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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03303-00

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-03303-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Homero Francisco Pimienta Barros, quien actúa en nombre propio, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03303-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

3 de julio de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03303-00
Demandante: Homero Francisco Pimienta Barros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03303-00
Demandantes: HOMERO FRANCISCO PIMIENTA BARROS
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso disciplinario en el que
supuestamente se surtió la notificación de la sentencia sin firma de los
magistrados. Defecto procedimental

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Homero Francisco Barros, quien actúa en nombre propio,
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 30 de mayo de 2025, el accionante interpuso acción de tutela en la que solicitó al
juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y a la defensa y contradicción, así como al principio de legalidad, supuestamente
vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela formuló las siguientes:

“PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso del señor Homero
Francisco Pimienta Barros.

SEGUNDO: Declarar que el fallo disciplinario proferido el 30 de abril de 2025 en su
contra, dentro del expediente con numero de radicado 080011102000201901302-01, es
inexistente por carecer de las firmas de los magistrados, según lo ordena el artículo 105
del CGP.

TERCERO: Suspender de manera inmediata los efectos del fallo cuestionado mientras
se resuelve esta acción, como medida provisional para evitar perjuicios irreparables”.

2. Hechos

De conformidad con la situación fáctica narrada en la sentencia disciplinaria de 30
de abril de 2025, se observa que el asunto en cuestión tuvo como origen la queja
presentada por el señor Armando Enrique Licona contra el abogado Homero
Francisco Pimienta Barros, debido a que la señora Teresa de Jesús Licona contrató
sus servicios para que la representara en un proceso disciplinario que se había
iniciado en su contra ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Barranquilla. Lo anterior, teniendo en consideración que tras haber transcurrido 20
meses de haberle otorgado poder no había realizado alguna gestión profesional,

1
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Demandante: Homero Francisco Pimienta Barros

aun cuando le canceló la suma de cuatro millones de pesos por concepto de
honorarios.

El asunto fue asumido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico,
que mediante sentencia de 7 de diciembre de 2022 resolvió sancionar al señor
Homero Francisco Pimienta Barros con suspensión por tres meses en el ejercicio
de la profesión, por incurrir de manera dolosa en la falta descrita en el numeral 4º
del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Contra la anterior decisión el accionante interpuso recurso de apelación que fue
desatado por la Comisión Nacional de Disciplina judicial, quien en providencia de
30 de abril de 2025 resolvió confirmar la decisión sancionatoria.

El accionante mencionó que la decisión de 30 de abril de 2025 fue notificada sin
contar con las firmas de todos los magistrados que integran la Sala, ni con la
constancia justificativa de dicha omisión.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante señaló que la falta de firmas vulnera su derecho fundamental al
debido proceso y constituye una “irregularidad sustancial que vicia de nulidad o
inexistencia el acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
1564 de 2012”.

Indicó que la inexistencia de la firma no puede ser subsanada por vía de
interpretación o suposición, ya que afecta la validez formal del acto disciplinario, por
lo que la decisión de 30 de abril de 2025 carece de la misma.

Hizo mención del artículo 29 de la Constitución Política y a la sentencia proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la acción de tutela con radicado
n.º 11001-03-25-000-2020-00245-00, así como a las sentencias T-276 de 2023 y
SU-913 de 2010.

4. Trámite procesal

Por auto de 4 de junio de 2025, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar al demandante y a la autoridad accionada -Comisión Nacional de
Disciplina Judicial-.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
76191, 76193 de 6 de junio y 77300 de 9 de junio de 2025, con el fin de dar
cumplimiento a la referida decisión1.

5. Oposición

Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La ponente de la decisión objetada rindió informe en el que mencionó que, si bien
contra la sentencia de 30 de abril de 2025 no procedía recurso alguno, el actor pudo
solicitar copia del fallo con la totalidad de las firmas, pues ello obedeció al trámite
secretarial propio de la corporación, al tenor de los artículos 3 y 4 de la Ley 1123 de
2007.

1
Índices 7, 8 y 11 de Samai.
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Solicitó que se niegue el amparo solicitado por considerar que no se cumplen con
los defectos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, que además no fueron mencionados por el accionante.

Refirió que la notificación de una sentencia solo con la firma de la ponente no
comporta ningún defecto procedimental, en virtud de lo expuesto en el artículo 56
de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 23 de la Ley 2430 de 2024, que
dispone, entre otras cosas “[E]l reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de
la Corte Constitucional, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo de
Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y
firmadas las providencias...”.

Aludió que el reglamento interno de la corporación Acuerdo 31 de 5 de marzo de
2025 -por el cual se modificaron los Acuerdos 03 de 25 de enero de 2021 y 085 del
8 de agosto de 2022-, en su artículo 5 adicionó el artículo 20 del Acuerdo 03 así:
“PARÁGRAFO: las providencias aprobadas en sala podrán ser notificadas con la firma del
ponente”. Por lo que no existe ninguna vulneración al debido proceso, al remitir el
fallo únicamente con la firma del ponente, pues ello hace parte de las facultades
reglamentarias de la corporación.

Mencionó que el Consejo de Estado2 al resolver algunas acciones de tutela
promovidas contra las decisiones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por
la ausencia de firmas, ha considerado que ello no vulnera los derechos
fundamentales por ser un trámite secretarial que se encuentra soportado en el
reglamento interno de la corporación.

Para terminar, refirió que la notificación se surtió de un correo institucional en el que
se señaló en qué Sala y fecha fue aprobada la providencia, junto con el texto de la
sentencia. Sumado a que obra constancia de ejecutoria al interior del trámite
disciplinario y copia de la providencia con las firmas de todos los magistrados que
participaron en ella.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela presentada por el
accionante es procedente, de conformidad con los requisitos generales cuando se
cuestiona una providencia judicial y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial
demandada incurrió en defecto procedimental absoluto al notificar la sentencia de
30 de abril de 2025, sin la totalidad de firmas de los magistrados que integran la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de

2
Sentencias de 4 de noviembre de 2021, exp. 2021-06295-00; 27 de enero de 2022, exp. 2021-11147-00; 2 de
febrero de 2023, exp. 2022-05857-00; 28 de junio de 2024, exp. 2024-01900.
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tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión,
el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin

3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
4
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motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple el requisito de
relevancia constitucional, pues debe definirse si la autoridad judicial accionada con
la notificación de la sentencia de 30 de abril de 2025, por la cual confirmó la sanción
de suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión de abogado, sin la
totalidad de las firmas de los magistrados que integran la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, lo cual podría comprometer el alcance y goce del derecho
fundamental al debido proceso, a lo que se debe agregar que no se avizora que el
propósito de la parte actora sea dar continuidad a la discusión de estricta legalidad
que fue resuelta por el juez disciplinario.

En relación con los demás requisitos, la Sala observa que se encuentran
acreditados toda vez que (ii) la parte accionante no cuenta con otro medio de
defensa judicial, pues en el caso se agotó el recurso de apelación contra la
sentencia reprochada y la discusión que ahora propone el demandante tuvo lugar
con posterioridad a la expedición de la sentencia que confirmó la sanción
disciplinaria, es decir, no cuenta con otro medio de defensa judicial, (iii) se cumple
el requisito de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada
mediante correo electrónico enviado el 30 de abril de 2025 y la acción de tutela se
presentó el 30 de mayo del mismo año, esto es, a los diecinueve (19) días después,
dentro del término prudencial precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron
la supuesta vulneración de los derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige
contra un fallo de tutela.

13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
5
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4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto procedimental
alegado

El señor Homero Francisco Pimienta Barros acudió al mecanismo de protección
constitucional, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al
debido proceso, defensa y contradicción, así como al principio de legalidad,
supuestamente vulnerados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

De manera precisa, el accionante alegó que la decisión de 30 de abril de 2025, por
medio de la cual se confirmó la sentencia de 7 de diciembre de 2022 que resolvió
sancionarlo con la suspensión del ejercicio de la profesión por el término de tres
meses, por incurrir de manera dolosa en la falta descrita en el numeral 4º del artículo
35 de la Ley 1123 de 2007 incurrió en defecto procedimental al notificarse sin la
totalidad de firmas de los magistrados que integran la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial por lo que, a su juicio, tal actuación carece de validez formal, sin
que pueda ser subsanada por vía de interpretación o suposición, lo que encuentra
respaldo en el artículo 105 de la Ley 1564 de 2012.

En relación con el defecto procedimental la Corte Constitucional18 ha precisado
que tiene lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se
aparte de manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al
desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina
produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se ha
admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a un exceso
ritual manifiesto, a consecuencia del cual el juez resta o anula la efectividad de los
derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.

El defecto procedimental puede ser absoluto, que se configura cuando el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido para el
trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite totalmente ajeno
al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto ii) omite etapas
sustanciales del procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso. También por exceso ritual
manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a manera
de un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.

Lo primero que la Sala debe precisar y resaltar es que el demandante no cuestiona
per se la sanción disciplinaria impuesta por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, sino la supuesta indebida notificación de la sentencia que confirmó la
suspensión por tres meses en el ejercicio de la profesión como abogado.

De otra parte, de las pruebas documentales allegadas al trámite constitucional se
tiene que el asunto en cuestión tuvo como origen la queja presentada por el señor
Armando Enrique Licona contra el abogado Homero Francisco Pimienta Barros,
debido a que su hermana -la señora Teresa de Jesús Licona-, contrató sus servicios
para que la representara ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Barranquilla.

Lo anterior, teniendo en consideración que tras haber transcurridos 20 meses de
haberle otorgado poder no había realizado alguna gestión profesional, aun cuando
le canceló la suma de cuatro millones de pesos por concepto de honorarios.

18
Sentencia T-181 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterada en la sentencia T-401 de 2019, M.P.:
Cristina Pardo Schlesinger.
6
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Demandante: Homero Francisco Pimienta Barros

El proceso disciplinario fue adelantado por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Atlántico, que mediante sentencia de 7 de diciembre de 2022 resolvió
sancionar al señor Homero Francisco Pimienta Barros con suspensión por tres
meses en el ejercicio de la profesión por incurrir de manera dolosa en la falta
descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 200719. Contra esa
decisión el accionante interpuso recurso de apelación.

La Comisión Nacional de Disciplina judicial en sentencia de 30 de abril de 2025
resolvió confirmar la decisión que impuso la sanción de suspensión por tres meses
en el ejercicio de la profesión de abogado y negó la solicitud de prescripción
solicitada por el accionante. La anterior decisión fue notificada en la misma fecha,
por la Secretaría de la autoridad judicial accionada.

En relación con la presunta irregularidad procesal alegada por la parte actora, la
Sala encuentra que de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 003 de 2021
modificado por el Acuerdo 031 de 5 de marzo de 2025, “Las providencias aprobadas
en sala podrán ser notificadas con la firma del ponente” (negrillas por fuera del texto
original).

En esa medida, se observa que la decisión objeto de reproche fue discutida y
aprobada en Sala de 30 de abril de 2025 según el acta n.º 20 de la misma fecha, a
lo que se agrega que fue firmada por la magistrada ponente Magda Victoria Acosta
Walteros y por el secretario general William Moreno Moreno.

La anterior decisión fue notificada por medio de correo electrónico de 30 de abril de
2025, al correo informado por el actor, este es drhomeropimientalaboral@gmail.com, y
según la constancia de ejecutoria de la decisión reprochada se evidencia que tuvo
lugar el 6 de mayo de 2025.

Así las cosas, si bien el actor afirmó que la decisión objeto de reproche carece de
validez por haber sido notificada sin la firma de todos los integrantes de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, lo que a su juicio desconoce lo establecido en el
artículo 105 de la Ley 1564 de 2012, que señala que “[L]os funcionarios y empleados
judiciales deberán usar, en todos sus actos escritos, firma acompañada de antefirma.
Podrán usar firma electrónica, de conformidad con el reglamento que expida el Consejo
Superior de la Judicatura”, para la Sala ese acto de notificación se adelantó de
conformidad con lo previsto en el reglamento interno actualmente vigente de esa
Corporación Judicial20.

Ahora bien, en relación con el reproche del actor consistente en que la “irregularidad
sustancial [falta de firmas] que vicia de nulidad o inexistencia el acto”, la Sala precisa
que del expediente disciplinario allegado se constató que por medio de oficio
S.J_20384_JDSQ de 12 de junio de 2025, una vez se contó con la totalidad de
firmas de los magistrados, la sentencia objeto de reproche fue comunicada al
accionante a la dirección electrónica informada.

19
Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:
(…)
4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en
virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.
20
Sobre ese particular, el artículo 56 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, modificado por el artículo 22 de la Ley
2430 de 2024, en lo relativo a la firma y fecha de providencias y conceptos señala: “[E]l reglamento interno de
la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del
Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las
providencias, conceptos o dictámenes adoptados. Las sentencias podrán ser objeto de comunicado de prensa.
La sentencia tendrá la fecha en que se adopte. En todo caso la ejecutoria de la sentencia comenzará a contarse
a partir de la fecha de notificación”.
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Demandante: Homero Francisco Pimienta Barros

En este punto se precisa que si bien la Sala de la Sección Cuarta de esta
Corporación en sentencia de 13 de febrero de 2025 resolvió amparar el derecho
fundamental al debido proceso en un asunto con contornos fácticos similares, entre
otras cosas, por considerar que la falta de firma de todos los magistrados que
participaron en la decisión desconoció lo previsto en los artículos 279 y 288 del
Código General del Proceso, lo cierto es que en ese caso no se acreditó que la
decisión hubiere sido firmada por los magistrados y en todo caso, tampoco no se
encontraba vigente la disposición que habilitaba a la autoridad judicial accionada a
notificar la providencia con la firma del magistrado ponente, pues ello fue adicionado
hasta el 3 de marzo de 2025 por medio del Acuerdo 031, circunstancia que resulta
relevante para este caso concreto.

Por tanto, para la Sala la parte accionante no demostró que la autoridad judicial
accionada incurriera en el defecto procedimental alegado y, en consecuencia, que
la actuación objetada vulnerara los derechos fundamentales invocados.

Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida por el señor Homero Francisco Pimienta Barros.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

FALLA

Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Homero Francisco Pimienta Barros, quien actúa en nombre propio, contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Aclara voto

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03303-00
Demandante: Homero Francisco Pimienta Barros

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