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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03297-00

Fecha
2 de julio de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03297-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Emilse Elena Acuña Barcasnegras, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta, deberán dirigirlos, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin26. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03297-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

2 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

2 de julio de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03297-00
Demandante: Emilse Elena Acuña Barcasnegras
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda en el
marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que buscaba el
reconocimiento de una pensión de sobreviviente.

De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Emilse Elena Acuña
Barcasnegras en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 29 de mayo de 2025, Emilse Elena Acuña Barcasnegras, en nombre
propio, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, dignidad
humana y mínimo vital, con ocasión de la Sentencia de 6 de marzo de 2025,
proferida por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 05837-33-33-002-2019-00329-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“PRIMERA: Que sean AMPARADOS, los derechos fundamentales al Debido
Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, a la Igualdad, Dignidad
Humana y a un Mínimo Vital, y, en consecuencia;

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03297-00
Demandante: Emilse Elena Acuña Barcasnegras
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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SEGUNDA: Que se APLIQUEN los artículos 102, 256 y 269 de la Ley 1437 del 2011
y los artículos 114 y 115 de la Ley 1395 del 2010, dados los antecedentes
Constitucionales, Normativos, Jurisprudenciales, por las sustentaciones en la
presente acción constitucional.

TERCERA: Que se REVOQUE, la decisión tomada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA CUARTA DE ORALIDAD - MAGISTRADA
PONENTE: MARTHA CECILIA MADRID ROLDÁN.

CUARTA: Que consecuentemente con lo anterior, se ORDENE, dejar en firme la
Sentencia de Primera Instancia, proferida por el JUZGADO No. 2
ADMINISTRATIVO DE TURBO ANTIOQUIA.

QUINTA: Solicito se ordene que por la Secretaria General, se libren las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 23 de agosto de 1991, Emilse Elena Acuña Barcasnegras contrajo
matrimonio con Javier de Jesús Díaz Iglesias2.

5. 2) El 14 de octubre de 1991, el señor Díaz Iglesias ingresó a la Policía
Nacional, donde permaneció hasta el 4 de enero de 2005, por retiro
voluntario3, para un total de 13 años, 4 meses y 29 días de servicio.

6. 3) Posterior a su retiro, el 23 de enero de 2005 Javier de Jesús Díaz
Iglesias murió4.

7. 4) El 11 de enero de 2019, Emilse Elena Acuña Barcasnegras radicó
una solicitud de reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente ante
la Dirección General de la Policía Nacional de acuerdo con lo previsto en el
artículo 119 del Decreto 97 de 1989. Dicha solicitud fue negada mediante
Oficio No. S-2019-006501 /ARPRE - GRUPE - 1.10 de 18 de febrero de 2019, en
el cual se le indicó que el señor Díaz Iglesias no tenía vínculo laboral vigente
con la Policía Nacional al momento de su muerte, requisito indispensable
para el reconocimiento y pago de dicha prestación de acuerdo con lo
previsto en el artículo 121 del Decreto 1213 de 1990.

8. 5) El 1 de marzo de 2023, Emilse Elena Acuña Barcasnegras presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional, con el objetivo de que se declarara la nulidad del Oficio No. S-
2019-006501 /ARPRE - GRUPE - 1.10 de 18 de febrero de 2019 y, en

2 Como consta en el registro civil de matrimonio No. 3506663.
3 Hoja de vida de servicios No. 85462604 4 de diciembre de 2018 proferida por el Grupo de Información y Consulta

SEGEN de la Policía Nacional.
Resolución No. 3443 de 31 de diciembre de 2004.
4 Como consta en el registro civil de defunción No. A1961670.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03297-00
Demandante: Emilse Elena Acuña Barcasnegras
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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consecuencia, se le reconociera a su favor una pensión de sobreviviente en
virtud de la Ley 100 de 1993.

9. Además, expuso que debía aplicarse el principio de favorabilidad,
pues, si bien, al momento de la muerte el señor Díaz Iglesias no estaba
vinculado a la Policía Nacional, había cumplido el tiempo de servicio
requerido para acceder a la prestación solicitada, por lo que no hacerlo
desconocía los artículos 13, 53 y 13 de la Constitución Política. A su vez,
señaló que los Decretos 2853 de 1991, 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990, 133 y
1091 de 1995, 1794 de 2000, 4433 de 2004 y la Ley 923 de 2004, junto con las
demás normas del régimen especial o exceptuado de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional, vulneraban el debido proceso, así como el “principio
de la unidad de materia”.

10. 6) Mediante Sentencia de 7 de diciembre de 2022, el Juzgado 2
Administrativo de Turbo 1) declaró probada, de oficio, la excepción de
prescripción respecto de las mesadas pensionales causadas entre el 4 de
enero de 2005 y el 11 de enero de 2016, así como, 2) la nulidad del Oficio
No. S-2019-006501 /ARPRE - GRUPE - 1.10 de 18 de febrero de 2019 y, en
consecuencia 3) condenó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional a pagar, de forma vitalicia, a la señora Acuña
Barcasnegras, por su condición de esposa del causante Javier de Jesús Díaz
Iglesias, así como a los hijos "con derecho", una pensión de sobreviviente.

11. Expuso que la señora Acuña Barcasnegras tenía derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, pues, el derecho
adquirido para obtener el reconocimiento y pago de esta prestación en
nada se relacionaba con el hecho de que el causante hubiera muerto sin
estar vinculado a la Policía Nacional y, en esa medida, explicó que se
cumplieron las condiciones previstas en el artículo 475 y el numeral 2 del
artículo 466 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
Aunado a ello, aclaró que no debía aplicarse el régimen especial de
pensiones, porque sería menos favorable y, a su juicio, era el régimen
general el que debía aplicarse.

5 ARTÍCULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a)

En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
6 ARTÍCULO 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de

sobrevivientes:
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los
siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al
momento de la muerte;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del
año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03297-00
Demandante: Emilse Elena Acuña Barcasnegras
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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12. Por esta razón, declaró que Emilse Elena Acuña Barcasnegras era
beneficiaria de un 50% de la pensión de sobreviviente, en su condición de
esposa del fallecido, y el 50% restante correspondía a los hijos menores o los
que fueran mayores de edad y eventualmente demostraran ser estudiantes
activos.

13. 7) El 16 de diciembre de 2022, la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional presentó recurso de apelación en contra de la
anterior decisión. Manifestó que las normas vigentes al momento de la
muerte de Javier de Jesús Díaz Iglesias eran la Ley 923 de 2004 y los Decretos
1213 de 1990 y 4433 de 2004. Citó el artículo 29 de este último para indicar
que en aquel se dispuso que, si los beneficiarios de un agente de la Policía
Nacional pretendían el acceso a una pensión de sobreviviente, el causante
debía estar en servicio activo, condición que no se cumplió en el caso
concreto, ya que el señor Díaz Iglesias fue retirado de la institución 19 días
antes de su muerte.

14. El 12 de enero de 2023, Emilse Elena Acuña Barcasnegras también
presentó escrito de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, en el que solicitó el reconocimiento y pago de perjuicios morales
derivados de la expedición del Oficio No. S-2019-006501 /ARPRE - GRUPE -
1.10 de 18 de febrero de 2019, mediante el cual se le negó el reconocimiento
de una pensión de sobreviviente y se le privó de un ingreso económico, pese
a tener derecho a dicha prestación.

15. 8) El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante Sentencia de 6 de
marzo de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó
las pretensiones. Como argumento de su decisión indicó que, conforme con
la normativa vigente al momento de la muerte del causante7, no podía
reconocérsele la pensión de sobreviviente solicitada porque aquella estaba
condicionada a que el causante estuviera vinculado a la Policía Nacional,
dado que era “la naturaleza y el tipo de vinculación que ostentaba el mismo
con dicha institución lo que provoca el surgimiento del derecho
prestacional”.

16. En consecuencia, indicó que no era posible ordenar a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional el reconocimiento pensional, pues,
en las normas especiales que regulan la pensión de sobreviviente en estos
escenarios, se parte del supuesto de que el causante se encuentre en
servicio activo. Aunado a ello, aclaró que no era dable aplicar la Ley 100 de
1993 para el caso concreto, como lo argumentó el juez de primera instancia,
ya que el causante no estaba vinculado al sistema general de pensiones,
pues en el expediente no obrara prueba siquiera precaria sobre su afiliación

7 Ley 923 de 2004, Decretos 1213 de 1990, 1091 de 1995 y, 4433 de 2004.

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Demandante: Emilse Elena Acuña Barcasnegras
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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al mismo, lo cual impedía realizar un análisis de aplicación normativa acorde
con el principio de favorabilidad.

17. Como fundamento de la vulneración, la accionante indicó que la
autoridad judicial accionada incurrió en un desconocimiento del
precedente de otros tribunales8, así como de la Corte Constitucional9 y del
Consejo de Estado10, en las que se trataron casos que, a su juicio, eran
similares, sin especificar cuáles aspectos fueron desconocidos en cada una
de las sentencias citadas, lo que afectó su derecho fundamental al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.

18. Agregó que se incurrió en un defecto fáctico y una vía de hecho al
no haber considerado que el causante estuvo vinculado a la Policía
Nacional durante más de 13 años y, en esa medida, cumplió los requisitos
exigidos por (se trascribe) “la Ley general para que sus beneficiarios
accedieran a una pensión de sobreviviente”. En consecuencia, desconoció
los artículos 48 y 53 de la Constitución Política y afectó sus derechos
fundamentales al mínimo vital y dignidad humana.

19. Explicó que, el Tribunal incidió en un error al aplicar los Decretos 1212
de 1990 y el 4433 de 2004, pues, a pesar de ser un régimen especial para
miembros de la Policía, no eran las normas que debían aplicarse al caso
concreto, bajo el principio de favorabilidad, pues, a su juicio, (se trascribe)
“al permitir la vigencia de estos regímenes especiales se perpetua un
tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de
trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector”, por lo que
alegó la trasgresión de su derecho fundamental a la igualdad.

20. Aunado a lo anterior, indicó que el caso concreto debía analizarse a
la luz de la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47, 48, y la Ley 797 de 2003, artículos
12 y 13, en lo atinente a los requisitos para obtener la pensión de
sobreviviente, así como también los requisitos del Decreto 758 de 1990,
artículos 6 y 25, y el Acuerdo No. 49 de 1990, artículos 6 y 9.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados11

8 Sentencia No. 52 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 24 de octubre del 2011 y la Sentencia de

10 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso No. 2011-0177.
Es preciso señalar que, no se lograron ubicar las sentencias enunciadas por imprecisiones en los radicados o incluso
la ausencia de estos.
9 Sentencia T - 893 de 2008, en la cual se estudió que el artículo 14 del Estatuto del Trabajo, y las Sentencias T-891

de 2011; T - 221 de 2006; T - 221 de 2006, T - 25 de 2004 y C - 556 de 1994.
10 Sentencia de 22 de febrero de 2001, “Honorable Consejo De Estado - Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo”. La Sala aclara que en el escrito de tutela no identificó el radicado del proceso dentro del cual se
profirió la sentencia que aquí referencia. Consejo de Estado, Sentencia de 9 de octubre de 2009, Rad. 11001-03-
25-000-2004-00092- 00-1017.
11 Mediante Auto de 4 de junio de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2) tener

como accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia y, (3) vincular al Juzgado 2 Administrativo de Turbo y a la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, como terceros interesados en el asunto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03297-00
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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21. El Juzgado 2 Administrativo de Turbo12 realizó un recuento de las
actuaciones surtidas durante la primera etapa del proceso ordinario y
explicó que no se había desplegado conducta alguna de la que se pudiera
predicar la vulneración a los derechos fundamentales indicados por la parte
actora, pues, a la señora Acuña Barcasnegras se le garantizó el acceso a
los recursos previstos por la ley, con el objetivo de que, a través de estos,
pusiera de presente las inconformidades o irregularidades en cada una de
las etapas del proceso. En esa medida, solicitó que se declarara
improcedente la presente solicitud de amparo y se le desvinculara de
aquella.

22. El Tribunal Administrativo de Antioquia13 explicó que la sentencia
enjuiciada no incurrió en una vía de hecho, así como tampoco en una
violación al precedente judicial, pues se ajustó a los hechos probados, la
normativa vigente y la jurisprudencia aplicable. Agregó que, en el caso
concreto, no existía un conflicto normativo que justificara la aplicación de
una norma más favorable y, en consecuencia, solicitó que se negara el
amparo solicitado.

23. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional14 puso de
presente que el proceso se desplegó con respaldo en la garantía
constitucional al debido proceso, acorde con lo previsto en la ley.

24. Manifestó que, según la normativa vigente, específicamente el
Decreto 1213 de 1990 y el Decreto 4433 de 2004, para que alguien pudiera
ser beneficiario de una pensión de sobreviviente, el causante debía estar en
servicio activo al momento de su muerte. En esa medida, agregó que Javier
de Jesús Díaz Iglesias fue retirado de la institución y falleció 19 días después
de su retiro, por lo que no cumplía con los requisitos establecidos en el
régimen pensional especial de la Policía Nacional ni en el régimen general
de pensiones. Aunado a ello, solicitó que se declarara improcedente la
solicitud de amparo, dado que la acción de tutela no constituía “un medio
de impugnación extraordinario”, así como tampoco se logró probar un
perjuicio irremediable.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

12 Índices 9 y 10 en el aplicativo SAMAI
13 Índice 12 en el aplicativo SAMAI
14 Índice 11 en el aplicativo SAMAI

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Decisión: Declara improcedencia
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25. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

26. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional15.

27. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental16.

28. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto17; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario18; y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad19.

29. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202320,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2)

15 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
16 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
17 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
18 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
19 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
20 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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Decisión: Declara improcedencia
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perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

30. Bajo este entendido, la Sala considera que, pese a que la parte actora
hizo referencia a que existía una vulneración de sus garantías
constitucionales al mínimo vital, acceso a la administración de justicia,
igualdad y, dignidad humana, debe señalarse que no se logró advertir, de
manera ostensible, la configuración de una situación que permitiera
entender que la parte actora es un sujeto de especial protección
constitucional, en la medida en que, no aportó elementos suficientes de
convicción para respaldar esta tesis21. En consecuencia, tal argumento no
resulta suficiente para explicar por qué esta controversia tiene una marcada
trascendencia constitucional que amerite la intervención del juez de tutela.

31. Adicionalmente, la Sala observó que lo pretendido fue revivir un
debate propio del juez natural sobre una situación definida y consolidada.
Así, buscó que, a través de la acción de tutela, como una instancia
adicional, se estudiaran nuevamente aspectos como el reconocimiento y
pago de una pensión de sobrevivientes bajo la Ley 100 de 1993, en atención
a su pretensión de aplicación del principio de favorabilidad, bajo el defecto
sustantivo y la vía de hecho aquí invocadas.

32. La Sala evidenció que la parte actora reiteró los mismos argumentos
que expuso en el proceso ordinario, concretamente, en la demanda22. Es

21 Corte Constitucional, Sentencia SU-62 de 2023.

22 (…) el tratamiento diferenciado, lejos de ser discriminatorio favorece a los trabajadores que cobija, pero si se

determina que al permitir la vigencia de estos REGIMENES ESPECIALES SI PERPETUA UN TRATAMIENTO INEQUITATIVO
Y MENOS FAVORABLE PARA UN GRUPO DETERMINADO DE TRABAJADORES, FRENTE AL QUE SE OTORGA A LA
GENERALIDAD DEL SECTOR Y QUE EL TRATAMIENTO DISPAR NO ES RAZONABLE, SE CONFIGURARIA UN TRATO
DISCRIMINATORIO EN ABIERTA CONTRADICCION DEL ARTICULO 13 DE LA C.N. Misma consideración a aplicarse es
la LEY 100 DE 1993, en sus ARTICULOS 46, 47, 48, y LEY 797 DE ENERO 29 DEL 2003 en sus Artículos 12, 13 el cual reformó
el artículo 46 de la ley 100 de 1993 en lo concerniente a los requisitos para obtener la pensión de Sobrevivientes,
artículos 35, 46, 47, 48, 288; así miso los artículos 48 y 53 de la C. N.
11. En el presente caso deben tenerse en cuenta únicamente los requisitos de la Ley 100 DE 1993, en sus ARTICULOS
46, 47, 48, y LEY 797 DE ENERO 29 DEL 2003 en sus artículos 12, 13 el cual reformo el artículo 46 de la ley 100 de 1993
en lo concerniente a los requisitos para obtener la pensión de Sobrevivientes, artículos 35, 46, 47, 48, 288; así mismo
los artículos 48 y 53 de la C. N.; legislación de carácter general, y no los de los contemplados en los Decretos 1212,
1213 de 1990, y 4433 del 2004, que a pesar de ser el régimen especial, le resulta adverse a la parte solicitante; y
que más adelante sustentare. 12. La entidad accionada está afectando el mínimo vital de ml poderdante ya que
esta depende de la SUSTITUCION MENSUAL DE PENSION DE SOBREVIVIENTE por cuanto no está dando
CUMPLIMIENTO al derecho prestacional que les asiste. 13. Al analizar la normatividad del Régimen Especial de la
Fuerza Pública, se encuentran las siguientes características: (…)
15. A la luz de las normas anteriores y en especial a la vigente en la fecha del fallecimiento del causante, se tiene
derecho a la pensión de sobreviviente, como fue citada anteriormente, los miembros del grupo familiar del afiliado
que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los requisitos contemplados en la (…) 100 de 1993(…).
16. No siendo materia de discusión por las partes involucradas en la controversia es que el causante estuvo
vinculado a la policía Nacional durante: TRECE (13) AÑOS, DOS (2) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS: es decir SEISCIENTAS
SETENTA Y NUEVE (679) SEMANAS, se hace claro que cumplió los requisitos exigidos por la Ley general para que sus
beneficiarios accedieran a una pensión de sobreviviente. (…) 17. Para determinar los requisitos por los cuales se
obtendrá pensión de sobreviviente, se debe aplicar por favorabilidad e igualdad Constitucional, lo establecido en
el artículo 12 de la Ley 797 del 2003, que reformó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto la norma más
favorable desde la fecha de fallecimiento del causante.
(…)
La entidad no tuvo en cuenta los principios Constitucionales al momento de negar el derecho que le asiste a mi
poderdante y aplicó de manera errónea los artículos 53 y 13 de la Carta Política, incurriendo en una injusticia al
excluir a un grupo de pensionados de un beneficio que se le otorga a la mayoría. Los regímenes pensionales
especiales, como los contemplados en el Decreto 1211, 1212, 1213, 1214 de 1990 y Decreto 4433 del 2004; deberían

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03297-00
Demandante: Emilse Elena Acuña Barcasnegras
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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preciso señalar que, si bien, la parte actora presentó recurso de apelación
contra la sentencia de primer grado del proceso ordinario, lo cierto es que
los reparos presentados en este no fueron objeto de discusión en la acción
de tutela23, en esa medida, se aclara que, si bien el recurso no guarda
relación con lo aquí discutido, la demanda sí guarda una estrecha relación
con el objeto del pleito que aquí se plantea, esto es, el reconocimiento a
favor de la señora Acuña Barcasnegras de una pensión de sobreviviente a
la luz de la Ley 100 de 1993, bajo el principio de favorabilidad.

33. En esa medida, se advierte que la parte buscó que, a través de la
acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir,
utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional. Debe
precisarse que tales argumentos fueron abordados y resueltos por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en los siguientes términos (se trascribe):

“(…) si lo pretendido por la parte actora es el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes por causa del tiempo de servicios prestado por el causante
en la Policía Nacional, es la naturaleza y el tipo de vinculación que ostentaba
el mismo con dicha institución lo que provoca el surgimiento del derecho
prestacional.

Para la Sala, en este caso no es posible derivar del demandado Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional-, algún tipo de responsabilidad en
materia de reconocimiento pensional en este caso, pues el mismo legislador
en las normas especiales que regulan la pensión de sobrevivientes en estos
escenarios, parte del supuesto que el causante se encuentre en servicio
activo, no sólo para los casos de muerte de agentes en simple actividad, sino
de aquellos que ingresaron al Nivel Ejecutivo de la entidad:

(…)

en el evento en que el causante, señor Javier de Jesús Díaz Iglesias se hubiera
encontrado activo al día de su deceso, ocurrido el 23 de enero de 2005, la
norma a aplicar para efectos del reconocimiento pensional lo sería el Decreto
1213 de 1990, que en su artículo 121 exige un tiempo de servicios de quince
(15) o más años. Sin que le sea aplicable lo dispuesto en el Decreto 4433 de
2004, pues el reconocimiento de la pensión corresponde a los beneficiarios de
un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo,
calidad que no ostentaba el causante (…).

(…) las normas que regulan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
para los miembros de la fuerza pública, como el causante, en su calidad de
Agente de la Policía Nacional, parten del supuesto en el cual aquél se
encuentra en servicio activo, no sólo cuando se menciona la exigencia de los
15 años de servicio, sino para el evento de un (1) año, para los que habían
ingresado al nivel ejecutivo, lo cual para la Sala resulta apenas lógico, pues
de la naturaleza de la vinculación surge para la entidad la responsabilidad de
cubrir el riesgo de la muerte, debido a que supone que esta ocurre durante la
prestación de los servicios a la institución. En este orden de ideas, a juicio de la

garantizar a los trabajadores amparados, una mayor protección y no un trato discriminatorio, en cuyo case es
necesario aplicar por lo menos la reglamentación general. (…).”
23 El recurso de orientó a obtener el reconocimiento de una indemnización por presuntos daños morales derivados

de haber negado el derecho a la pensión de sobreviviente mediante Oficio No. No. S-2019-006501 /ARPRE - GRUPE
• 1.10 de 18 de febrero de 2019 y lo aquí discutido es el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de
sobreviviente.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03297-00
Demandante: Emilse Elena Acuña Barcasnegras
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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Sala el señor Javier de Jesús Díaz Iglesias no causó el derecho a la pensión que
reclama la parte demandante, ni si quiera bajo los postulados del régimen
general de pensiones, pues no obra prueba sobre que en los 19 días que
estuvo desvinculado de la Policía Nacional luego del retiro de su servicio,
hubiera estado adscrito a dicho sistema. Obsérvese que incluso, en el régimen
general de pensiones, a efectos de reconocer pensión de sobrevivientes a los
beneficiarios respectivos, el artículo 46 hace referencia a los pensionados o
afiliados al sistema, a fin de proceder con el reconocimiento pensional,
exigiendo para el efecto cincuenta (50) semanas de cotización dentro de los
tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, bajo las
modificaciones de la Ley 797 de 2003, aplicables al causante (…)

Si bien podría considerarse que, por el tiempo de servicios prestados por el
causante, se abriría paso a aplicar lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, por
principio de favorabilidad, para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes pretendida, lo cierto es que, en el plenario no existe norma
aplicable, pues dicho principio supone la existencia de dos normas vigentes,
susceptibles de emplearse en el caso concreto

(...) Para el caso del causante, no es plausible aplicar el régimen especial de
la Policía Nacional para los efectos pretendidos, pues al momento de su
muerte había sido retirado de la institución, y su aplicación cesó con el retiro;
por su parte, no es procedente aplicar la Ley 100 de 1993, en tanto el causante
no estaba vinculado al sistema general de pensiones.

(…) los derechos pensionales que se pretenden obtener en este caso,
encuentran su fuente en la vinculación a un sistema, bien sea el especial o
exceptuado de la Fuerza Pública, o el general establecido en la legislación
citada. Al no encontrarse el causante vinculado a la entidad demandada, ni
obrar prueba sobre su afiliación al sistema general de seguridad social, éste
no transmitió el derecho a sus beneficiarios, en este caso a su cónyuge, pues
para el momento de su fallecimiento ya no hacía parte de la Policía Nacional,
en virtud del retiro que se dispuso mediante la mencionada Resolución No.
03443 del 31 de diciembre de 2004 (Fl. 68), lo cual impide endilgar
responsabilidad en el demandado para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.

Esta posición asumida de forma mayoritaria por la Sala de Decisión, respecto
del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a partir de la naturaleza
de la vinculación laboral del causante, viene siendo defendida y desarrollada
desde la Sentencia del veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
proferida dentro del proceso bajo el radicado No. 05837 33 33 002 2019 00345
01, en la cual se analizó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes
en favor de la madre de un soldado conscripto del Ejército Nacional, fallecido
después de haber finalizado el tiempo legal establecido para la prestación del
servicio militar obligatorio (…)

Obsérvese que, desde la jurisprudencia se parte del mismo supuesto para
abordar el análisis pensional en estos eventos, en el que se califica la muerte
del causante en simple actividad, lo cual implica que dicha contingencia
ocurre mientras está vinculado a la institución, sin que sea plausible entonces
el reconocimiento cuando el deceso ocurre por fuera de la cobertura de la
vinculación. Por lo expuesto, para la Sala en este caso no hay lugar a aplicar
el principio de favorabilidad a fin de reconocer en favor de la actora la
pensión de sobrevivientes pretendida, pues el causante a su deceso no se
encontraba vinculado ni al régimen especial de las fuerzas militares, ni al
general regulado en la Ley 100 de 1993, por lo cual no causó el derecho
pretendido en este caso, dando lugar a la revocatoria de la sentencia de
primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Se
precisa entonces, que la negativa de las pretensiones cierra el debate

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03297-00
Demandante: Emilse Elena Acuña Barcasnegras
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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planteado por la demandante en el recurso de apelación, respecto del
reconocimiento de los perjuicios morales pretendidos.”

34. Aunado a lo expuesto, la Sala también debe destacar que el asunto
objeto de la acción de tutela tiene un carácter legal, ya que la
demandante puso de presente su inconformidad con la interpretación
realizada por la autoridad judicial, respecto de las disposiciones legales en
que se sustentó la decisión, específicamente los Decretos 1213 de 1990 y
4433 de 2004, observados por el Tribunal Administrativo de Antioquia para
efectos de determinar si era dable reconocer, o no, la pensión de
sobreviviente.

35. En relación con el desconocimiento del precedente, la Sala considera
que este reparo tampoco superó el requisito de relevancia constitucional,
toda vez la parte actora no cumplió con la carga argumentativa necesaria
para determinar los motivos por los cuáles, el aspecto bajo estudio tenía
trascendencia constitucional y ameritaba la intervención del juez de tutela,
pues, no cumplió con la carga mínima necesaria que permitiera inferir, de
manera clara y suficiente, las razones por las cuales consideró que la
autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, en tanto
no identificó cuáles eran las reglas fijadas en los precedentes citados que
no fueron observadas por el tribunal, en esa medida, lo que se logró advertir
es que, si bien alegó que con la decisión atacada se trasgredieron sus
derechos fundamentales, lo cierto es que, se limitó a reiterar los que se
debatió y resolvió en el proceso ordinario.

36. Es más, se evidenció que el Tribunal Administrativo de Antioquia, al
momento de evaluar si la aquí accionante tenía, o no, derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, realizó un análisis
jurisprudencial con base en diferentes sentencias24, a partir del cual,
estableció que el demandante no tenía derecho al reconocimiento y pago
de dicha prestación.

37. Con lo anterior, el demandante pretende darle el cariz de vicio o
defecto a dicha situación, pero es evidente que los fundamentos que
soportan la interposición de la acción de tutela son una reproducción de los
argumentos que fueron planteados en la demanda, los cuales se dirigieron
de manera exclusiva a reabrir un debate que fue estudiado y resuelto al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

24 Entre ellas, sobre el principio de continuidad en el servicio de salud, Sentencias T-531 de 2012 y T-017 de 2021 de

la Corte Constitucional.
Tribunal Administrativo de Antioquia. Sala Cuarta de Decisión. Sentencia de 23 de agosto de 2023. Rad. No. 05837-
33-33-002-2019-00345-01.
Subsección B de la Sección Segunda, Consejo de Estado, Sentencia de 5 de julio de 2012. Rad. No. 76001-23-31-
000-2008-00151-01(2006-09).

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03297-00
Demandante: Emilse Elena Acuña Barcasnegras
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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38. En esa medida, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional25.

2.2. Conclusión

39. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Emilse Elena Acuña Barcasnegras, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta, deberán dirigirlos, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin26.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

25 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
26 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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