Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03307-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03307-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03307-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03307-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. EL ACTOR NO ESTÁ
HABILITADO PARA PROMOVER LA ACCIÓN DE TUTELA EN NOMBRE PROPIO,
AL TENER LA CALIDAD DE APODERADO DE LAS DEMANDANTES DENTRO DEL
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA OBJETO DE
CUESTIONAMIENTO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER1
y su SECRETARÍA.
I.- ANTECEDENTES
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03307-00
Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN
I.1.- La solicitud
El señor GUILLERMO PULECIO BELTRÁN actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estima vulnerados por el TRUBUNAL y su
SECRETARÍA, al haber incurrido en una presunta mora judicial
injustificada, por cuanto no se ha dictado sentencia de segunda
instancia dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2015-00235-01.
I.2.- Hechos
Indicó que es apoderado de las señoras CARMEN SOFÍA TAMAYO
ORTIZ, EDITH PATRICIA, ELENID, ELENA y ELIANA ORTIZ
TAMAYO dentro del medio de control de reparación directa
promovido contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO- INPEC-2, el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER, la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y
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En adelante el Inpec.
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Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN
ALLIANZ SEGUROS S.A., con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de los perjuicios ocasionados por la muerte del señor PEDRO
JULIO ORTIZ PÉREZ (q.e.p.d.), mientras se encontraba detenido
en la cárcel modelo del municipio de Bucaramanga.
Aseguró que la demanda fue identificada con el número único de
radicación 2015-00235-00 y le correspondió por reparto en primera
instancia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BUCARAMANGA3 que, en sentencia de 10 de
octubre de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, declaró administrativamente
responsable al INPEC por los perjuicios ocasionados por la muerte
del señor ORTIZ PÉREZ (q.e.p.d.) y lo condenó a pagar a las
víctimas los perjuicios de orden moral.
Señaló que, inconforme con lo anterior, el INPEC interpuso recurso
de apelación ante el TRIBUNAL, el cual hasta la fecha de la
presentación de la acción de tutela no había proferido sentencia de
segunda instancia.
3
En adelante el Juzgado.
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I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que la autoridad judicial accionada ha incurrido en una
mora judicial injustificada, por cuanto ha transcurrido más de 7 años
y no ha proferido el fallo de segunda instancia.
Resaltó que promueve la acción de tutela con el propósito de lograr
que, la autoridad judicial realice las actuaciones que le corresponden
con plena observancia de las formas propias de cada juicio.
Aseguró que “[…] no se compadece con las víctimas que represento,
que a falta de resolverse un recurso luego de superado todo el
trámite procesal del asunto, estemos más de 6 años sin lograr la
materialización de justicia a que se tiene derecho, por lo que así
deberá ser declarado por el Juez Constitucional mediante fallo de la
presente acción […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Siendo la tutela un mecanismo eficaz, en el intento por
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lograr que las autoridades públicas realicen actuaciones dentro
del principio de legalidad y en plena observancia de las formas
propias de cada juicio, no está de menos en este caso, que el
señor JUEZ CONSTITUCIONAL en turno de resolver esta,
luego del juicioso análisis a la situación expuesta de manera
precedente, ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, en tiempo amable, que satisfaga la
OBLIGACION DE MATERIALIZAR LOS DERECHOS DE LAS
VICTIMAS en el proceso radicado 68001- 3333-001-2015-
0023501 consistentes en la OBTENCIÒN de PRONTA,
CUMPLIDA Y EFICAZ JUSTICIA como quiera de trascurrir más de
7 años a la espera de DECISION DE FONDO por falta de
RESOLVERSE UN RECURSO […]” (Negrilla pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL informó que el proceso objeto de
cuestionamiento le correspondió por reparto al despacho núm. 08 de
la Corporación, el cual entró en funcionamiento el pasado 23 de
septiembre de 2022.
Señaló que en virtud de la alta carga laboral y debido a la complejidad
de los asuntos remitidos por otros despachos judiciales, diseñó un
plan de descongestión para evacuar masivamente los procesos más
antiguos, por lo que desde la fecha de su apertura ha evacuado 353
de los 580 procesos catalogados como de mayor complejidad.
Finalmente, indicó que el expediente objeto de cuestionamiento se
encontraba en el turno núm. 20 dentro de los procesos radicados en
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el año 2015 y que en virtud de la presente acción de tutela se priorizó
su sustanciación, por lo que, resaltó que el proyecto de sentencia fue
incluido para su estudio en la sala que se realizará el 10 de julio de
2025, en el que será discutido por los magistrados que la integran.
I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés
directo, realizó un breve recuento de las actuaciones adelantadas
dentro del medio de control de reparación directa objeto de
cuestionamiento, indicando que el despacho judicial cumplió con
todas las etapas procesales, dio trámite a las peticiones formuladas
por las partes y garantizó su debido proceso.
Aseguró que en la actualidad el expediente se encuentra en el
TRIBUNAL surtiendo el recurso de apelación formulado contra la
sentencia de primera instancia.
I.5.3.- La PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., vinculada
en calidad de tercero con interés directo, señaló que las pretensiones
formuladas por el actor se dirigen inequívocamente contra el
TRIBUNAL, por lo que la entidad no tiene competencia para dar
alcance o satisfacer las peticiones invocadas por el actor en la acción
de tutela.
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Resaltó que la solicitud de amparo excede el ámbito de competencias
de la entidad, por lo que no está obligada a emitir una respuesta, ni
podría considerarse responsable de las conductas generadoras de la
presunta vulneración.
I.5.4.- El INPEC, vinculado en calidad de tercero con interés directo,
solicitó ser desvinculado de la presente acción de tutela, por cuanto
no es responsable de la conducta cuya omisión genera la presunta
vulneración.
Aseguró que la entidad no ha vulnerado, ni amenazado los derechos
fundamentales invocados por el actor, pues, a su juicio, la encargada
de dar solución a lo pretendido en la acción de tutela es el
TRIBUNAL, que es la entidad contra quien se dirige la solicitud de
amparo.
I.5.5.- El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER,
vinculado en calidad de tercero con interés directo, aseguró que no
cuenta con legitimación en la causa por pasiva, en tanto no tiene
incidencia, ni participación en las actuaciones judiciales adelantadas
por el TRIBUNAL.
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Solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional por no
configurarse los presupuestos de procedencia para ser considerado
responsable de las conductas endilgadas dentro del proceso
cuestionado.
I.5.6.- La sociedad HDI SEGUROS, la aseguradora ALLIANZ
SEGUROS S.A. y las señoras CARMEN SOFÍA TAMAYO ORTIZ,
EDITH PATRICIA, ELENID, ELENA y ELIANA ORTIZ TAMAYO,
vinculados en calidad de tercero con interés directo, pese a ser
notificados en debida forma del presente trámite, guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el INPEC, el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER, la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.,
solicitaron su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
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La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que el INPEC, el HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, la PREVISORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., fueron vinculados en calidad de
demandados dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2015-00235-01,
objeto de cuestionamiento, les asiste interés directo en las resultas
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del proceso constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala
denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, el actor promueve en nombre propio la acción
de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos
4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la autoridad
judicial accionada al haber incurrido en una presunta mora judicial
injustificada, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2015-00235-01, por
cuanto no ha proferido sentencia de segunda instancia.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la autoridad
judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por
el actor, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro
del medio de control aludido.
Antes de abordar los parámetros planteados en líneas anteriores, la
Sala examinará si el actor está legitimado en la causa por activa para
promover la acción de tutela de la referencia.
La legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
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podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 19915 preceptúa:
“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en
la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”.
De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de
tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,
caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,
además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está
en capacidad de ejercer su propia defensa.
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona6.
Ahora bien, conforme con las piezas procesales la Sala destaca que,
en principio, quienes verían afectado sus derechos con ocasión a la
presunta mora judicial dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 2015-00235-
01, serían las allí demandantes, esto es, las señoras CARMEN
SOFÍA TAMAYO ORTIZ, EDITH PATRICIA, ELENID, ELENA y
ELIANA ORTIZ TAMAYO.
Por lo tanto, el hecho de que el señor GUILLERMO PULECIO
BELTRÁN sea el apoderado judicial de las demandantes dentro del
medio de control de reparación directa, no lo habilita para que la
titularidad de los derechos en cabeza de estas le sean transferidos y
pueda presentar una acción de tutela buscando el amparo frente a
6
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
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sus representadas7. Adicionalmente, no consta en el expediente
prueba alguna que haya obrado como agente oficioso de aquellas8.
Lo anterior, guarda relación con lo expuesto por la Corte
Constitucional en sentencia T-697 de 22 de agosto de 20069, en la
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero
de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2015-01209-01, M.P. María
Elizabeth García González, sostuvo: “[…] En este orden de ideas, para la Sala no se cumple con
el requisito exigido en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, pues no está demostrada la
facultad de la actora para actuar en representación del señor Elkin Yohany Rincón Muñeton,
por cuanto no manifestó ni probó la calidad de agente oficioso y tampoco allegó el poder que
la facultara para promover la presente acción de tutela, en defensa de los derechos
fundamentales de aquél.
Se resalta que tampoco es admisible que la acción hubiese podido ser instaurada por la
actora a nombre propio, debido a que no es la titular de los derechos cuya protección
reclama, lo que significa, en términos del artículo 86 superior, que no es la persona afectada
en sus derechos y por ende, no es la llamada a reclamar por sí misma o por quien actúe en
su nombre -con la debida acreditación -la protección del mismo […]”. (Resaltado fuera de texto).
8
La Corte Constitucional en sentencia T-406 de 27 de junio de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo, indicó que en el caso de que se pretenda actuar bajo la figura de agente oficioso, la persona
debía cumplir unos requisitos, los cuales se echan de menos en la presente solicitud de amparo, en
efecto: “[…] de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha reseñado, la
señora Amparito Rodríguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que
cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que
de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para
interponer la acción de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del
proceso.
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de
tutela no se indicó que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compañero permanente.
[…]
Lo anterior da cuenta que el señor Torres, a pesar de encontrarse privado de la libertad, no ha visto
obstaculizado el ejercicio autónomo y directo de sus derechos, acudiendo a las acciones, recursos y
solicitudes puestos a su alcance. Además, no se aportó medio de convicción alguno que permitiera
establecer que en esta oportunidad se hallaba imposibilitado para acudir directamente ante el juez
constitucional, como tampoco existe ratificación de su parte respecto de la demanda de tutela
interpuesta por su compañera permanente.
En síntesis, considera la Sala que los requisitos para la configuración de la agencia oficiosa
no convergen en el asunto y, en esas circunstancias, la Corte no puede conocer el fondo de
la acción de tutela por ausencia de una de las exigencias legales establecidas para ello, como
es la legitimación por activa […]”. (Resaltado fuera de texto).
9
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, tal pronunciamiento corresponde a una posición reiterada de la
Corte Constitucional, que se ha manifestado en el mismo sentido, esto es, en sentencias T-314 de 1995.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-821 de 21 de octubre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-658 de
15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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que indicó sobre la imposibilidad que tiene el apoderado judicial para
alegar en vía de tutela como propios los derechos de su
representado. En dicha oportunidad señaló:
“[…] En lo concerniente al tema de la legitimidad por activa
de los apoderados judiciales, esta Corporación ha
considerado que el abogado que representa judicialmente a
otro, carece en principio de legitimación por activa, cuando
en nombre propio pretende defender mediante tutela los
derechos fundamentales de su poderdante, o cuando acude al
proceso de tutela sin poder especial para ejercer dicha acción. En
la primera circunstancia, se considera que quien representa
judicialmente a alguien, lo hace a título profesional, lo que
implica que el interés que defiende es el de su cliente y no
el suyo propio, bajo las reglas del ejercicio de la profesión
de abogado y atendiendo los supuestos de ley. (Sentencia T-
314 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el segundo caso,
no es suficiente que el apoderado alegue la defensa de la persona
en un proceso diferente, o que afirme comparecer a la tutela como
representante, o que cuente con poder general en otros asuntos;
sólo el poder especial correspondiente, lo habilita para interponer
tutela a favor de su representado y afirmar válidamente tal
identidad.
Con respecto a la imposibilidad del apoderado de alegar por
vía de tutela como propios los derechos del representado, la
sentencia T-658 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) precisó
lo siguiente:
“(…) 4.1.1. Siguiendo lo expuesto, podemos responder al
primer interrogante, es decir: ¿Si el apoderado judicial de
una causa ordinaria puede alegar un interés directo para
incoar en su propio nombre la acción de tutela, cuando los
derechos fundamentales supuestamente vulnerados
corresponden al titular de la causa ordinaria que representa
judicialmente?
Para dar respuesta a este cuestionamiento, es preciso tener
en cuenta que la Corte en Sentencia T-674 de 1997,
expresamente determinó que: “...no puede alegarse
vulneración de los propios derechos con base en los de
otro...”, y en Sentencia T-575 de 1997, igualmente, sostuvo
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que: “...la calidad de apoderado no genera ipso facto la
suplantación del titular del derecho...”.
A juicio de la Corporación, esto ocurre básicamente por dos
razones: (i) El interés en la defensa de los derechos
fundamentales, como se dijo, radica en su titular y no en
terceros y, por otra parte, (ii) la relación de vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales debe ser directa y
no transitiva ni por consecuencia. Así lo manifestó la Corte en
la citada Sentencia T-674 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), al sostener que “...no es válido alegar, como motivo de
la solicitud de protección judicial, la causa de la causa, o el
encadenamiento infinito entre causas y consecuencias, ya que, de
aceptarse ello, se desquiciaría la acción de tutela y desbordaría sus
linderos normativos. [Por lo tanto...] La violación de los derechos
[fundamentales] de otro no vale como motivo para solicitar la
propia tutela […]”. (Resaltado fuera de texto).
Así las cosas, es claro que el señor GUILLERMO PULECIO
BELTRÁN actor en el presente asunto, carece de legitimación en
la causa por activa para formular solicitud de amparo en nombre
propio contra la autoridad judicial accionada.
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la
legitimación en la causa por activa del actor, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Finalmente, la Sala destaca que estando el expediente al Despacho
para proferir sentencia de primera instancia, el 24 de junio de 2025,
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según consta en los documentos visibles en los índices 26, 28 y 30
del aplicativo de consulta SAMAI10, se recibieron11 en la Secretaría
General tres correos electrónicos en los que se observa lo siguiente:
10
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202503
307001100103
11
Si bien dichos correos electrónicos junto con los archivos adjuntos fueron enviados el día anterior,
esto es, el 23 de junio de 2025, esto ocurrió pasadas las 6:00 pm, por lo que se entienden radicados
al día siguiente.
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Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN
Al respecto, la Sala evidencia que de los canales digitales se remiten
unos poderes dirigidos a la acción de tutela de la referencia otorgados
presuntamente por las señoras CARMEN SOFÍA TAMAYO ORTIZ,
EDITH PATRICIA, ELENID, ELENA y ELIANA ORTIZ TAMAYO,
sin embargo, al verificar su contenido se advierte que tales mandatos
fueron aportados de manera extemporánea, -lo anterior por si lo que
se pretendía era que se les tuviera como accionantes-, dado que la
acción constitucional de la referencia ya había sido admitida
solamente respecto del señor PULECIO BELTRÁN, quien indicó en
la solicitud de amparo actuar en nombre propio, se efectuaron las
notificaciones de rigor y el expediente ya había pasado al despacho
para proferir sentencia de primera instancia.
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Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN
Es de resaltar que en el presente trámite constitucional las
demandantes dentro del proceso ordinario cuestionado, mismas que
allegaron los mencionados poderes, fueran vinculadas como terceras
con interés directo en las resultas del proceso, no obstante, en los
mandatos allí aportados y los correos electrónicos que los contienen,
no hicieron algún tipo de manifestación o si quiera intención de
coadyuvar las pretensiones formuladas por el señor PULECIO
BELTRÁN en el escrito de tutela.
Por lo tanto, la Sala no tendrá a las memorialistas como
coadyuvantes o accionantes dentro de la presente acción
constitucional comoquiera que, en los correos electrónicos allegados
no hacen ningún tipo de manifestación de coadyuvancia y/o solicitud
relacionada con la protección de sus garantías constitucionales, con
ocasión a la presunta mora en el trámite judicial de segunda instancia
a cargo del TRIBUNAL.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
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Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC-, el
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, la PREVISORA
S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por
falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de agosto de 2025.
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Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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