Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03308-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03308-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03308-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03308-00
Accionante: Yolly Mateus Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Niega el amparo de tutela porque no se acreditaron los defectos
endilgados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por la señora Yolly Mateus Rodríguez, quien actúa por
conducto de apoderado en contra del Tribunal Administrativo de Santander, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo e
igualdad, ocurrida con ocasión de la providencia expedida el 27 de marzo de 2025
al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 68001-33-33-011-2020-00051-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Yolly Mateus Rodríguez en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó los actos administrativos por medio de los
cuales el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA le negó el reconocimiento de
una relación laboral encubierta.
3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo Oral del
Circuito de Bucaramanga quien mediante sentencia de 18 de noviembre de 2021
resolvió negar las súplicas de la demanda, al considerar que no se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral, particularmente, el de
subordinación.
4. En sede de apelación el Tribunal Administrativo de Santander a través de
sentencia del 27 de marzo de 2025 confirmó dicha decisión.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte actora señaló que en la providencia objeto de la acción de tutela se
1 Acción de tutela presentada el 30 de mayo de 2025.
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Accionante: Yolly Mateus Rodríguez
configuró un defecto fáctico, toda vez que la autoridad judicial accionada omitió
valorar el certificado 89 expedido por el coordinador del Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto del Sena; el manual específico de funciones de la entidad para
el cargo denominado instructor código 3010; así como también, 35 certificaciones
de cursos a los que asistió y aprobó en el Sena; además de la «lista de chequeo»
para verificar y diagnosticar la pertinencia de los instructores, material probatorio
que, a su juicio, permitía demostrar la subordinación.
6. Igualmente, manifestó que el Tribunal valoró indebidamente el testimonio de la
señora Martha Yolanda Flórez Dulcey, quien afirmó de manera expresa que el
cargo de instructor desempeñado por la accionante implicaba el cumplimiento de
las mismas funciones asignadas al personal de planta; así como la declaración del
señor Juan Pablo Villamizar Rivera que daba cuenta de la subordinación.
7. De otra parte, indicó que la decisión adolece de un desconocimiento del
precedente contenido en las sentencias del 8 de julio de 20212; del 8 de noviembre3
y del 29 de noviembre de 20244 proferidas por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, relacionadas con el reconocimiento del vínculo laboral
subyacente a los instructores del SENA.
2.3. Pretensiones
8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
1. Se tutelen los derechos fundamentales al trabajo (Art.25) a la igualdad (Art.
13) y al debido proceso (Art. 29) previstos en la Constitución Política de
Colombia de 1991.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER M.P. Dr. IVAN MAURICIO MENDOZA
SAAVEDRA, a proferir una nueva sentencia dentro del 680013333011-2020-
00051-00 (01) en la cual, al amparo del precedente jurisprudencial y de las
pruebas practicadas, se reconozca la existencia de una vinculación laboral
entre la demandante y la demandada, y como consecuencia de ello, el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales a las que tiene derecho la
parte actora. » (Sic)
2.4. Intervenciones
9. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 4 de junio de
2025 a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander
como accionado y al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga y
al Servicio Nacional de Aprendizaje como terceros interesados en el resultado del
proceso.
10. El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional, en la medida que la controversia planteada es de naturaleza
eminentemente legal.
2 Radicado 13001-23 33-000-2017-00613-01 (0398-2020)
3 Radicado 08001-23-33-000-2018-00984-01 (7634-2023)
4 Radicado 20001-23-33-000-2019-00100-01 (6967-2023)
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11. De otra parte, señaló que el Tribunal realizó una valoración razonada del
material probatorio, lo que le permitió inferir que no se demostró una relación laboral
entre las partes.
12. En cuanto al desconocimiento de precedente jurisprudencial precisó que cada
caso concreto tiene sus particularidades, en la medida que, resulta necesario
analizar las circunstancias concretas en cada asunto. Por tanto, requirió que se
niegue el amparo porque la decisión objeto de cuestionamiento se ajusta al
ordenamiento jurídico.
13. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bucaramanga adjuntó el link
del proceso, pero no rindió informe
14. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
16. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Santander, al proferir la sentencia del 27
de marzo de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo
e igualdad, al incurrir en los defectos fáctico y desconocimiento de precedente.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
17. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
18. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
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desborda los límites que la Carta le impone.
19. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
20. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la última providencia cuestionada, esto es, el 27 de
marzo de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, 30 de mayo de la
presente anualidad.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental del debido
proceso e igualdad como consecuencia de los defectos fáctico y desconocimiento
de precedente, los cuales se encuentran fundamentados razonablemente.
21. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
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providencia judicial
22. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional5 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa6, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva7, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
23. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»8.
24. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen
25. La parte accionante sostiene que la decisión objeto de cuestionamiento adolece
de un defecto fáctico porque la autoridad judicial accionada omitió valorar el
certificado 89 expedido por el coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
del Sena; el manual específico de funciones de la entidad para el cargo denominado
instructor código 3010; así como también 35 certificaciones de cursos a los que
asistió y aprobó en el Sena; además de la «lista de chequeo» para verificar y
diagnosticar la pertinencia de los instructores, material probatorio que, a su juicio,
permitía demostrar la subordinación.
26. Asimismo, manifiesta que el Tribunal valoró indebidamente el testimonio de la
señora Martha Yolanda Flórez Dulcey, quien afirmó de manera expresa que el
cargo de instructor desempeñado por la accionante implicaba el cumplimiento de
5 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,
T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
6 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
7 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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las mismas funciones asignadas al personal de planta; así como la declaración del
señor Juan Pablo Villamizar Rivera que, daba cuenta de la subordinación.
27. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Santander, a través de
la sentencia del 27 de marzo de 2025 indicó:
«(…)
1. De la prestación personal del servicio y las funciones ejecutadas:
La señora YOLLY MATEUS RODRIGUEZ fue vinculada al SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE – SENA a través de contratos sucesivos de prestación de servicios,
dentro del periodo comprendido entre el 1° de marzo de 2009 hasta el 31 de diciembre
de 2016, de acuerdo con las certificaciones allegadas en el expediente físico, con el
fin de prestar sus servicios (…).
Conforme a lo anterior, puede concluirse (…) que la demandante estuvo vinculada
con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, como contratista desde el
17 de marzo de 2009 hasta el 09 de diciembre de 2016, prestando de manera personal
sus servicios como instructora en la entidad aducida.
2. Contraprestación:
Acorde con las pruebas acopiadas en curso del proceso, queda demostrado que la
demandante percibió honorarios por los diversos contratos de prestación de servicios
suscritos con la entidad demandada (…).
3. Subordinación o dependencia:
(…) se menciona en el recurso de apelación que las declaraciones indican la existencia
de la relación laboral, las cuales fueron valoradas por el A quo al momento de dictar
su resolución, de la siguiente forma:
• Del testimonio de Martha Yolanda Flórez Dulcey, estableció que el servicio de
instrucción se prestaba según la programación de ofertas educativas. Del testimonio
de Juan Pablo Villamizar Rivera, estableció que el desarrollo de las actividades tenía
lugar en las instalaciones del SENA y colegios. De lo anterior, indica que el servicio
debía prestarse en forma obligatoria, en un determinado horario y sede.
• Del testimonio de Martha Yolanda Flórez Dulcey, logró establecer que, para
ausentarse de las clases, debía informar previamente o en el momento, pero no
solicitar permiso, por lo cual, infirió un margen de autonomía de la actora que desdibuja
la subordinación y dependencia.
• Respecto al suministro de instrumentos, la señora Martha Flórez señaló que se
entregaban elementos de papelería de acuerdo a su disponibilidad. El señor Juan
Pablo Villamizar indicó que, como instructores, tenían un puesto de trabajo,
correspondiente a un salón. Sin embargo, infiere el A quo que, no se demostró que
debiera acudirse de forma obligatoria y en determinados horarios, y que la
obligatoriedad estaba dada exclusivamente para prestar la instrucción o formación.
De conformidad con lo anterior, considera la Sala que, efectivamente, los testimonios
y las pruebas documentales presentadas no cuentan con la suficiente fuerza probatoria
para acreditar la existencia de la relación laboral alegada. De ahí que se logre inferir
que, si bien entre los testimonios existe una coincidencia respecto al alto nivel de
exigencia que requería el desarrollo de las actividades, no se evidenció ni se logró
constatar el elemento de la subordinación, pues el horario y las actividades variaban
de acuerdo al desarrollo de las funciones.
(…) De acuerdo a lo anterior, considera la Sala que efectivamente, los testimonios no
son prueba suficiente para demostrar la subordinación laboral, como tampoco lo es
que, para el cumplimiento del objeto contractual se realizaran reuniones,
capacitaciones e inducciones, pues ello implica un ejercicio de coordinación de labores
propio de la actividad contractual a realizar. De igual manera, los contratos de
prestación de servicios están supervisados por personal de las entidades, los cuales
ejercen como su nombre lo indica, la supervisión al cumplimiento de las actividades
contractuales, labores que no pueden ser confundidas como llamados de atención y
por tanto, las labores que adujeron los testigos que realizaba el coordinador y
supervisor del contrato, evidencian el cabal seguimiento y supervisión al cumplimiento
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del objeto contractual de la demandante y no evidencian algún tipo de subordinación.
(…)
Para la Sala es necesario destacar que, si en gracia de discusión se aceptaran como
elementos configurativos de una subordinación laboral los aducidos por los testigos en
sus declaraciones, tales como el cumplimiento de horario laboral, etc., tales
circunstancias no llevan de manera indefectible a deducir por qué la demandante se
encontrara en una relación de dependencia frente a la parte demandada, tal como lo
ha señalado el Honorable Consejo de Estado en recientes pronunciamientos donde,
en casos similares, ha precisado que esas exigencias pueden producirse en relaciones
de coordinación, sin que pueda predicarse por ello la configuración de una relación
laboral.
(…)
En el presente caso, no puede evidenciarse que entre la demandante y la entidad
demandada existió una relación de subordinación continuada, elemento imprescindible
para declarar la existencia de la relación laboral. Ciertamente, la situación de la
demandante no guarda relación con el grado de dependencia que suele atribuírsele a
un trabajador respecto de su patrono en una relación laboral, donde el
direccionamiento de las actividades es constante.
(…)»
28. De las transcripciones relacionadas previamente se desprende que la autoridad
judicial accionada sustentó la decisión en un análisis probatorio integral en
consonancia con las reglas de la sana critica, lo que le permitió concluir que en el
presente asunto se debía confirmar la decisión de negar las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que no se
demostraron los elementos constitutivos de una relación laboral, particularmente,
la subordinación.
29. Al respecto, el Tribunal señaló que los testimonios y las pruebas documentales
obrantes en el proceso no contaban con la suficiente fuerza probatoria para
acreditar la existencia de la relación laboral alegada, en la medida que el
cumplimiento de horario laboral no permitía inferir que la señora Yolly Mateus
Rodríguez se encontraba en dependencia; como tampoco lo era que, para el
cumplimiento del objeto contractual se realizaran reuniones, capacitaciones e
inducciones porque ello implicaba un ejercicio de coordinación de labores propio de
la actividad contractual a realizar; máxime cuando la supervisión al cumplimiento
del contrato no puede ser confundida con llamados de atención.
30. Sobre el particular, es preciso advertir que la decisión cuestionada se sustentó
en las pruebas que fueron debidamente decretadas y practicadas en el curso del
proceso. Sin embargo, el material probatorio no resultó suficiente para demostrar
el elemento de subordinación, el cual era esencial para determinar la relación
laboral encubierta o subyacente.
31. En ese sentido, resulta necesario recordarle a la parte demandante que
corresponde al juez natural de la causa determinar cuáles pruebas resultan
pertinentes, conducentes y útiles para la resolución del caso concreto.
32. De modo que, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación de
un mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un defecto
fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para que ello
resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por completo
de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este asunto.
33. En efecto, de lo relacionado en los párrafos que anteceden se puede observar
un análisis del material probatorio aportado al proceso a la luz de las reglas de la
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sana crítica, con fundamento en jurisprudencia aplicable al asunto, lo que permitió
concluir al Tribunal que la señora Yolly Mateus Rodríguez no demostró el elemento
de la continuada subordinación, el cual es fundamental para declarar la relación
laboral encubierta o subyacente, hecho que no puede ser calificado como violatorio
de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de autonomía e
independencia judicial, y al respecto no se advierte que el estudio realizado por la
autoridad judicial sea contraevidente, arbitrario o caprichoso.
34. Así las cosas, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente en los
eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria o
irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es razonable.
35. Por tal razón, no es posible considerar que se presentó un defecto fáctico sino
que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para la
tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.
36. Debe recordarse adicionalmente que el análisis del defecto fáctico en relación
con la valoración de pruebas testimoniales es aún más restrictivo pues es el juez
natural es quien está en mejores condiciones para evaluarlas críticamente, en tanto
la inmediación de la prueba le otorga elementos adicionales que resultan ser
determinantes al momento de su apreciación.
37. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con que
cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de discrecionalidad,
cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva fundada en la
lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar los
pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión como
violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto puesto que se
trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable al amparo de los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial9.
38. En este contexto, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación
de un mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un
defecto fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para
que ello resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por
completo de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este
asunto.
39. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
40. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 189610, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
9 Sentencia T-106 de 2000.
10 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara
y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
41. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
42. Respecto del precedente vertical11, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
43. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso12.
44. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación13.
45. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la
Ley.
3.4.1. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento de
precedente
46. La parte accionante señala que la decisión cuestionada desconoce el
precedente establecido en las sentencias del 8 de julio de 2021, así como del 8 y
29 de noviembre de 2024, proferidas por la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado, en las que se reconoció el vínculo laboral subyacente de los
instructores del SENA.
47. Sin embargo, para la Sala no se encuentra configurado dicho defecto, pues, si
bien en las providencias que se alegan como desconocidas se aborda el estudio
del reconocimiento de una relación laboral encubierta o subyacente a los
instructores del SENA, lo cierto es que ello no es suficiente para que los casos se
orienten de manera análoga, teniendo en cuenta que la labor del juez implica una
apreciación autónoma, contrastada con los hechos acreditados en cada caso
concreto por cuanto existen particularidades que lo hacen diferentes.
11 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
12 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
13 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03308-00
Accionante: Yolly Mateus Rodríguez
48. Además, las decisiones relacionadas previamente, no constituyen un
precedente vinculante porque no se trata de una sentencia de unificación o una
decisión reiterada por el Consejo de Estado, razón por la cual la decisión objeto de
cuestionamiento no adolece de un desconocimiento de precedente.
49. Así las cosas, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, ya que la argumentación cumple con la
carga mínima de razonabilidad.
50. Así las cosas, por lo expuesto no es factible entender que se incurrió en un
desconocimiento de precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o
caprichosa, pues, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, por lo tanto, la Sala procederá a negar el
amparo, en la medida que no se acreditaron los defectos deprecados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Yolly Mateus Rodríguez, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte
motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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