informes
policiales, dictamen pericial realizó, para considerar que se probó el mal estado
de la vía, la ausencia de señalización y fallas en el mantenimiento, que fueron
determinantes para el fallecimiento del señor Yovanys Jesús Trillos Barbosa.

En el caso bajo análisis, los accionantes se limitaron a expresar su desacuerdo
con la interpretación realizada por el Tribunal Administrativo del Cesar sin
exponer en su escrito la carga ius fundamental requerida para superar el
requisito en estudio.

Es oportuno señalar que en las tutelas dirigidas contra providencias judiciales
se exige la observancia de una carga argumentativa mínima, sin que ello
implique una técnica hermenéutica específica, con el propósito de que se
expliquen los motivos por los cuáles una providencia vulnera los derechos
fundamentales invocados.

12
“Sentencia C-590 de 2005.”
13
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
14
“Sentencia C-590 de 2005.”
15
“Sentencia T-102 de 2006.”
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00

En otras palabras, la discusión sugerida por los accionantes no podía centrarse
en su apreciación personal que propuso en la demanda, sino que era necesario
que expusiera argumentos que denotaran la existencia de una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación
arbitraria de la autoridad accionada, máxime si se tiene en cuenta que este
mecanismo constitucional no puede ser considerado como una instancia
adicional al medio de control que promovió.

De modo que, la parte accionante no propuso alguna discusión que justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a su derecho fundamental al
debido proceso, cuyo núcleo esencial se definió como el de:

(...) [H]acer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas,
mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta
fundada en derecho. Sin embargo, los derechos al debido proceso y al
acceso a la justicia no se traducen en la obtención de una respuesta
favorable. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha explicado que esta
garantía se traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y pretender una decisión favorable.16

En las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte Constitucional
puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene relevancia
constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la mera
«inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y que
dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a
la controversia judicial».

La Sala considera, de las argumentaciones expuestas en la acción de tutela,
que los actores pretenden utilizar la acción constitucional como mecanismo
para revivir la controversia ya estudiada y definida por la autoridad accionada
con fundamento en la normativa y precedente aplicable al caso, sin que sea
permitido reabrir ese debate ya zanjado por el juez natural, cuestión que no
impacta la garantía de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.

Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la acción de amparo por no
cumplir con el requisito adjetivo de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por
intermedio de apoderado judicial por el señor Aníbal Trillos Mora y otros por no
superar el requisito de la relevancia constitucional.

16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. Destacado por la Sala.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Aníbal Trillos Mora y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03229-00

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.