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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03307-00

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03307-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03307-00 Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC-, el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03307-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03307-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. EL ACTOR NO ESTÁ
HABILITADO PARA PROMOVER LA ACCIÓN DE TUTELA EN NOMBRE PROPIO,
AL TENER LA CALIDAD DE APODERADO DE LAS DEMANDANTES DENTRO DEL
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA OBJETO DE
CUESTIONAMIENTO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER1

y su SECRETARÍA.

I.- ANTECEDENTES

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03307-00
Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN

I.1.- La solicitud

El señor GUILLERMO PULECIO BELTRÁN actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales estima vulnerados por el TRUBUNAL y su

SECRETARÍA, al haber incurrido en una presunta mora judicial

injustificada, por cuanto no se ha dictado sentencia de segunda

instancia dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 2015-00235-01.

I.2.- Hechos

Indicó que es apoderado de las señoras CARMEN SOFÍA TAMAYO

ORTIZ, EDITH PATRICIA, ELENID, ELENA y ELIANA ORTIZ

TAMAYO dentro del medio de control de reparación directa

promovido contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

CARCELARIO- INPEC-2, el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

SANTANDER, la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y

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En adelante el Inpec.

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Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN

ALLIANZ SEGUROS S.A., con el fin de obtener el reconocimiento y

pago de los perjuicios ocasionados por la muerte del señor PEDRO

JULIO ORTIZ PÉREZ (q.e.p.d.), mientras se encontraba detenido

en la cárcel modelo del municipio de Bucaramanga.

Aseguró que la demanda fue identificada con el número único de

radicación 2015-00235-00 y le correspondió por reparto en primera

instancia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE BUCARAMANGA3 que, en sentencia de 10 de

octubre de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la

demanda y, en consecuencia, declaró administrativamente

responsable al INPEC por los perjuicios ocasionados por la muerte

del señor ORTIZ PÉREZ (q.e.p.d.) y lo condenó a pagar a las

víctimas los perjuicios de orden moral.

Señaló que, inconforme con lo anterior, el INPEC interpuso recurso

de apelación ante el TRIBUNAL, el cual hasta la fecha de la

presentación de la acción de tutela no había proferido sentencia de

segunda instancia.

3
En adelante el Juzgado.

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Actor: GUILLERMO PULECIO BELTRÁN

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestó que la autoridad judicial accionada ha incurrido en una

mora judicial injustificada, por cuanto ha transcurrido más de 7 años

y no ha proferido el fallo de segunda instancia.

Resaltó que promueve la acción de tutela con el propósito de lograr

que, la autoridad judicial realice las actuaciones que le corresponden

con plena observancia de las formas propias de cada juicio.

Aseguró que “[…] no se compadece con las víctimas que represento,

que a falta de resolverse un recurso luego de superado todo el

trámite procesal del asunto, estemos más de 6 años sin lograr la

materialización de justicia a que se tiene derecho, por lo que así

deberá ser declarado por el Juez Constitucional mediante fallo de la

presente acción […]”.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Siendo la tutela un mecanismo eficaz, en el intento por

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lograr que las autoridades públicas realicen actuaciones dentro
del principio de legalidad y en plena observancia de las formas
propias de cada juicio, no está de menos en este caso, que el
señor JUEZ CONSTITUCIONAL en turno de resolver esta,
luego del juicioso análisis a la situación expuesta de manera
precedente, ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, en tiempo amable, que satisfaga la
OBLIGACION DE MATERIALIZAR LOS DERECHOS DE LAS
VICTIMAS en el proceso radicado 68001- 3333-001-2015-
0023501 consistentes en la OBTENCIÒN de PRONTA,
CUMPLIDA Y EFICAZ JUSTICIA como quiera de trascurrir más de
7 años a la espera de DECISION DE FONDO por falta de
RESOLVERSE UN RECURSO […]” (Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL informó que el proceso objeto de

cuestionamiento le correspondió por reparto al despacho núm. 08 de

la Corporación, el cual entró en funcionamiento el pasado 23 de

septiembre de 2022.

Señaló que en virtud de la alta carga laboral y debido a la complejidad

de los asuntos remitidos por otros despachos judiciales, diseñó un

plan de descongestión para evacuar masivamente los procesos más

antiguos, por lo que desde la fecha de su apertura ha evacuado 353

de los 580 procesos catalogados como de mayor complejidad.

Finalmente, indicó que el expediente objeto de cuestionamiento se

encontraba en el turno núm. 20 dentro de los procesos radicados en

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el año 2015 y que en virtud de la presente acción de tutela se priorizó

su sustanciación, por lo que, resaltó que el proyecto de sentencia fue

incluido para su estudio en la sala que se realizará el 10 de julio de

2025, en el que será discutido por los magistrados que la integran.

I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés

directo, realizó un breve recuento de las actuaciones adelantadas

dentro del medio de control de reparación directa objeto de

cuestionamiento, indicando que el despacho judicial cumplió con

todas las etapas procesales, dio trámite a las peticiones formuladas

por las partes y garantizó su debido proceso.

Aseguró que en la actualidad el expediente se encuentra en el

TRIBUNAL surtiendo el recurso de apelación formulado contra la

sentencia de primera instancia.

I.5.3.- La PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., vinculada

en calidad de tercero con interés directo, señaló que las pretensiones

formuladas por el actor se dirigen inequívocamente contra el

TRIBUNAL, por lo que la entidad no tiene competencia para dar

alcance o satisfacer las peticiones invocadas por el actor en la acción

de tutela.

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Resaltó que la solicitud de amparo excede el ámbito de competencias

de la entidad, por lo que no está obligada a emitir una respuesta, ni

podría considerarse responsable de las conductas generadoras de la

presunta vulneración.

I.5.4.- El INPEC, vinculado en calidad de tercero con interés directo,

solicitó ser desvinculado de la presente acción de tutela, por cuanto

no es responsable de la conducta cuya omisión genera la presunta

vulneración.

Aseguró que la entidad no ha vulnerado, ni amenazado los derechos

fundamentales invocados por el actor, pues, a su juicio, la encargada

de dar solución a lo pretendido en la acción de tutela es el

TRIBUNAL, que es la entidad contra quien se dirige la solicitud de

amparo.

I.5.5.- El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER,

vinculado en calidad de tercero con interés directo, aseguró que no

cuenta con legitimación en la causa por pasiva, en tanto no tiene

incidencia, ni participación en las actuaciones judiciales adelantadas

por el TRIBUNAL.

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Solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional por no

configurarse los presupuestos de procedencia para ser considerado

responsable de las conductas endilgadas dentro del proceso

cuestionado.

I.5.6.- La sociedad HDI SEGUROS, la aseguradora ALLIANZ

SEGUROS S.A. y las señoras CARMEN SOFÍA TAMAYO ORTIZ,

EDITH PATRICIA, ELENID, ELENA y ELIANA ORTIZ TAMAYO,

vinculados en calidad de tercero con interés directo, pese a ser

notificados en debida forma del presente trámite, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

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Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que el INPEC, el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

SANTANDER, la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.,

solicitaron su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

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La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que el INPEC, el HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE SANTANDER, la PREVISORA S.A.

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., fueron vinculados en calidad de

demandados dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 2015-00235-01,

objeto de cuestionamiento, les asiste interés directo en las resultas

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del proceso constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala

denegará sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación

en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, el actor promueve en nombre propio la acción

de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la autoridad

judicial accionada al haber incurrido en una presunta mora judicial

injustificada, dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 2015-00235-01, por

cuanto no ha proferido sentencia de segunda instancia.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la autoridad

judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por

el actor, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro

del medio de control aludido.

Antes de abordar los parámetros planteados en líneas anteriores, la

Sala examinará si el actor está legitimado en la causa por activa para

promover la acción de tutela de la referencia.

La legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

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podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°

del Decreto 2591 de 19915 preceptúa:

“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en
la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”.

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de

tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o

mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,

caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,

además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está

en capacidad de ejercer su propia defensa.

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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa

por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la

medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto

del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo

que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del

demandante y no de otra persona6.

Ahora bien, conforme con las piezas procesales la Sala destaca que,

en principio, quienes verían afectado sus derechos con ocasión a la

presunta mora judicial dentro del medio de control de reparación

directa identificado con el número único de radicación 2015-00235-

01, serían las allí demandantes, esto es, las señoras CARMEN

SOFÍA TAMAYO ORTIZ, EDITH PATRICIA, ELENID, ELENA y

ELIANA ORTIZ TAMAYO.

Por lo tanto, el hecho de que el señor GUILLERMO PULECIO

BELTRÁN sea el apoderado judicial de las demandantes dentro del

medio de control de reparación directa, no lo habilita para que la

titularidad de los derechos en cabeza de estas le sean transferidos y

pueda presentar una acción de tutela buscando el amparo frente a

6
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.

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sus representadas7. Adicionalmente, no consta en el expediente

prueba alguna que haya obrado como agente oficioso de aquellas8.

Lo anterior, guarda relación con lo expuesto por la Corte

Constitucional en sentencia T-697 de 22 de agosto de 20069, en la

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero
de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2015-01209-01, M.P. María
Elizabeth García González, sostuvo: “[…] En este orden de ideas, para la Sala no se cumple con
el requisito exigido en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, pues no está demostrada la
facultad de la actora para actuar en representación del señor Elkin Yohany Rincón Muñeton,
por cuanto no manifestó ni probó la calidad de agente oficioso y tampoco allegó el poder que
la facultara para promover la presente acción de tutela, en defensa de los derechos
fundamentales de aquél.

Se resalta que tampoco es admisible que la acción hubiese podido ser instaurada por la
actora a nombre propio, debido a que no es la titular de los derechos cuya protección
reclama, lo que significa, en términos del artículo 86 superior, que no es la persona afectada
en sus derechos y por ende, no es la llamada a reclamar por sí misma o por quien actúe en
su nombre -con la debida acreditación -la protección del mismo […]”. (Resaltado fuera de texto).

8
La Corte Constitucional en sentencia T-406 de 27 de junio de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo, indicó que en el caso de que se pretenda actuar bajo la figura de agente oficioso, la persona
debía cumplir unos requisitos, los cuales se echan de menos en la presente solicitud de amparo, en
efecto: “[…] de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha reseñado, la
señora Amparito Rodríguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que
cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que
de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para
interponer la acción de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del
proceso.

En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de
tutela no se indicó que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compañero permanente.

[…]

Lo anterior da cuenta que el señor Torres, a pesar de encontrarse privado de la libertad, no ha visto
obstaculizado el ejercicio autónomo y directo de sus derechos, acudiendo a las acciones, recursos y
solicitudes puestos a su alcance. Además, no se aportó medio de convicción alguno que permitiera
establecer que en esta oportunidad se hallaba imposibilitado para acudir directamente ante el juez
constitucional, como tampoco existe ratificación de su parte respecto de la demanda de tutela
interpuesta por su compañera permanente.

En síntesis, considera la Sala que los requisitos para la configuración de la agencia oficiosa
no convergen en el asunto y, en esas circunstancias, la Corte no puede conocer el fondo de
la acción de tutela por ausencia de una de las exigencias legales establecidas para ello, como
es la legitimación por activa […]”. (Resaltado fuera de texto).

9
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, tal pronunciamiento corresponde a una posición reiterada de la
Corte Constitucional, que se ha manifestado en el mismo sentido, esto es, en sentencias T-314 de 1995.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-821 de 21 de octubre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-658 de
15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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que indicó sobre la imposibilidad que tiene el apoderado judicial para

alegar en vía de tutela como propios los derechos de su

representado. En dicha oportunidad señaló:

“[…] En lo concerniente al tema de la legitimidad por activa
de los apoderados judiciales, esta Corporación ha
considerado que el abogado que representa judicialmente a
otro, carece en principio de legitimación por activa, cuando
en nombre propio pretende defender mediante tutela los
derechos fundamentales de su poderdante, o cuando acude al
proceso de tutela sin poder especial para ejercer dicha acción. En
la primera circunstancia, se considera que quien representa
judicialmente a alguien, lo hace a título profesional, lo que
implica que el interés que defiende es el de su cliente y no
el suyo propio, bajo las reglas del ejercicio de la profesión
de abogado y atendiendo los supuestos de ley. (Sentencia T-
314 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el segundo caso,
no es suficiente que el apoderado alegue la defensa de la persona
en un proceso diferente, o que afirme comparecer a la tutela como
representante, o que cuente con poder general en otros asuntos;
sólo el poder especial correspondiente, lo habilita para interponer
tutela a favor de su representado y afirmar válidamente tal
identidad.

Con respecto a la imposibilidad del apoderado de alegar por
vía de tutela como propios los derechos del representado, la
sentencia T-658 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) precisó
lo siguiente:

“(…) 4.1.1. Siguiendo lo expuesto, podemos responder al
primer interrogante, es decir: ¿Si el apoderado judicial de
una causa ordinaria puede alegar un interés directo para
incoar en su propio nombre la acción de tutela, cuando los
derechos fundamentales supuestamente vulnerados
corresponden al titular de la causa ordinaria que representa
judicialmente?

Para dar respuesta a este cuestionamiento, es preciso tener
en cuenta que la Corte en Sentencia T-674 de 1997,
expresamente determinó que: “...no puede alegarse
vulneración de los propios derechos con base en los de
otro...”, y en Sentencia T-575 de 1997, igualmente, sostuvo

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que: “...la calidad de apoderado no genera ipso facto la
suplantación del titular del derecho...”.

A juicio de la Corporación, esto ocurre básicamente por dos
razones: (i) El interés en la defensa de los derechos
fundamentales, como se dijo, radica en su titular y no en
terceros y, por otra parte, (ii) la relación de vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales debe ser directa y
no transitiva ni por consecuencia. Así lo manifestó la Corte en
la citada Sentencia T-674 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), al sostener que “...no es válido alegar, como motivo de
la solicitud de protección judicial, la causa de la causa, o el
encadenamiento infinito entre causas y consecuencias, ya que, de
aceptarse ello, se desquiciaría la acción de tutela y desbordaría sus
linderos normativos. [Por lo tanto...] La violación de los derechos
[fundamentales] de otro no vale como motivo para solicitar la
propia tutela […]”. (Resaltado fuera de texto).

Así las cosas, es claro que el señor GUILLERMO PULECIO

BELTRÁN actor en el presente asunto, carece de legitimación en

la causa por activa para formular solicitud de amparo en nombre

propio contra la autoridad judicial accionada.

En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de

amparo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del

Decreto 2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la

legitimación en la causa por activa del actor, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Finalmente, la Sala destaca que estando el expediente al Despacho

para proferir sentencia de primera instancia, el 24 de junio de 2025,

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según consta en los documentos visibles en los índices 26, 28 y 30

del aplicativo de consulta SAMAI10, se recibieron11 en la Secretaría

General tres correos electrónicos en los que se observa lo siguiente:

10
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202503
307001100103
11
Si bien dichos correos electrónicos junto con los archivos adjuntos fueron enviados el día anterior,
esto es, el 23 de junio de 2025, esto ocurrió pasadas las 6:00 pm, por lo que se entienden radicados
al día siguiente.

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Al respecto, la Sala evidencia que de los canales digitales se remiten

unos poderes dirigidos a la acción de tutela de la referencia otorgados

presuntamente por las señoras CARMEN SOFÍA TAMAYO ORTIZ,

EDITH PATRICIA, ELENID, ELENA y ELIANA ORTIZ TAMAYO,

sin embargo, al verificar su contenido se advierte que tales mandatos

fueron aportados de manera extemporánea, -lo anterior por si lo que

se pretendía era que se les tuviera como accionantes-, dado que la

acción constitucional de la referencia ya había sido admitida

solamente respecto del señor PULECIO BELTRÁN, quien indicó en

la solicitud de amparo actuar en nombre propio, se efectuaron las

notificaciones de rigor y el expediente ya había pasado al despacho

para proferir sentencia de primera instancia.

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Es de resaltar que en el presente trámite constitucional las

demandantes dentro del proceso ordinario cuestionado, mismas que

allegaron los mencionados poderes, fueran vinculadas como terceras

con interés directo en las resultas del proceso, no obstante, en los

mandatos allí aportados y los correos electrónicos que los contienen,

no hicieron algún tipo de manifestación o si quiera intención de

coadyuvar las pretensiones formuladas por el señor PULECIO

BELTRÁN en el escrito de tutela.

Por lo tanto, la Sala no tendrá a las memorialistas como

coadyuvantes o accionantes dentro de la presente acción

constitucional comoquiera que, en los correos electrónicos allegados

no hacen ningún tipo de manifestación de coadyuvancia y/o solicitud

relacionada con la protección de sus garantías constitucionales, con

ocasión a la presunta mora en el trámite judicial de segunda instancia

a cargo del TRIBUNAL.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

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PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el INSTITUTO

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC-, el

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, la PREVISORA

S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por

falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de agosto de 2025.

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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