Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03239-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03239-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03239-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
11 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03239-00
Accionante: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-
Accionado: Presidente de la República
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE. DECLARA
IMPROCEDENCIA – Respecto de manifestaciones que no se dirigieron de manera
expresa a la ANDI. NIEGA AMPARO – Frente a declaraciones destinadas a esa
Asociación.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 27 de mayo de 2025 el señor William Bruce Mac Master, actuando en
representación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-,
promovió acción de tutela contra el presidente de la República, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.
2.
Solicitó que se le ordene al accionado retirar de su cuenta en la red social “X” las
afirmaciones que hizo en relación con la ANDI el 19 de marzo de 2025, a las 09:52
p. m., y, en su lugar, se publique por ese mismo medio de comunicación y con una
duración al menos igual a la del mensaje inicial, una retractación respecto de dichas
manifestaciones.
3.
La parte actora sostuvo que el demandado, en un aparte de la mencionada
comunicación, expresó lo siguiente:
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
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Accionado: Presidente de la República
<<(…) estos empresarios son del grupo empresarial antioqueño, compuesto por
buenos empresarios, pero también (sic) por gente que defiende a Hitler y el genocidio
en Colombia.
Por eso la Andi de Bruce Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para
destruir el gobierno, por literal odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la
dignidad de los trabajadores>>.
4.
Por lo anterior, el 27 de marzo de 2025 pidió de la mencionada autoridad se
retractara de las afirmaciones hechas en relación con la ANDI. Sin embargo, hasta
la fecha de presentación de la tutela no había recibido respuesta alguna.
5.
Precisó que el emisor (presidente de la República) es una figura pública, investida
de la máxima autoridad del Estado, cuyas publicaciones y afirmaciones tienen un
peso institucional, social y cultural considerable, por lo que debe observar mayores
límites en el ejercicio de su libertad de expresión, dada la credibilidad que la
ciudadanía deposita en sus palabras y el potencial impacto de su discurso sobre los
derechos de terceros.
6.
Las declaraciones se dirigen contra personas jurídicas con relevancia pública y
social a nivel nacional, como la ANDI, así como contra personas naturales y jurídicas
no identificadas individualmente, pero sí vinculadas a esta asociación gremial, y
contra su presidente, que la representa. Por ende, aunque existan diferencias en
cuanto a corrientes de pensamientos, ello no da lugar a que ninguna autoridad
pública le endilgue ideologías o hechos éticamente reprochables, y que socavan su
derecho de participación en democracia y su validez en el debate público nacional y
territorial.
7.
Señala que el mensaje cuestionado tiene un lenguaje fácilmente comprensible y
transmisible, que además presenta aserciones altamente lesivas. Le atribuye la
defensa del genocidio, esclavismo y odio étnico, situaciones que aparte de constituir
delitos penados en el sistema jurídico, son evidentemente degradantes, insultantes
y falsos.
8.
Además, fue divulgado en la red social “X”, la cual es un medio de comunicación
con alcance masivo y de acceso permanente, desde una cuenta verificada con más
de ocho millones de seguidores, lo que multiplica su capacidad de daño y
estigmatización. Hasta el 13 de mayo de 2025 su interacción dentro de esa red social
había sido de más de 1600 comentarios, superó las 2300 republicaciones y generó
una cifra superior a 4200 “me gusta”. Ello descarta que se considere ocurrido en un
escenario privado o de bajo impacto y justifica la intervención del juez constitucional.
9.
Citó el fallo de tutela emitido el 7 de marzo de 20252 por el Consejo de Estado, en
el cual se accedió al amparo reclamado en un asunto similar al aquí planteado. Se
2 Expediente 11001-03-15-000-2025-00603-00.
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Accionado: Presidente de la República
determinó que las afirmaciones realizadas por el presidente de la República carecían
de veracidad y esto se veía agravado debido a su clara notoriedad pública, que
impone responsabilidad y prudencia al momento de emitir información.
10.
Indicó que la Corte Constitucional, en sentencia SU-420 de 2019, estableció que
para evaluar la tensión entre la libertad de expresión y los derechos al buen nombre
y honra se deben aplicar criterios de ponderación (dimensión de la libertad de
expresión3, grado de controversia sobre el carácter difamatorio4, nivel de impacto5 y
periodicidad6), de cuyo análisis se concluye que los derechos de la ANDI deben
prevalecer.
11.
Ello es así, porque los calificativos utilizados vulneran directamente los derechos
fundamentales al buen nombre y honra de la ANDI y no encuentran protección en la
Constitución Política, en los estándares del derecho a la libertad de expresión, ya
sea que se miren parámetros nacionales o internacionales, toda vez que se trata de
expresiones degradantes, falsas y objetivamente injuriosas que lesionan la dignidad
y reputación de quienes han sido aludidos.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
12.
Mediante auto de 30 de mayo de 20257, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad accionada y se requirió a la parte actora para que aportara el
soporte documental que permita verificar la manifestación del presidente de la
República objeto de reproche constitucional, lo cual realizó el 10 de junio siguiente.
De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Presidencia de la República
13.
Advirtió que el señor William Bruce Mac Master no solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales de manera individual ni expone hechos que sustenten una
vulneración en su calidad de persona natural. Por ende, pide que se limite el estudio
a la eventual afectación constitucional de la ANDI.
14.
Informó que la solicitud de retractación presentada por la parte actora fue
atendida, mediante oficio OFI25-00112256 / GFPU 13080000 de 13 de junio de 2025,
3 Está involucrado el presidente de la República, servidor público de la más alta investidura y rango, cuya palabra
tiene un peso institucional y simbólico superior, lo cual implica un deber reforzado de veracidad, prudencia y
responsabilidad.
4 Los señalamientos son muy graves, sin ninguna prueba o fundamento objetivo, y califican a los accionantes
como representantes o defensores de doctrinas que están excluidas en el debate democrático, pero que,
además, son punibles en el ordenamiento jurídico, lo cual excede cualquier estándar de crítica legítima.
5 Las afirmaciones fueron emitidas en una red social de muy amplia difusión, en la que la cuenta oficial del
presidente tiene millones de seguidores, lo cual amplifica su efecto estigmatizante y difamatorio.
6 Aunque el mensaje es puntual, se inscribe en un contexto de estigmatización general hacia sectores de
oposición o crítica a algunas acciones del Gobierno, lo cual contribuye a una narrativa excluyente y persecutoria
del debate democrático, racional y público.
7 Notificado el 6 de junio de 2025.
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en el sentido de indicarle que no procedía dicha actuación, porque (i) el mensaje
constituía una intervención política articulada a partir del reposteo de un video del
senador Alex Flórez y en este diferenció los señalamientos dirigidos al periódico El
Colombiano, sus empresarios, determinados sectores políticos y algunos jueces,
frente a los comentarios realizados en relación con la ANDI (relativos a derechos
laborales). Por ende, pretender extender las críticas dirigidas a otros actores hacia
la organización, desborda el contenido del mensaje y carece de sustento jurídico; y,
(ii) las expresiones que aludieron a la ANDI, deben interpretarse conforme a los
estándares fijados por el Consejo de Estado en relación con el empleo de figuras
retóricas en el discurso político, por lo que palabras como “esclavismo” y “odio étnico”
fueron utilizadas como recursos lingüísticos propios del debate ideológico, y no como
imputaciones literales o delictivas. Dichas expresiones buscaron resaltar la oposición
que, desde su dirección, ha tenido la ANDI frente a las reformas sociales impulsadas
por el Gobierno Nacional, especialmente aquellas orientadas a fortalecer las
prerrogativas laborales.
15.
Con base en lo anterior, sostuvo que en el escrito de tutela se realiza una
interpretación fragmentada y descontextualizada del mensaje emitido, atribuyéndose
una afectación directa a derechos fundamentales a partir de expresiones que no
estaban dirigidas contra la organización que representa.
16.
Además, reitera lo expuesto en la respuesta a la solicitud de retractación, en
cuanto a que dichas manifestaciones constituyen el uso legítimo de recursos
lingüísticos propios del discurso político, tales como figuras retóricas, que no pueden
ni deben interpretarse en sentido literal, y que se realizó una interpretación subjetiva
del mensaje, en la que se pretende extender a la ANDI afirmaciones que se dirigieron
a otros actores, por lo que debe analizarse en su contexto integral, esto es, con la
inclusión del video repostado (cuya duración es de 5 minutos) y el texto extenso (670
palabras), este último que no puede ser analizado en forma aislada o segmentada,
pues ello genera malinterpretaciones o descontextualizaciones, al impedir diferenciar
las referencias dirigidas a la ANDI de aquellas destinadas a otros actores.
17.
En ese sentido, el accionante no puede pretender que se extienda su legitimación
para reclamar por la totalidad de las afirmaciones, sino únicamente respecto de
aquellas dirigidas directamente a la ANDI. Frente a los señalamientos vinculados al
periódico El Colombiano o a sus propietarios, el accionante carece de legitimación
para actuar, dado que no acredita facultades para representar o defender derechos
que no le son propios. Y, en todo caso, tampoco demuestra que las expresiones que
se refieren a la ANDI le hayan causado un daño específico, individual y actual en su
esfera personal, es decir, que hayan tenido efectos jurídicos o materiales adversos.
No se reporta afectación a su actividad económica, persecución institucional, ni
limitación de sus derechos de asociación, libertad de empresa o participación en el
debate público.
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18.
Explicó que la expresión “esclavismo” alude metafóricamente a la defensa de un
modelo económico y laboral que, en la visión del Ejecutivo, no otorga condiciones de
equidad suficientes a la clase trabajadora. Lo mismo ocurre con la frase “odio étnico”,
que no alude a una categoría racial, biológica o penal, sino a una crítica ideológica
que evoca las divisiones estructurales en la lucha de clases. En esa medida, la
supuesta postura de la ANDI frente a los trabajadores no solo es una expresión
protegida por la libertad de expresión en contextos de confrontación política, sino
que está fundada en hechos notorios que han sido ampliamente difundidos por los
propios representantes del gremio empresarial, sin que ello configure una expresión
injuriosa o difamatoria en los términos exigidos para una tutela de rectificación.
19.
Por último, adujo que en el presente caso están involucradas figuras públicas con
amplio reconocimiento nacional, lo que les otorga capacidad de interpelación y les
impone el deber de soportar críticas y comentarios que les desagrade en el marco
del debate público. Es decir, se trata de dos actores políticos con posturas
divergentes, que tienen una alta influencia en la comunidad, lo que los expone a un
escrutinio público más exigente y, por lo tanto, deben estar dispuestos a enfrentar
críticas y cuestionamientos.
20.
Por consiguiente, no existe un derecho fundamental afectado que justifique la
intervención del juez de tutela. Se presenta un desacuerdo ideológico frente a un
discurso político que se enmarca en los límites de la libertad de expresión, sin
consecuencias jurídicas ni daños materiales acreditados.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa - Delimitación del problema jurídico
21.
En el asunto sub examine la autoridad accionada advirtió que se debe limitar el
estudio a la afectación constitucional que se le pudo causar a la ANDI, en razón a
que si bien es cierto que la solicitud de amparo fue presentada por el señor William
Bruce Mac Master, no invocó la protección de sus derechos fundamentales de
manera individual ni expone hechos que sustenten algún tipo de vulneración de
aquellos.
22.
Aunque en el auto admisorio se hizo referencia a que el señor Mac Master
promovió la acción constitucional también en nombre propio, pues fragmentos de la
demanda parecían orientarse en ese sentido, lo cierto es que una lectura pausada
de la misma permite advertir que al momento de relacionar las partes, el señor Mac
Master indicó que actuaba en representación de la ANDI. Asimismo, cuando hizo
referencia a los derechos vulnerados, sostuvo que se transgredían las garantías
superiores a la honra y al buen nombre de la Asociación; por ende, adujo como
pretensiones el amparo de tales prerrogativas solicitando se ordenara al accionado
retirar la publicación reprochada.
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23.
No obstante lo anterior, dentro del plenario se evidencia que en la solicitud de
rectificación que radicó ante la autoridad accionada el 27 de marzo de 2025, expuso
quebranto de sus derechos fundamentales a la honra y buen nombre, por lo que pidió
que la respectiva rectificación lo cobijara. Pero como se advirtió antes, no ocurrió lo
mismo en el escrito de amparo, como se explicó en precedencia.
24.
En ese orden de ideas, el señor William Bruce Mac Master ejerció la presente
acción de tutela para obtener la protección de los derechos fundamentales a la honra
y buen nombre de la ANDI, razón por la cual se circunscribirá el análisis jurídico a
esa pretensión.
D. Procedencia de la acción de tutela
25.
El caso bajo estudio plantea un conflicto entre dos sujetos de derecho respecto
de los cuales se podría presentar tensión entre garantías constitucionales: por un
lado, la libertad de expresión8 en cabeza del accionado (persona natural) y, por otro,
los derechos al buen nombre 9 y a la honra 10 de la tutelante (persona jurídica 11 ),
entendidos como el derecho a la reputación, esto es “el concepto que las demás
personas tienen de uno”12.
26.
En ese tipo de escenarios, el artículo 42 (numeral 7) del Decreto 2591 de 1991
supedita la procedencia de la acción de tutela a que se anexe la transcripción de la
información o copia de la publicación, así como de la rectificación que no cumplió
con los estándares de eficacia.
27.
Si bien la parte actora no presentó con su escrito de tutela el documento que daba
cuenta de la publicación objeto de censura, este fue allegado de manera posterior
(10 de junio de 2025), en cumplimiento del requerimiento efectuado en ese sentido,
mediante auto admisorio de 30 de mayo del año en curso. Puntualmente, aportó un
enlace (https://x.com/petrogustavo/status/1902553748159000729?s=48), el cual
dirige a dicha publicación en la red social “X”, al igual que la siguiente captura de
pantalla, que da cuenta del mensaje completo.
8 Constitución Política de 1991. Artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos
de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad. No habrá censura”.
9 Constitución Política de 1991. Artículo 15: “Todas las personas tienen derecho a (…) su buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. (…)”.
10 Constitución Política de 1991. Artículo 2: “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su
protección.”.
11 Si bien, conforme a la sentencia SU-420 de 2019 de la Corte Constitucional, para la salvaguarda de la
prerrogativa al buen nombre, las personas jurídicas cuentan con otros mecanismos de defensa jurídicos (proceso
civil de responsabilidad extracontractual), ello aplica en los eventos en que se invoque la protección constitucional
respecto de otra persona jurídica, pues en el caso de que se dirija contra una persona natural, la tutela se
constituye en una herramienta idónea, como en el sub lite.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-094 de 2000, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
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28.
Para dar precisión al asunto, la Sala señala la parte de este mensaje en el que
reside la objeción de la ANDI:
29.
De igual modo, se precisa que con la solicitud de amparo se aportó la petición de
rectificación dirigida el 27 de marzo de 2025 a la autoridad accionada, la cual, al
momento de contestar la tutela, anexó la respuesta suministrada al interesado el 13
de junio siguiente, a través de oficio OFI25-00112256 / GFPU 13080000, suscrito por
el subdirector general (e) del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República. Por ende, se colmaron las cargas probatorias del citado artículo 42.
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30.
Adicional a lo anterior, la Corte Constitucional -sentencia SU-420 de 2019-,
determinó que la tutela en estos casos procederá cuando la parte actora haya
agotado los siguientes requisitos: (i) solicitud de retiro o enmienda ante el particular
que hizo la publicación; (ii) reclamación ante la plataforma donde se encuentra
alojada la publicación, siempre y cuando en las reglas de la comunidad se habilite
para ese tipo de ítem una posibilidad de reclamo; y, (iii) constatación de la relevancia
constitucional del asunto.
31.
Lo primero ya se verificó. En cuanto a la reclamación ante la respectiva plataforma,
debe advertirse que, de acuerdo con lo sostenido por esta Subsección, la red social
“X” no prevé como una de las razones para eliminar mensajes, la vulneración de los
derechos al buen nombre y honra; por ende, no resulta exigible tal requisito.
32.
Respecto del requisito de relevancia constitucional, la referida sentencia de
unificación señala que para su verificación se deben analizar los siguientes tópicos:
(i) quién comunica, (ii) respecto de quién se comunica y (iii) cómo se comunica.
33.
Sobre el particular, se tiene que (i) la publicación fue efectuada por el Presidente,
que al ser funcionario público tiene unas limitaciones mayores frente a un particular,
dado el impacto que tiene en la sociedad, en razón al grado de confianza y
credibilidad de la que gozan sus comunicaciones; (ii) el mensaje se dirigió a una
agremiación empresarial, que tiene reconocimiento nacional y participa en la
discusión pública como vocera de la postura oficial de parte del empresariado; y, (iii)
el mensaje tiene un lenguaje escrito, publicado en la red social “X”, cuya capacidad
de divulgación e impacto es elevado, dado el acceso de la sociedad al perfil del
primer mandatario en esa red social.
34.
Por lo anterior, al tener acreditado el cumplimiento de las mencionadas
exigencias, se procederá al estudio del caso concreto, analizando en forma paralela
los elementos fácticos a considerar, así como el alcance de los derechos
involucrados, a la luz de los desarrollos jurisprudenciales y convencionales.
E. Análisis del caso concreto
35.
La Sala aclara que si bien es cierto, es dable proteger los derechos a la honra y
al buen nombre a través del ejercicio de la acción penal por los delitos de injuria y
calumnia, esta no resulta idónea ni eficaz al perseguir una finalidad diferente a la de
la tutela, en la medida en que esta última protege de manera integral tales
prerrogativas, pues su objetivo es su salvaguarda integral, mientras que el escenario
penal se encamina a la imposición de una sanción por la conducta reprochada. Por
ende, es viable abordar el fondo del presente asunto.
36.
Con esta precisión, resulta indispensable hacer referencia a la tensión que se
puede generar cuando están en pugna derechos fundamentales, los cuales gozan
8
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de la misma jerarquía constitucional. Para tal efecto, cabe anotar que en el marco
del derecho a la libre expresión, existen 3 discursos especialmente protegidos, a
saber: (i) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (ii) el discurso sobre
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar
cargos públicos; y, (iii) el discurso que configura un elemento de la identidad o la
dignidad personales de quien se expresa13.
37.
En el caso que nos ocupa, es oportuno hacer referencia al primero de los
indicados, en la medida en que las declaraciones que la parte accionante reprocha
se relacionan con un discurso político, con origen en una publicación realizada en la
red social “X” por un senador14 del partido de Gobierno, alusivas a una presunta
persecución en su contra. Con motivo de ésta, el accionado publicó un mensaje en
el que hace alusión al panorama político colombiano.
38.
En tal sentido, bien podría indicarse que se está frente a un asunto en el que opera
la protección reforzada de cara a la emisión de expresiones inofensivas aunque
puedan resultar chocantes, irritantes o generen inquietud a un sector de la
ciudadanía. Por esto, la Sala no descarta que deban evaluarse y eventualmente
adoptarse medidas de protección judicial si se constata que se está ante ataques
injustificados y señalamientos que exceden la libertad de expresión y afectan los
derechos fundamentales reclamados.
39.
Uno de los motivos para limitar la libertad de expresión es cuando se propenda
salvaguardar las garantías superiores de las personas, por cuanto el ejercicio de un
derecho, en este caso el de la libre expresión, debe hacerse también con respeto por
los de los demás, en particular, el de la honra, reputación y buen nombre. De
presentarse conflicto, se deberá realizar un ejercicio de ponderación y armonización,
en el que se analizará la proporcionalidad de esa restricción por su ejercicio abusivo,
conforme a factores, tales como, (i) el grado de afectación del derecho contrario; (ii)
la importancia de satisfacer el derecho contrario; y, (iii) si la satisfacción del derecho
contrario justifica la restricción de la libertad de expresión15.
40.
El Presidente de la República, como cualquier persona, es titular del derecho a la
libertad de expresión en sus diversas manifestaciones; sin embargo, no puede
desconocerse que estas tienen ciertas connotaciones y características específicas,
como, por ejemplo, el especial deber al que está sujeto el ejercicio de esta
prerrogativa en su condición de ser el más alto funcionario de la rama ejecutiva del
poder público. Así, se le impone -entre otros- que debe “constatar en forma
razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que
fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la
13 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2019, M. P. Alberto Rojas Ríos.
14 Alex Flórez Hernández, quien resultó elegido en esa plaza por el Pacto Histórico para el período 2022-2026.
15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. “Marco
Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión”, 2010, 30-31. En:
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20
DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.
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empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que
gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los
hechos”16.
41.
De igual manera, recae en él, el deber de asegurarse de que sus
pronunciamientos no constituyan violaciones a los derechos humanos pues a él no
escapa el deber de comprender que “los funcionarios públicos no pueden, por
ejemplo, vulnerar el principio de presunción de inocencia al imputar a medios de
comunicación o a periodistas, delitos que no han sido investigados y definidos
judicialmente”17.
42.
Lo anterior toma especial relevancia, cuando los pronunciamientos se exponen en
redes sociales, las cuales resultan más efectivas por su inmediatez y su facilidad de
acceso, sin mencionar que a través de vías institucionales, medios de comunicación
y usuarios espontáneos, la información que comparte el Presidente es replicada en
mayor medida que la de cualquier otro particular, aumentando exponencialmente su
alcance.
43.
En el sub-lite, la parte actora atribuye una vulneración constitucional a las
siguientes dos afirmaciones: (i) “estos empresarios son del grupo empresarial
antioqueño, compuesto por buenos empresarios, pero también [sic] por gente que
defiende a Hitler y el genocidio en Colombia”; y, (ii) “Por eso la Andi de Bruce
Macmaster, dominada por el sindicato, se lanzó, para destruir el gobierno, por literal
odio étnico, y a defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores”.
44.
La primera de las afirmaciones no está dirigida directamente a la tutelante, sino a
los empresarios que el Presidente identifica como dueños del periódico “El
Colombiano”; así se lee en el texto completo del párrafo en el que se encuentra el
aparte reprochado, es el siguiente:
<<También (sic) le he hecho esta crítica al periódico "El colombiano" ¿por qué sus nuevos
dueños, como casi en toda la prensa, son empresarios, que por naturaleza tienen
intereses particulares pero lo expresan en el periódico, engañando a la población
antioqueña?; estos empresarios son del grupo empresarial antioqueño, compuesto por
buenos empresarios, pero también (sic) por gente que defiende a Hitler y el genocidio en
Colombia>>.
45.
En esa medida, aunque podría causar algún tipo de afectación constitucional
expresiones como “gente que defiende a Hitler” y “genocidio”, al atribuírseles tales
acciones a una persona, natural o jurídica, el titular de las garantías superiores
vulneradas sería a quien se dirigió, en razón a que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la instaure esté legitimado en la
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, sentencia de 5 de
agosto de 2008.
17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. “Marco
Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión”, Cit. 75.
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causa por activa para buscar la protección de sus derechos fundamentales. Es decir,
que quien la presente sea el titular de los derechos presuntamente vulnerados.
46.
En tal sentido, como la actora no es la titular de las prerrogativas constitucionales
que podrían verse transgredidas con la mencionada manifestación, carece de
legitimación en la causa por activa respecto de aquella, lo que conlleva declarar la
improcedencia de la acción de la referencia sobre el particular.
47.
Frente a la segunda afirmación que se cuestiona, por estar dirigida
específicamente a la parte accionante, se procederá a examinar si las expresiones
de obrar con “odio étnico” y “esclavismo” podrían vulnerar los derechos
fundamentales invocados.
48.
La afirmación del Presidente de la República relativa a que la accionante actúa
con “odio étnico” y en defensa del “esclavismo”, si bien no es acorde con la dignidad
que se ostenta, ni reclama por la unidad nacional que se representa, tampoco
evidencia que se hicieran como imputaciones certeras y unívocas propias de la
materialización de tales conductas, pues se expresaron por el accionado para poner
en contexto la oposición que en su criterio la ANDI ha pregonado frente al actual
gobierno, en el contexto de su particular manera de ver a la sociedad enfrentada en
modelos políticos y sociales contrapuestos.
49.
En esa medida, aunque las palabras objeto de censura, vistas en forma aislada,
podrían tener la potencialidad de afectar de manera negativa la reputación de la
tutelante, en el contexto en que fueron empleadas no comportan una vulneración ius
fundamental, máxime cuando el accionado no endilga a la accionante hechos
puntuales que materialicen o soporten los supuestos señalamientos de querer
destruir al Gobierno.
50.
En tal sentido, las expresiones reprochadas no pasan de ser la manifestación de
un lenguaje figurativo, hiperbólico o grandilocuente, encaminadas a generar mayor
impacto entre el público, maximizando o exagerando expresiones con el fin de
mostrar aparentes falencias y aspectos que le merecen crítica a sus contradictores,
entre lo cual se incluyen las posturas respecto a ciertos temas como los relativos a
las regulaciones laborales.
51.
De lo anterior se puede colegir que las expresiones “odio étnico” y “esclavismo”
fueron empleadas en un plano político, pues si bien se dirigen contra la tutelante, su
uso estuvo orientado a sindicarla de haber ejercido oposición al actual gobierno,
como lo reconocen el accionado en su respuesta a la solicitud de rectificación, al
hacer referencia a que la actora no ha compartido las reformas laborales que ha
impulsado.
52.
En la mencionada contestación se indicó que las expresiones en comento “no se
refirieron a una conducta reprochable desde la perspectiva penal (delitos de
discriminación o esclavizar una persona en su sentido literal) por parte de la ANDI,
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Accionante: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI
Accionado: Presidente de la República
sino a una crítica sobre la postura que su organización gremial ha exteriorizado sobre
las reformas sociales que ha promovido el Gobierno Nacional, específicamente en
materia laboral. Es un recurso que alude a lo que, desde la perspectiva del primer
mandatario, constituye una resistencia sistemática de su organización a iniciativas
que buscan mejorar las condiciones laborales y ampliar los derechos de los
trabajadores, en contraposición a la postura de la ANDI, donde, a criterio del Jefe de
Estado, se ha priorizado los beneficios para el empresariado, sacrificando garantías
prestacionales”. Es decir, que “fueron utilizadas como recursos lingüísticos propios
del debate ideológico, y no como imputaciones literales o delictivas”.
53.
La respuesta antes indicada, aunque justifique un discurso político polarizante,
que acude a un lenguaje emocional, que fomenta la idea de opciones irreconciliables,
que persigue influir en la sociedad proponiendo dividirla entre dos o más grupos con
posturas opuestas, exacerbando las diferencias y creando divisiones, se antoja
insuficiente para proyectarse como elemento perturbador de las garantías superiores
a la honra y buen nombre de la ANDI, pues no producen un daño moral tangible, que
afecte el buen crédito o implique la pérdida del respeto de su imagen institucional.
54.
Para establecer una afectación a los derechos a la honra y buen nombre, se debe
tener en cuenta18, entre otros, el contenido del mensaje19, el grado de certeza de las
expresiones o publicaciones20 y, el nivel de impacto de la divulgación21. En este caso,
si bien la publicación objeto de censura menciona expresamente a la tutelante, se
hace en el marco de un discurso político, con el uso de expresiones que no se
emplearon con la intención de atribuir conductas ilícitas a la accionante, sino como
calificativos que, a juicio del accionado, denotan posturas que no se alinean con los
intereses de un sector de la sociedad, y representan la motivación de la oposición
que ejerce la tutelante al gobierno; además, como se anotó, la publicación del
mensaje en la red social X se hizo a la audiencia del Presidente, sin evidencia de
que haya comportado un ataque contra aquella que deba contrarrestar de algún
modo.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-241 de 2023, M.P. Natalia Ángel Cabo.
19 “Frente a este elemento, se requiere tener en cuenta que las afirmaciones genéricas no tienen la potencialidad
para afectar los derechos a la honra y al buen nombre. Por tanto, solo habrá una afectación a dichos derechos
en los casos en los que la publicación haga alusión a una situación específica, es decir, cuando exista una
referencia concreta a una persona o grupo de personas.”
20 “En este punto, se trata de verificar qué tan probable es que la denuncia sea cierta. En esa medida, las
publicaciones cuyo contenido y significado son debatibles, generan un menor impacto en el goce de los derechos
al buen nombre y a la honra. Ahora, la Corte ha señalado que el grado de certeza no depende de la valoración
subjetiva del afectado, sino de un análisis objetivo y neutral que tenga en consideración todas las particularidades
del caso”.
21 “el juez constitucional debe tener en cuenta los elementos que involucran la manera en cómo se envió el
mensaje:
• quién es el emisor del mensaje, es decir la calidad de quien emite la información que se considera difamatoria.
• La calidad del sujeto afectado por la publicación y las posibilidades que tiene de defenderse.
• El medio de difusión donde se analiza la capacidad de penetración del medio y su impacto inmediato sobre la
audiencia.
• La periodicidad de la publicación, para entender si se trata de una actuación repetitiva que constituye una
situación de persecución o acoso”.
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Accionante: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI
Accionado: Presidente de la República
55.
Lo dicho hasta este momento, resulta suficiente para descartar la vulneración de
derechos fundamentales alegada.
56.
Así las cosas, (i) se declarará la improcedencia de la tutela, en cuanto al primer
fragmento cuestionado en el que se incluye la afirmación referente a que
determinado grupo de empresarios “defiende a Hitler y el genocidio en Colombia”, al
carecer la actora de legitimación en la causa por activa; y, (ii) se negará el amparo
constitucional reclamado, respecto del fragmento en el que se señala que la ANDI
pretende “destruir el gobierno” por “odio étnico” y defensa del “esclavismo”.
57.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela en lo referente a que
determinado grupo de empresarios “defiende Hitler y el genocidio en Colombia”, al
carecer la actora de legitimación en la causa por activa, en atención a la motivación
planteada.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al buen nombre y la
honra de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI, frente a las
expresiones de “odio étnico” y “esclavismo”, contenidas en la publicación realizada
el 19 de marzo de 2025 en la cuenta personal de la red social “X” del accionado,
conforme a las consideraciones expuestas en esa providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE22
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
22 VF
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