Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03263-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03263-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03263-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
18 de septiembre de 2025
Demandante: Guadalupe del Carmen Vergara Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión Oral
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03263-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03263-01
Demandantes: GUADALUPE DEL CARMEN VERGARA MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA QUINTA DE
DECISIÓN ORAL
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia que
declara la improcedencia de la acción por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
17 de julio de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
declaró improcedente la acción de tutela porque no cumple el presupuesto de la
relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito enviado el 28 de mayo de 2025, la señora Guadalupe del Carmen
Vergara Martínez, por conducto de apoderado, presentó acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo de Sucre, con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social.
Lo anterior, por cuanto la aludida autoridad juridicial, por medio del fallo del 9 de abril
de 2025, confirmó la sentencia del 16 de diciembre de 2024 del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, que declaró probada la excepción
de prescripción extintiva de la sanción moratoria por la liquidación parcial de las
cesantías. Todo en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
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Demandante: Guadalupe del Carmen Vergara Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión Oral
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03263-01
derecho con radicado 70001-33-33-002-2024-00099-01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:
PRIMERA: amparar lo derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, la reparación integral, debido proceso e igualdad del accionante.
SEGUNDA: como consecuencia de lo anterior dejar efecto la sentencia de fecha
nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025), por medio del cual resolvió
CONFIRMAR la Sentencia proferida el 16 de diciembre de 2024 por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, por lo dicho en la parte motiva.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada por la señora Guadalupe del Carmen Vergara
Martínez se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes
para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Relató que tomó posesión del cargo de docente el 2 de noviembre de 1976 y solicitó
del Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (en adelante FOMAG) el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales, conforme las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, y el Decreto 1272 de
2018.
Precisó que las cesantías parciales fueron pagadas de forma extemporánea el 13 de
marzo de 2020, por lo que causaron una sanción moratoria de 393 días calendario.
Añadió que solicitó del Ministerio de Educación Nacional – FOMAG el reconocimiento
y pago de la sanción por mora, sin obtener respuesta alguna, lo que configuró un acto
administrativo ficto o presunto negativo, controvertido en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-002-2024-00099-
00/01.
Señaló que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, por
medio del fallo del 16 de diciembre de 2024, declaró próspera la excepción de
prescripción extintiva del derecho reclamado y negó las pretensiones de la demanda.
Puntualizó que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión Oral,
mediante fallo del 9 de abril de 2025, confirmó lo decidido por el a quo, en los
siguientes términos:
[…] como la solicitud de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad fue
presentada el 14 de agosto de 2023, esto es, por fuera del término de los tres años [1º
de julio de 2023], se configuró el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho
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Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión Oral
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reclamado lo que genera la prosperidad de la excepción planteada por el FOMAG y, la
consecuente negación de las pretensiones de la demanda.
Finalmente, puso de presente que, previó a la actuación descrita, inició un
mecanismo de extensión de jurisprudencia y una conciliación prejudicial,
procedimientos que se identificaron y culminaron de la siguiente forma:
Solicitud extensión de jurisprudencia con radicado 11001 03 25 000 2022 00504
00 (4877-2022)
Manifestó que ella, junto con otros docentes, en ejercicio del mecanismo de extensión
de la jurisprudencia contemplado en los artículos 102 y 269 del CPACA, pidieron que
se les extiendan los efectos de la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-012-18. Tramite
que fue radicado en esta Corporación1, conocido y decidido2, por la Sección
Segunda, Subsección A, el 19 de septiembre de 2024, en el sentido de negar lo
pretendido, porque (i) «se requiere de una etapa probatoria para determinar a qué
entidad (Secretaría de Educación territorial o FOMAG) le correspondería sufragar una
eventual condena por la sanción moratoria deprecada»; y (ii) no hay identidad fáctica
y jurídica entre los casos bajo estudio y el resuelto en la aludida sentencia de
unificación.
Proceso conciliación extrajudicial No. 70001-33-33-001-2023-00207-00
Aseveró que presentó, el 14 de agosto de 2023, solicitud de conciliación prejudicial
ante la Procuraduría 104 Judicial I para Asuntos Administrativos y convocó a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - FOMAG, con el objeto de llegar a un
acuerdo de pago respecto de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías
parciales.
Especificó que en audiencia celebrada el 19 de octubre de 2023, las partes llegaron
a un acuerdo conciliatorio por valor de $34.840.939, el cual fue enviado para su
aprobación o improbación a los juzgados administrativos.
Precisó que el trámite le correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo, instancia que, por proveído del 19 de abril de 2024, improbó el
acuerdo conciliatorio, porque operó el fenómeno de la prescripción del derecho.
1.4. Sustento de la petición
La accionante afirmó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
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El 19 de septiembre de 2022.
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Con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas.
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En cuanto al fondo del asunto, consideró que el Tribunal Administrativo de Sucre, en
el fallo del 9 de abril de 2025, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, pues fundó
su decisión en una prescripción inexistente, ya que no tuvo en cuenta (i) la solicitud
de extensión de jurisprudencia que interrumpió y/o suspendió los términos; y (ii) la
Fiduprevisora S.A., entidad que administra los recursos del FOMAG, presentó ante
la Procuraduría 104 Judicial I para Asuntos Administrativos una fórmula de pago por
valor de $34.840.939, con lo cual aceptaba su deuda.
1.5. Trámite en primera instancia
Por auto del 3 de junio de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre y como terceros con interés, al juez
segundo administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, al ministro de Educación
Nacional, el gerente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al
representante legal de la Fiduprevisora S.A. y al gobernador del departamento de
Sucre.
1.6. Intervenciones
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Sucre solicitó que se declare la improcedencia
de este mecanismo por falta de relevancia constitucional, pues la accionante intenta
reabrir el debate judicial y usar la acción de tutela como una tercera instancia.
Precisó que fundó su decisión en la Sentencia de Unificación SUJ-034-CE-S2-2023
y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en
adelanta CPTSS).
Destacó que la señora Guadalupe del Carmen Vergara Martínez allegó pruebas
respecto de la solicitud de extensión de jurisprudencia en la etapa de apelación del
proceso ordinario, oportunidad que, por no estar prevista en el artículo 212 del
CPACA, impidió su incorporación y valoración.
1.6.2. El Departamento de Sucre insistió en que este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia para reabrir un debate ya resuelto por el juez
natural y pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Evidenció que, en todo caso, lo perseguido es una acreencia económica accesoria.
1.6.3. El Ministerio de Educación Nacional pidió ser desvinculado por falta de
legitimación en la causa por pasiva y que se declare la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Lo último, si se
considera que (i) la controversia es de índole legal y económica; y (ii) la prescripción
del derecho fue declarada conforme a la ley y la jurisprudencia rectora.
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1.6.4. El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo remitió el link con las
actuaciones que se surtieron en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 70001-33-33-002-2024-00099-00/01.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en providencia del 17 de julio de 2025, denegó
las solicitudes de desvinculación formuladas por el departamento de Sucre y el
Ministerio de Educación Nacional, y declaró improcedente la acción de tutela por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
En cuanto a lo último, puso de presente que la señora Guadalupe del Carmen
Vergara Martínez, pese a que alega la configuración de los defectos sustantivo y
fáctico, lo que hace es intentar reabrir el debate del proceso ordinario.
Enfatizó que la acción de tutela tiene como fin la protección de derechos
fundamentales, de ahí que no puede utilizarse como instancia adicional de los
procesos ordinarios.
1.8. Impugnación
Con escrito recibido el 23 de julio de 2025, la accionante impugnó la decisión de
primera instancia, sin brindar argumentos de desacuerdo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales;
(ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará; y (iii) el fondo del reclamo.
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 3,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas
que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento
jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala
el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser
ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea relevante
constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii) inmediatez, y (iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
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M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse
a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión
fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto
de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en
detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta
exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
En el asunto que ocupa a la sala, la señora Guadalupe del Carmen Vergara Martínez
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Sucre, porque en
la sentencia del 9 de abril de 2025, mantuvo la determinación del Juzgado Segundo
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Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo de declarar probada una excepción
de prescripción inexistente, que soslayó que (i) la solicitud de extensión de
jurisprudencia interrumpió y suspendió los términos; y (ii) la Fiduprevisora S.A.,
entidad que administra los recursos del FOMAG, presentó ante la Procuraduría 104
Judicial I para Asuntos Administrativos una fórmula de pago por valor de $34.840.939,
con lo cual aceptaba su deuda.
Para descender al caso concreto, se observa que la accionante en la demanda que
dio origen al proceso ordinario con radicado 70001-33-33-002-2024-00099-00/01,
solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria, por cuanto desde la fecha de la
solicitud de las cesantías parciales (6/12/2018) hasta la data en que se concretó el
pago de esa acreencia (13/3/2020), trascurrieron 393 días de dilación, lo que equivale
a una indemnización de $47.709.244, en los términos de las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, y el Decreto 1272 de 2018. El anterior ejercicio, sin hacer alusión a
situaciones que interrumpieran y/o suspendieran la prescripción del derecho.
Al contestar la demanda, la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG
pidió que se declare probada la excepción de prescripción y se denieguen las
pretensiones.
La señora Guadalupe del Carmen Vergara Martínez, en la etapa de traslado de las
excepciones propuestas, no se pronunció respecto de la prescripción, sino que
enfatizó que tiene derecho a la sanción moratoria en los términos de la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2-012-18.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, por medio del
fallo del 16 de diciembre de 2024, declaró próspera la excepción de prescripción
extintiva del derecho reclamado y negó las pretensiones de la demanda. Se fundó en
la Sentencia de Unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023 que
indica que la sanción moratoria derivada del pago tardío del auxilio de cesantías está
sometida a la prescripción extintiva del artículo 151 del CPTSS, por lo que la
reclamación debe presentarse dentro de los tres años siguientes a su causación y se
genera automáticamente por el incumplimiento o tardanza.
La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, en
el que explicó que acudió al mecanismo de la extensión de la jurisprudencia, el cual
suspende el termino de prescripción. Trámite en el que, además, se enteró que la
Fiduprevisora SA tenía la intención de pagar, lo que la llevó a acudir a la conciliación
prejudicial en la que obtuvo un acuerdo que, posteriormente, fue improbado por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.
Añadió que lo último, la condujo a presentar la demanda que dio origen al radicado
70001-33-33-002-2024-00099-00/01, como una forma de encaminarlo todo
nuevamente, máxime cuando aún no se había proferido la Sentencia de Unificación
SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023. En ese orden, pidió que se
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revoque el fallo de primera instancia y se reconozca el derecho adquirido que tiene
desde que la Fiduprevisora S.A. lo reconoció por vía administrativa y lo legalizo ante
la Procuraduría 104 Judicial I.
El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión Oral, mediante fallo del
9 de abril de 2025, advirtió que (i) no puede valorar las pruebas aportadas por la parte
demandante en el recurso de apelación, ya que no fueron allegadas en las
oportunidades previstas en el artículo 212 del CPACA; y (iii) la Sentencia de
Unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023 tiene efectos
retrospectivos, así:
En tal sentido, para la Sala, no es válido que la parte demandante en su recurso aporte
pruebas fuera de las etapas probatorias, como aquellas referentes al trámite de solicitud
de extensión de la jurisprudencia iniciado el 25 de mayo de 202214, toda vez que de
conformidad con la norma citada las oportunidades probatorias en este caso para la
parte demandante son: la demanda; su reforma y la oposición a las excepciones.
Así las cosas, no prosperan los argumentos dirigidos a que se valoren las pruebas
aportadas con el recurso de apelación con las que se pretenden acreditar que la solicitud
de extensión de jurisprudencia realizada por la parte demandante interrumpió el término
de prescripción, como quiera que, tales argumentos no fueron advertidos en la demanda
y las pruebas para soportarlos fueron traídas al plenario fuera de las etapas probatorias
que para la parte demandante era la demanda, su reforma y la oposición a las
excepciones.
[….] (Postura expuesta) es contraria a la sentencia de Unificación SUJ-034-CE-S2-2023
proferida por el H. Consejo de Estado, que advirtió a los operadores jurídicos “que las
reglas de unificación fijadas en esta sentencia son aplicables retrospectivamente a todos
los asuntos que se encuentren en trámite en sede administrativa o judicial y no podrán
ser aplicadas retroactivamente a aquellos casos cobijados por el fenómeno de la cosa
juzgada”.
Finalmente, en cuanto al fondo del asunto, concluyó que las pruebas dan cuenta que
«la señora Guadalupe del Carmen Vergara Martínez presentó la solicitud de
conciliación prejudicial y la demanda después del término de tres años cuando ya se
había causado la prescripción de la sanción moratoria como lo consideró la juez de
instancia en la sentencia apelada».
En primer término, resulta pertinente señalar que la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, precisó que el tema de la sanción moratoria «no reviste
trascendencia constitucional, pues la inconformidad de los tutelantes se restringe al
pago de un derecho patrimonial -accesorio a las cesantías- que no representa prima
facie una amenaza directa o indirecta de los derechos fundamentales a la seguridad
social, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso.»
En efecto, enfatizó que, en asuntos como el planteado, no se compromete el goce
efectivo del derecho fundamental a la seguridad social, dado que la sanción
moratoria no se relaciona «con el pago de salarios o mesadas pensionales, sino con
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una prestación accesoria del derecho principal a recibir una cesantía; esto es, una
cuestión de evidente relevancia legal4, pero no constitucional.»
De la misma manera, puso de presente que tampoco se afecta la garantía de los
derechos a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, por cuanto:
Según la jurisprudencia constitucional, la solicitud de una sanción moratoria vinculada a
las cesantías es una cuestión que solo adquiere relevancia constitucional en el evento
en que (i) logre acreditarse un trato diferenciado por parte de los jueces a los
ciudadanos cuyos casos se fundamentan en iguales supuestos fácticos 5 o (ii) se
pretenda la protección inmediata del derecho fundamental al debido proceso 6. Lo
anterior, dado que, de una parte, la garantía de la igualdad y de la seguridad jurídica
frente a las actuaciones judiciales sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera
abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales7. De otra parte, porque no cualquier violación del debido proceso puede
ser impugnada en sede de tutela8, pues la intervención del juez constitucional se justifica
para proteger a la parte procesal que ha quedado indefensa frente a los excesos del
juez ordinario9, ante desvíos absolutamente caprichosos y arbitrarios, inobservancia de
precedentes o decisiones carentes de justificación o motivación jurídica 10.
Al descender lo expuesto al caso concreto, la Sala encuentra que la inconformidad
de la señora tiene su génesis en un aspecto legal por cuanto pretende que el juez de
tutela determine el alcance de la prescripción trienal de la sanción moratoria, asunto
regulado en el artículo 151 del CPTSS, con fundamento en unos elementos
probatorios que allegó en la etapa de apelación del proceso ordinario 70001-33-33-
002-2024-00099-00/01, todo con miras a obtener una penalidad netamente
económica.
Aspectos que, como ya se vio, fueron abordados y resueltos por el Tribunal
Administrativo de Sucre, en su decisión del 9 de abril de 2025. De ahí que también
se advierte que con este mecanismo constitucional se pretende la reapertura de un
4
En la Sentencia T-582 de 2012, la Corte analizó un asunto relativo al reconocimiento y pago de los
intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por el pago tardío de la
pensión, postura reiterada en la Sentencia T-635 de 2010.
5
Sentencia SU-336 de 2017.
6
Sentencia SU-098 de 2019.
7
Sentencia SU-072 de 2018.
8
La Corte ha señalado que el debido proceso tiene por finalidad proteger las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso, a saber: (i) el derecho al juez natural, (ii) el derecho a presentar y
controvertir pruebas, (iii) el derecho de defensa, incluida la posibilidad de ejercer una defensa
técnica, (iv) el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, (v) el principio de determinación
de las reglas procesales o, en otros términos, el principio de legalidad y (vi) el derecho a la publicidad
en las actuaciones que se surten en el marco de un proceso. Conforme a tal interpretación, en
principio, solo serán objeto de revisión las decisiones judiciales que se aparten de los elementos del
debido proceso constitucional descritos y que, por tanto, conlleven anular el ejercicio de la defensa y
contradicción en el proceso, al restringir o enervar en forma grave el equilibrio procesal entre las
partes. Al respecto, ver las sentencias SU-1184 de 2001 y T-061 de 2007.
9
Sentencia T-685 de 2003.
10
Ibid.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Guadalupe del Carmen Vergara Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión Oral
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03263-01
debate que ya fue zanjado por el juez natural de la causa ordinaria en el marco de
una esfera funcional que el juez de tutela no está habilitado para invadir o desplazar.
En otras palabras, lo que se busca es un estudio de la legalidad de la decisión, la
cual fue adoptada en el marco de los principios de autonomía e independencia judicial
y con fundamento en el artículo 151 del CPTSS, adoptado en la Sentencia de
Unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre del 2023, como parámetro para
contabilizar la prescripción de la sanción moratoria para las cesantías.
Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas superiores con
ocasión de la expedición de la providencia dictada por la autoridad censurada.
En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente
legal y probatorio; (ii) es de índole pecuniario; y (iii) no se evidencia una vulneración
palmaria que amerite la intervención del juez de tutela.11
En tal medida, esta Sala de decisión confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia de primera instancia proferida el 17 de julio de
2025, por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
11
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03263-01
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/
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