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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03237-00

Fecha
20 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03237-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 3°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03237-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

20 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Veinte (20) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Demandante: LILIA CONSUELO BOHÓRQUEZ DE GAITÁN
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – RELIQUIDACIÓN PENSIONAL – ANÁLISIS
DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL – SE NIEGA EL AMPARO

Síntesis del caso: la demandante interpone acción de tutela para que se protejan sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y seguridad social que
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia que revocó la decisión de primera instancia
y en su lugar negó las pretensiones de la demanda que presentó para obtener la reliquidación
de su pensión de jubilación. La Sala negará el amparo por no encontrar configurado el
defecto por desconocimiento del precedente alegado.

La Sala decide la acción de tutela presentada por Lilia Consuelo Bohórquez de
Gaitán1 para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del
debido proceso y seguridad social, consagrados en los artículos 29 y 48 de la
Constitución Política, supuestamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 14
de julio de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 11001-33-42-050-2017-00170-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito del 27 de mayo de 2025 (índice 2 y 3 de Samai)

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

1) Nació el 20 de julio de 1947 y el 18 de mayo de 1967 se vinculó a la Dirección
Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN en el cargo de técnico en
Ingresos Públicos II, nivel 26, grado 13.

2) Por medio de Resolución 05406 del 31 de marzo de 2003, el Instituto del Seguro
Social – ISS le concedió pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985,
condicionada a que se acreditara su retiro definitivo del servicio, esa resolución fue
confirmada por la Resolución 016798 del 5 de agosto de 2003.

3) Mediante la Resolución 02977 del 15 de abril de 2004 la DIAN dio por terminada la
relación legal y reglamentaria con la demandante por habérsele reconocido pensión
de vejez y por Resolución 010587 del 5 de mayo de 2004 el ISS le concedió pensión
de vejez a partir del 1 de junio de 2004.

4) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que
se declarara la nulidad de la Resolución 02977 de la DIAN y mediante sentencia del
20 de enero de 2011 la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
revocó la sentencia de primera instancia a través de la cual el Juzgado Cincuenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá había negado las pretensiones y, en su
lugar, declaró la nulidad de ese acto, tras constatar que la señora Bohórquez de
Gaitán tenía derecho a permanecer en su cargo hasta la edad de retiro forzoso.

5) Por lo anterior, fue reintegrada a la DIAN, donde trabajó hasta el 31 de diciembre
de 2012.

6) Solicitó la reliquidación de su pensión de jubilación y esta se efectuó mediante
Resolución GNR 173115 del 12 de junio de 2015, la cual tomó como IBL el 75% del
promedio de las cotizaciones realizadas durante los últimos 10 años.

7) Solicitó una nueva reliquidación de su pensión por considerar que el IBL debió
calcularse con base en el 75% de su salario promedio durante el último año de
servicio, según lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

8) A través de la Resolución GNR 10945 del 16 de enero de 2017 Colpensiones negó
la reliquidación solicitada, decisión confirmada en las resoluciones SUB 623 del 7 de
marzo de 2017 y DIR 2704 del 3 de abril de 2017.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

9) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las
resoluciones GNR 10945 del 16 de enero de 2017, SUB 623 del 7 de marzo de 2017
y DIR 2704 del 3 de abril de 2017 por considerar que desconocían lo dispuesto en la
Ley 33 de 1985 y la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de
Estado (radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01), por lo que solicitó la
reliquidación de su pensión teniendo como salario base el promedio devengado
durante el último año de servicio y todos los factores salariales devengados durante
ese año.

10) Mediante sentencia proferida en audiencia del 24 de enero de 2018, el Juzgado
Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declaró la nulidad de las
resoluciones demandadas y ordenó a Colpensiones reliquidar y pagar el valor de la
mesada pensional de jubilación calculada sobre el 75% del promedio mensual de los
factores salariales percibidos durante el último año anterior al retiro del servicio.

11) Colpensiones y la demandante apelaron la decisión; por un lado, Colpensiones
solicitó que se revocara la decisión de primera instancia porque el IBL no hace parte
del régimen de transición, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por otro,
la demandante solicitó que i) se ordenara la prescripción trienal del pago de aportes y
ii) se accediera a las pretensiones tomando todos los factores devengados durante el
último año de servicio con la inclusión del incentivo de desempeño grupal y el factor
nacional.

12) Mediante sentencia del 14 de julio de 2022 la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda; encontró que debió aplicarse lo
dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 sobre el cálculo del
IBL para los servidores públicos que se pensionen con base en la Ley 33 de 1985,
por lo cual no era procedente ordenar la reliquidación de su pensión de vejez.

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte demandante alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente sentado por la Corte Constitucional en las
sentencias SU-406 de 2016, T-044 de 2022 y SU-478 de 2024.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

Afirmó que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado se apartó del precedente que había sentado esa corporación para
adoptar un criterio de interpretación restrictivo del régimen de transición pensional y
que aunque se dispuso que tendría efectos retrospectivos, dicha aplicación vulneró
sus derechos constitucionales fundamentales de acuerdo con lo dispuesto en las
sentencias SU-406 de 2016, T-044 de 2022 y SU-478 de 2024, según las cuales “la
aplicación de la jurisprudencia debe atender a las situaciones particulares del caso” y
en este caso el tribunal demandado debió abstenerse de aplicar automáticamente la
sentencia de unificación y considerar su situación particular porque, incluso antes de
1993, ya contaba con el tiempo requerido en la Ley 33 de 1985 para acceder a su
pensión de vejez.

Sostuvo que tenía expectativas legítimas de que su pensión fuera liquidada con base
en la Ley 33 de 1985, especialmente considerando que la tesis jurisprudencial del
Consejo de Estado era otra cuando se presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y el juez de primera instancia decidió con base en ella;
además, en la sentencia del 20 de enero de 2011, por medio de la cual el Consejo
ordenó su reintegro, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación
estableció que se encontraba dentro de los parámetros establecidos en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, era beneficiaria del régimen de transición.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1. Dejar sin efectos la sentencia del 14 de julio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección B
que revocó la sentencia del 24 de enero de 2018, proferida por el Juzgado
50 Administrativo de Bogotá.

2. En consecuencia, ordenar al Tribunal que profiera una nueva sentencia
en la cual se respeten los derechos de la señora Bohórquez de Gaitán,
notablemente aquellos que le habían sido reconocidos originalmente en
primera instancia.” (índice 2 y 3 del aplicativo Samai – negrillas y
mayúsculas y negrillas del original)

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

4. Actuación procesal

Mediante auto del 30 de mayo de 20252 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y magistrados integrantes de la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se vinculó como terceros con interés al
titular del Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al
presidente o quien haga sus veces de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada y vinculadas

La directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones3 solicitó que se declare la
improcedencia del amparo por considerar que la demandante pretende emplear la
acción de tutela como una tercera instancia del proceso ordinario, pues la solicitud de
amparo “no cumple con las causales de procedibilidad que permita [sic] revocar la
decisión judicial” y tampoco se materializó ningún vicio o defecto; adicionalmente
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela y la desvinculación de
Jaime Dussán Calderón, presidente de la entidad.

La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca4 y el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá5
remitieron copia digital del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-42-050-2017-00170-00/01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la
solicitud de desvinculación y 3) el caso concreto.

2
Índice 5 del expediente digital en Samai.
3
Índice 9 del expediente digital en Samai.
4
Índice 14 del expediente digital en Samai.
5
Índices 12 y 15 del expediente digital en Samai.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. La solicitud de desvinculación

La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por Colpensiones en
consideración a que su vinculación se hizo como tercero interesado por ser
demandado en el proceso ordinario y su participación es necesaria para hacer valer
sus derechos y para dar cuenta de los hechos de la demanda en las dos instancias
de la acción de tutela.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de
que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y
seguridad social, así como los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza
legítima, supuestamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 14 de julio de
2022, mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia y se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada
por la demandante.

7
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

La Sala advierte que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la demandante identificó
de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos que se
transgredieron, ii) se agotaron los medios de defensa judicial disponibles al alcance
de las personas afectadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, iii) la
acción se promovió dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la
providencia reprochada6, iv) el asunto es de evidente relevancia constitucional,
habida cuenta de que se discute una vulneración a los derechos fundamentales del
debido proceso y seguridad social por presuntos defectos en una decisión proferida
por una autoridad judicial, los cuales no fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario ya que la sentencia de segunda instancia revocó el fallo apelado para negar
las pretensiones de la demanda, y v) no se ataca una sentencia de tutela.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala negará las pretensiones
de la acción de tutela, por las razones que se exponen a continuación.

3.1 Caracterización del desconocimiento del precedente

1) El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas
al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”7.

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico
y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que,
en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con
supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorgar un tratamiento jurídico similar,
la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras
de garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las
decisiones judiciales.

6
La sentencia del 14 de julio de 2022 de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se notificó por correo electrónico del 27 de noviembre de 2024 y la
acción de tutela se presentó el 27 de mayo de 2025.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

2) No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional8, es necesario
precisar que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de
precedente”, pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”, en efecto, para
mayor claridad sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias
judiciales es posible identificar tres partes: i) la parte resolutiva o “decisum”, en la que
se profieren las órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la
solución al problema jurídico examinado; ii) la “ratio decidendi”, compuesta por las
consideraciones o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada, y
iii) los “obiter dicta” o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de
referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes ni necesarios para
la resolución del asunto.

3) Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la “ratio decidendi” posee
fuerza de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el
caso a resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema
jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso
posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior
sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse
posteriormente”9.

4) Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por
el contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero
antecedente judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para
establecer una regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

5) Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente
para la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que
se denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

6) En la sentencia T-830 del 22 de octubre de 2012, esa Corporación se pronunció al
respecto en los términos siguientes:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que

8
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021
9
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

9
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los
antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no
deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan
del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad. (…)

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las
que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia,
que sirve también para solucionar el nuevo caso”.

Luego, entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en
los cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado. (ii) la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la
pretensión del caso presente. (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”10.

7) No obstante lo anterior, pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que
los jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer
explícitas las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se
apartan del mismo, lo que se ha denominado cumplimiento de la “carga de
transparencia”; ii) están llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen,
desarrollan y amplían de mejor manera el contenido de los derechos, principios y
valores constitucionales objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye
una razón válida para apartarse del precedente, exigencia que se reconoce como la
“carga de argumentación”.

3.2 El análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto

Para la parte demandante, la providencia reprochada pasó por alto las sentencias
SU-406 de 2016, T-044 de 2022 y SU-478 de 2024, proferidas por la Corte
Constitucional, en lo relacionado con la aplicación retrospectiva de las sentencias de
unificación; en particular, cuestiona que la autoridad judicial demandada haya basado
su decisión en las reglas jurisprudenciales sentadas en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

10
Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006.

10
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

Al respecto, esta Sala no encuentra configurado el defecto, pues la autoridad judicial
aplicó la regla jurisprudencial fijada en la sentencia de unificación, por las siguientes
razones:

1) La Corte Constitucional, en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-
395 de 2017, abordó casos cobijados por el régimen de transición contemplado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para indicar que en procura de la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, las pensiones, independientemente del régimen
aplicable, deben liquidarse con el IBL de la Ley 100 de 1993.

2) Por su parte, el Consejo de Estado, frente a la interpretación del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, mediante sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda de esta
Corporación, estableció que el IBL era un elemento objeto de transición; en esa
medida, debía calcularse de acuerdo con las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que los
factores enlistados en la última norma no eran taxativos sino meramente
enunciativos.

3) Sin embargo, esa postura fue reevaluada en sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018 de la Sala Plena de la Corporación. En esa oportunidad se determinó
que el IBL no era un elemento de transición de aquellos beneficiarios del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, a quienes en efecto debía aplicarse la Ley 33 de 1985. En la
citada sentencia de 28 de agosto de 2018, se fijaron dos subreglas que resultan
esenciales en esta oportunidad:

“Primera subregla:

95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en
esta providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues
fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional está previsto en
la Ley 91 de 1989. Por esta razón, estos servidores no están cobijados por
el régimen de transición. […]

Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 (26 de junio de 2003) tendrán los derechos del régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, por así disponerlo el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 […]

Es decir, si la vinculación al servicio docente fue con anterioridad a dicha
fecha, en lo referente al régimen pensional se les aplica la normativa
anterior a la Ley 812 de 2003, esto es, como se dijo, la Ley 91 de 1989
(artículo 15).

11
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

Esta regulación fue ratificada por el parágrafo transitorio 1° del Acto
Legislativo 001 de 2005 […]

Así las cosas, para los docentes vinculados con posterioridad al 26 de junio
de 2003, su derecho pensional se adquiere conforme al Sistema General de
Pensiones, una vez cumplidos los requisitos previstos en él, con excepción
de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y
mujeres (artículo 81 de la Ley 812 de 2003).

Segunda subregla

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir
en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios
de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado
los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. […]

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48
constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones,
previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya
realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en
la liquidación de la mesada pensional.”.

4) En el caso concreto, para la parte actora, la sentencia atacada incurrió en el
defecto de desconocimiento del precedente porque aplicó erróneamente las
disposiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional en relación con la
aplicación en el tiempo del precedente teniendo en cuenta las condiciones
particulares de cada caso para evitar el desconocimiento de derechos fundamentales.

5) Además, la demandante considera que la autoridad judicial accionada no tuvo en
cuenta que la pensión de jubilación de los servidores que se encuentran inmersos en
el régimen de transición de la Ley 33 de 1985 debe ser liquidada con el 75% del
salario promedio devengado durante el último año de servicio y conforme a los
factores señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, pues tenía una
expectativa legítima de que su pensión fuera liquidada con base en lo dispuesto en la
Ley 33 de 1985.

6) La Sala encuentra que la sentencia cuestionada tiene sustento principal en la
sentencia del 28 de agosto de 2018 y en el principio de sostenibilidad del sistema
pensional, previsto en el artículo 48 de la Constitución Política y aplicable a los
regímenes de pensiones transicionales, generales o especiales. Así las cosas, y
teniendo en cuenta el principio de supremacía constitucional, la Sala considera que el
tribunal no desconoció el ordenamiento jurídico al negar las pretensiones.

7) Adicionalmente, para la Sala es claro que ordenar la reliquidación de la pensión de
jubilación de la demandante con la inclusión de los factores consagrados en el

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 iría en contravía de las reglas jurisprudenciales
que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han sentado con respecto al IBL;
tal como lo mencionó la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en sentencia del 24 de septiembre de 2020, la interpretación que propone la
accionante ya no se encuentra vigente:

“Respecto del fallo de 12 de mayo de 2012 del Consejo de Estado invocado
por el accionante, se observa que pese a que en él se indicó que el valor de
las pensiones de servidores a los que les resultaba aplicable la Ley 32 de
1986, correspondía al 75% de los factores salariales enunciados en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y recibidos durante el último año de
servicios, esa interpretación perdió vigencia, comoquiera que la Corte
Constitucional ha sostenido que las mesadas reconocidas en atención a los
regímenes especiales por aplicación del régimen de transición, deben
calcularse en la forma prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de
1993”11

8) Así las cosas, la Sala observa que la providencia cuestionada estuvo soportada en
reglas jurisprudenciales aplicables al momento en que fue proferida, de conformidad
con lo dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, así:

“115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá
en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se
fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.”.

9) En consecuencia, esta Sala advierte que el tribunal demandado expuso las
razones por las cuales negó las pretensiones de la demanda y aplicó la regla
jurisprudencial en materia de la interpretación y aplicación del régimen de transición
pensional dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual no se
advierte la configuración del defecto alegado.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

11
Radicación No. 11001-03-15-000-2020-02915-01 (proceso de tutela). C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-03237-00
Actor: Lilia Consuelo Bohórquez de Gaitán
Acción de tutela

FALLA:

1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

2°) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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