Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03288-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03288-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03288-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-03288-00
Demandante ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE SUBDIRECTIVA DEPARTAMENTAL SANTANDER,
ANDETT SANTANDER
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico y
sustantivo. Medio de control de nulidad simple. Medida cautelar de
suspensión provisional. Legitimación en la causa por activa. La
subsidiariedad en la acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte
Subdirectiva Departamental Santander, ANDETT Santander, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de mayo de 20251, la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y
Transporte Subdirectiva Departamental Santander, en adelante ANDETT
Santander, actuando a través de su presidente, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Santander, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso, a la «legalidad
administrativa, acceso a funciones públicas, y derecho al desarrollo de actividades económicas», al
haber dictado el auto del 2 de mayo de 2025, mediante el cual se decretó una
medida cautelar en el proceso de nulidad simple nro. 68001-23-33-000-2023-00178-
00.
En consecuencia, se formularon las siguientes pretensiones2:
«PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, debido proceso y
acceso a la función pública, por considerar que la providencia judicial cuestionada transgrede
principios constitucionales superiores al impedir la continuidad de una función pública
esencial para la ciudadanía, aunque formalmente no sea clasificada como tal.
SEGUNDO: Ordenar dejar sin efectos la medida cautelar proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del proceso de nulidad simple No. 68-001-23-33-000-
2023-00157-00, en aplicación del principio de proporcionalidad; del artículo 235 de la Ley 1437
de 2011, y del respeto por los derechos laborales y de servicio a la comunidad.
TERCERO: Ordenar el levantamiento inmediato de la suspensión de los acuerdos 001 de
2018 literal m y Acuerdo 001 de 2021, mientras se define de fondo la legalidad de dichos actos.
CUARTO: Reconocer que la medida genera un impacto desproporcionado y no previsto, al
suspender servicios públicos de alto impacto social, administrativo y económico que requieren
estabilidad para garantizar seguridad jurídica y continuidad estatal.
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Samai, índice 2.
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Samai, índice 2.
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Demandante: ANDETT SANTANDER
QUINTO: Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección inmediata de
los derechos fundamentales vulnerados a los trabajadores y usuarios del servicio de tránsito
en Floridablanca.
SEXTO: Requerir a la entidad judicial accionada a reevaluar la medida bajo un análisis integral
de hechos, pruebas y principios constitucionales como lo aseguró lo haría en su último AUTO.»
(Sic a toda la cita)
2. Hechos
Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El Concejo Municipal de Floridablanca Santander dictó el acuerdo 01 del 17
de enero de 2018 «POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DE LA DIRECCION (sic) DE TRANSITO (sic) Y TRANSPORTE DE
FLORIDABLANCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES», en su artículo 16 se
establecieron las funciones y obligaciones del Consejo Directivo, dentro de las
que se fijó en el literal m) la siguiente: «m. Fijar el valor de las tasas, tarifas y derechos
por los servicios prestados en la Dirección de tránsito y Transporte de Floridablanca.».
2.2. El Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca
profirió el acuerdo 001 del 3 de junio de 2021«POR MEDIO DEL CUAL SE
ACTUALIZAN LAS TARIFAS Y DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA, SE DEROGAN LOS
ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO No. 09 de 2013, 011 de 2016, 005 de 2018 y 003 de
2019 y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES».
2.3. El 19 de enero de 2023, la Veeduría Ciudadana Horus representada por el
señor John Faver Guerrero Mosquera presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad simple contra el Municipio de Floridablanca,
Concejo Municipal de Floridablanca y la Dirección de Tránsito y Transporte de
Floridablanca DTTF, pretendiendo la nulidad del literal m) del artículo 16 del
acuerdo 01 de 2018 dictado por el Concejo Municipal de Floridablanca y la
nulidad total del acuerdo 001 de 2021 expedido por el Consejo Directivo de la
Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca DTTF.
Por reparto le correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que declaró su falta de
competencia y ordenó remitir el proceso al Tribunal Administrativo de
Santander.
2.4. El 2 de marzo de 2023, fue repartido el expediente ante el Tribunal
Administrativo de Santander (Expediente 68001-23-33-000-2023-00178-00). El 21
de julio de 2023 el tribunal avocó conocimiento del asunto, admitió la demanda
y, en auto separado, corrió traslado de la solicitud de medida cautelar
presentada por la parte demandante.
2.5. El 2 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander resolvió la
solicitud de medida cautelar decretando la suspensión provisional del literal
m) del artículo 16 del acuerdo 01 de 2018 dictado por el Concejo Municipal
de Floridablanca y el acuerdo 001 de 2021 expedido por el Consejo Directivo
de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.
Esto al considerar que el acuerdo 01 de 2018, que desarrolla el sistema y el
método costo beneficio necesario para la fijación de las tarifas por conceptos
de derechos de tránsito, le estableció en el literal m) del artículo 16 una
función al Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito y Transporte de
Floridablanca que le corresponde únicamente al Concejo Municipal, la cual era
indelegable conforme al artículo 388 de la Constitución Política.
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Delegación que permitió que se fijaran tarifas a cargo de una dependencia de
la entidad de tránsito sin el lleno de los requisitos, puntualmente el estudio
económico sobre los costos del servicio.
3. Fundamentos de la acción
En el escrito de tutela la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y
Transporte Subdirectiva Departamental Santander, ANDETT Santander considera
vulnerados sus derechos fundamentales por parte del Tribunal Administrativo de
Santander con ocasión del auto del 2 de mayo de 2025 por el que se decretó la
medida cautelar de suspensión provisional del literal m) del artículo 16 del
acuerdo municipal 01 de 2018 y del acuerdo 001 de 2021, en el medio de control
de simple nulidad nro. 68001-23-33-000-2023-00178-00.
Señaló que en este caso se cumplen a cabalidad los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues: (i) esta
acción tiene relevancia constitucional dado que se relaciona con la vulneración de
los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, al debido proceso y la
«legalidad administrativa», y porque este debate no gira en torno a una discusión
meramente legal; (ii) se cumple con el requisito de subsidiariedad pues no existe
otro mecanismo eficaz e inmediato que permita revertir los efectos de la medida
cautelar que fue decretada, e indicó que «la presente busca EVITAR LA CONSUMACIÓN
DE UN PERJUICIO IUS-FUNDAMENTALMENTE IRREMEDIABLE»; y (iii) se cumple con el
requisito de inmediatez toda vez que esta acción se presentó dentro de un plazo
razonable desde que se dictó la providencia cuestionada, lo que responde a la
urgencia y vulneración de los derechos fundamentales.
Alegó además, que al proferir la providencia acusada, el tribunal accionado incurrió
en defecto fáctico y en defecto sustantivo.
● Defecto fáctico. Indicó que el Tribunal Administrativo de Santander sustentó
su decisión «en la supuesta ausencia de un estudio económico que sí existió», pues el
mencionado estudio evaluó los costos del servicio con indicadores de
eficiencia, eficacia y economía, como se evidencia en el numeral 13 del
acuerdo 001 de 2021.
● Defecto sustantivo. El tribunal incurrió en este defecto pues dio una
incorrecta aplicación de las normas al no tener en cuenta los artículos 189,
209, 287, 313 y 338 de la Constitución Política al momento de dictar el auto
del 2 de mayo de 2025. Y al ignorar «toda muestra y evidencia del cumplimiento del
deber legal del artículo 168 de la Ley 769 de 2002».
De otro lado argumentó que el Tribunal Administrativo de Santander dictó el auto
del 2 de mayo de 2025, sin realizar una adecuada valoración de la necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad de la medida cautelar adoptada, pues la
suspensión del acuerdo 001 de 2021 vulneró los derechos al mínimo vital, al trabajo
y al debido proceso de los trabajadores vinculados directa o indirectamente a la
prestación de servicios de tránsito en Floridablanca. Indicó que, si bien el servicio
de tránsito y transporte no es esencial, la suspensión impide cumplir con el ejercicio
de las competencias establecidas por el Estado
Explicó que si bien la medida cautelar decretada busca evitar posibles cobros
irregulares, no era idónea pues se pudo optar por suspender algunos rubros
específicos o establecer tarifas provisionales, esto es, medidas que fueran menos
lesivas, pues las personas no han podido acceder a trámites de matrícula, traspasos
y licencias.
Señaló que, el argumento del demandante del medio de control se sustentó
únicamente en el primer inciso del artículo 168 de la Ley 769 de 2002, pues no tuvo
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en cuenta la totalidad de la norma y la interpretación sistemática con el artículo 338
de la Constitución Política. Dijo que la Constitución permite expresamente que las
autoridades administrativas fijen las tarifas de tasas y contribuciones siempre que
se establezca mediante acuerdo, el sistema y el método para definir los costos y
beneficios, como asegura ocurrió en este caso.
Cuestionó que el demandante afirmara que la medida cautelar no le quitaba a la
entidad el derecho a cobro, ni derechos políticos, ni derechos económicos hasta
que no se diera una decisión de fondo, pues en su concepto se vio afectado el
derecho al trabajo de los funcionarios, se le impide a los ciudadanos acceder a
trámites y se presenta incertidumbre procesal.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Con providencia del 4 de junio de 20253, el despacho sustanciador inadmitió
la demanda y requirió a la parte actora para que precisara: (i) el número de
radicado del proceso en el que se profirió la providencia cuestionada y (ii)
acreditara la legitimidad que le asistía a ANDETT Santander para interponer
la acción de tutela de la referencia.
El 10 de junio de 20254 el expediente ingresó al despacho con escrito de
subsanación.
4.2. La demanda fue admitida por auto del 20 de junio de 2025 5. En la misma
providencia se vinculó en calidad de terceros con interés a la Veeduría
Ciudadana HORUS, al Municipio de Floridablanca, Concejo Municipal y a la
Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca DTTF, al Ministerio
Público y al Consejo de Estado, Sección Primera (autoridad que conoce de la
apelación interpuesta dentro del proceso de nulidad nro. 68001-23-33-000-2023-
00178-00/01); ofició a la autoridad accionada y a la Sección Primera de esta
Corporación para que remitieran copia del expediente de nulidad simple; negó
la medida provisional solicitada; y ordenó las notificaciones correspondientes.
4.3. El Consejo de Estado Sección Primera6, rindió informe en el que precisó que
la fuente de la vulneración de los derechos fundamentales fue la providencia
que dictó el Tribunal Administrativo de Santander, de ahí que no se estaba
cuestionando ninguna actuación adelantada por la Sección Primera dentro del
proceso de nulidad simple, por lo que dijo que carecía de legitimación en la
causa por pasiva y solicitó su desvinculación de la acción.
4.4. El Tribunal Administrativo de Santander7 realizó un recuento del trámite que
se le ha impartido al proceso nro. 68001-23-33-000-2023-00178-00, para ello
mencionó que el 2 de mayo de 2025 ese tribunal decretó como medida cautelar
«la suspensión de los efectos del literal m. del artículo 16 del Acuerdo municipal 001 de 2018
expedido por el Concejo municipal de Floridablanca y el Acuerdo 001 e 2021 expedido por el
Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca»; decisión que
fue apelada el 7 de mayo de 2025 por la parte demandada.
El 23 de mayo de 2025 se concedió el recurso interpuesto; y el expediente fue
enviado al Consejo de Estado el 4 de junio de 2025.
Indicó que el auto mediante el cual se decretó la medida cautelar no puso fin
al medio de control y se encuentra pendiente de que se resuelva el recurso de
apelación por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado.
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Samai, índice 4.
4
Samai, índice 8.
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Samai, índice 10.
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Samai, índice 16.
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Samai, índice 18 y 20.
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Demandante: ANDETT SANTANDER
Concluyó que la presente acción no cumple con el requisito de la
subsidiariedad, pues este mecanismo constitucional no puede desplazar los
recursos judiciales ordinarios cuando el proceso aún sigue en trámite, a menos
de que exista un perjuicio irremediable, situación que no ocurrió en este caso.
En consecuencia, solicitó que se declare improcedente esta acción y en
cumplimiento del auto admisorio allegó el enlace de consulta del expediente
en Samai y copia del proceso en una carpeta comprimida en formato .zip.
4.5. El Municipio de Floridablanca8 dio respuesta a la acción de tutela indicando
que no tiene injerencia alguna en las decisiones judiciales dictadas por el
Tribunal Administrativo de Santander, y precisó que no ha incurrido en acción
u omisión que genere la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante. Por último, señaló que no tiene legitimación en la causa pasiva,
por lo que la acción de tutela respecto de esa autoridad se torna improcedente.
4.6. La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca DTTF9 manifestó
que la medida cautelar decretada afecta el mínimo vital de 86 funcionarios, 60
contratistas y el pago de más de 20 empresas proveedoras de servicios;
explicó las razones por las cuales considera que fue errada la decisión del
tribunal las cuales acompañan los planteamientos de la parte actora en esta
acción.
Destacó que la medida cautelar no se encuentra ajustada a los criterios de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad, se dictó con ausencia de los
requisitos del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y aseguró que sí obran los estudios técnicos que
son parte de los anexos de los actos demandados.
Indicó que acompañaba las pretensiones de ANDETT Santander, dado que se
encontraba de acuerdo con las consecuencias que se han generado a raíz de
la decisión adoptada, lo que requiere una intervención inmediata del juez de
tutela, por ello puso de presente que se solicitó al Tribunal Administrativo de
Santander que aclarara y modulara su decisión, respecto a los siguientes
puntos:
«1. La suspensión provisional podría afectar el derecho constitucional a la libre locomoción
de los usuarios.
2. La suspensión provisional podría afectar la prestación del servicio público esencial de
transporte.
3. La suspensión provisional comporta una afectación del sistema que impacta sobre las
obligaciones del Ministerio de Transporte, lo que eventualmente podría configurar un
detrimento del patrimonio público.
4. La suspensión provisional, al dejar sin fuente de ingresos a la DTTF, implica que la
entidad no puede sufragar sus gastos de funcionamiento, pago de salarios, suministros,
y proveedores, lo que implica la neutralización de la entidad y la imposibilidad de ejercer
las funciones de AUTORIDAD DE TRÁNSITO.»
Lo anterior dado que se afectarían los ingresos con los cuales la Dirección de
Tránsito y Transporte de Floridablanca DTTF desarrolla sus labores
misionales, esto durante el tiempo que dure la suspensión.
4.7. El Ministerio Público y la Veeduría Ciudadana Horus guardaron silencio a
pesar de haber sido notificadas en debida forma10.
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Samai, índice 19.
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Samai, índice 22, 23 y 24.
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Samai, índice 13 y 25.
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Demandante: ANDETT SANTANDER
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199111, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales12 y especiales13 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional14 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer: (i) si la
Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte Subdirectiva
Departamental Santander, ANDETT Santander cumple con el presupuesto de la
legitimación en la causa por activa, y (ii) si a su vez se cumple también a cabalidad
con los requisitos generales de procedibilidad, particularmente el de la
subsidiariedad.
Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si en el marco del proceso
nro. 68001-23-33-000-2023-00178-00, la autoridad accionada incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo al proferir el auto del 2 de mayo de 2025, por el cual se decretó
la medida cautelar de suspensión provisional solicitada en el respectivo medio de
control.
11
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
12
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
13
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
14
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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4. Legitimación en la causa por activa y la subsidiariedad en el trámite de la
acción de tutela contra providencia judicial
4.1. El artículo 10 del Decreto 2591 de 199115 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso16
(cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa).
Asimismo, dicha norma señala que (v) tanto el Defensor del Pueblo como los
personeros municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.
La Corte Constitucional ha considerado como requisito para que se configure
la legitimación en la causa en la acciones de tutela, la identidad entre el titular
del derecho fundamental vulnerado y quien ejerce la acción de tutela; de tal
forma que el único que, en principio, está legitimado para interponer la tutela
del derecho fundamental amenazado, es el titular del mismo, ya sea
directamente o por intermedio de apoderado judicial debidamente constituido,
o a través de agente oficioso, en aquellos eventos en que se reúnan los
requisitos para la procedencia de esta última figura.
Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de
la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata
de un requisito o exigencia mínima, sino necesaria, en la medida que garantiza
la protección de los derechos fundamentales.
Así, en Sentencia T403 de 1995, precisó «como quien pidió la tutela evidentemente
no tenía la titularidad de todos los derechos fundamentales reclamados, la jurisdicción
constitucional no podría, sin perjuicio del debido proceso, proferir sentencia favorable a sus
pretensiones, porque el interés subjetivo y específico en la resolución de la supuesta violación
de los derechos constitucionales fundamentales reseñados en la demanda, corresponde a
persona distinta que no intervino en el proceso. Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree
que el actor incurrió en un error insubsanable cuando pretendió, mediante tutela, defender
varios derechos ajenos como si fueran suyos.». 17
Por regla general, la Sala es del criterio que tratándose de tutela contra
providencia judicial solo cuentan con legitimación en la causa por activa las
partes del proceso judicial en el cual se profirió la decisión atacada pues, en
principio, solo ellas tienen un interés directo en las providencias dictadas en el
curso de ese debate judicial.
4.2. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «sólo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando
existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
15
«ARTÍCULO 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.»
16
Cuando la acción de tutela se interpone por intermedio de agente oficioso, la Corte Constitucional (sentencia T-004 de
2013) ha exigido que se cumpla con los siguientes elementos: (i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando
en esa calidad; (ii) del escrito de tutela se debe inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer
directamente la acción de tutela, por circunstancias que necesariamente deberán denotar fuerza mayor o caso fortuito;
(iii) la agencia oficiosa es informal, puesto que esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y el
agenciado, y (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso.
17
Corte Constitucional. Sentencia del 11 de Septiembre de 1995. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía. Referencia: proceso T-
67510. Actor: Pedro Antonio Turbay Salcedo.
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Demandante: ANDETT SANTANDER
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces. Por tanto, la acción de tutela sólo procede
cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá
como mecanismo transitorio de protección.
El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido para
restringir su procedencia, dado que el sistema jurídico permite a las personas
valerse de diversos medios de defensa que pueden ser eficaces para la
defensa de sus derechos18. Para la procedencia de la acción de tutela cuando
exista otro medio de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la
eficacia e idoneidad del otro medio o si se encuentra frente a un perjuicio
irremediable. Circunstancias que son determinantes a fin de valorar la
procedencia formal del amparo constitucional.
Ahora bien, al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia de tutela
contra providencia judicial, pueden suceder dos escenarios: que el proceso
haya concluido o que el proceso judicial se encuentre en curso. En principio,
si el proceso se encuentra en curso, la intervención del juez de tutela está
vedada, por virtud del principio de subsidiariedad, que señala que la tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo a los legalmente establecidos.
Al respecto, en Sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que
«si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio
vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo,
pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la
vulneración de derechos fundamentales». Y, en la Sentencia T-126 de 2019, indicó
que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la
justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen
procedente el amparo».
Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional manifestó:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales […]» 19.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela el interesado debe,
por lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición,
pues de lo contrario la tutela deviene improcedente.
5. Análisis del caso
5.1. En el escrito de tutela la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y
Transporte Subdirectiva Departamental Santander, ANDETT Santander, alegó
la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al
18
Corte Constitucional. Sentencia T-301 de 2009.
19
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
8
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Demandante: ANDETT SANTANDER
debido proceso, a la «legalidad administrativa, acceso a funciones públicas, y derecho al
desarrollo de actividades económicas», con ocasión del auto del 2 de mayo de 2025,
proferido por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de nulidad
simple nro. 68001-23-33-000-2023-00178-00, mediante el cual se decretó como
medida cautelar la suspensión provisional del literal m) del artículo 16 del
acuerdo municipal 01 de 2018 y del acuerdo nro. 001 de 2021, expedido
por el Consejo Directivo de la Dirección de Tránsito y Transporte de
Floridablanca.
5.2. Estudiado el escrito de la demanda, así como los medios de prueba aportados
al expediente de tutela, entre ellos la copia del proceso de simple nulidad nro.
68001-23-33-000-2023-00178-00, la Sala observa que la Asociación Nacional de
Empleados de Tránsito y Transporte Subdirectiva Departamental Santander,
ANDETT Santander no conforma la relación procesal del mencionado medio
de control ni en calidad de parte demandante o demandada, ni como tercero
con interés en las resultas del proceso, ni bajo ninguna otra figura de
intervención procesal que eventualmente hubiera permitido concluir que la
decisión afectara sus derechos fundamentales; luego, no ostenta legitimación
en causa por activa para ejercer la acción de tutela en procura de que se deje
sin efecto el auto acusado, aduciendo la concreción de un defecto fáctico y
sustantivo.
De manera que la condición en la que dice actuar ANDETT Santander no es
suficiente para demostrar la afectación de sus derechos subjetivos con la
decisión que se cuestiona a través de la presente acción.
Esto dado que en el auto admisorio (21 de julio de 2023), se tuvo como parte
demandante a la Veeduría Ciudadana Horus y en calidad de parte demandada
al Municipio de Floridablanca, Concejo Municipal de Floridablanca y a la
Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca DTTF, sin que se advierta
que con posterioridad ANDETT Santander haya realizado solicitud de
coadyuvancia en el mencionado medio de control.
5.3. Aunque lo anterior es suficiente para declarar la improcedencia de la presente
acción de tutela, la Sala destaca que tratándose de tutela contra providencia
judicial, por regla general, no se cumple con el requisito de subsidiariedad en
los eventos en que el proceso judicial continúa en curso. Justamente, en este
caso la Sala considera que es clara la improcedencia de esta acción de tutela
para dejar sin efectos el auto del 2 de mayo de 2025, debido a que se trata de
una decisión judicial emitida en un proceso que se encuentra en trámite y en
el que la tutelante no obra como sujeto procesal.
Se subraya que, al momento de la presentación de la acción de tutela (28 de
mayo de 2025), el Tribunal Administrativo de Santander ya había dictado el auto
del 23 de mayo de 2025, mediante el cual concedió en efecto devolutivo ante
el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por la Dirección de
Tránsito y Transporte de Floridablanca contra el auto del 2 de mayo de 2025,
por el cual se decretó la medida cautelar de suspensión provisional.
A su vez, de la revisión del Sistema de Gestión Samai y de los documentos
aportados al proceso esta Sala advierte que el 6 de junio de 2025 el expediente
le fue repartido a la Sección Primera del Consejo de Estado, despacho del
magistrado Oswaldo Giraldo López20, quien mediante auto del 2 de julio de
202521 dispuso devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Santander,
con la finalidad de que primero se resolviera la solicitud de aclaración,
20
Samai Tribunal, índice 3. Expediente 68001-23-33-000-2023-00178-01.
21
Samai Tribunal, índice 7. Expediente 68001-23-33-000-2023-00178-01.
9
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modulación y saneamiento de la medida cautelar que presentó la Dirección de
Tránsito y Transporte de Floridablanca DTTF.
Por tal motivo, el 14 de julio de 2025 el expediente fue devuelto por la
Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado22 al Tribunal
Administrativo de Santander, quien ese mismo día lo recibió23.
De manera que, a la fecha de esta decisión se encuentra pendiente de resolver
no solo la solicitud de aclaración, modulación y saneamiento de la medida
cautelar que presentó la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca
DTTF, sino el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada del
medio de control contra el auto que decretó la medida cautelar, de ahí que no
existe aún una decisión final por parte del juez de la causa.
En todo caso, las medidas cautelares refieren a decisiones provisionales que
pretenden cuidar el objeto de la litis y la efectividad de la sentencia, pero que
no implican prejuzgamiento, es decir que, si bien es cierto que la parte actora
no se encuentra legitimada para adelantar esta acción de tutela, no es menos
cierto que en el curso del proceso de simple nulidad desde la admisión de la
demanda y hasta en la audiencia inicial la Asociación Nacional de Empleados
de Tránsito y Transporte Subdirectiva Departamental Santander podrá pedir
que se le tenga como coadyuvante del demandado, para poder efectuar todos
los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, esto conforme al artículo
223 del CPACA24.
Implica entonces que para poder controvertir el material probatorio, ejercer su
derecho de defensa y contradicción, y solicitar el levantamiento, modificación
o revocatoria de la medida cautelar (siempre que se cumplan los requisitos
establecidos por la ley), ANDETT Santander deberá solicitar su intervención
como coadyuvante en el medio de control de simple nulidad.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que cuando el proceso judicial se
encuentra en trámite la acción de tutela es improcedente ya que «Las etapas,
recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de protección de
los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las
garantías del debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543 de 1992 puntualiza
que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial
por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental
cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el
ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante
su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle» 25.
5.4. Por último, se recuerda que en los eventos en que se pretende cuestionar una
decisión judicial a través de la tutela su procedencia está sujeta a que se
cumplan a cabalidad los requisitos generales.
Tal obligación no es producto del capricho o del deseo de privilegiar las formas
sobre los derechos sustanciales. Los requisitos de procedibilidad obedecen a
que al cuestionar una decisión proferida por un juez mediante la acción de
tutela automáticamente entran en juego los principios de independencia,
22
Samai Tribunal, índice 11. Expediente 68001-23-33-000-2023-00178-01.
23
Samai, índice 67. Expediente 68001-23-33-000-2023-00178-00.
24
«Artículo 223.Coadyuvancia en los procesos de simple nulidad. En los procesos que se tramiten con ocasión de
pretensiones de simple nulidad, desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá
pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante o del demandado.
El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en
cuanto no esté en oposición con los de esta.
Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda, cualquier persona podrá intervenir para
formular nuevos cargos o para solicitar que la anulación se extienda a otras disposiciones del mismo acto, caso en el cual
se surtirán los mismos traslados ordenados para la reforma de la demanda principal.»
25
Corte Constitucional. Sentencia T-103 de 2014.
10
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Demandante: ANDETT SANTANDER
autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin de encontrar un
equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos y tales
principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los requisitos
señalados jurisprudencialmente. Es condición imprescindible para analizar los
defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos generales
se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al segundo
estadio de análisis consistente en determinar si las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en los defectos planteados por el tutelante.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que esta acción de tutela es
improcedente porque la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y
Transporte Subdirectiva Departamental Santander ANDETT Santander no tiene
legitimación en la causa por activa para discutir la providencia judicial emitida en un
proceso de simple nulidad del que no es sujeto procesal, ya que no ha sido vinculada
como coadyuvante ni bajo ninguna otra figura de intervención procesal en el medio
de control de simple nulidad nro. 68001-23-33-000-2023-00178-00, que actualmente
se encuentra en trámite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente de la acción de tutela presentada por la Asociación
Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte Subdirectiva Departamental
Santander - ANDETT Santander, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
11
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