Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03293-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03293-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03293-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
31 de julio de 2025
Radicación: 11001-03-15000-2025-03293-00
Demandante: Consejo Nacional Electoral
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03293-00
Demandante: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y JUZGADO
OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de reparación directa.
Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el Consejo Nacional Electoral, quien actúa a través de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Valledupar.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 29 de mayo de 2025, el Consejo Nacional Electoral, por conducto de apoderado
judicial, solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, presuntamente
vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso del Consejo Nacional Electoral.
SEGUNDO: DECLARAR que las sentencias de radicado No.
20001333300820190002900 de fecha 3 de septiembre de 2021 proferida por el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y la expedida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar de fecha 3 de abril de 2025, vulneraron
el debido proceso por incurrir en vía de hecho por desatender el precedente judicial que
rige la materia y la SU-228 de 2021 y por no haber resuelto el recurso de apelación
incoado y admitido presentado por el Consejo Nacional Electoral.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por los organismos
judiciales tutelados, y en su lugar, ordenar la expedición de nueva providencia judicial
teniendo en cuenta el precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado
respecto a la acreditación del daño en los eventos de reparación directa que hoy nos
convoca”.
2. Hechos
La entidad demandante señaló que el señor Omar Enrique Benjumea Ospino
participó en las elecciones como candidato a la Asamblea Departamental del Cesar
avalado por el partido verde para las elecciones territoriales realizadas el 25 de
octubre de 2015, para el periodo constitucional 2016-2019. Agregó que la Comisión
Escrutadora Departamental del Cesar mediante formulario E-26 declaró la elección
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Demandante: Consejo Nacional Electoral
de los diputados de la Asamblea del departamento del Cesar, acto en el cual no se
declaró electo al señor Omar Enrique Benjumea Ospino.
Manifestó que el señor Omar Enrique Benjumea Ospino presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, y el Tribunal Administrativo del
Cesar mediante sentencia de 15 de septiembre de 2016 declaró su elección como
diputado del departamento del Cesar para el periodo 2016-2019, al considerar que
“se probaron irregularidades acusadas en la demanda, las cuales no solo alteran el
orden de las listas cuando éstas han sido inscritas con voto preferente sino el total
de la votación y con ello todos los aspectos que dependen de ésta. Así entonces,
como las diferencias entre los Formularios E-14 y E- 24, por razón de la falsedad de
la información contenida en éstos últimos respecto de las mesas antes examinadas
genera la alteración de la verdad electoral habrá de decretarse la nulidad del acto
de elección, realizando un nuevo escrutinio de votos en el que se reste de la
votación alcanzada por el candidato MANUEL GUILLERMO MEJÍA PALLARES N°
53 del Partido Alianza Verde, los 33 votos registrados de más, sin que mediara
justificación, para luego calcular, umbral cifra Repartidora y curules, de manera que
al asignar la que alcanzo dicho Partido se asigne al de mayor votación, y si se
presentare empate se dirima de la forma prevista en la ley”.
La anterior decisión fue complementada mediante sentencia de 6 de octubre de
2016, y confirmada por sentencia de 2 de febrero de 2017 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado. En ese sentido, refirió que el señor Omar Enrique
Benjumea Ospino se posesionó el 20 de febrero de 2017 como diputado electo.
Adujo que el señor Omar Enrique Benjumea Ospino consideró que por la falla en el
servicio que se presentó en el proceso de escrutinios para el periodo constitucional
2016-2019 se le causaron perjuicios y a su núcleo familiar, al considerar que no
estaban en la obligación de soportar los daños causados y, en ese sentido, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se
declarara administrativa y patrimonialmente responsables a las entidades
demandadas por los perjuicios derivados de la declaratoria de nulidad electoral de
los actos administrativos emitidos por esas entidades dentro del proceso para elegir
a los diputados de la Asamblea Departamental del Cesar para el periodo
constitucional 2016-2019.
Expresó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar por medio
de sentencia de 3 de septiembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, y declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación
– Registraduría Nacional del Estado Civil – Consejo Nacional Electoral, por los
perjuicios causados al señor Omar Enrique Benjumea Ospino derivados de la
declaratoria de nulidad electoral de los actos administrativos emitidos por esas
entidades, dentro del proceso electoral para elegir diputados a la Asamblea
Departamental del Cesar para el período constitucional 2016-2019 y, en
consecuencia, les ordenó pagar las siguientes sumas:
“A. Por concepto de perjuicios morales:
Para OMAR ENRIQUE BENJUMEA OSPINO (víctima), el equivalente a cuarenta (40)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para MARIA FERNANDA SANCHEZ TRUJILLO (esposa de la víctima), LAURA SOFIA
BENJUMEA SANCHEZ, OMAR ANDRES BENJUMEA SANCHEZ y ALEJANDRA
CAMILA BENJUMEA MEJIA (hijos de la víctima), ANA ROSA OSPINO DE BENJUMEA
y EMERITO BENJUMEA FRAGOZO (padres de la víctima), y DIULIS MERCEDES
BENJUMEA OSPINO y EMERITO BENJUMEA OSPINO (hermanos de la víctima), la
suma de veinte (20) SMLMV, para cada uno.
B. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante causado y
futuro, a favor del señor OMAR ENRIQUE BENJUMEA OSPINO (víctima), las entidades
demandadas, en partes iguales, serán condenadas a indemnizar al actor a título de
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lucro cesante, la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CIENTO
SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS ($198.449.961”).
Sostuvo que el demandante y las entidades demandadas presentaron recurso de
apelación, los cuales fueron concedidos mediante auto de 13 de octubre de 2021
por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar, y admitidos
mediante proveído de 9 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Cesar1.
Precisó que el Tribunal Administrativo del Cesar por sentencia de 3 de abril de 2025,
modificó parcialmente el numeral 3° de la decisión de primera instancia, así:
“(…) TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR en partes iguales a
la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil – Consejo Nacional Electoral, a
pagar las siguientes sumas:
B. Por concepto de perjuicios morales:
Para OMAR ENRIQUE BENJUMEA OSPINO (víctima), el equivalente a cuarenta (40)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para MARIA FERNANDA SANCHEZ TRUJILLO (esposa de la víctima), LAURA SOFIA
BENJUMEA SANCHEZ, OMAR ANDRES BENJUMEA SANCHEZ y ALEJANDRA
CAMILA BENJUMEA MEJIA (hijos de la víctima), ANA ROSA OSPINO DE BENJUMEA
y EMERITO BENJUMEA FRAGOZO (padres de la víctima), y DIULIS MERCEDES
BENJUMEA OSPINO, EMERITO BENJUMEA OSPINO y CARLOS MARIO
BENJUMEA OSPINO (hermanos de la víctima), la suma de veinte (20) SMLMV, para
cada uno.
B. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante causado y
futuro, a favor del señor OMAR ENRIQUE BENJUMEA OSPINO (víctima), las entidades
demandadas, en partes iguales, serán condenadas a indemnizar al actor a título de
lucro cesante, la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CIENTO
SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS ($198.449.961) (…)”.
Finalmente, aseveró que al revisar la sentencia de segunda instancia se percató
que en la parte considerativa, en especial en las páginas 26 a 35, el Tribunal solo
estudió y se pronunció sobre los recursos de apelación interpuestos por el
demandante y la Registraduría Nacional del Estado Civil, omitiendo resolver su
recurso de apelación interpuesto en oportunidad.
3. Fundamentos de la acción
La entidad actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con la relevancia
constitucional indicó que se vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, puesto que las autoridades
judiciales accionadas ordenaron pagar unas sumas de dinero por concepto de
perjuicios materiales y morales desconociendo las reglas jurisprudenciales fijadas
para la fecha de expedición.
Adicionalmente, precisó que la sentencia de 3 de abril de 2025 se profirió “con
desatención del Código General del Proceso y sus reglas para el trámite del recurso
de apelación, dado que los cargos elevados por la entidad, a la fecha no han sido
resueltos”.
Mencionó que no existe otro medio de defensa judicial pues el debate se surtió
en primera instancia ante el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
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M.P. Carlos Alfonso Guechá Medina.
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Valledupar, quien accedió a las pretensiones de la demanda, decisión que fue
confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar, por lo tanto, se agotaron todos
los recursos ordinarios como mecanismo de defensa judicial.
Respecto del requisito general de inmediatez, la parte actora afirmó que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 3 de abril de 2025 y notificada a las
partes el 7 del mismo mes y año, por lo tanto, se encuentra dentro del término
razonable.
Ahora bien, en lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que
se configuró el desconocimiento del precedente judicial y el defecto
procedimental absoluto.
En relación con el desconocimiento del precedente judicial consideró que el
Tribunal Administrativo del Cesar desconoció las sentencias de 20 de junio de 2023
(radicado no. 25000-23-36-000-2015-01917-02) y de 28 de octubre de 2024
(radicado no. 25000-23-36-000-2016-02228-01) de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante las cuales se establecieron “reglas innegociables para decidir
asuntos litigiosos en materia de reparación directa, cuando su origen obedezcan a
una sentencia de anulación de contenido electoral, en lo que respecta a la
acreditación del daño”.
Al respecto, sostuvo que el precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo
de Estado establecía que, en estos casos, no se debía perder de vista que la
contienda democrática busca ante todo el interés general expresado en las urnas y
la protección de los derechos del electorado, por encima del posible derecho de un
candidato a acceder a un cargo. En ese sentido, señaló que el derecho del candidato
a asumir el cargo solo surgía una vez finalizado todo el proceso electoral, incluyendo
sus mecanismos de control administrativo y judicial. Por eso, no se podía considerar
acreditado el acceso al cargo hasta que se emitieran las sentencias
correspondientes en los procesos de nulidad electoral. En resumen, precisó que se
estaba cuestionando el incumplimiento de los mandatos establecidos en el
precedente judicial que se aplicaba a casos similares.
Asimismo, señaló que la autoridad judicial accionada no aplicó el precedente
contenido en la sentencia de unificación SU-228 de 2021 de la Corte Constitucional,
la cual establecía que “los operadores judiciales pudieron apartarse de las reglas
jurisprudenciales vigentes, sin embargo, les exigía para tal que, se deben referir al
balance judicial vigente, además de ofrecer un argumento suficiente y adecuado
para el abandono o inaplicación de la norma y, explicar que su propuesta desarrolla
de mejor manera los principios. Hecho que no ocurrió en las providencias judiciales
tuteladas y por lo que le pedimos que sea objeto de análisis por su Despacho en
este escenario constitucional”.
Agregó que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y al
precedente judicial aplicable en la materia, no se acreditó de manera suficiente el
daño cuya indemnización se reclama, pues si bien el Tribunal Administrativo del
Cesar declaró electo al señor Omar Enrique Benjumea Ospino, lo cierto es que el
derecho subjetivo del candidato de acceder a dicha curul, y por ende a percibir los
salarios y demás emolumentos derivados del cargo, solo se consolidó con la
decisión judicial que declaró su elección y su posterior posesión. En consecuencia,
señaló que conforme a la doctrina establecida por el Consejo de Estado, antes de
tales actuaciones el candidato únicamente tenía una expectativa de acceso al cargo,
la cual no generaba un derecho adquirido susceptible de reparación por daños.
Respecto del defecto procedimental absoluto indicó que el Tribunal
Administrativo del Cesar desconoció el artículo 320 del Código General del Proceso,
y el artículo 229 de la Constitución Política, al establecer que “en el presente caso
se desconoce el artículo 229 constitucional y, en segunda instancia se tramitó el
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procedimiento al margen del artículo 320 del CGP, por cuanto que, quien acude a
la administración de justicia lo hace no sólo para provocar una decisión judicial, sino
para que la misma sea una resolución de fondo. En este asunto, al no estudiarse,
valorarse, ni reflexionar sobre el recurso de apelación interpuesto en debida forma
por el Consejo Nacional Electoral, se encuentra probada la violación ligera de
nuestro derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia. Lo
verdaderamente importante es la decisión de fondo, bien sea favorable o
desfavorable”.
Finalmente, concluyó que respecto al recurso de apelación presentado por las
partes, la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada solo se
pronunció respecto de las inquietudes elevadas por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, y no por las planteadas por el Consejo Nacional Electoral.
4. Trámite procesal
Por auto de 4 de junio de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar a la parte actora y a las autoridades judiciales accionadas –Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar y Tribunal Administrativo del Cesar.
Asimismo, al señor Omar Enrique Benjumea Ospino y a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, como terceros interesados en el resultado del proceso y se vinculó
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el
artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 75537 a 75542 del
6 de junio de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión2.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar
El titular del despacho rindió informe en el que indicó que el 30 de enero de 2019 le
correspondió por reparto el conocimiento del medio de control de reparación directa
promovido por el señor Omar Enrique Benjumea Ospino y otros contra la Nación –
Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil, tramitado bajo
el radicado no. 20001-33-33-008-2019-00029-00, y una vez surtidas las etapas
procesales correspondientes, el 3 de septiembre de 2021 profirió sentencia de
primera instancia, la cual fue notificada el 6 de septiembre del mismo año.
Agregó que la decisión de primera instancia fue recurrida por la parte demandante
como por las entidades demandadas, recursos que fueron concedidos mediante
proveído de 13 de octubre de 2017, y se remitió el expediente al Tribunal
Administrativo del Cesar, quien mediante sentencia de 3 de abril de 2025 modificó
parcialmente el ordinal 3° de la decisión recurrida.
Refirió que cada una de las actuaciones surtidas en el medio de control se realizaron
respetando los derechos y las garantías de las partes, con fundamento en el
principio de legalidad. Igualmente, aclaró que las decisiones cuestionadas fueron
debidamente motivadas de conformidad con la normativa aplicable y realizando un
análisis y ponderación de todos los medios de prueba incorporados al proceso.
Finalmente, solicitó que se niegue el amparo solicitado, toda vez que el Juzgado no
incurrió en ninguna vulneración de los derechos fundamentales alegados por la
entidad accionante, y resaltó que “la parte accionante reprocha de manera enfática
el desconocimiento de precedentes judiciales, los cuales, dado el caso revistan tal
2 Índice 7 de Samai.
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connotación, fueron decisiones adoptadas por el Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, con posterioridad a la decisión adoptada por esta célula judicial”.
5.2. Respuesta del Tribunal Administrativo del Cesar
La magistrada ponente rindió informe en el que indicó que la sentencia de 3 de abril
de 2025 confirmó parcialmente la decisión de primera instancia de 3 de septiembre
de 2021 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, “modificando el numeral tercero de su parte resolutiva para reconocer
los perjuicios morales a favor del señor CARLOS MARIO BENJUMEA OSPINO, en
un monto equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes y
se confirmará en los demás numerales. (…)”.
Refirió que el Consejo Nacional Electoral presentó acción de tutela al considerar
que se vulneró su debido proceso, porque el Tribunal omitió pronunciarse sobre el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, no
obstante, señaló que no existió vulneración alguna de los derechos fundamentales
alegados, toda vez que la decisión cuestionada se pronunció sobre todos los puntos
señalados por las partes en las apelaciones presentadas.
Finalmente, afirmó que la finalidad de la entidad accionante es convertir la acción
de tutela en una instancia adicional al proceso ordinario.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada en el fallo de 3 de abril de
2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar que modificó parcialmente
el ordinal 3° de la decisión de 3 de septiembre de 2021 proferida por el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar, en el medio de reparación directa
no. 20001-33-33-008-2019-00029-01 incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales de la entidad accionante al configurarse un desconocimiento del
precedente judicial y el defecto procedimental absoluto.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones3.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
3 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
5
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
6
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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4. Estudio y solución del caso concreto
El Consejo Nacional Electoral, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Valledupar por la supuesta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia con la sentencia de 3 de abril de 2025, que modificó parcialmente el ordinal
tercero de la decisión de primera instancia de 3 de septiembre de 2021, en el medio
de reparación directa no. 20001-33-33-008-2019-00029-01, al considerar que
configuraron los defectos por desconocimiento del precedente judicial y
procedimental absoluto.
La entidad accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Cesar en la
sentencia cuestionada incurrió en un desconocimiento del precedente judicial, al
desconocer las sentencias de 20 de junio de 2023 (radicado no. 25000-23-36-000-
2015-01917-02) y de 28 de octubre de 2024 (radicado no. 25000-23-36-000-2016-
02228-01) proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en las que se
establecieron “reglas innegociables para decidir asuntos litigiosos en materia de
reparación directa, cuando su origen obedezcan a una sentencia de anulación de
contenido electoral, en lo que respecta a la acreditación del daño”. Y en relación con
el defecto procedimental absoluto sostuvo que se vulneraron los artículos 320 del
Código General del Proceso y 229 de la Constitución Política, al no estudiar de fondo
el recurso de apelación presentado por la entidad contra la decisión de primera
instancia.
De conformidad con las actuaciones que reposan en el expediente que contiene las
actuaciones del medio de control de reparación directa con radicado no. 20001-33-
33-008-2019-00029-01, la Sala destaca que el 30 de enero de 2019, los señores
Omar Enrique Benjumea Ospino, María Fernanda Sánchez Trujillo, Ana Rosa
Ospino de Benjumea, Alejandra Camila Benjumea Mejía, Carlos Mario, Diulis
Mercedes y Emérito Benjumea Ospino, actuando a través de apoderado judicial,
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la Nación – Consejo Nacional Electoral – Registraduría Nacional del Estado Civil,
con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsables a las
entidades demandadas por los perjuicios derivados por su actuar irregular en el
proceso de escrutinio de las elecciones para diputados a la Asamblea
Departamental del Cesar para el periodo 2016-2019.
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Valledupar mediante sentencia de
3 de septiembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
y declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Registraduría
Nacional del Estado Civil – Consejo Nacional Electoral, por los perjuicios causados
al señor Omar Enrique Benjumea Ospino, derivados de la declaratoria de nulidad
electoral de los actos administrativos emitidos por esas entidades, dentro del
proceso electoral para elegir diputados a la Asamblea Departamental del Cesar para
el período constitucional 2016-2019. Y ordenó el pago de perjuicios morales y
materiales, al considerar que se encontró acreditada la existencia del daño
antijurídico reclamado, así como el nexo causal consistente en el incumplimiento de
las funciones administrativas que le asistía a las entidades demandadas respecto
de la obligación de organizar, vigilar e inspeccionar el correcto desarrollo de las
elecciones.
Contra la anterior decisión, el señor Omar Enrique Benjumea Ospino, la Nación –
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil presentaron
recurso de apelación. El señor Omar Enrique Benjumea Ospino solicitó que se
revocaran los ordinales cuarto y quinto de la decisión, y consideró que en cuanto a
la determinación de negar los perjuicios morales respecto del señor Carlos Mario
Benjumea Ospino, agregó que su registro civil de nacimiento fue aportado de
manera física como anexo de la demanda.
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Demandante: Consejo Nacional Electoral
La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se revocara la decisión de
primera instancia, bajo el argumento de que el actor no había justificado los daños
causados por la entidad con ocasión de las irregularidades presentadas en el
proceso de escrutinio respecto de las elecciones para diputados a la Asamblea
departamental del Cesar para el periodo 2016-2019.
El Consejo Nacional Electoral solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia, con fundamento en lo siguiente:
“En este orden de ideas, para aterrizar al caso que nos ocupa, no le asiste la razón al
señor Juez al manifestar que, por parte del Consejo Nacional Electoral hubo una falla
en el servicio, por la alteración fraudulenta de la información consignada en los
formularios E-24 que favoreció la elección del candidato MANUEL GUILLERMO MEJIA
PALLARES y no declaró electo al demandante señor OMAR ENRIQUE BENJUMEA
como diputado del Departamento de Cesar, en razón a que el CNE no participa en la
consignación de los resultados que se ven reflejados en los E-14 y los E-24,
entonces, no tiene responsabilidad alguna en las inconsistencias o falsedades
encontradas al interior de este procedimiento que conllevó a la declaratoria parcial del
acto de elección de los Diputados de la Asamblea Departamental del Departamento
Cesar. Tampoco, el A quo, tuvo cuenta que ésta es una función que la Ley le atribuye
a las comisiones escrutadoras distritales y municipales, para el caso, estuvo en cabeza
de la comisión escrutadora municipal, las cuales son elegidas por los Tribunales
Superiores de Distrito judicial como lo establece el artículo 157 del decreto citado y no
por el CNE.
De igual manera el a quo, incide en error al señalar que es competencia del Consejo
Nacional Electoral, hacer los escrutinios municipales y distritales que son los que
contienen la información que se refleja en los formularios E-14 y E-24, como se ha
venido exponiendo en el presente escrito de descargos esta función está a cargo de las
comisiones escrutadoras municipales y distritales, además declarar las elecciones
departamentales, municipales y locales.
De lo anterior se puede inferir que, la Corporación no tiene participación alguna en la
realización de los escrutinios municipales, porque su competencia en cuanto al proceso
de escrutinios se refiere no es otra que, hacer los escrutinios a nivel general nacional,
por medio de los delegados que son nominados por el Consejo Nacional Electoral. No
obstante, esta Corporación no tiene incidencia en la toma de decisiones de los
Delegados Departamentales, menos aún el CNE tiene porque advertir a estos
funcionarios sobre el resultado de los escrutinios, pues, como se ha venido expresando,
los delegados que designa el Consejo Nacional Electoral, tienen atribuidas funciones
propias y no podemos intervenir en ellas y esta Corporación electoral pierde su
competencia una vez éstos los delegados declaran la elección correspondiente”.
El Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto de 9 de diciembre de 2021
admitió las apelaciones presentadas por las litis, y por medio de sentencia de 3 de
abril de 2025, modificó parcialmente el ordinal tercero de la decisión de primera
instancia, con sustento en lo siguiente:
“(...) La entidad demandada, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL solicitó que se
revoque la decisión de primera instancia y reiteró que no se le puede atribuir
responsabilidad a la entidad por cuanto no tuvo participación, ni injerencia alguna en la
anotación de los resultados que se ven reflejados en los formularios E-14 y los E-24,
como consecuencia de la elección de Diputados de la Asamblea departamental del
Cesar, periodo constitucional 2016-2019.
Expresó que si bien la entidad tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control de la
organización electoral, no interfiere en las decisiones que adoptan los delegados
departamentales quienes ejercen funciones autónomas e independientes.
(...)
En estas condiciones, luego del análisis del marco normativo relacionado con la
competencia y funciones de las accionadas respecto al procedimiento electoral, así
como los hechos probados ya referidos, para la Sala es evidente la falla en el servicio
de las entidades demandadas, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, ya que al ser las autoridades que integran la
organización electoral, tenían a su cargo la vigilancia del proceso electoral que se
desarrolló el 25 de octubre de 2015 para elegir a los diputados de la Asamblea del
Departamento del Cesar; por lo que, al haberse acreditado la ocurrencia de las
anomalías expuestas en la sentencia de nulidad electoral y que tales irregularidades
incidieron en forma determinante en el orden electoral que inicialmente se declaró, se
constituyen en una omisión que deja ver el incumplimiento de sus deberes y, por tanto,
que la contienda electoral se adelantó sin respetar la voluntad del elector al declararse
diputado a quien no alcanzó tal derecho, por lo que el señor BENJUMEA OSPINO, el
verdadero titular, acudir a esta jurisdicción para lograr, como en efecto ocurrió, la
protección de su derechos a ser elegido en aras de proteger la democracia y los
derechos del elector.
Para la Sala es indiscutible que fue la omisión de las demandadas respecto de sus
funciones legales y constitucionales que derivó en la ocurrencia del daño antijurídico
sufrido por la parte demandante, concretizado en que se le negó al señor BENJUMEA
OSPINO la posibilidad de ser declarado como diputado electo de la Asamblea del
Departamento del Cesar desde su ocurrencia, esto es, una vez se produjo el cierre del
proceso administrativo electoral.
Contrario a lo señalado por la parte demandada, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, en sus recursos de apelación,
los hechos probados relacionados en precedencia son demostrativos de que su actuar,
en el proceso electoral para la elección de los diputados de la Asamblea del
Departamento del Cesar para el periodo 2016-2019, no se encuadró dentro del ámbito
de sus funciones y competencias, específicamente las de vigilancia, dirección,
organización e inspección de las elecciones; máxime cuando ambas entidades
profirieron los actos administrativos contentivos de las irregularidades que al final reveló
esta Corporación como suficientes para despojar de legalidad decisiones relacionadas
con los escrutinios de las elecciones del 25 de octubre de 2015; además, cuando uno
de los miembros que interviene como secretario en la comisión escrutadora hace parte
de su circunscripción electoral, como es el caso del Registrador Municipal y Especial y
los Registradores Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil”.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala observa que contrario a lo señalado en el
escrito de tutela, el juez ordinario de la reparación directa resolvió el recurso de
apelación que presentó el Consejo Nacional Electoral. De ahí que no le asiste razón
a la entidad demandante, en cuanto a su inconformidad de “falta de resolución de
fondo del recurso”.
En efecto, el juez ordinario concluyó que se encontraba acreditado el daño
antijurídico como presupuesto esencial de la responsabilidad del Estado, y atribuyó
su causación a las entidades demandadas por falla en el servicio, en tanto eran las
responsables de dirigir el proceso electoral y profirieron actos posteriormente
declarados nulos por esta jurisdicción, circunstancia que permitió que una persona
distinta al señor Benjumea Ospino tomara posesión y ejerciera el cargo de diputado,
vulnerando así su derecho político.
Precisado lo anterior, la Sala observa que los argumentos expuestos por la parte
actora en la solicitud de amparo constitucional realmente tienen como propósito dar
continuidad a la discusión relativa a la responsabilidad extracontractual del Estado
que fue resuelta con suficiencia, en dos instancias, por el juez natural y
especializado del asunto, razón por la cual el asunto no supera el presupuesto de
relevancia constitucional.
En ese sentido, entrar a resolver los cuestionamientos en los términos propuestos
por la parte demandante supondría darle continuidad a la misma discusión que fue
resuelta en el proceso de reparación de directa, pues la acción de tutela no puede
utilizarse como una tercera instancia para obtener un veredicto jurídico diverso o
para imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades judiciales.
El presupuesto de la relevancia constitucional se constituye en una guarda de los
principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y especialidad del juez natural. De allí
que las acciones de tutela que se encaminen a dar continuidad a la discusión
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litigiosa y de estricta legalidad que fue resuelta por el juez de la causa, como ocurre
en el presente caso, devienen improcedentes por continuación del debate.
Finalmente, la Sala advierte que la entidad accionante sostiene que la decisión
cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, al omitir la
aplicación de las sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 20 de junio de 2023 (radicado No. 25000-23-36-000-2015-01917-02) y el
28 de octubre de 2024 (radicado No. 25000-23-36-000-2016-02228-01). No
obstante, dicho argumento se plantea con el único propósito de reiterar su
pretensión de exoneración de responsabilidad que fue declarada en el proceso de
reparación directa, lo que aúna razones para concluir que se pretende utilizar la
acción de tutela como una tercera instancia, lo que desconoce el carácter especial
de este mecanismo y evidencia el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional exigido para su procedencia.
Así las cosas, se declarará improcedente la acción de tutela presentada por el
Consejo Nacional Electoral, por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Cesar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Valledupar.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el Consejo
Nacional Electoral, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Valledupar, por las razones expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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