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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03258-01

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03258-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Transporte y el Departamento de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia TERCERO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03258-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

9 de octubre de 2025

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 03258 01
Accionantes: Frank Alberto Bloom Pupo y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá, D.C, nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
Expediente: 11001 03 15 000 2025 03258 01
Accionantes: Frank Alberto Bloom Pupo y Martha Luz Álvarez Bocanegra
Accionados: Presidencia de la República, Departamento de Bolívar, Municipio del
Carmen de Bolívar y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de el Carmen -
ACUECAR
Tesis: Es improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad la
acción de tutela instaurada para lograr la implementación de mecanismos para
mejorar el estado de unas vías terciarias de unas veredas.

ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Martha Luz Álvarez
Bocanegra en contra de la sentencia de tutela proferida el 2 de julio de 2025, por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió
declarar improcedente la solicitud de amparo.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El 29 de mayo de 20251, Martha Luz Álvarez Bocanegra y Frank Alberto
Bloom Pupo presentaron acción de tutela en contra de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Transporte, el Departamento de Bolívar, el Municipio de
El Carmen de Bolívar y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de El Carmen
de Bolívar, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales «al mínimo
vital de agua potable óptima para el consumo humano por carencia de acueductos
veredales y falta de suministro de agua potable óptima para el consumo humano,
en estricta conexidad con (…) la dignidad humana, vida digna en condiciones

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai

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Accionantes: Frank Alberto Bloom Pupo y otra

decorosas, salud, salubridad pública, calidad de vida, acceso integral a los
servicios públicos domiciliarios, confianza legitima, ambiente sano, participación
política, entre otros»2. Consideran vulnerados tales derechos por 2 situaciones: i)
las condiciones en las que se encuentra la infraestructura vial de Vereda El Bledo
en el Municipio de El Carmen de Bolívar y ii) la falta de suministro de servicios
públicos domiciliarios en la zona.

Para el efecto formularon las siguientes pretensiones:

«XII.- PETICIONES Y/O PRETENSIONES:

PRIMERO: Por un lado que las entidades accionadas municipio de EL CARMEN
DE BOLIVAR, de manera coordinada, mancomunada, en estricta aplicación de
principio constitucional de COLABORACIÓN ARMÓNICA (Art. 113g supra), con
la entidad territorial DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, representados legalmente
por el señor GOBERNADOR, Dr. YAMIL ARANA y el señor Alcalde municipal de
El Carmen de Bolívar, Dr. PEDRO JOSÉ VASQUEZ, respectivamente, inicien de
forma inmediata las gestiones y diligencias legales y administrativas, en aras de
comenzar de manera inmediata y urgente un PLAN DE ATENCION INMEDIATA
DE SUMNISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CORREGIMIENTOS
MENCIONADOS LAS DE SANTA ELENA, CORREGIMIENTOS, VEREDAS Y
CASERIOS (ARROYO DE ARROYO DE ARENA, SAN ISIDRO LABRADOR,
CARACOLI, LA CANSONA, MASINGA, HUAMANGA, LA ZARZA, ETC., QUE
ESTAN SIN ESE SERVICIO PUBLICO ESENCIAL EN ESOS
CORREGIMIENTOS CARMEROS DESDE HACE MUCHOS AÑOS, QUE LES
SUMNISTRE PERMANENTEMENTE EL, PRECIADO LIQUIDO.

SEGUNDO: Que las entidades accionadas de manera coordinada,
mancomunada, en aplicación estricta de principio constitucional de colaboración
armónica con el municipio de EL CARMEN DE BOLIVAR, representado
legalmente por el señor Alcalde, inicien de forma inmediata las gestiones y
diligencias legales y administrativas, en aras de comenzar de manera inmediata
y urgente un PLAN DE CONSTRUCCIÓN, ARREGLO Y/O MANTENIMEINTO
DE CARRETERAS Y VIAS TERCIARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN
ISIDRO LABRADOR , ARROYO DE ARENA, CARACOLI, LA CANSONA, SAN
ISIDRO, MASINGA, GUAMANGA, LA ZARZA, QUE LO REQUIEREN CON
INMEDIATEZ, VEREDAS DE SANRA ELENA, EL BLEDO, DE MANERA
INMEDIATA, LO CUAL REQUIEREN DICHAS COMUNIDDADES
CAMPESINAS CON EXTREMA URGENCIA DESDE HACE MUCHOS AÑOS,
QUE LES FACILITE NO SOLO EL ACCESO Y EL TRANSITO NORMAL DE
VEHICULOS YDE PERSONAS EN GENERAL, SINO MEJOR AÚN EL
ACCESO DE PERSONAS EN ESTADO DE INDEFENSIÓN E INFERIORIDAD,
COMO NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR, ANCIANOS, ETC., SIN DE JAR DE
MENCIONAR LA SALIDA DE CARROS Y CAMIONES RTRANSPORTADORES
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN ESA REGIÓN, QUE ES UNA
REGIÓN QUE ABASTECEDORA DE ALIMENTOS TANTO DE LA COSTA
COMO DEL INTERIOR DE ESTE PAÍS, COMO ÑAME, YUCA, PLATANO,
MAÍZ, AGUACATE, CACAO, AHUYAMA, ETC»3.

2 Visible a página 40 del escrito de demanda.
3 Ibidem.

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1.2. Como fundamento de la solicitud, en el acápite de hechos, señalaron que el
14 de marzo de 2018, se organizó una asamblea en la Vereda El Bledo en la que
se priorizó el mejoramiento de las vías terciarias, que conducen al citado territorio
y conectan con las Veredas Arroyito, Santa Elena, Villa Edith, El Totumo,
Coloncito uno y dos, Gracias a Dios, Madre de Dios, El Limón, La Manga, Las
Piedras y El Barro. Lo cual fue reafirmado por el alcalde de El Carmen de Bolívar,
el 18 de septiembre del mismo año.

Manifestaron que a pesar de que el citado municipio y la Gobernación del Bolívar,
invirtieron recursos económicos en el mantenimiento y recuperación de las
carreteras, las mismas autoridades incurrieron en inadecuadas gestiones de los
dineros, generando que las dificultades que padecen los habitantes del sector no
disminuyan, pues en época de lluvias el sector de El Arroyito presenta
inundaciones que pone en peligro la vida de las personas que transitan por allí.

Por otro lado, mencionaron que los habitantes de la Vereda de Santa Elena han
visto afectados sus derechos, debido a que no cuentan con un sistema de
acueducto y saneamiento básico, a pesar de que el numeral 5 del artículo 99 de la
Ley 142 de 1994, estableció que les corresponde a los alcaldes tomar las medidas
necesarias para garantizarle a la población el suministro de agua potable.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La Procuraduría General de la Nación, a través de escrito del 10 de junio
de 20254, solicitó que se decretara la falta de legitimación por pasiva, debido a que
no tiene injerencia en la vulneración de los derechos invocados, ni es la entidad
encargada de dar cumplimiento a las pretensiones.

2.2. La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y
Alcantarillado de El Carmen de Bolívar - ACUECAR5, manifestó que no era la
compañía encargada de prestar el servicio público en las áreas rurales objeto de
tutela, por lo que no contaba con la capacidad para responder sobre el suministro del
agua.

4 Visible a índice 8 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
5 Visible a índice 9 ibidem.

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2.3. La Presidencia de la República, a través de escrito de fecha de 13 de
junio de 20256, pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se
nieguen las pretensiones, toda vez que, no se configura una vulneración de
derechos fundamentales por parte de la entidad. Manifestó que la Alcaldía, la
Gobernación de Bolívar y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
son las entidades competentes de suministrar los servicios públicos domiciliarios
en el territorio de El Carmen de Bolívar.

Expuso que, si bien recibió un derecho de petición radicado por el señor Frank
Alberto fue contestado mediante Oficio OFI25-00032810/GFPU 13150000 el 24 de
febrero de 2025, en el sentido de remitirlo a la entidad competente que era la
Gobernación del Bolívar. Por lo tanto, era claro que no había omitido alguna
actuación que le causara un perjuicio a los demandantes.

2.4. El Ministerio de Transporte, mediante memorial de 15 de junio de 20257,
solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que
no es la entidad competente para dar cumplimiento a las pretensiones de la
demanda. Además, la acción de tutela no supera el requisito de la subsidiariedad,
por lo que es improcedente, ya que cuenta con otro mecanismo para la protección de
los derechos de las comunidades.

2.5. El Instituto Nacional de Vías (en adelante Invias)8 expuso que vía veredal
El Bledo, es un camino de herradura que se encuentra a cargo del Municipio de El
Carmen de Bolívar, quien cuenta con la obligación legal de atenderla.

Informó que, en el año 2020, suscribió con la Alcaldía del citado territorio un
convenio interadministrativo nro. 000668 por un valor de $ 1.099.974.305 pesos,
que tenía como objetivo «Aunar esfuerzos para el mejoramiento de vías terciarias
en el Municipio PDET de el Carmen de Bolívar en la implementación del acuerdo
final para la paz»9. Adicionalmente, indicó que desconocía cuáles eran las obras
que la administración territorial efectuó, pues aseguró que el Invias había
suministrado recursos económicos en diferentes vías de la zona.

6 Visible índice 10 ibidem.
7 Visible a índice 14 ibidem.
8 Visible a índice 16 ibidem.
9 Visible a página 2 de la contestación del INVIAS.

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2.6. El Departamento del Bolívar, en escrito del 18 de junio de 202510,
manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues de acuerdo
con la clasificación de la red nacional de carreteras, las de tipo terciarias es de
competencia y responsabilidad de los municipios y algunos tramos son de la
Nación, a través del Invias.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del 2 de julio de 2025, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia y
negó la solicitud de desvinculación de la Procuraduría General de la Nación, la
ACUECAR y la Presidencia de la República.

Como fundamento de lo anterior efectuó las siguientes consideraciones:

Señaló que los actores habían manifestado que se le vulneraron sus derechos
fundamentales al agua potable y a la vida en condiciones dignas, debido a que no
se suministra el recurso hídrico en diferentes veredas. Adicionalmente, especificó
que las pretensiones estaban relacionadas con el medio ambiente, espacio público
y la seguridad y salubridad pública, pues son los derechos colectivos que
conforman el agua potable como garantía constitucional.

Manifestó que la solicitud de amparo suponía la realización de una obra para
garantizar el suministro de agua potable, lo que implicaría satisfacer bienes de
interés colectivo. Por lo que, el medio idóneo para resolver la problemática que
presentan los demandantes es el de control de protección de derechos e intereses
colectivos, debido a que no se advirtió la configuración de un perjuicio irremediable
que ameritase la intervención del Juez constitucional.

Concluyó que el asunto, no superaba el requisito de subsidiariedad, ya que los
accionantes cuentan con otro mecanismo para lograr la protección de los
derechos invocados.

IV. IMPUGNACIÓN

10 Visible a índice 18 y 19 ibidem.

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La señora Martha Luz Álvarez Bocanegra impugnó la decisión anterior11,
argumentó que era procedente proteger el derecho fundamental al agua potable a
través de la acción de tutela, pues este se encuentra relacionado con el de la vida
digna.

Respecto de la aplicación del principio de subsidiariedad, adujo que, para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo procedente era amparar en el caso en
estudio, ya que existían pruebas que evidenciaban las afectaciones que estaban
padeciendo los habitantes de El Carmen de Bolívar. Adicionalmente, procedió a
citar apartes de las sentencias T 476 de 2020, T 1089 de 2012, T 733 de 2015, T
760 de 2015 y T 476 de 2020, proferidas por la Corte Constitucional, para
evidenciar la pertinencia de la protección al derecho al agua potable.

V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta
Sala es competente para conocer del presente asunto.

5.2. Hechos

5.2.1. El 14 de marzo de 2018, se organizó una asamblea en la Vereda El Bledo
del Municipio de El Carmen de Bolívar en la que se priorizó el mejoramiento de las
vías terciarias, que conducen al citado territorio y conectan con las Veredas
Arroyito, Santa Elena, Villa Edith, El Totumo, Coloncito uno y dos, Gracias a Dios,
Madre de Dios, El Limón, La Manga, Las Piedras y El Barro. Sin embargo, a pesar
de que se han invertido recursos públicos las carreteras siguen presentando
afectaciones, lo que impide que la población puede transitar por ellas con facilidad.

11 Visible a índice 25 ibidem.

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5.2.2. La Vereda Santa Elena, del mismo municipio carece del servicio de acueducto.
Lo que genera que los habitantes del sector no cuenten con agua potable,
especialmente en épocas de verano.

5.2.3. Contra la mencionada problemática, los señores Martha Luz Álvarez
Bocanegra y Frank Alberto Bloom Pupo interpusieron acción de tutela en contra de
la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, el Departamento de
Bolívar, el Municipio de El Carmen de Bolívar y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de El Carmen de Bolívar, alegando la vulneración de los derechos
fundamentales «al mínimo vital de agua potable óptima para el consumo humano
por carencia de acueductos veredales y falta de suministro de agua potable óptima
para el consumo humano, en estricta conexidad con (…) la dignidad humana, vida
digna en condiciones decorosas, salud, salubridad pública, calidad de vida, acceso
integral a los servicios públicos domiciliarios, confianza legitima, ambiente sano,
participación política, entre otros».

5.2.6. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, conoció del
asunto dentro del expediente con número de radicado 11001 0315 000 2025
03258 00 y mediante providencia del 2 de julio de 2025, declaró improcedente la
solicitud de amparo.

5.2.7. Inconforme con lo anterior, la señora Martha Luz Álvarez Bocanegra
presentó impugnación, en contra de la citada providencia.

5.3. Cuestión previa

En principio la Sala advierte que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, no se pronunció respecto de las solicitudes de desvinculación
por falta de legitimación presentadas por el Ministerio de Transporte y el
Departamento de Bolívar, por lo que se procederá a resolver las mismas.

Las mencionadas entidades, afirman que carecen de legitimación por pasiva,
debido a que no son las autoridades competentes para dar cumplimiento a las
pretensiones de la demanda.

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Así las cosas, el artículo 13 del Decreto nro. 2591 de 1991, estableció que la
acción de tutela se dirigirá en contra de la entidad que presuntamente vulneró un
derecho fundamental con una acción u omisión; veamos:

«Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por
un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.

De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por
ejercida contra el superior.»

Pues bien, una vez verificadas las pretensiones se advierte que los demandantes
afirman que la vulneración de los derechos invocados se desprende de la omisión
en la que presuntamente incurrió la Gobernación del Bolívar y el Ministerio de
Transporte, al no proporcionar el servicio de agua potable en el Vereda El Bledo
en el Municipio de El Carmen de Bolívar y al no mejorar el estado de las vías
terciarias que conectan a dicho territorio con las veredas aledañas. Por lo tanto, se
negará la desvinculación de las mencionadas entidades.

5.4. Análisis de la Sala

5.4.1. Planteamiento

De la lectura del libelo introductorio y del escrito de impugnación, la Sala evidencia
que son 2 sucesos, los que para los actores están generando la presunta
vulneración de sus derechos, que son: i) la falta de intervención de las vías
terciarias que conectan a las veredas de Santa Elena, el Blendo, San Isidro
Labrador, Arroyo de Arena, Caracolí, la Casona, Masinga, Guamanga y la Zarza
del municipio del Carmen de Bolívar y ii) la falta de suministro de agua potable en
los citados territorios.

5.5. De la subsidiariedad

5.5.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
podrá ser interpuesta por cualquier persona que busque la protección de derechos

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fundamentales y sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable12.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que «la acción de
tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la tutela solo es
procedente (i) cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial; (ii) si existe
otro medio, la intervención del juez constitucional es necesaria para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el que, la acción procederá de
manera transitoria y, (iii) en el evento en que los mecanismos de defensa judicial
no resulten idóneos o eficaces para lograr la protección de los derechos
presuntamente vulnerados, evento en el que procede de manera definitiva13.

5.5.2. Ahora, la citada Alta Corte también se ha pronunciado sobre las diferencias
que existen entre la acción de tutela y el medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos, de la siguiente manera:

«Acción popular y de tutela mecanismos judiciales independientes, con
propósitos distintos y específicos. " El constituyente de 1991 fundó el
ordenamiento jurídico colombiano con precisos instrumentos procesales que
permiten amparar derechos de rango fundamental o colectivos, según se trate.
Así, a través del Decreto Ley 2591 de 1991 y de la Ley 472 de 1998, en
desarrollo de los artículos 86 y 88 de la Carta, respectivamente, fueron
reglamentadas la acción de tutela y la acción popular. Procesos que como se
verá convergen de manera separada y con fines muy específicos.

12 “Artículo 86. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”.
13 Corte Constitucional. Sentencia T- 332 de 2018.

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Innegablemente el concepto de derechos fundamentales resulta
estrechamente ligado al de los derechos humanos, concebidos estos como
garantías que entrañan en la individualidad y la dignidad humana, en tanto que
el de los derechos colectivos se ve ceñido al de la protección de un interés
general. De ahí que claramente exista un marco constitucional y legal de
protección procesal distinto para unos y otros derechos.

Así, la Constitución Política reconoce en el artículo 5º "la primacía de los
derechos inalienables de la persona", con lo cual se reconoce la existencia de
ciertas prerrogativas intangibles al ser humano, que per se merecen un
instrumento procesal célere que los convalide en caso de verse conculcados.

A partir de las distinciones hechas entre estos mecanismos de protección,
puede determinarse que ambos instrumentos buscan proteger derechos
constitucionales, para así materializar la finalidad del Estado social de
derecho, cuyo fin único, no es más que la obtención de la efectividad de los
derechos y deberes (arts. 1º y 2º ib.). Finalidad que se traduce en la
consecución del bienestar de todos sus asociados.

Como se observa la procedencia de la acción de tutela será legítima cuando
esté de por medio de modo concreto y cierto un derecho fundamental.
En este orden de ideas, un derecho es fundamental y, por consiguiente, puede
ser protegido por vía de tutela cuando se demuestre la afectación subjetiva o
individual del demandante y, será colectivo, protegido mediante la acción
popular, cuando afecte a una comunidad general que impida dividirlo o
materializarlo en una situación particular.

Por ende, cuando una situación de vulneración de derechos individuales
requiera el rápido actuar de un mecanismo judicial dinámico, el operador
jurídico deberá tener en cuenta si tal circunstancia se configura en un perjuicio
irremediable (D.L. 2591/91, art. 6º), para así determinar la procedencia o no de
la tutela.

En definitiva, tratándose de derechos individuales y colectivos, puede
colegirse entonces, que lo que en realidad determina la procedencia de una u
otra acción, en cada caso específico, será el contenido del derecho a
proteger.»14

Por su parte, la Corte Constitucional en algunos casos ha señalado que la acción
de tutela procede para eventualmente proteger derechos colectivos, en los
siguientes términos15:

«Que exista conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la violación
o amenaza de un derecho fundamental, de tal forma que el daño o amenaza
del mencionado derecho sea consecuencia inmediata y directa de la
perturbación del derecho colectivo.

El demandante debe ser la persona directa o realmente afectada en su
derecho fundamental, pues la acción de tutela es de carácter subjetivo.

14 Sentencia T-878 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla
15 Sentencia T-041 de 2011 de la Corte Constitucional.

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La vulneración o la amenaza del derecho fundamental debe estar plenamente
acreditada.

La orden judicial que se imparta en estos casos debe orientarse al
restablecimiento del derecho de carácter fundamental y no del derecho
colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte
protegido, igualmente un derecho de esa naturaleza.

Adicionalmente, es necesario la comprobación de la falta de idoneidad de la
acción popular en el caso concreto»

5.5.3. Caso en concreto

Bajo estos parámetros, lo que advierte la Sala es que en el caso en concreto la
acción de tutela resulta improcedente, comoquiera que lo que buscan los
demandantes es la protección de derechos colectivos, pues plantea 2
problemáticas que afectan a todos los habitantes de las Veredas El Bledo,
Arroyito, Santa Elena, Villa Edith, El Totumo, Coloncito uno y dos, Gracias a Dios,
Madre de Dios, El Limón, La Manga, Las Piedras y El Barro, que son: i) el mal
estado de las vías que conecta a dichos territorios y ii) la falta del servicios de
acueducto en la misma zona.

Según lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución Política en concordancia
con el artículo 2 de la Ley 472 de 1998, la finalidad de la acción popular es la
protección de los derechos e intereses colectivos. Los cuales se encuentran
definidos en el artículo 4 ibidem; veamos:

«Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses
colectivos, entre otros, los relacionados con:

a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.
b) La moralidad administrativa.
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y
restauración del medio ambiente;
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público.
e) La defensa del patrimonio público.
f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública;

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i) La libre competencia económica;
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna;
k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas
químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional
de residuos nucleares o tóxicos.
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
n) Los derechos de los consumidores y usuarios.»

Así las cosas, de acuerdo con las situaciones planteadas por los accionantes, es
claro para esta Sala que estas se enmarcan en la protección de los derechos
establecidos en los literales d), j) y m) de la norma antes transcrita, ya que lo que
se busca es la construcción de un sistema de acueducto que provea a la población
veredal de El Carmen de Bolívar agua potable y que se gestionen los recursos
necesarios para mejorar el estado de las vías en ese sector.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que la acción de tutela no es procedente
en este caso, pues lo que en realidad persiguen los accionantes es la protección
de derechos colectivos, para lo cual el ordenamiento jurídico ha previsto la acción
popular como mecanismo idóneo. En efecto, como se analizó, las pretensiones de
la demanda están dirigidas a obtener la construcción de obras públicas de
infraestructura que benefician a una colectividad en general.

En otras palabras, el presente mecanismo constitucional es improcedente so pena
de convertirlo en una vía alterna para suplir la acción popular, en abierta
contradicción con el principio de subsidiariedad que rige su procedencia.

Se suma a lo expuesto que, dentro del trámite de una acción popular, los actores
cuentan con la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares, con el fin
de obtener una protección transitoria de dichos derechos mientras se decide de
fondo sobre las pretensiones, las cuales, inclusive, pueden ser adoptadas antes
de la notificación de la admisión del libelo introductorio. Dicho mecanismo procesal
asegura que los derechos colectivos no queden desprotegidos durante el trámite
judicial. En consecuencia, tampoco se advierte la necesidad de acudir a la petición
de amparo de la referencia ya que la acción popular ofrece las herramientas
suficientes e idóneas para garantizar la protección reclamada.

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 03258 01
Accionantes: Frank Alberto Bloom Pupo y otra

En efecto, el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, prevé:

«Artículo 25. Medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en
cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte,
decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes
para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere
causado. En particular, podrá decretar las siguientes:

a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el
daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando;
b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta
potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del
demandado;
c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de
cualquiera de las anteriores medidas previas;
d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las
medias urgentes a tomar para mitigarlo.

Parágrafo 1o. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el
curso del proceso.

Parágrafo 2o. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión
atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el
cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará
un término perentorio. Si el peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la
obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del
demandado»

De ahí que no se configuren los requisitos previstos por la Corte Constitucional
para la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a la protección de
derechos colectivos, en la medida en que: (i) la acción popular constituye el
mecanismo idóneo para reclamar las obras señaladas en las pretensiones, incluso
con la posibilidad de solicitar medidas cautelares que aseguren una protección
transitoria de los derechos invocados; y (ii) las órdenes que eventualmente se
impartan en este trámite no estarían encaminadas a reparar la vulneración de
derechos fundamentales de los accionantes, sino que tendrían un carácter
estructural, dirigido a la comunidad en general que habita las veredas señaladas
en la demanda.

Por lo anterior, la Sala advierte que lo perseguido con esta acción constitucional
no es la protección de los derechos fundamentales de los accionantes, sino los
derechos de una colectividad.

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 03258 01
Accionantes: Frank Alberto Bloom Pupo y otra

En conclusión, se confirmará la sentencia del 2 de julio de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de la referencia por carecer del requisito de
subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

VI. FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio
de Transporte y el Departamento de Bolívar, por las razones expuestas en la parte
motiva de la sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

TERCERO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte
Constitucional para que se surta la eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 9 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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