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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03262-00

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03262-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Hernando Palacios Romaña contra del Tribunal Administrativo del Chocó, por no superar el requisito de inmediatez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03262-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

3 de julio de 2025

Demandante: Hernando Palacios Romaña
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03262-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03262-00
Demandante: HERNANDO PALACIOS ROMAÑA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Temas: Tutela contra providencia judicial –Se declara improcedente
por no cumplir con el requisito de Inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Hernando Palacios Romaña, en nombre propio, promovió acción
constitucional contra el Tribunal Administrativo del Chocó, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, a la igualdad, y los principios de buena fe y confianza legítima.

Lo anterior, con ocasión de la providencia del 18 de junio de 2021, que profirió la
autoridad judicial accionada, a través de la cual revocó la sentencia del 22 de
noviembre de 2018, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, las denegó. Esto, dentro del medio de control de
reparación directa que promovieron los señores Hernando Palacios Romaña,
Jessica Vergara León, Carmen Rengifo Medina, José Luis León Rengifo, Honsy
Estupiñán Rengifo, María Angélica Estupiñán Caicedo, Víctor Manuel Estupiñán
Caicedo, Yulissa Estupiñán Caicedo, Mary Estupiñán Rengifo y Nazly Yamary
Andrade Estupiñán contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional, con radicado 27001-33-33-002-2012-00278-00/01.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Hernando Palacios Romaña
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03262-00

1.2. Pretensiones

En concreto solicitó lo siguiente:

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, a la buena fe y
a la confianza legítima de la parte demandante.

2. En consecuencia, dejar sin efectos la providencia del 18 de junio de 2021
proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo Oral del Chocó, en primera
medida por la no valoración de la prueba allegada al proceso, así mismo por el
hecho de haber fundamentado su decisión sobre una prueba espuria.1

1.3. Hechos

Los siguientes son los supuestos fácticos, jurídicamente relevantes, que se
encuentran en el expediente:

El accionante precisó que el 30 de julio de 2012, siendo las 8:30 a.m., trasladó a
su esposa, Nasly León Rengifo, al servicio de urgencias de la clínica de la Policía
Nacional en Quibdó, por presentar síntomas de vómito, diarrea y malestar general.

Resaltó que fue atendida por el médico Elpidio Asprilla Guerrero; sin embargo,
horas más tarde, esto es, sobre las 9:25 p.m., la paciente sufrió un paro cardio
respiratorio que provocó su fallecimiento.

Ante a lo acontecido, indicó que el 17 de septiembre de 2012 interpuso denuncia
ante la Fiscalía General de la Nación contra el médico Elpidio Asprilla Guerrero,
por el delito de homicidio a causa de la negligencia hospitalaria. Adicional a ello, el
24 de septiembre de 2012, formuló denuncia por mala praxis ante el Tribunal de
Ética Médica del Chocó, por irregularidades presentadas durante la atención
medica de su cónyuge.

Refirió que, posteriormente, el 14 de diciembre de 2012, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, cuyo conocimiento le correspondió al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó bajo el radicado
27001-23-33-002-2012-00278-00.

Adujo que, estando en trámite la demanda de reparación directa, el Tribunal de
Ética Médica del Chocó, mediante providencia N°001 del 14 de diciembre de 2016,
declaró responsable al doctor Elpidio Asprilla Guerrero por incurrir en faltas a la
ética médica, al violar los artículos 2.3, 10,34 y 26 de la Ley 23 de 1981.
Asimismo, le impuso como sanción la suspensión en el ejercicio de la medicina
por el término de seis meses, decisión que fue confirmada en sentencia del 22 de
febrero de 2017.

Argumentó que, al interior del proceso de reparación directa, se profirió sentencia
de primera instancia el 22 de noviembre de 2018 en la que se accedió
parcialmente a las pretensiones y se declaró responsable administrativa y
1
Transcripción original con posibles errores.

2

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patrimonialmente a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional,
por los perjuicios causados a los demandantes2, con ocasión de la pérdida de
oportunidad de la señora Nazly León Rengifo.

Arguyó que, inconformes con la anterior decisión, ambas partes presentaron
recurso de apelación, del cual conoció el Tribunal Administrativo del Chocó, que,
en sentencia del 18 de junio de 2021, decidió revocar la decisión de primera
instancia, fundamentando su decisión en cuatro argumentos principales, a saber:

La anterior decisión, se fundamentó en cuatro argumentos principales; (1) De la
historia clínica se evidenció que sí se prestó atención médica oportuna en la
clínica de la Policía Nacional, y que fue el esposo de la paciente quien decidió no
llevarla al hospital inicialmente recomendado, lo cual influyó en el deceso de su
esposa; (2) el informe pericial y la declaración del perito Juan Camilo Botero
confirmaron que el traslado a un centro de mayor complejidad fue adecuado,
conforme a la condición clínica de la paciente; (3) se estableció una ausencia total
de pruebas que demostraran el nexo causal entre la atención médica recibida y el
fallecimiento, por lo que no se acreditó ni negligencia ni falla del servicio; y (4) el
concepto pericial rendido en el proceso penal concluyó que la atención fue
oportuna y adecuada a la sintomatología de la paciente, sin que se evidenciaran
fallas atribuibles al cuerpo médico.

La decisión previa fue notificada el 25 de junio de 20213 a las partes a las partes e
intervinientes mediante correo electrónico.

1.4. Sustento de la petición

El tutelante argumentó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, así
como los principios de buena fe y a la confianza legítima, al incurrir en defecto
fáctico y sustantivo.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada, al revocar la sentencia de primera
instancia, no valoró adecuadamente la decisión del Tribunal de Ética Médica del
Chocó, que sancionó al médico tratante por haber utilizado una historia clínica que
faltaba a la verdad, era inconsistente y con hechos no ciertos.

Refirió que esa prueba había sido aportada al proceso antes de dictarse el fallo de
segundo grado, pero la decisión cuestionada se basó únicamente en la historia
clínica sin tener en cuenta que la misma ya había sido descalificada por la
autoridad médica.

Afirmó que, al ignorarse pruebas relevantes y determinantes, conllevó a una
decisión viciada.

2
Hernando Palacios Romaña, Jessica Vergara León, Carmen Rengifo Medina, José Luis León
Rengifo, Honsy Estupiñán Rengifo, María Angélica Estupiñán Caicedo, Víctor Manuel Estupiñán
Caicedo, Yulissa Estupiñán Caicedo, Mary Estupiñán Rengifo y Nazly Yamary Andrade Estupiñán.
3
Índice 13 de Samai del proceso de reparación directa con radicado 27001-33-33-002-2012-
00278-01.

3

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Demandante: Hernando Palacios Romaña
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
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Finalmente, advirtió que el juez no puede limitarse a aceptar documentos sin
analizar su veracidad a la luz de la sana crítica, la lógica y la coherencia con otros
elementos probatorios.

1.5. Actuaciones procesales

El magistrado sustanciador, mediante auto del 30 de mayo de 2025, admitió la
solicitud de tutela4 y ordenó notificar esta decisión al Tribunal Administrativo del
Chocó.

Adicionalmente, se dispuso comunicar el presente trámite al juez Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, al ministro de Defensa Nacional, al
director general de la Policía Nacional, a los señores Jessica Vergara León,
Carmen Rengifo Medina, José Luis León Rengifo, Honsy Estupiñán Rengifo, María
Angélica Estupiñán Caicedo, Víctor Manuel Estupiñán Caicedo, Yulissa Estupiñán
Caicedo, Mary Estupiñán Rengifo y Nazly Yamary Andrade Estupiñán, como
terceros interesados en las resultas del proceso, dado que actuaron como parte
accionante en el medio de control de reparación directa identificado con el
radicado número 27001-33-33-002-2012-00278-00/01.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Chocó

Mediante escrito remitido al correo electrónico de la Secretaría General del
Consejo de Estado, advirtió que en el presente caso se observa que la acción de
tutela fue interpuesta alrededor de cuatro (4) años después de que se hubiera
proferido y notificado la sentencia de segunda instancia, por tanto, es claro que no
cumple con el requisito de inmediatez pues el accionante permitió el paso del
tiempo para luego alegar la vulneración de derechos fundamentales.

Agregó que las actuaciones en el proceso referido se realizaron conforme a las
reglas procesales y sustanciales vigentes al momento de adoptar la decisión.

Destacó que la prueba que el accionante alega como desconocida no se tuvo en
cuenta para emitir el fallo, ya que no había sido solicitada ni decretada, mucho
menos controvertida en el trámite del proceso. Por ello, no se podía en sentencia
de segunda instancia, dar valor a las providencias del Tribunal de Ética Médica,
cuando ya se había cerrado el debate probatorio.

Por lo anterior, sostuvo que los argumentos presentados por la parte accionante
contra la sentencia en cuestión lo que buscan es abrir una tercera instancia, lo
cual resulta improcedente.

1.6.2. Los señores Jessica Vergara León, Carmen Rengifo Medina, José Luis

4
Ver en expediente digital, Índice 004.

4

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Demandante: Hernando Palacios Romaña
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03262-00

León Rengifo, Honsy Estupiñán Rengifo, María Angélica Estupiñán Caicedo,
Víctor Manuel Estupiñán Caicedo, Yulissa Estupiñán Caicedo, Mary Estupiñán
Rengifo y Nazly Yamary Andrade Estupiñán, allegaron memorial proporcionando
información solicitada en el auto del 30 de mayo de 2025, referente a las
direcciones donde podían ser notificados.

1.6.3. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó

Remitió el link del proceso sin pronunciarse de fondo.

1.6.4. Pese a que se les notificó del presente mecanismo constitucional, al ministro
de Defensa Nacional y al director general de la Policía Nacional, guardaron
silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los hechos expuestos, corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico:

• ¿El Tribunal Administrativo del Chocó vulneró las garantías fundamentales
invocadas por la parte actora, con ocasión de la sentencia del 18 de junio
de 2021, dictada en segunda instancia en el marco del proceso de
reparación directa con radicado N° 27001-33-33-002-2012-00278-00/01?

Para resolver tales problemas jurídicos, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el requisito de inmediatez como
presupuesto de procedibilidad; y, (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se

5

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modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]».

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional
y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva–
y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

6

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2.4. Requisito de procedibilidad adjetiva de inmediatez

Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela debe
incoarse en un plazo razonable5, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio de protección actual,
inmediato y efectivo.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha declarado la improcedencia de las
acciones de tutela contra providencias judiciales, después de haber transcurrido un
lapso considerable desde la ocurrencia del hecho generador que da lugar a la
solicitud de protección y la presentación de la misma, sin que medien razones
suficientes que justifiquen el retardo.

De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-439 del 13 de julio de
2017, manifestó sobre las reglas de este requisito de procedibilidad adjetiva lo
siguiente:

48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualizado que de conformidad con el
presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un término
prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de los
hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues
es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como
mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser
razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucional6.

49. En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito de
procedibilidad, el juez de tutela simplemente debe comprobar si resulta razonable el
tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o
constitutivo de la amenaza de un derecho fundamental y, el día en que el derecho de
acción se ejerció mediante la formulación de la acción de tutela7.

Por consiguiente, la finalidad de la acción de tutela como vía judicial es la
protección inmediata de los derechos fundamentales, por lo tanto, la autoridad
judicial está obligada a tomar en cuenta el tiempo que transcurre entre el hecho
generador de la violación de los derechos presuntamente transgredidos y la
solicitud de amparo, lo anterior en virtud a que un lapso irrazonable puede llegar a
demostrar que la medida que se reclama no se requiere con prontitud.

2.5. Estudio del caso concreto

La parte actora cuestiona la providencia del 18 de junio de 2021, proferida por la
autoridad judicial accionada, a través de la cual se revocó la sentencia de 22 de
noviembre de 2018, emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda, para, en su lugar, denegarlas, dentro del medio de control de
reparación directa instaurado por la parte actora contra la Nación - Ministerio de

5
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Rad. 11001-03-15-000-2008-01018-
01(AC), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
6
Al respecto, consultar, entre otras, la Providencia SU-961 de 1999.
7
«Fallo T-135 de 2015».

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Defensa Nacional - Policía Nacional.

En relación con el requisito de inmediatez, la Sala advierte que en la presente
solicitud de amparo no se cumple por las razones que a continuación se explican.

Para esta Corporación, dicho requisito se entiende acreditado cuando el
interesado ejerce el mecanismo constitucional dentro de los seis meses siguientes
a la ejecutoria de la providencia atacada.

En tal sentido, se debe contabilizar el plazo de seis meses desde el día hábil
siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que da lugar
a la solicitud de protección y la presentación de la misma –, y cuando este es
excesivo se declara su improcedencia.

De conformidad con lo anterior, en el caso objeto de estudio se observa que: (i) la
sentencia censurada fue proferida el 18 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, 8(ii) se notificó por correo electrónico el 25 de junio
siguiente y quedó ejecutoriado el 2 de julio del mismo año9, y (iv) la acción de
tutela se radicó el 28 de mayo de 202510, esto es, casi cuatro años después,
término que, para la Sala, no resulta razonable.

Ahora bien, la parte accionante adujo que acude a la justicia por medio de
apoderado judicial para reparar un daño antijuridico el cual, no está dispuesto a
soportar. De igual forma, manifestó que cumple con el requisito de inmediatez,
toda vez que la decisión le fue notificada en 23 de junio de 2021 y, a su juicio, la
decisión judicial cuestionada incurre en un defecto fáctico y sustantivo.

Para la Sala, dichos argumentos no justifican la tardanza en la interposición de la
acción y no se evidencian circunstancias que le hayan impedido promover el
amparo constitucional dentro de los seis (6) meses siguientes a la comunicación
de la providencia dictada el 18 de junio de 2021, lo cual hubiese permitido
flexibilizar dicho término.

Por tanto, el debate gira en torno a una sentencia judicial que se encuentra
ejecutoriada hace 4 años, así que si la parte actora consideraba que con ella se
desconocieron sus derechos fundamentales pudo haber acudido en un término
razonable para plantear las inconformidades que presentó en el actual trámite
constitucional.

Es necesario recordar que, controvertir una providencia judicial, supone cuestionar
principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que el juicio sobre
el requisito de la inmediatez en este tipo de asuntos resulta ser estricto, máxime
cuando solo se requiere que la decisión cuestionada se encuentre ejecutoriada
para que la persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el amparo de
sus derechos, por lo que se impone al interesado que lo haga en un plazo
pertinente, salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la
parte accionante, la cual se echa de menos en el presente caso.
8
Visualizar en Samai, expediente N°27001333300220120027801, índice 0013.
9
Visualizar en Samai, expediente N° 27001333300220120027801, índice 0014.
10
Visualizar en Samai, índice 002.

8

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En ese orden de ideas, en el sub examine no existe una explicación válida para el
ejercicio de la acción de tutela fuera del tiempo proporcional y razonable adoptado
por la corporación.

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito
de inmediatez respecto del amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Hernando Palacios Romaña contra del Tribunal Administrativo del Chocó, por no
superar el requisito de inmediatez.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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