Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03252-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03252-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03252-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
1 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., primero (1.°) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03252-00
Accionante: JUAN CARLOS BERNAL LOZANO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
BOGOTÁ Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE RESPUESTA A UNA PETICIÓN –
Carencia de objeto por hecho superado / Se resolvió la petición del 8 de abril de
2025 en el trámite de la acción de tutela – Ampara derecho de petición / Se debe
dar respuesta a la petición corregida el 14 de junio de 2025 sin exigir un nuevo
diligenciamiento de formulario.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Juan Carlos Bernal Lozano, a través de apoderada, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 28 de mayo de 2025, a través de apoderada2, el señor Juan Carlos Bernal
Lozano presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central, con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición y acceso a
la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. El 8 de abril de 2025, la parte accionante radicó una solicitud de desarchivo de
un expediente identificado con el radicado 11001-40-03-065-2016-01036-00 ante el
Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Una
vez, diligenció el formulario de la plataforma Microsoft Power Apps se asignó el
número SDUE25-003914.
1
Que ingresó para fallo el 16 de junio de 2025.
2
La apoderada es Laura Nathalia Duarte Cadena.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
Accionante: Juan Carlos Bernal Lozano
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
3. En el correo automático se determinó que si no se recibía respuesta dentro de
los 60 días hábiles siguientes, se podía solicitar información al correo electrónico
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
4. El mismo día que se radicó la petición, la apoderada del señor Bernal Lozano
informó al Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá que el proceso solicitado fue tramitado en el Juzgado 65 Civil Municipal de
Bogotá, puesto que en la radicación aparecía otro juzgado, pero, el correo “rebotó”
y solo hasta el 14 de abril de 2025 se entregó el mismo, con la finalidad de facilitar
la información a la entidad.
5. De manera posterior, el 19 de mayo de 2025, la parte accionante solicitó
información respecto del estado de la solicitud de desarchivo, sin obtener respuesta.
6. A la fecha de la presentación de la solicitud de amparo, la entidad accionada no
había proferido respuesta alguna.
Pretensiones
7. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“Solicito al despacho que, en virtud de sus facultades constitucionales, se sirva:
1. Amparar los derechos fundamentales de petición y de acceso a la
administración de justicia del accionante Juan Carlos Bernal Lozano.
2. Ordenar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá —
Archivo Central, que en el término de 48 horas contadas a partir de la
notificación del fallo, proceda a responder de manera de fondo la solicitud de
desarchivo presentada bajo el radicado SDUE25-003914, e informe sobre el
estado actual del trámite correspondiente al expediente 110014003065 -
20160103600 de CEDRO VERDE P.H. contra JUAN CARLOS BERNAL
LOZANO
3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la entrega de la copia del
expediente solicitado, o en su defecto, informe detalladamente las razones
jurídicas o administrativas que impidan su entrega.”.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte accionante indicó que habían transcurrido más de 15 días hábiles
desde la radicación de la solicitud inicial y 7 días hábiles desde la solicitud de
información adicional, sin que se presentara ninguna comunicación, oficio o un
informe del estado actual del trámite, más aún cuando la solicitud es relevante para
adelantar gestiones judiciales de interés personal.
9. Así mismo, expuso que todas las personas tienen derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
con el fin de obtener una pronta resolución sobre las mismas, ya que se trata de un
mecanismo importante con el que cuentan los ciudadanos para comunicarse con
las autoridades públicas y exigir de estas una respuesta oportuna, además de ser
un pilar esencial del Estado Social de Derecho, en el que permite a las personas a
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
Accionante: Juan Carlos Bernal Lozano
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
participar de manera activa en los asuntos públicos y en la gestión administrativa,
garantizando la materialización de otros derechos fundamentales y de naturaleza
legal.
10. En lo que se refiere al artículo 229 de la Constitución Política, la actora dispuso
que todas las personas tienen derecho a acceder a la administración de justicia.
Además, el artículo 14 del CPACA establece que las autoridades deben resolver las
peticiones en un término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su
radicación a menos que sean de especial naturaleza.
11. Puso de presente que el término previsto para resolver la solicitud de desarchivo
se encuentra superado, sin que se expidiera una decisión de fondo. En su criterio,
esta situación configura una omisión por parte de la autoridad accionada y
generando una situación de indefensión, además de afectar el acceso a la
administración de justicia debido a que se ha incurrido en silencio administrativo al
no resolver dentro de los términos legales establecidos.
12. Mencionó que la Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que la
acción de tutela procede cuando se trata de proteger el derecho fundamental de
petición siempre que se demuestre que no existe otro medio judicial idóneo.
Trámite en primera instancia
13. A través de auto del 30 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia y, en consecuencia, ordenó notificar al Consejo Superior de
la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo
Central, en calidad de accionado y al Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de
Bogotá como tercero con interés en las resultas del proceso. Asimismo, vinculó a la
señora Victoria Méndez Bernal y a Cedro Verde P.H., por tener interés directo, para
ello comisionó al Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá para que
notificara dicho sujeto procesal y ordenó a la Secretaría General de esta
Corporación para que librara el oficio correspondiente. Además, requirió a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá para que
informara el trámite adelantado respecto de la petición con radicado núm. SDUE25-
003914 y reconoció personería adjetiva a la abogada Laura Nathalia Duarte
Cadena.
Intervenciones
14. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá señaló que
solicitó al archivo central - área encargada de pronunciarse sobre los hechos objeto
del escrito de tutela.
15. Con base en lo anterior, adujo que ha adelantado las gestiones, trámites y
verificaciones necesarias para cumplir con los mandatos constitucionales y legales,
con el fin de que se atienda de manera prioritaria las solicitudes en garantía de los
derechos fundamentales del accionante. Para esto, se designó como responsables
del cumplimiento a los señores John Alexander Ramírez Bernal e Indira Elisa
Pachón Serna.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
Accionante: Juan Carlos Bernal Lozano
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
16. El Juzgado 65 Civil Municipal de Bogotá realizó las notificaciones que fueron
comisionadas por el despacho sustanciador.
17. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva de acuerdo con lo
establecido el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 5 del Decreto 2591
de 1991 así como las sentencias T-005 de 2022, la T-1015 de 2006.
18. De otra parte, explicó que el Consejo Superior de la Judicatura es el órgano de
gobierno y de administración de la Rama Judicial, ejerce funciones netamente
administrativas establecidas en la Constitución Políticas y la Ley 270 de 1996, por
tanto, las acciones u omisiones que manifiesta el accionante como vulneradoras,
recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, porque es la colegiatura que tiene la custodia del archivo de sus
actuaciones administrativas, siendo la competente para ordenar el desarchivo del
aludido expediente. Además, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 2591 de
1991, quien debe dar cumplimiento al fallo es la autoridad responsable de la
vulneración del derecho fundamental que está siendo tutelado y tiene la atribución
legal para hacerlo.
19. Puso de presente, algunos apartes de sentencias del Consejo de Estado como
11001-03-15-000-2023-02508-00; 11001-03-15-000-2023-05603-00; 11001-03-15-
000-2023-06828-00 y el auto 11001023000020230049900 proferido por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el auto
11001023000020230097400 de la Sala de Casación Penal.
Durante el trámite de tutela
20. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá expuso que,
una vez se requirió al Grupo de Trabajo del Archivo Central, el 11 de junio de 2025,
se procedió a emitir respuesta al accionante, la cual se allega como prueba junto
con su respectivo soporte de envío.
21. Sumado a lo anterior, adujo que la Seccional ha llevado a cabo todas las
acciones posibles para localizar el expediente judicial solicitado por el accionante
para su respectivo desarchivo. No obstante, de acuerdo con el artículo 23 de la
Constitución Política, el artículo 13 del CPACA, la Ley 1755 de 2015 y la Sentencia
T-292 del 2022, debe entenderse que el dar respuesta a una petición no implica
otorgar lo solicitado por el interesado.
22. De otra parte, trajo a colación que la Corte Constitucional se ha pronunciado
frente al hecho superado de acuerdo con la sentencia T-070 de 2022, T-086 del
2020, entre otras sentencias.
23. La apoderada del señor Juan Carlos Bernal Lozano remitió un correo
electrónico en el cual indicaba que el 11 de junio de 2025 se había emitido la
contestación de la información allegada por la Bodega 06- Santo Domingo de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
Accionante: Juan Carlos Bernal Lozano
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Bogotá. Al respecto, informó que expidió una constancia del proceso no hallado,
pues, como puede verificarse, los datos del proceso fueron erróneos,
específicamente en lo que se refiere al Juzgado 65 Civil Municipal de Bogotá y no
el Juzgado 11 Civil Municipal de Bogotá como se había determinado en principio.
24. La Bodega 06 – Santo Domingo – Bogotá D.C. remitió un correo a la parte
accionante con copia a la Secretaría General de esta Corporación y otros3 en el que
indicaba que el Grupo de Archivo Central brinda las respuestas a los radicados con
ocasión de la información suministrada en el formulario en línea en el momento de
su diligenciamiento, es decir, que para el radicado No.25-3914, se realizó la
respectiva búsqueda de acuerdo con la información brindada. Por lo tanto, enviar
un correo a solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co no es
una base para tener en cuenta para corregir errores cometidos en el
diligenciamiento de los formularios. De ahí que, identificado dicho error, la actora
debía diligenciar una nueva solicitud con un radicado independiente.
25. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá remitió otro
memorial a través del cual explicaba que el 18 de junio de 2025 brindó otra
respuesta a la parte accionante e informó que el correo enviado a
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co no podía tenerse en
cuenta como una base para corregir errores cometidos en el diligenciamiento de los
formularios. En efecto, la dirección señaló que la peticionaria debía radicar
nuevamente la solicitud, por lo cual se había respondido la petición y debía
declararse la carencia de objeto por hecho superado.
CONSIDERACIONES
Competencia
26. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
2019.
Problema jurídico y metodología de la decisión
27. El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Grupo de Archivo Central respondió la solicitud elevada por la
apoderada del actor mediante oficio DESAJBOCER25-3674 del 10 de junio de 2025.
En consecuencia, corresponde a la Sala establecer si en la presente acción de tutela
se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado con respecto del
derecho de petición presentado el 8 de abril de 2025 y el alcance dado a este en el
3
Archivo Central DESAJ – Bogotá: solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co;
Diana Carolina Salamanca Munevar dsalamam@cendoj.ramajudicial.gov.co; Juzgado 11 Civil
Municipal - Bogotá - Bogotá D.C.: cmpl11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; Jessica Paola Piedrahita
Jaimes jpiedrahij@cendoj.ramajudicial.gov.co; Secretaría General - Consejo De Estado
secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
Accionante: Juan Carlos Bernal Lozano
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
escrito del 14 de ese mes y año. Además, derivado de los antecedentes reseñados,
la Subsección debe evaluar si con el correo electrónico enviado el 14 de abril de
2025, que otorgó alcance a la solicitud, se vulneró dicho derecho, en razón a que la
administración impuso a la actora una carga adicional de llenar el formulario de
solicitud de búsqueda de expediente, a pesar de que fue informada de este.
28. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye: (i) reiteración de la jurisprudencia
constitucional sobre la carencia actual de objeto por hecho superado en relación
con la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, (ii) el análisis del
caso concreto, con base en los hechos probados dentro del expediente y (iii) si la
corrección de la petición impide el deber de resolver la petición más allá del
contenido de los formularios.
El derecho de petición y carencia actual de objeto por hecho superado
29. El artículo 23 de La Constitución Política reconoce el derecho fundamental de
toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, ya sea por
motivos de interés general o particular, y a obtener una respuesta oportuna y
efectiva.
30. La Ley 1755 de 2015 desarrolló dicho derecho. Entre otros aspectos, el estatuto
mencionado establece los requisitos para formular una petición y los criterios que
permiten considerar que ha sido debidamente resuelta. Por su parte, la
jurisprudencia Constitucional ha sintetizado los elementos de este derecho de la
siguiente forma:
Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición4
Elementos del derecho fundamental de petición
El derecho de petición protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a las
Formulación autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley,
solicitudes respetuosas. Dichos sujetos no pueden negarse a recibirlas o
abstenerse de tramitarlas. Los obligados a cumplir con este derecho deben
recibir toda clase de peticiones, a excepción de las irrespetuosas.
El término de respuesta del derecho de petición debe entenderse como un
Pronta tiempo máximo que tiene la administración o el particular para resolver la
resolución solicitud. Según la Ley 1755 de 2015, salvo norma especial, ese plazo
corresponde a 15 días hábiles en las peticiones, a 10 días en la solicitud de
información o documentos o a 30 días en las consultas.
La respuesta a la petición debe ser de fondo. Por lo tanto, debe ser: (i) clara,
Respuesta “inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que “atienda, de
de fondo manera concreta lo solicitado, sin información impertinente” y “sin incurrir
en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir, que “abarque la
materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, y (iv)
consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer una respuesta como
si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe
4
Corte Constitucional, Sentencias C-951 de 2014 y SU-543 de 2023.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales
la petición resulta o no procedente”.
La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el
Notificación mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la resolución
de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de
notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta obligación genera para la
administración la responsabilidad de actuar con diligencia para que su
respuesta sea conocida.
31. En este contexto, la vulneración del derecho fundamental de petición se
configura cuando la autoridad guarda silencio y omite pronunciarse dentro de los
plazos legalmente establecidos, y cuando pese a emitir una respuesta, esta no
satisface de manera clara, precisa y congruente el contenido de la solicitud
formulada y, por tanto, no puede considerarse como una respuesta de fondo
adecuada o idónea.
32. No obstante, el juez constitucional puede encontrarse con escenarios en los
que, al momento de adoptar una decisión, la situación fáctica que dio lugar a la
acción de tutela por presunta afectación del derecho fundamental de petición ha
desaparecido. En tales casos, se configura la figura de la carencia actual de objeto,
toda vez que cesó la causa que motivó la intervención del juez constitucional, y ya
no subsiste un interés jurídico que justifique una orden de protección.
33. La Corte ha reconocido que dicha figura se presenta cuando durante el trámite
de la acción de tutela desaparecen las circunstancias que originaron la presunta
vulneración de derechos fundamentales, lo que hace innecesario un
pronunciamiento judicial. En tal caso, cualquier pronunciamiento del juez carecería
de eficacia, toda vez que no existe un conflicto jurídico por resolver5.
34. El Tribunal Constitucional6 ha identificado tres supuestos para la configuración
de la carencia actual de objeto: (i) hecho superado; (ii) daño consumado
o (iii) situación sobreviniente. En atención a los antecedentes del presente caso, la
Subsección se detendrá a realizar algunas precisiones sobre el hecho superado.
35. La figura del hecho superado se configura cuando la vulneración o amenaza del
derecho fundamental desapareció porque la autoridad accionada adoptó, de
manera voluntaria y oportuna, las medidas necesarias para restablecer el derecho
presuntamente vulnerado7. En tales casos, la tutela pierde objeto, pues ya no
subsiste la situación lesiva que justifique una intervención del juez constitucional.
36. En suma, frente a la configuración de la carencia actual por hecho superado, el
juez constitucional debe abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo, toda
vez que los hechos que dieron lugar a la interposición del recurso de amparo fueron
5
Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2022. M.P: José Fernando Reyes Cuartas.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-109 de 2022. M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera.
7
Corte Constitucional, Sentencias T-226 de 2024, T-244 de 2023 y SU-096 de 2018.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
Accionante: Juan Carlos Bernal Lozano
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
superados, o bien porque las pretensiones del actor fueron satisfechas por
mecanismos distintos a la acción de tutela8.
Análisis del caso concreto
37. El señor Juan Carlos Bernal Lozano, a través de apoderada, interpuso acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central, al considerar que dicha entidad
vulneró sus derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de
justicia, al no brindar una respuesta integral a la consulta elevada el 8 de abril de
2025 a través de un formulario y al alcance de esta solicitud, que envió por correo
electrónico el 14 de ese mes y año.
38. Por su parte, mediante oficio DESAJBOCER25-3674 del 10 de junio de 2025,
la entidad accionada advirtió que había atendido la consulta de fondo. Además, la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central informó
que notificó la respuesta al actor el 11 de junio del mismo año, a través del correo
electrónico suministrado por él para efectos de notificación. La apoderada del señor
Juan Carlos Bernal Lozano confirmó esta información9, debido a que envió un
correo electrónico el 13 de junio de 2025 e indicó que la Bodega 06 – Santo Domingo
de Bogotá emitió una respuesta en el que argumentó que el proceso no había sido
encontrado de conformidad con los datos erróneos allegados por la parte
accionante, porque el juzgado correcto era el 65 Civil Municipal de Bogotá y no el
Juzgado 11.
39. La Sala advierte que en el escrito de tutela, la parte accionante informó que el
día 14 de abril de 2025, se envió un correo electrónico a
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co en el que explicaba
que el Juzgado en el cual cursaba el proceso era el 65 Civil Municipal de Bogotá y
no el que se había manifestado inicialmente.
40. No obstante, el 18 de junio de 202510, la Bodega 06 – Santo Domingo – Bogotá
envió un correo electrónico a la apoderada del señor Juan Carlos Bernal Lozano,
que también se envió con copia a la Secretaría General de esta Corporación. En
este mensaje, informó que el 19 de junio de 2025 remitió un memorial mediante el
cual explicó que el 18 del mismo mes y año le dio respuesta a la parte accionante
respecto del correo anteriormente mencionado y le explicó que el Grupo de Archivo
Central brinda respuesta a los radicados según la información suministrada en el
formulario en línea que fue diligenciado, por tanto, al partir de la buena fe de los
peticionarios se realizan las respectivas búsquedas y el enviar un correo electrónico
“no es una base para tener en cuenta para corregir errores cometidos en el
diligenciamiento de los formularios, ya que de conocerse el error debe diligenciarse
nuevamente la solicitud”
8
Corte Constitucional, sentencia SU-771 de 2014. M.P: Martha Victoria Sáchica Méndez.
9
Obra en certificado
8E0126777E9C6D3CC05AEF03A472908F05FB6E7A60D0DC351C9E1D5616658FCC, índice 17
de Samai.
10
Ver índice 19 de samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
41. Así las cosas, la Sala considera que no se configura la carencia actual de objeto
por hecho superado, ya que no satisfizo el derecho de petición del actor en su
integralidad. Aunque, la solicitud presentada el 8 de abril de 2025 se contestó de
manera congruente e integral, no sucedió lo mismo con el alcance de esta, radicada
en el escrito del 14 de abril de 2025. Esta situación advierte que persiste un debate
sobre el derecho fundamental analizado en relación con el correo complementario.
42. Tratándose del ejercicio del ejercicio del derecho fundamental de petición en
procedimientos administrativos, la jurisprudencia constitucional ha precisado sus
alcances al manifestar que, si bien es cierto que puede ejercerse ante los jueces u
operadores jurídicos y en consecuencia éstos se encuentran en la obligación de
tramitar y responder las solicitudes que se les presenten11.Conforme con lo anterior,
han de diferenciarse dos clases de peticiones en procesos judiciales o
administrativos: “(i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose
sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal
efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e
impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración y, en especial, de la
Ley 1755 de 2015”.
43. En este contexto, se puede concluir que el derecho de petición consagra, de un
lado, la facultad de presentar solicitudes a las entidades públicas y privadas; de otro
lado, el derecho a obtener una respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al
asunto solicitado. Asimismo, cuando se trata de un derecho de petición para solicitar
y obtener acceso a la información relacionado con las actuaciones derivadas del
cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias,
abarca los procedimientos internos de la entidad ante la cual se presenta el derecho
de petición, el cual debe cumplir con el término previsto para dar respuesta en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.
44. Ahora bien, el artículo 15 de la Ley 1755 de 2015 ha indicado que las
autoridades pueden exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, así como
formularios o instrumentos que faciliten su diligenciamiento. Sin embargo, los
peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición
argumentos, pruebas o documentos adicionales que no están dispuestos en los
formularios, sin que las autoridades no tengan el deber de resolver sobre todos los
aspectos y pruebas que les sean planteados más allá de lo contenido en tales
formularios. A saber:
“ARTÍCULO 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones
podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por
escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o
transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas
especiales de este código.
11
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
Accionante: Juan Carlos Bernal Lozano
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones
requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al
peticionario los que falten.
Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los
requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide
constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.
Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y
pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley
expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos
estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los
peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su
petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los
formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades
queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y
pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de
dichos formularios”. (Subrayado fuera del texto)
45. Así mismo, la Corte Constitucional ha expresado que el hecho de que se exijan
algunas formalidades en las peticiones, la Administración no queda liberada para
no dar aplicación a los principios rectores de la función administrativa y el exigir más
formalidades limita el acceso de las personas para ejercer este derecho de petición:
“Así mismo, en Sentencia C-282 de 2007, esta Corporación precisó que: “El
hecho de que el legislador exija algunas formalidades en la iniciación y
tramitación de los procedimientos administrativos, no implica que la
Administración quede liberada de dar aplicación a los principios rectores de la
función administrativa, así como de garantizar la protección efectiva de los
derechos de los administrados (art. 2º C.P.), más aún cuando está en discusión
la dignidad humana y la integridad física y moral de las personas. Lo anterior
implica que, salvo que sea incompatible con el respectivo procedimiento, la
exigencia de una solicitud escrita para dar inicio a una determinada actuación
administrativa -como la que se revisa-, no impide recibir las solicitudes de las
personas que no pueden o no saben escribir, tal como se deriva de los principios
de eficacia y de efectividad del derecho, así como de la parte final del artículo
5º del Código Contencioso Administrativo, según la cual “si quien presenta una
petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de haberla
presentado, el funcionario la expedirá de forma sucinta.”.
A lo anterior, se añade que la disposición contempla la posibilidad de que los
formularios dispuestos para el efecto puedan ser cobrados al interesado si así
lo dispone una ley, lo cual limitaría aún más el acceso de las personas ante las
autoridades para ejercer el derecho de petición, en un Estado en el cual aún
hay altísimo índice de población en situación de pobreza extrema y, por tanto,
de acentuada vulnerabilidad.
Por las razones anteriores, la Corte considera que la facultad de las autoridades
para determinar los casos en que las peticiones deben presentarse por escrito,
tiene que ejercerse por parte de la autoridad correspondiente mediante la
expedición de un acto administrativo de carácter general, el cual debe estar
debidamente motivado, acorde con los principios constitucionales consagrados
en el artículo 209 superior y en particular, de igualdad, publicidad, economía,
eficiencia y celeridad, así como el debido proceso administrativo. De esta forma,
se armoniza la garantía en el ejercicio del derecho de petición con la potestad
de las autoridades para disponer lo pertinente al cumplimiento eficaz de sus
funciones y especialmente, lo relacionado con la respuesta oportuna a las
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
Accionante: Juan Carlos Bernal Lozano
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
peticiones que se les formule. Solo así, esta exigencia resulta conforme a la
Constitución.
(…)
Tampoco riñe con la Constitución la norma relativa al valor de la constancia de
radicación de la petición escrita y de los registros de las realizadas a través de
cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos.
En relación con las peticiones incompletas, el deber que se impone al receptor
de indicar al momento de la radicación o de presentación de posibilidad de los
requisitos o documentos faltantes, constituye un mecanismo encaminado a
garantizar la efectividad del derecho de petición con el cual se materializan los
principios de eficacia, economía y celeridad del artículo 209 de la Constitución,
en la medida en que busca que las solicitudes sean lo más completas posibles
de modo que puedan atenderse sin dilaciones generadas por la necesidad de
contar con mayores elementos de juicio para su resolución. Tampoco, se
advierte incompatibilidad entre la norma que determina que los recursos se
rigen por las normas especiales del Código y la Constitución, pues esta
precisión se aviene con el principio de legalidad en la medida que indica a los
destinatarios cuales son las reglas a las cuales se someterán los recursos que
en el curso de la actuación administrativa formulen los interesados”.12
46. Con base en lo anterior, el hecho de que la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá -Archivo Central - haya dado respuesta al
derecho de petición, al indicar que no se encontró el radicado y debía presentarse
una nueva solicitud, no la exime de activar sus competencias frente al alcance que
el actor otorgó a su solicitud, en la cual corrigió el juzgado que adelantó el proceso
objeto de solicitud. Para esta Sala, lo cierto es que desde el 14 de abril 2025 la parte
accionante envió un correo electrónico
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co mediante el cual
indicó que había incurrido en un error sobre el Juzgado, ya que el correcto era el 65
Civil Municipal de Bogotá y no el 11 como lo dijo inicialmente. Para la Sala, la
situación descrita implicaba que la administración tenía la obligación de dar una
nueva respuesta con la consideración de este hecho, lo que no sucedió.
47. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central,
al revisar el expediente con base en un juzgado incorrecto, identificar el error de la
parte accionante y limitarse a enviar un correo electrónico en el que indicó que no
era posible atender la solicitud enviada y que debía realizar presentarse
nuevamente, incurrió en una vulneración del derecho de petición. Esto se debe a
que la administración impuso una carga adicional injustificada a la actora para
obtener una respuesta, a pesar de tener conocimiento tanto del error como del
contenido de la misma petición, el cual era suficiente para dar respuesta de fondo.
48. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es preciso advertir que los
formatos establecidos para canalizar las peticiones no pueden convertirse en
mecanismos que impongan más trámites inoficiosos y ni obstaculicen el ejercicio
efectivo del derecho de petición, en particular cuando los documentos solicitados
obran en poder de la administración13. La actuación de la entidad demandada
12
Corte Constitucional, Sentencia C-951 de 2014.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-377 de 2017, C-951 de 2014 y T-466 de 2004.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
Accionante: Juan Carlos Bernal Lozano
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
constituye un exceso de formalismo que vulnera el derecho de petición y fomenta
trámites innecesarios en la administración.
49. En consecuencia, se amparará el derecho fundamental de petición del señor
Juan Carlos Bernal Lozano y se ordenará a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Archivo Central que, dentro del término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, emita una respuesta
de fondo a la petición presentada por la parte actora el 8 de abril 2025, teniendo en
cuenta el escrito complementario presentado el 14 de ese mes y año, a través del
cual corrigió el Juzgado correspondiente al radicado que actualmente se encuentra
archivado.
50. Para lo anterior, se deberá enviar la respectiva comunicación al correo
electrónico referido por la parte accionante y acreditar esa actuación ante esta
Corporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Juan Carlos
Bernal Lozano, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá – Archivo Central que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de la presente providencia, emita una respuesta
de fondo a la petición presentada por la parte actora el 8 de abril 2025, teniendo en
cuenta el escrito complementario presentado el 14 de ese mes y año, mediante el
cual corrigió el Juzgado que correspondía al radicado que se encuentra archivado
y con consideración de ese dato ajustado.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03252-00
Accionante: Juan Carlos Bernal Lozano
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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