Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03275-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03275-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03275-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá, diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: GUSTAVO FORRO GALEANO Y OTROS
Autoridad: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-
COLPENSIONES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: TUTELA-Naturaleza subsidiaria del amparo. SUBSIDIARIEDAD-La tutela no procede para plantear
argumentos que no fueron formulados ante el juez ordinario. ACTO ADMINISTRATIVO-Para controvertirlo el
afectado dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. SUBSIDIARIEDAD-No se
agotaron los medios de defensa procedentes.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo proferido
el 1 de julio de 2025, por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B que
declaró improcedente el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 30 de mayo de 2025, los señores Gustavo Forero Galeano, Bertha Estella Pineda
Castro, Amelia Rosso de Camacho, María Elena Upegui Galvis, y Laureano Acosta
Romero, a nombre propio, formularon acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad
jurídica, y mínimo vital, los cuales estima vulnerados por la Administradora
Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES- por no aplicar los efectos de las
sentencias SU-136 de 2022 y T-290 de 2022.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: Gustavo Forero Galeano y otros
Acción de tutela – Segunda instancia
En virtud del amparo, solicitaron:
«1. Que se declare la vulneración de nuestros derechos fundamentales.
2. Que se ordene a COLPENSIONES aplicar el precedente SU-136 de 2022.
3. Que se deje sin efectos la reducción pensional ejecutada con fundamento en la
SentenciaT-334 de 2021.
4. Que se restablezcan nuestros derechos pensionales en los términos reconocidos
judicialmente.
5. Que se inste a la Corte Constitucional a unificar su jurisprudencia conforme al
principios de igualdad y seguridad jurídica.
6. que se declare la similitud fáctica de la sentencia T290 de 2022, con la T 334 de
2021.»
1. Hechos relevantes
Gustavo Forero Galeano, Bertha Estella Pineda Castro, Amelia Rosso de Camacho,
María Elena Upegui Galvis, y Laureano Acosta Romero obtuvieron el reconocimiento
de sus pensiones de jubilación mediante los procesos de nulidad y restablecimiento
de derecho adelantados bajo los radicados 11001-33-31-018-2009-00350-
00/011,25000-23-42-000-2013-00179-002, 440012333002201300146003,
201100281004, 250002342000201307003005.
COLPENSIONES instauró acciones de tutela independientes contra las providencias
proferidas en los anteriores procesos. Alegó que las providencias incurrieron en
defectos sustantivo por indebida aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al
aplicar erróneamente el régimen de transición pensional, además de desconocer el
precedente constitucional relativo al mismo tema. Añadió que existió violación directa
de la Constitución en los artículos 29, 48, 229, y el Acto Legislativo 01 de 2005.
Todas las anteriores fueron declaradas improcedentes en primera instancia, y la
decisión fue confirmada en segunda.
En sede de revisión, la Corte Constitucional acumuló y estudio todas las decisiones
de tutela proferidas. Mediante sentencia T-334 de 2021 decidió revocar todas las
decisiones proferidas en sede de tutela, y dejar sin efectos las providencias judiciales
1Proceso adelantado por Bertha Stella Pineda Castro contra el Instituto de Seguros Social ISS.
2 Proceso adelantado por María Elena Upegui Galvis contra el Instituto de Seguros Social ISS.
3 Proceso adelantado por Laureano David Acosta Romero contra el Instituto de Seguros Social ISS.
4 Proceso adelantado por Gustavo Forero Galeano contra el Instituto de Seguros Social ISS
5 Proceso adelantado por Amelia Rosso de Camacho contra el Instituto de Seguros Social ISS.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: Gustavo Forero Galeano y otros
Acción de tutela – Segunda instancia
accionadas. Además, dispuso un término de 15 días para que COLPENSIONES
expida los actos administrativos de reliquidación de las pensiones reconocidas.
Argumentó que las decisiones proferidas en sede contencioso-administrativa
constituyeron con un presunto abuso del derecho por un incremento excesivo en la
pensión reconocida. Añadió que las decisiones violentaron el derecho al debido
proceso de COLPENSIONES (entonces ISS) por la mala interpretación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, y desconocieron el precedente jurisprudencial establecido
en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-028 de
2018.
El 21 de abril de 2022, la Corte Constitucional profirió sentencia SU-136 en la que
determinó:
«por regla general, las solicitudes de amparo que presenten las entidades con
legitimación para interponer el recurso extraordinario de revisión son improcedentes,
en tanto no superarían el requisito de subsidiariedad. No obstante, la Corte ha
establecido una excepción a esta regla. Según esta, cuando se evidencie un abuso
palmario del derecho es posible acudir a la acción de tutela, pues “la afectación del
erario público con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso
del derecho tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del
Estado, las cuales se utilizan para garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad
social de los colombianos”»
En ese sentido, determinó frente al abuso del derecho que:
«en cada caso concreto, los jueces deben establecer la existencia de un ejercicio
abusivo y malintencionado de un derecho y, además, que en materia pensional este
se configura cuando “un individuo con una posición económica privilegiada obtiene,
además de las ventajas que ostenta en la sociedad, otras adicionales que desafían
los principios de la seguridad social en pensiones y resisten su orientación equitativa”
Ahora, con respecto al carácter palmario de este abuso del derecho la Corte señaló
que se debe evidenciar que con el ejercicio del derecho pensional se pudieron haber
desconocido los límites que impone el principio de solidaridad y que el beneficio
obtenido pone en riesgo inminente a los demás afiliados al Sistema General de
Pensiones. En todo caso, aclaró que es “una carga para el actor demostrarlo y
proponerle al juez el modo en que se verifica la amenaza”»
Añadió que:
«Al abordar las reglas de apoyo interpretativo precisó que la disfunción que el abuso
genera en el sistema pensional debe “saltar a la vista” y que los jueces deben tener
certeza de que el estudio del proceso a través de los mecanismos ordinarios de
defensa hará insostenible la dinámica solidaria del sistema “en la medida en que los
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: Gustavo Forero Galeano y otros
Acción de tutela – Segunda instancia
incrementos pensionales ilegítimos resultan mensualmente tan cuantiosos, que
indudablemente lo desfinanciarán, en detrimento de quienes cuentan con menores
recursos económicos”[101]. También mencionó que, además de evaluar la conducta
del pensionado para obtener un beneficio desproporcionado, debe contrastarse el
reconocimiento con su historia laboral. No obstante, la Sala puntualizó que estas
reglas de apoyo interpretativo no condicionan el estudio que en cada trámite se debe
adelantar, por lo que los jueces de tutela, con base en los principios de autonomía e
independencia judicial, tienen la posibilidad de “establecer su convencimiento sobre
el caso concreto y sobre si existe o no un abuso del derecho de tal magnitud»
En consecuencia, los accionantes solicitaron a COLPENSIONES la aplicación de la
sentencia SU-136 de 2022 a su caso, estableciendo la necesidad de agotar el
recurso extraordinario de revisión antes de modificar las pensiones concedidas vía
contencioso-administrativa.
Dichas solicitudes fueron resueltas por COLPENSIONES mediante los actos
administrativos número SUB-140758 del 7 de mayo de 20246, SUB-180586 del 05
de junio de 20247, SUB-163968 del 24 de mayo de 20248, SUB-163968 del 24 de
mayo de 20249. En estos, se negó la aplicación de la sentencia SU-136 de 2022 bajo
el entendido que COLPENSIONES actuó de acuerdo a lo establecido en la Sentencia
T-334 de 2021, el cual es un fallo judicial en firme que hizo tránsito a cosa juzgada y
no puede ser modificado vía administrativa.
2. Fundamentos de la solicitud
Los accionantes sostienen que los actos administrativos proferidos por
COLPENSIONES mediante los que se negó aplicar a sus casos el «precedente
jurisprudencial establecido en la sentencia SU-136 de 2022» atenta contra sus
derechos a la igualdad, debido proceso, seguridad jurídica y mínimo vital. Lo anterior,
pues en casos similares al de los accionantes se ha dado aplicación a lo decidido en
la citada sentencia de unificación.
Agregaron que la sentencia T-334 de 2021 fue expedida en contravía de la ley, pues
se obviaron los requisitos de inmediatez y subsidiariedad para la procedencia de la
acción adelantada.
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Bertha Stella Pineda Castro
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Gustavo Forero Galeano
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Amelia Rosso de Castro
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Laureano David Acosta Romero
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: Gustavo Forero Galeano y otros
Acción de tutela – Segunda instancia
3. Trámite de primera instancia
La acción fue repartida al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, el cual,
mediante auto del 19 de mayo de 2025, requirió a los accionantes para que aportaran
los documentos pertinentes. Posteriormente, el 20 de mayo de 2025, se admitió la
acción de tutela. En su intervención, la entidad accionada solicitó la vinculación del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que tenía interés en el
asunto, en tanto fue el órgano que profirió la sentencia de segunda instancia dentro
del proceso ordinario adelantado por Amelia Rosso de Camacho. En atención a dicha
vinculación, el Juzgado remitió el expediente de tutela al Consejo de Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
1069 de 2015.
Frente a esta actuación, los accionantes solicitaron a esta Corporación abstenerse
de proferir decisión de fondo y remitir nuevamente el expediente al Juzgado Treinta
y Tres Civil del Circuito de Bogotá, al estimar que la acción fue incoada contra
COLPENSIONES y la supuesta indebida ejecución de la sentencia T-334 de 2021 y
la negativa de aplicar del precedente fijado en la sentencia SU-136 de 2022, y no
contra las actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Mediante auto del 5 de junio de 2025, esta Corporación decidió asumir el
conocimiento de la acción en los términos establecidos en el auto A-077 de 2015,
por cuanto el debate planteado involucra lo resuelto en providencias proferidas por
la Corte Constitucional. Precisó que, si bien la tutela se fundamenta en la presunta
inobservancia de la sentencia SU-136 de 2022, también controvierte lo decidido en
la sentencia T-334 de 2021, razón por la cual el conocimiento del asunto corresponde
al Consejo de Estado.
En consecuencia, el 5 de junio de 2025 se admitió la acción de tutela, se declaró la
nulidad de los actuado por el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá, y se ordenó la
notificación a la entidad accionada, además de vincular a la Corte Constitucional
como tercero con interés.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: Gustavo Forero Galeano y otros
Acción de tutela – Segunda instancia
En el escrito de contestación, la Corte Constitucional solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, pues los reproches de los accionantes
se dirigen a la actuación de COLPENSIONES; no a lo decidido en alguna providencia
judicial proferida por esa Corporación.
Agregó que los cuestionamientos frente a la sentencia T-334 de 2021 no tiene
vocación de prosperidad en virtud de lo establecido en la sentencia SU-627 de 2015,
en la que se determina que no proceden acciones de tutela en contra de providencias
proferidas en procesos de la misma naturaleza, cuando estos fueron adelantados
ante la Corte Constitucional.
Por su parte, COLPENSIONES indicó que las peticiones de los accionantes fueron
resueltas en los siguientes términos:
«en cuanto a la aplicación de la Sentencia de Unificación SU-136 de 2022 y la
Sentencia T-290 de 2022, es importante precisar que la extensión de sentencias, o
más precisamente, la extensión de los efectos de una sentencia es un mecanismo
legal que permite aplicar los criterios establecidos en una sentencia judicial a casos
similares. Sin embargo, para este caso no es posible aplicar esta extensión, debido
a que los hechos y los fundamentos jurídicos de los casos en cuestión no son
sustancialmente idénticos al caso resuelto en la sentencia que se pretende extender.
Razón por la cual la extensión no procede.»
Agregó que la acción es improcedente en tanto los accionantes no acreditaron la
vulneración de ningún derecho fundamental, ni la existencia de perjuicio
irremediable, y tampoco han acudido a los medios ordinarios de protección poniendo
en conocimiento de las autoridades judiciales competentes la situación. Finalmente,
sostuvo que lo solicitado por los accionantes no puede ser concedido, en virtud de la
protección del patrimonio público como derecho colectivo.
Mediante sentencia del 1 de julio de 2025, el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B declaró la improcedencia de la acción de tutela por dirigirse contra lo
decidido por la Corte Constitucional en sede de revisión eventual.
Los accionantes impugnaron. Esgrimieron que la acción de tutela «no buscó dejar
sin efecto la sentencia T-334 de 2021, sino evitar la aplicación indebida por parte de
Colpensiones, a la luz de los precedentes posteriores y vinculantes fijados por la
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: Gustavo Forero Galeano y otros
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Corte Constitucional en las sentencias T-290 de 2022 y SU-136 de 2022, que
reconocen similitud fáctica y jurídica.»
Agregaron que existe un yerro en la declaratoria de improcedencia, pues interpretó
erróneamente la acción, ya que:
«la tutela no se dirigió contra la Sentencia T-334 de 2021, sino contra su aplicación
indebida por parte de Colpensiones en nuestro caso. Lo pretendido es la aplicación
del precedente posterior y más garantista contenido en la SU-136 de 2022, que
unifica la jurisprudencia sobre la improcedencia de la tutela para revocar decisiones
judiciales en firme, y de la T-290 de 2022, que reconoció la existencia de similitud
fáctica con los casos tratados en la T-334 de 2021.»
También argumentaron que «la cosa juzgada no es un principio absoluto e intocable
cuando su aplicación conduce a la vulneración de derechos fundamentales o cuando
existe una sentencia posterior de unificación que modifica la interpretación
constitucional aplicable al mismo supuesto fáctico.» En consecuencia, solicitan se
aplique la sentencia SU-136 de 2022 por encima de lo dispuesto en la sentencia T-
334 de 2021, en aras de garantizar la coherencia del orden jurídico y la protección
de los derechos adquiridos.
Resaltaron que no fueron vinculados al proceso en el que se profirió la sentencia T-
334 de 2021, por lo que no puede predicarse la existencia de cosa juzgada
constitucional para su caso. Y que, además, la decisión los afectó sin darles la
posibilidad de actuar y defender su derecho en el proceso, lo que afectó sus
derechos fundamentales.
Por su parte, la accionante Amelia Rosso de Camacho presentó impugnación
independiente, en la que argumentó que la decisión proferida mediante sentencia T-
334 de 2021 era «improcedente por no agotarse el recurso de revisión», que con
posterioridad a su ejecutoria se profirió a sentencia SU-136 de 2022 lo que afectó
derechos de terceros, y que existe identidad fáctica y jurídica con el precedente. Por
lo que la decisión tomada afecta los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y seguridad jurídica de la accionante.
El 31 de octubre de 2025 se concedió la impugnación.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: Gustavo Forero Galeano y otros
Acción de tutela – Segunda instancia
CONSIDERACIONES
4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar la sentencia del 1 de julio de
2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección B, que
declaró improcedente el amparo solicitado.
5. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.
Tutela contra providencias proferidas en acción de tutela
La Corte Constitucional, en su jurisprudencia de unificación, determinó que la acción
de tutela contra una sentencia de tutela es, por regla general, improcedente 10. Dicha
regla no admite excepciones cuando la sentencia es expedida por esa Corporación.
Si la sentencia es proferida por cualquier otra autoridad judicial, la tutela procederá
cuando se configure la cosa juzgada fraudulenta. Este fenómeno se consolida
cuando i) se satisfacen los requisitos generales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, ii) se demuestre que la decisión adoptada en la
providencia fue producto de un fraude y iii) que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
Además, para que la acción proceda, la demanda de tutela no debe guardar
identidad procesal con la tutela que se pretende enjuiciar. Asimismo, el fenómeno de
la cosa juzgada fraudulenta sólo puede existir, en sede de tutela, cuando el fallo haya
hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, lo cual ocurre una vez la Corte
10 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. Sentencia SU-
1219 de 2001.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: Gustavo Forero Galeano y otros
Acción de tutela – Segunda instancia
Constitucional se abstiene de seleccionar el fallo para revisión dentro del término
legal otorgado para ello11.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la C. Pol y el artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991
prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta regla
tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados12.
Caso concreto
La sentencia recurrida, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda-
Subsección B el 1 de julio de 2025, como cuestión preliminar negó la solicitud de la
Corte Constitucional de desvincularla de la acción por falta de legitimación por
pasiva, en tanto consideró que la acción de tutela pretende dejar sin efectos la
sentencia T-334 de 2021 proferida por la Corte Constitucional.
Decidió, además, que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional fijada en
la sentencia SU-627 de 2015, la acción de tutela resulta improcedente, en tanto las
pretensiones se dirigen contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional en
sede de revisión, en ejercicio de su función de garantizar la supremacía de la
Constitución Política y de unificar la doctrina y la jurisprudencia constitucional en
materia de derechos fundamentales.
Agregó que, de conformidad con la sentencia SU-1219 de 2001, la acción de tutela
contra las sentencias proferidas en sede de tutela por la Sala Plena o las Salas de
11 Además del término de insistencia de los magistrados, el Procurador General de la Nación, el Defensor del
Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En ese sentido: Corte Constitucional, Sala Plena.
Sentencia del 29 de julio de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: Gustavo Forero Galeano y otros
Acción de tutela – Segunda instancia
Revisión de la Corte Constitucional es improcedente y no acepta ningún tipo de
excepción.
Al respecto, los accionantes presentaron reparos contra la decisión en tanto la acción
de tutela no está dirigida a cuestionar la decisión proferida por la Corte Constitucional
en sede de revisión contenida en la sentencia T-334 de 2021. Por el contrario,
indicaron que su acción pretende que se modifique la decisión de COLPENSIONES
de no aplicar la jurisprudencia constitucional contenida en las sentencias T-290 de
2022 y SU-136 de 2022 respecto de la liquidación de sus resoluciones de liquidación
de pensión de vejez.
Teniendo de presente los reproches expuestos por los accionantes, los cuales se
encuentran dirigidos a cuestionar la decisión de COLPENSIONES de negar la
reliquidación pensional en los términos de la sentencia T-290 de 2022 y SU-136 de
2022, la Sala advierte que el artículo 138 del CPACA dispone que toda persona que
se crea lesionada en un derecho subjetivo, amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le reestablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
En ese sentido, la Corte Constitucional estableció en reiterada jurisprudencia la
imprescriptibilidad del derecho de pensión, como consecuencia de la protección y
asistencia especial a las personas de la tercera edad para mantener condiciones de
vida digna. 13 Dicha imprescriptibilidad que se predica respecto de la pensión de
jubilación, se hace extensiva a la acción judicial que busca establecer el monto de la
prestación, con la excepción de las mesadas no reclamadas.
«Junto a lo anterior, habría que recordar que la revisión en cualquier tiempo de las
pensiones reconocidas, es un asunto inherente a las normas laborales y que no puede
perderse de vista en este caso, pues obliga a tener en cuenta que ni el mismo legislador
está en capacidad de establecer que la pensión sea un derecho fijo, inamovible o
indiscutible en punto a la prestación dineraria, habida cuenta de la posibilidad de que
por múltiples razones se hubiera podido incurrir en error en su cuantificación.»14
Así las cosas, los accionantes tienen a su disposición el trámite previsto por el
artículo 138 del CPACA para controvertir la legalidad de los actos que con base en
13 Corte Constitucional. Sentencia T- 297 de 2012. Reiterada en sentencia SU-567 de 2015.
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Corte Constitucional. Sentencia SU-567 de 2015.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: Gustavo Forero Galeano y otros
Acción de tutela – Segunda instancia
los cuales expone sus inconformidades.
En consecuencia, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela impone a la parte
actora la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los
medios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de
las garantías fundamentales que estima vulneradas. Así las cosas, para acudir a la
acción de tutela, la parte accionante debe actuar con suma diligencia en tales
procedimientos. Esto pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
ordinarios o extraordinarios a que haya lugar, deviene por completo en la
improcedencia del mecanismo tuitivo establecido en el artículo 86 Superior15.
En virtud de lo anterior la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad porque existe otro medio de defensa judicial, eficaz e idóneo, que
debe ser agotado por la parte accionante antes de la interposición de la acción de
tutela. Como los hechos y argumentos que fundan la vulneración de derechos
fundamentales no fueron ni han sido objeto de debate ante el juez natural de la
causa, la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad.
Por las razones expuestas, la Sala confirma la decisión de la sentencia del 1 de julio
de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B que
declaró la improcedencia de la acción interpuesta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1 de julio de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda-Subsección B que declaró la improcedencia de la
acción interpuesta por Gustavo Forero Galeano, Bertha Stella Pineda Castro, Amelia
Rosso de Camacho, María Elena Upegui Galvis y Laureano Acosta Romero; por no
superar los requisitos generales de procedencia de la acción.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009 [fundamento jurídico 5.1]
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-03275-01
Solicitante: Gustavo Forero Galeano y otros
Acción de tutela – Segunda instancia
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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