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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03254-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03254-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de julio de 2025, en virtud de la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró la improcedencia del amparo solicitado en la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03254-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

18 de septiembre de 2025

Demandante: Elizabeth Hoyos Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2025-03254-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03254-01
Demandante: ELIZABETH HOYOS SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SEGUNDA DE ORALIDAD.

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de primera
instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 24 de julio de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Primera, declaró la improcedencia del amparo solicitado, por cuanto el asunto
planteado no goza de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

Con escrito radicado el 28 de mayo de 2025, la señora Elizabeth Hoyos Sánchez,
actuando en nombre propio, entabló acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, «acceso efectivo a la
administración de justicia, seguridad jurídica y confianza legitima.»

En criterio de la actora, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales tuvo
lugar con ocasión de la providencia del 28 de noviembre de 2024, mediante la cual se
confirmó la sentencia que dispuso acceder parcialmente a las pretensiones de la
señora Hoyos Sánchez en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1
Índice 2 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Elizabeth Hoyos Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2025-03254-01

instaurado por esta en contra de la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2.

1.2. Pretensiones

Conforme a lo anterior, la parte actora planteó las siguientes pretensiones:

[…]

Por lo anterior expuesto, y en aras de proteger mis derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD EN APLICACIÓN DE LA LEY, SEGURIDAD
SOCIAL, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD
JURIDICA Y CONFIANZA LEGITIMA conculcados por la SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, respetuosamente
les solicito dejar sin efectos la sentencia proferida por esta Corporación el día 28 de
noviembre de 2024, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
05001333300420210033400 para que, a continuación, esa misma Corporación EMITA
NUEVAMENTE SENTENCIA acorde con las normas, principios, directrices
constitucionales, jurisprudenciales y legales previamente expuestos y donde se
acepte, como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-792 de 2005 que en
mi caso el fenómeno de la prescripción permaneció suspendido.3.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora Elizabeth Hoyos Sánchez, promovió demanda en contra de la Nación,
Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en la que pretendió que se le reconocieran las diferencias salariales
existentes entre el empleo denominado “Abogado Asesor Grado 23” y el de “Abogado
Asesor” sin grado, desde el 2017 en adelante.

Por sentencia del 19 de marzo de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones, para lo cual declaró la
nulidad del acto administrativo demandado y las actuaciones fictas negativas
derivadas, y condenó al demandado a que reliquide y pague a la parte demandante
las diferencias salariales solicitadas.

Además, dispuso declarar probada la excepción de prescripción respecto de los
derechos causados a partir del 24 de noviembre de 2018 hacia atrás.

Lo anterior, al considerar que

[…]

2
Nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-33-33-004-2021-00334-01.
3
Transcripción del texto original con posibles errores.

2
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Demandante: Elizabeth Hoyos Sánchez
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En el especifico caso de la prescripción considera el Derecho que hay lugar a la misma
dado que los derechos que se reclaman iniciaron el 14 de enero de 2017 y con la
solicitud de pago del 03 de abril de 2018 se entiende interrumpida, empero como la
demanda se radicó el 24 de noviembre de 2021, pasados los tres años de interrupción,
se entiende que hay lugar a prescripción trienal en los términos del artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 en concordancia con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969,
de los derechos causados a partir del 24 de noviembre de 2018 hacia atrás.

Inconforme con la decisión adoptada, la accionante interpuso recurso de apelación
que fue resuelto en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, el cual, por sentencia del 28 de noviembre de 2024, dispuso
confirmar la decisión adoptada en primera oportunidad, para lo cual consideró:

[…]
De acuerdo con lo anterior, se tiene que no puede confundirse la prescripción con la
caducidad al considerar las consecuencias jurídicas del silencio administrativo
negativo, toda vez que son dos fenómenos jurídicos distintos, y configurado el silencio
administrativo no significa que la prescripción se interrumpa indefinidamente hasta
obtener respuesta efectiva por parte de la administración.

En ese orden de ideas, el interesado en el reconocimiento de un derecho de carácter
laboral, reclamado en debida forma ante la administración y frente al cual se hubiese
configurado el silencio administrativo negativo, debe acudir al juez administrativo antes
de que finalice el término de interrupción del fenómeno prescriptivo, so pena de que el
derecho se extinga por el paso del tiempo.

Finalmente, concluyó que la parte actora radicó la reclamación administrativa el 3 de
abril de 2018, teniendo hasta el 3 de abril de 2021 para acudir a sede judicial. Sin
embargo, ésta acudió a la jurisdicción hasta el 24 de noviembre de 2021, por lo que
se tuvo por prescritos los derechos causados a partir del 24 de noviembre de 2018
hacia atrás.

La anterior providencia fue notificada el 4 de diciembre de 2024 mediante correo
electrónico4.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La actora explicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustancial
dada la vulneración de sus derechos fundamentales con la expedición de la
providencia enjuiciada, pues no tuvo en cuenta que operó la suspensión de la
prescripción que aplicó en su caso concreto, desconociendo la sentencia C-792 de
2006.

Resaltó que en su caso particular no fue resuelto, por parte de la entidad demandada,
el recurso de apelación interpuesto respecto del acto administrativo del que se predica
la nulidad, por lo tanto, desde que se presentó el recurso aludido hasta el momento
de presentación de la demanda el término de prescripción permaneció suspendido
conforme a lo preceptuado en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo.

4
Índice 14 de Samai. Radicado 05001-33-33-034-2021-00334-01

3
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad
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1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 10 de diciembre de 2024 se admitió la acción de tutela de la
referencia; se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda
de Decisión5 como autoridad judicial accionada; y se vinculó al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Medellín6 (a quo ordinario) y a la Nación, Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura7, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Antioquia Chocó8.

Finalmente se requirió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín y al
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión para que aporten
copia del expediente con radicado 05001-33-33-004-2021-00334-00/01.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín9

Por oficio del 6 de junio de 2025 remitió copia del expediente ordinario requerido.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Antia, Sala Segunda de Decisión10

La Magistrada Ponente de la decisión cuestionada, por memorial del 9 de junio de
2025, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el marco del
proceso ordinario, reiteró que era palmaria la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales de la señora Hoyos Sánchez así como no se configura afectación de
los defectos propuestos.

Finalmente, remitió enlace de acceso al expediente 05001-33-33-004-2021-00334-01.

1.6.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial11

Resaltó que la accionante confunde los términos de caducidad y prescripción, que
operan de manera diferente, para lo cual reseñó la definición y desarrollo
jurisprudencial de ambos conceptos. Finalmente, indicó que la solicitud de amparo no
puede ser utilizada como una tercera instancia dado el carácter residual de la acción
de tutela.

1.7. Sentencia de primera instancia12

5
Notificado a los correos electrónicos sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co;
6
Notificado al correo electrónico adm04med@cendoj.ramajudicial.gov.co;
7
Notificado al correo electrónico presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
8
Notificada a los correos electrónicos dsajmdlnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co;
asunlabtutelasmed@cendoj.ramajudicial.gov.co;
9
Índice 8 y 9 de Samai.
10
Índice 12 de Samai.
11
Índice 13 de Samai
12
Índice 16 de Samai. Cuaderno de primera instancia.

4
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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2025-03254-01

El Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia del 24 de julio de 2025, declaró
la improcedencia de la acción al no encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional. Para el efecto consideró que, el elemento de impedir que la solicitud
de amparo se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces no se encontró superado.

Concluyó que la accionante utilizó la tutela como un paso adicional sin acreditar la
necesidad de intervención del juez constitucional en el asunto cuestionado, utilizando
este medio para un fin que no ha sido diseñada con ese propósito. Acorde con esto,
concluyó que el proceso ordinario resolvió el debate plantado y no sorprendió a la
parte con conclusión arribada, por lo que la solicitud de amparo se tornó improcedente.

1.8. Impugnación13

La señora Hoyos Sánchez reprochó la conclusión del a quo al estimar que se
desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de indicar que,
cuando la administración no da respuesta a los requerimientos elevados, vulnera los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de
los interesados.

Resalto que, cuando se configuran actos fictos negativos, el interesado tiene la opción
de acudir a la administración o esperar respuesta efectiva sin que esto tenga
consecuencias adversas respecto de la prescripción o de la caducidad, para lo cual
trajo a colación las sentencias C-792 de 2006 y C-875 de 2011.

Insistió en que mientras la administración guardó silencio frente al recurso de
apelación no era posible que corrieran los términos de prescripción, pues estos
permanecían suspendidos.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 7º
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Conforme con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la actora,
el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera instancia,
corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferida por

13
Índice 20 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 1 de agosto de 2025
a través de correo electrónico, mientras que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 5
del mismo mes y año. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.

5
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el Consejo de Estado, Sección Primera, el día 24 de julio de 2025. Para lo cual, se
deberán abordar los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión vulneró
los derechos fundamentales de la parte accionante, con ocasión de la
sentencia del 28 de noviembre de 2024 proferida al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 05001-33-33-004-2021-
00334-00/01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) el
criterio de relevancia constitucional; y iii) el caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su procedencia.16

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
16
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

6
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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Relevancia constitucional

Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202217.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal18 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente

17
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
Sentencia SU-573 de 2019.

7
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a un asunto meramente legal y/o económico19; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional20.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal21”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales22”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto23, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal24. (Resaltado de la
Sala)

2.6. Caso concreto

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, por cuanto no superó el requisito de
relevancia constitucional.

En el presente asunto, se tiene que los reparos de la parte actora apuntan a probar
una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia porque, en su sentir, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Decisión incurrió en un defecto sustancial al
desconocer que la prescripción de sus derechos laborales se encontraba suspendida,
pues la administración no emitió respuesta de fondo respecto del requerimiento de
reconocimiento y pago de la diferencia salarial solicitada.

En este sentido, esta Sección no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de sus garantías constitucionales que permitan superar el requisito de

19
Sentencia SU-103 de 2022.
20
Sentencia SU-103 de 2022.
21
Sentencia SU-103 de 2022.
22
Sentencia SU-128 de 2021.
23
Sentencia SU-573 de 2019.
24
Ibid.

8
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relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal; y (ii) no se evidencian afectaciones a derechos fundamentales como
el debido proceso, pues no se alegó algún reproche frente a su ejercicio de defensa y
contradicción dentro del trámite adelantado en el proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho.

Valga recordar que lo expuesto por la tutelante no deviene de la alegación sobre un
actuar de la autoridad judicial accionada que haya vulnerado el acceso a la
administración de justicia, dado que, tampoco encaminó su argumento a sustentar el
desconocimiento del trámite procesal llevado a cabo, que pudiera avizorar la
vulneración del debido proceso.

En ese sentido, se tiene que la acción constitucional objeto de estudio tiene como
finalidad que el juez de tutela realice un nuevo estudio de los argumentos que se
desarrollaron a lo largo de la primera y segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho respecto de la prescripción aplicada.

Observa la Sala que en la sentencia enjuiciada el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión respecto de la prescripción indicó:
(…)

De acuerdo con lo anterior, se tiene que no puede confundirse la prescripción con
la caducidad al considerar las consecuencias jurídicas del silencio administrativo
negativo, toda vez que son dos fenómenos jurídicos distintos, y configurado el
silencio administrativo, no significa que la prescripción se interrumpa
indefinidamente hasta obtener respuesta efectiva por parte de la administración.

En ese orden de ideas, el interesado en el reconocimiento de un derecho de
carácter laboral, reclamado en debida forma ante la administración y frente al cual
se hubiese configurado el silencio administrativo negativo, debe acudir al juez
administrativo antes de que finalice el término de interrupción del fenómeno
prescriptivo, so pena de que el derecho se extinga por el paso del tiempo.

En el presento caso se observa, que la parte actora presentó la reclamación ante
la entidad demandada el 3 de abril de 2018, interrumpiendo por una sola vez el
término de la prescripción, esto es por 3 años, por lo que tenía hasta el 3 de abril
de 2021 para acudir en sede judicial y presentar la demanda de acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, no obstante, la demanda se radicó el 24 de
noviembre de 2021, según acta individual de reparto de la actuación; razón por la
cual se tiene prescritos los derechos causados a partir del 24 de noviembre de
2018 hacia atrás, al haber finalizado el lapso de interrupción antes de la
interposición de la demanda, siendo procedente CONFIRMAR lo decidido por el
juez de primera instancia sobre este asunto.

Por lo que el tema fue abordado y objeto de pronunciamiento por parte del tribunal
accionado lo que lo llevó a arribar a la conclusión adoptada. En conclusión, la acción
de tutela viene a reiterar los argumentos que fueron estudiados a lo largo del proceso
ordinario, lo cual, desnaturaliza el mecanismo de amparo al pretender que éste se
constituya en una tercera instancia.

9
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Demandante: Elizabeth Hoyos Sánchez
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Por consiguiente, es evidente que la controversia planteada por la accionante no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos legales, y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima
más acertado, sobre el del operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto
al sentido de la decisión. En este orden de ideas, se advierte que la administración de
justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia
en sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar
sus decisiones por la vía de la acción de tutela.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en el amparo constitucional contra
providencia judicial, exigen con mayor énfasis que el accionante ejecute una
exposición que sin lugar a duda demuestre, de forma coherente, el engranaje entre la
orden objeto de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales
en su núcleo esencial.

A su vez, se pone de presente que la tutelante no acreditó encontrarse en una
situación de especial sujeción o vulnerabilidad, o de violación o amenaza de su
derecho fundamental al mínimo vital, lo que imposibilita una flexibilización del criterio
reiterado por esta Sección en relación con el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional en asuntos como el estudiado.

Aunado a lo anterior, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme a las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría a una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de julio de 2025, en virtud de la cual el
Consejo de Estado, Sección Primera, declaró la improcedencia del amparo solicitado
en la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Elizabeth Hoyos Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad
Rad: 11001-03-15-000-2025-03254-01

Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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