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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03308-01

Fecha
13 de agosto de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03308-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar parcialmente la sentencia impugnada, para en su lugar: 2. Declarar improcedente el cargo por defecto fáctico, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Confirmar en lo demás la providencia impugnada. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03308-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

13 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03308-01
Demandante: Yolly Mateus Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 13 de agosto de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03308-01
Demandante: YOLLY MATEUS RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Contrato realidad. Improcedencia de la
acción de tutela. Relevancia constitucional. Reiteración de
argumentos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 26
de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que denegó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 29 de mayo de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Yolly Mateus Rodríguez pidió la protección de sus derechos fundamentales al
trabajo, la igualdad y al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 27
de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la
decisión de primera instancia de denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 68001-33-33-011-2020-00051-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se tutelen los derechos fundamentales al trabajo (Art.25) a la igualdad (Art. 13) y al debido proceso
(Art. 29) previstos en la Constitución Política de Colombia de 1991.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER M.P. Dr. IVAN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA, a proferir una nueva sentencia dentro
del 680013333011-2020- 00051-00 (01) en la cual, al amparo del precedente jurisprudencial y de las
pruebas practicadas, se reconozca la existencia de una vinculación laboral entre la demandante y la
demandada, y como consecuencia de ello, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales a las que
tiene derecho la parte actora.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Manifestó la demandante que suscribió contratos de prestación de servicios entre el 1
de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2016, con el Servicio Nacional de Aprendizaje
• SENA, para cumplir funciones de instructora.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03308-01
Demandante: Yolly Mateus Rodríguez

Que, el 31 de enero de 2019, pidió al SENA que le reconociera la existencia de una
relación laboral y le pagara todos los emolumentos y prestaciones sociales dejadas de
percibir. Que, sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de la entidad.

Por lo anterior, la señora Yolly Mateus Rodríguez promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el SENA, con el objeto de obtener la nulidad del acto
ficto que, a su juicio, se había configurado por la falta de respuesta a la petición que había
elevado el 31 de enero de 2019 y para que se reconociera la existencia de una relación
laboral y se le pagaran todos los emolumentos y prestaciones sociales dejadas de
percibir.

La demanda se adelantó bajo el radicado 68001-33-33-011-2020-00051-00 y
correspondió al Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga que, por sentencia del 18
de noviembre de 2021, denegó las pretensiones, al estimar que no se había acreditado
el elemento subordinación, que era necesario para declarar la existencia de la relación
laboral.

Inconforme, la demandante apeló y manifestó que las pruebas aportadas al expediente
si acreditaban el elemento subordinación. Que las funciones que cumplía estaban acorde
a la misión de la entidad, que tenía compañeros de trabajo que cumplían las mismas
funciones que ella, pero que estaban vinculados a la planta de personal. Que debía
cumplir con horarios de trabajo, acudir a un lugar determinado por la entidad a cumplir
sus funciones, atender órdenes directas de sus superiores y ceñirse al reglamento interno
de la entidad.

Por sentencia del 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó
la decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada
incurrió en los siguientes defectos al proferir la decisión cuestionada:

Defecto fáctico por: i) indebida valoración probatoria de la certificación nº 89 expedida
por el SENA, el manual de funciones de esa entidad y los contratos de prestación de
servicios que suscribió entre el 1 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2016 y, ii)
omitir valorar 35 certificados de cursos que recibió por orden del SENA, la lista de
chequeo para verificar y diagnosticar la pertinencia de los instructores y el testimonio de
la señora Martha Yolanda Flórez Dulcey.

Dijo que los mencionados medios de convicción daban cuenta de la acreditación del
elemento subordinación y que, en consecuencia, se debió declarar la existencia de la
relación laboral.

Desconocimiento del precedente fijado en las sentencias del 8 de julio de 20211, del
29 de noviembre de 20242 y del 8 de noviembre de 20243, dictadas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, a juicio de la parte actora, señalaban que
el cargo de instructor era inherente a la actividad misional que cumple el SENA y que ello
acreditaba la configuración del elemento subordinación.

1 Expediente: 13001-23 33-000-2017-00613-01 (0398-20) MP Carmelo Perdomo Cuéter.
2 Expediente: 20001-23-33-000-2019-00100-01 (6967-2023) MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
3 Expediente: 08001-23-33-000-2018-00984-01 (7634-2023) MP Jorge Edinson Portocarrero Banguera.

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Demandante: Yolly Mateus Rodríguez

5. Intervenciones

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela y, subsidiariamente, que se denegaran las pretensiones de la parte
actora. Dijo que la autoridad judicial demandada no había incurrido en los defectos
alegados por la señora Mateus Rodríguez y que la solicitud de amparo no cumplía con
los requisitos de relevancia constitucional, de inmediatez y de subsidiariedad.

El Juzgado Once Administrativo de Bucaramanga compartió el enlace del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 68001-33-33-011-2020-00051-00/01, sin
embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.

Los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander no se pronunciaron, pese a
que fueron debidamente notificados.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, denegó las pretensiones de la
parte actora, al estimar que el tribunal demandado no había incurrido en los vicios
alegados por la demandante y que los argumentos de la acción de tutela evidenciaban
un simple desacuerdo con las conclusiones señaladas en la sentencia del 27 de marzo
de 2025.

Dijo que no se encontraba configurado el desconocimiento del precedente porque las
sentencias presuntamente desconocidas tenían particularidades que las hacía diferentes
al caso de la señora Mateus Rodríguez y que esas decisiones no constituían precedente
vinculante porque no eran sentencias de unificación.

7. Impugnación

La demandante impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, decretar el amparo deprecado. Manifestó que no se trataba de una
discrepancia en la valoración probatoria, debido a que, a su juicio, el tribunal demandado
había dejado de valorar algunas pruebas, luego trascribió los argumentos del defecto
fáctico.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que denegó la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que revocará parcialmente la decisión impugnada para, en su lugar,
declarar improcedente el defecto fáctico por incumplir el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora insiste en que la autoridad judicial demandada
incurrió en ese vicio de fondo, porque, a su juicio, se debió declarar la existencia de una
relación laboral encubierta en los contratos de prestación de servicios que suscribió con
el SENA.

Además, no se pronunciará sobre el supuesto desconocimiento del precedente porque
en primera instancia fue descartado su posible configuración y esa decisión no fue objeto
de reparo en la impugnación.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.

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Demandante: Yolly Mateus Rodríguez

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

El primer criterio (vulneración o amenaza real de derechos fundamentales) está previsto
para que la acción de tutela no se utilice para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la
acción de tutela.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

La Sala empieza por señalar que el análisis en segunda instancia girará solamente en
torno a la configuración del defecto fáctico pues, como se vio, la impugnación presentada
por la parte actora recae de manera exclusiva sobre ese punto y en primera instancia fue
descartada la posible configuración del desconocimiento del precedente.

Ahora bien, de la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala
advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, pero ahora bajo el cargo de defecto fáctico.

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: Yolly Mateus Rodríguez

Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala que se debió
declarar la existencia de una relación laboral encubierta en los contratos de prestación
de servicios que suscribió con el SENA entre el 1 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre
de 2016.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
del 18 de noviembre de 2021, dictada por el Juzgado Once Administrativo de
Bucaramanga, se lee lo siguiente:

No existe tarifa probatoria, no obstante, de toda la documental aportada por la demandada, del manual
de funciones del cargo, de la copia de los contratos de prestación de servicios, de lo manifestado por la
accionante en interrogatorio de parte, de los testimonios rendidos tanto por la parte activa como incluso
las manifestaciones de aquellos convocados por la pasiva, aunado a la naturaleza misma del cargo por
desempeñado, permite entrever sin lugar a equívocos, que no se trató de una verdadera contratación
por prestación de servicios. IV. DE LA RELACIÓN LABORAL EN EL CASO PARTICULAR
A continuación, se destacarán apartes de la documental obrante en plenario y sobre la cual no existen
manifestaciones del A quo.
(…)
Nótese por favor, que si bien es cierto el mero cumplimiento de un horario no es señal de subordinación,
en esta primera certificación, es la misma demandada quien confiesa que a la demandante se le
impusieron horarios de trabajo, tal como lo manifestó en oportunidad la demandante, sus testigos e
incluso los testigos de la demandada. Era obligación de la demandante cumplir con las obligaciones "En los horarios y lugares que el SENA
indique". Tenemos entonces, que ese ejercicio subordinante no solo se limitaba a imponer a la demandante el
horario de trabajo, sino también el lugar donde debía prestar su servicio, confesión que
desafortunadamente pasó por alto el juzgador de instancia y que por supuesto no hizo parte de los
fundamentos de su decisión. EXISTENCIA DEL CARGO EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD. Aunado a lo anterior, obra en el plenario prueba del que el cargo desempeñado por la demandante
existe en la planta de personal de la entidad, no comprende el recurrente cómo el Despacho pasó por
alto un hecho tan relevante y es que la razón principal de los contratos de prestación de servicios, como
se ha sostenido al amparo de la jurisprudencia, surge para cubrir una necesidad transitoria, no
permanente. La existencia del cargo en planta de personal de la entidad, por una parte, da cuenta de que el cargo
desempeñado por la demandante no era transitorio ni temporal, pues tiene vocación de permanencia y,
por otra parte, permite ver como en una violación abierta al derecho a la igualdad, la entidad demandada
se permite vincular personal para ejercer el mismo cargo, mediante dos modalidades, la primera, con
todas las garantías laborales y prestacionales, admitiendo la relación laboral y la subordinación y la
segunda, a pesar de ser la misma actividad, mediante un contrato civil, sin prestaciones, sin derechos
laborales y por alguna extraña razón, sobre esta vinculación negando la existencia de subordinación.
(…)
El anterior documento OBRA EN EL EXPEDIENTE DIGITAL, fue allegado por la entidad demandada al
proceso como prueba según requerimiento que hiciera el Despacho, a su vez, soportado en una solicitud
del suscrito, donde se le solicitó a la accionando aportar el manual de funciones en la planta de personal
de la entidad, del mismo cargo desempeñado por la actora, similar o en su defecto, homologable. Como puede observarse, mediante prueba aportada por la demandada, quedó plenamente probado
que el cargo desempeñado por la actora existía en la planta de personal de la entidad, luego entonces,
no habían razones que al amparo de la ley y la constitución, avalaran a la demandada para contratarle
por prestación de servicios.
(…)
Por derecho a la igualdad, al trabajo y bajo la primacía de la realidad sobre las formas, es evidente que
el juzgador ha debido analizar al amparo de la sana crítica y bajo los postulados jurisprudenciales, las
consecuencias de la existencia del cargo desempeñado por la demandante en la planta de personal y
su evidente vocación de permanencia, sin embargo, no se encuentran argumentos contundentes en el
fallo de primera instancia que permitan superar un hecho tan grave como el avizorado.

Se evidencia a lo largo de la documental aportada por la misma demandada, particularmente, en los
mismos contratos de prestación de servicios, una aceptación expresa de parte de la demandada en
cuando a condición de subordinación en que debía laborar el actor, así, conforme a la denominación de
subordinación elevada por el Honorable Consejo de Estado en sentencia citada en precedencia, queda
claro que no es la mera imposición de un horario de trabajo, sino la imposición al demandante de lugar,
modo o cantidad de trabajo. Desafortunadamente, el Despacho no se pronunció respecto de las obligaciones del contratista
consagradas en los contratos de prestación de servicios, donde expresamente la demandada impone a
la actora como obligación "impartir formación en los horarios y lugares que la institución indique".

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(…)
En igual sentido, los mismos contratos de prestación de servicios dan cuenta de que era la entidad la
encargada de suministrar las herramientas, los equipos y los insumos a la demandante, pues de hecho
se le impuso como obligación contractual, la de "responder por la integridad y buen uso de los
materiales, equipos y demás elementos de la institución puestos bajo su cuidado para desarrollar las
funciones de su cargo".
(…)
V. DE LA PRUEBA TESTIMONIAL Y EL INTERROGATORIO DE PARTE. LA TESTIGO MARTHA YOLANDA FLOREZ DULEY
Fue convocada por la demandada y se duele el recurrente de que el Despacho haya pasado
inadvertidas sus declaraciones, ruego al honorable tribunal, se sirva verificarlas, pues de manera
expresa y tal como quedó plasmado en la video grabación, la misma testigo dio cuenta de: 1. Que a la demandante se le impusieron reuniones obligatorias. 2. Que la demandante debía cumplir un horario de trabajo. 3. Que la demandante debía avisar a su superior si se tenía que ausentar. 4. Que la demandada le entregó a la demandante todas las herramientas, equipos y hasta papelería
para laborar. 5. Que la demandante debía usar la plataforma Sofía, suministrada por el SENA y que debía ser usada
también por los instructores de planta. 6. Que el SENA era quien suministraba las programaciones a la demandante. 7. Dijo que los instructores de planta tenían la ventaja de poder “ser líderes o coordinadores”, frente a
lo cual, el suscrito abogado le preguntó si ella fungió como líder o coordinadora de la demandante, a lo
cual respondió la testigo que me dijo que sí. 8. Le pregunté si en ejercicio de ese cargo como líder le impartió órdenes o instrucciones y respondió
que sí, inclusive, habló de la inducción de la demandante. 9. Le preguntó el suscrito que si había Gente de planta haciendo lo mismo que la demandante, a lo cual
respondió la testigo que sí, había gente que hacía lo mismo. “Como 30 de planta, de hecho, los
contratistas se terminaban vinculando a la planta si pasaban los concursos”. Nótese por favor, como la misma testigo de la demandada admitió que existía personal en planta
haciendo lo mismo que la demandante, que de hecho, estas personas luego pasaban a ser "de planta",
manifestó además que la actora seguía órdenes y que incluso ella misma, la testigo, quien de hecho
era de planta, fungió como coordinadora de la demandante y le impartió órdenes. Le ruego al Honorable Tribunal estudiar la declaración de esta testigo, pues al ser jefe de la demandante
y haber estado vinculado a la planta de personal, goza de total credibilidad y no comprende el suscrito
abogado cómo el juzgador de instancia pasó por alto tan contundentes manifestaciones. En igual sentido, el testimonio convocado por la parte accionante fue coincidente en advertir que la
demandante cumplía horarios, recibía órdenes, se le entregaban las herramientas, equipos e insumos
para laborar, se le definían los lugares donde debía trabajar, se le pagaban sus supuestos honorarios
mensualmente, no podía ausentarse voluntariamente y que existía personal de planta ejerciendo las
mismas actividades de la demandante. Es imperativo que se revise al detalle la testimonial rendida, pues en las declaraciones se corroboraron
hechos previamente probados con la documental, es así que la existencia del cargo desempeñado por
la actora se avizora en el manual de funciones aportado por la demandada, el cumplimiento de horarios,
el designio de lugar de trabajo y la entrega de herramientas, se encuentra en los contratos de prestación
de servicios según las citas previas y conforme a los mismos contratos de prestación de servicios
obrantes en el plenario.

El juzgador de instancia, en una revisión de los testimonios rendidos, transcribió según declaraciones
de los testigos, que la demandante debía avisar para ausentarse del servicio "más no pedir permiso",
que la demandada solo suministró a la demandante la papelería, pero en la medida de la disponibilidad,
indicó el Despacho que no se demostró que la demandante debiera acudir a ciertos lugares y a ciertos
horarios para probar el servicio. Se duele el recurrente de la efímera forma con que se desestiman hechos relevantes, pues contrario a
lo advertido por el despacho el cumplimiento de horarios y la imposición de lugares para laborar no solo
fueron corroborados por los testigos, sino por los mismos contratos de prestación de servicios
redactados y aportados por la misma demandada.
(…)
Se duele el recurrente de que el juzgador de instancia indique que la demandada solo le entregaba al
demandante la papelería en la medida de la disponibilidad, dando por cierta la declaración de la testigo
convocada por la misma demandada, cuando los contratos de prestación de servicios, documentos
redactados por la también demandada dicen lo contrario.
(…)
Nótese que el mismo contrato de prestación de servicios da cuenta de la entrega de herramientas,
equipos e insumos a la demandante, no solo de papelería, como dice la testigo convocada por la
demandada. Ciertamente, no comprendo por qué el Despacho dio total credibilidad a aquella manifestación de la
testigo en la cual advirtió que solo se entregaba papelería a la demandante y solo bajo disponibilidad,

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Demandante: Yolly Mateus Rodríguez

sin consideración a la documental aportada por la misma demandada, que de hecho, decía todo lo
contrario.

Por su parte, en la acción de tutela y en la impugnación, la parte actora argumenta lo
siguiente:

ELEMENTOS DE LA SUBORDINACIÓN CORROBORADOS CON LA PRUEBA DOCUMENTAL Y
TESTIMONIAL PRACTICADAS:
Sin discusión, estaban acreditados los siguientes:
1. Que la entidad impartió capacitaciones a la demandada: Confirmado por la prueba documental, más
de 35 certificados en ese sentido, corroborado por la testigo de la demandada y por el testigo de la
demandante.
PERO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER NO LO VALORÓ.
2. Que la demandante debía cumplir un horario: Confirmado por la prueba documental, se demostró
que los mismos contratos imponen como obligación, la prestación del servicio en los horarios y en el
lugar designado por el Sena, señalado entre cuadros rojos y resaltado, situación corroborada por la
misma testigo de la demandada y también por el testigo de la demandante.
PERO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER NO LO VALORÓ.
3. Que la entidad le suministró a la actora las herramientas, equipos e insumos para laborar: Confirmado
por la prueba documental, se allegaron los contratos de prestación de servicios, donde se impone
expresamente a la demandante la obligación de velar por la integridad de las herramientas entregadas,
en los alegatos y el recurso de apelación señaló con cuadro rojos, pero además de ello, la misma testigo
de la demandada y el testigo de la demandante señalaron qué herramientas, qué equipos y qué insumos
se le entregaban a la actora para laborar
PERO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER NO LO VALORÓ.
4. Que la entidad, el cargo de INSTRUCTOR desempeñado por la actora existe en la planta de personal
de la entidad y habían instructores de planta subordinados haciendo lo mismo: Confirmado por la prueba
documental, se aportó el manual específico de funciones de la entidad, así mismo, tanto en los alegatos
de conclusión como en el recurso de apelación se señaló el cargo con grado y código entre cuadros
rojos, pero además de ello, la misma testigo de la demandada y el testigo de la demandante señalaron
que en efecto, como es lógico, HABÍAN INSTRUCTORES DE PLANTA HACIENDO LO MISMO QUE
LA DEMANDANTE.
PERO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER NO LO VALORÓ, pues de haberlo hecho,
se habría dado cuenta de una clarísima y evidente injusticia, la entidad no puede tener instructores de
planta e instructores contratistas, ambos haciendo las mismas actividades, pero recibiendo tratos
distintos.
El cargo desempeñado por el contratista no puede existir en la planta de personal, es
constitucionalmente insostenible que mientras a un instructor de planta se le reconocen prestaciones
sociales y derechos laborales, al instructor contratista, a pesar de hacer lo mismo, se le trate como
independiente y solo se le paguen honorarios.
Es claro que el Tribunal Administrativo de Santander ni cuenta se dio de esta prueba tan clara, pues de
haberla estudiado, seguramente se habría, cuando menos, pronunciado.
Nótese por favor, como es que el JUZGADO ONCE (11) ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, incomprensiblemente dejaron de estudiar pruebas
tan relevantes, es claro que a veces, cosas pasen inadvertidas en la primera instancia, para eso es la
segunda instancia, lo extraño, es que en una segunda instancia duró cerca de cuatro (4) años, el Ad
quem no valorara en debida forma la prueba, máxime cuando se le puso de presente en el recurso de
aplicación de manera diligente y detallada.
Y es evidente que la prueba en cita no se valoró, pues de haberlo hecho, el operador judicial se habría
cuando menos, pronunciado para desvirtuarla, pero no, simplemente, guardó silencio respecto de todas
las pruebas llamadas a colación por este extremo y, en un ejercicio a mi juicio muy facilista, se dedicó
a corroborar las pruebas tenidas en cuenta por el A quo, para simplemente confirmar la sentencia de
primera instancia.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el tribunal demandado en la sentencia del
27 de marzo de 2025, en el que consideró:

Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se procederá a analizar si en el presente caso se
configuran los tres elementos que la jurisprudencia ha señalado para acreditar la existencia de una
relación laboral, a saber, i) la prestación de servicio es personal; ii) subordinada de manera continuada;
y iii) remunerada, con especial atención en la subordinación o dependencia:
(…)
3. Subordinación o dependencia:
Tomando en consideración los argumentos que en la alzada el demandante sostiene, respecto a que:
i) los contratos de prestación de servicios fueron con subordinación y continuos; ii) no se analizaron
adecuadamente los testimonios y pruebas documentales presentadas, los cuales prueban la existencia

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03308-01
Demandante: Yolly Mateus Rodríguez

de una relación laboral; y, iii) no existió coordinación, sino una subordinación el cumplimiento de los
contratos, esta Sala luego de examinar los elementos de prueba, concluye lo siguiente: En primer lugar, se observó que el objeto de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las
partes, variaba entre la impartición de formación integral, mientras que otros se centraban en la
orientación de proyectos específicos o áreas concretas como compras y suministros, dentro de
programas como la integración con la educación media. Las diferencias también incluían la referencia
a planes operativos de años específicos (como 2011, 2012 y 2015), lo que establecía un marco temporal
para algunos roles, mientras que otros se enfocaban en la formación de diferentes áreas dentro de la
articulación con la educación media. Sin embargo, logra evidenciarse que, durante el período de
prestación de servicios, existieron varias ocasiones en donde se configuró la interrupción del contrato,
por constituirse más de 30 días hábiles entre la suscripción de ellos, existiendo entonces solución de
continuidad. En segundo lugar, se menciona en el recurso de apelación que las declaraciones indican la existencia
de la relación laboral, las cuales fueron valoradas por el A quo al momento de dictar su resolución, de
la siguiente forma:
• Del testimonio de Martha Yolanda Flórez Dulcey, estableció que el servicio de instrucción se
prestaba según la programación de ofertas educativas. Del testimonio de Juan Pablo Villamizar Rivera,
estableció que el desarrollo de las actividades tenía lugar en las instalaciones del SENA y colegios. De
lo anterior, indica que el servicio debía prestarse en forma obligatoria, en un determinado horario y sede.
• Del testimonio de Martha Yolanda Flórez Dulcey, logró establecer que, para ausentarse de las
clases, debía informar previamente o en el momento, pero no solicitar permiso, por lo cual, infirió un
margen de autonomía de la actora que desdibuja la subordinación y dependencia.
• Respecto al suministro de instrumentos, la señora Martha Florez señaló que se entregaban
elementos de papelería de acuerdo a su disponibilidad. El señor Juan Pablo Villamizar indicó que, como
instructores, tenían un puesto de trabajo, correspondiente a un salón. Sin embargo, infiere el A quo que,
no se demostró que debiera acudirse de forma obligatoria y en determinados horarios, y que la
obligatoriedad estaba dada exclusivamente para prestar la instrucción o formación. De conformidad con lo anterior, considera la Sala que, efectivamente, los testimonios y las pruebas
documentales presentadas no cuentan con la suficiente fuerza probatoria para acreditar la existencia
de la relación laboral alegada. De ahí que se logre inferir que, si bien entre los testimonios existe una
coincidencia respecto al alto nivel de exigencia que requería el desarrollo de las actividades, no se
evidenció ni se logró constatar el elemento de la subordinación, pues el horario y las actividades
variaban de acuerdo al desarrollo de las funciones. Asimismo, y como resultado de la valoración detallada de los testimonios presentados en primera
instancia, y los documentos allegados al plenario, el A quo determinó que no se encontraron los tres
elementos para declarar la existencia de la relación laboral. De acuerdo a lo anterior, considera la Sala
que efectivamente, los testimonios no son prueba suficiente para demostrar la subordinación laboral,
como tampoco lo es que, para el cumplimiento del objeto contractual se realizaran reuniones,
capacitaciones e inducciones, pues ello implica un ejercicio de coordinación de labores propio de la
actividad contractual a realizar.

De igual manera, los contratos de prestación de servicios están
supervisados por personal de las entidades, los cuales ejercen como su nombre lo indica, la supervisión
al cumplimiento de las actividades contractuales, labores que no pueden ser confundidas como
llamados de atención y, por tanto, las labores que adujeron los testigos que realizaba el coordinador y
supervisor del contrato, evidencian el cabal seguimiento y supervisión al cumplimiento del objeto
contractual de la demandante y no evidencian algún tipo de subordinación. De conformidad con las pruebas aportadas, en criterio de la Sala, la demandante en su condición de
contratista del SENA, no aportó elementos probatorios suficientes que demostraran la subordinación
laboral, siendo los testimonios practicados, insuficientes para demostrar la subordinación como
elemento necesario para el surgimiento de la relación laboral bajo la figura del contrato realidad, pues
a pesar de lo manifestado por los testigos, sus aportes terminan siendo débiles para demostrar la
existencia de un contrato realidad, más aún si se tiene en cuenta la postura del Consejo de Estado en
la que ha sostenido que "entre contratante y contratista puede existir una relación de coordinación en
sus actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados,
pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación" 7
Para la Sala es necesario destacar que, si en gracia de discusión se aceptaran como elementos
configurativos de una subordinación laboral los aducidos por los testigos en sus declaraciones, tales
como el cumplimiento de horario laboral, etc., tales circunstancias no llevan de manera indefectible a
deducir por qué la demandante se encontrara en una relación de dependencia frente a la parte
demandada, tal como lo ha señalado el Honorable Consejo de Estado en recientes pronunciamientos
donde, en casos similares, ha precisado que esas exigencias pueden producirse en relaciones de
coordinación, sin que pueda predicarse por ello la configuración de una relación laboral. (…)

7 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sección Segunda, consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, 6 de

mayo de 2015, Expediente No: 05001-23-31-000-2002-04865-01.

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Demandante: Yolly Mateus Rodríguez

Y, en razón a rendir informes para el pago de los honorarios, se tiene que dentro del contrato se estipuló
el cumplimiento de un mínimo de horas, a satisfacción del objeto contractual, por lo que se deduce
apenas lógico que estos se entregaran para el cobro de los mismos. Frente a la existencia de llamados
de atención, tampoco se acreditó dentro del proceso su existencia.
(…)
Lo anterior, hace hincapié en que el cumplimiento de un horario y la realización de informes no son
suficientes para demostrar una relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios. El
Consejo de Estado enfatiza que el control y dirección efectiva de la entidad contratante sobre las
actividades del contratista debe probarse de manera clara y precisa, y que el cumplimiento de un horario
debe interpretarse como una coordinación para lograr la correcta ejecución del contrato, y no como un
indicio de subordinación. En el caso concreto, las pruebas presentadas no demostraron la existencia de
control o dirección por parte del SENA, por lo que no se configuró la relación laboral encubierta.
(…)
En la jurisprudencia anterior se concluye que no se demostró la existencia de una relación laboral
encubierta entre la demandante y el SENA, ya que las pruebas presentadas no evidencian una
subordinación continua o dependencia en el desempeño de sus funciones. Aunque la demandante firmó
varios contratos de prestación de servicios y ejecutó labores bajo la coordinación del SENA, no se
comprobó que estuviera sujeta a un control efectivo o a la imposición de órdenes que limitara su
autonomía. Los correos y documentos relacionados con la supervisión de su trabajo se interpretan como
parte de la coordinación necesaria para cumplir con el objeto del contrato, y no como indicios de
subordinación.
(…)
De esta manera, por cuanto, acorde con el principio dispositivo al que se encuentra sometido el proceso
contencioso administrativo, corresponde a la demandante probar los hechos en los que fundamenta sus
pretensiones, y siendo la subordinación un elemento necesario para el surgimiento de relación laboral,
en tanto el mismo se traduce en el sometimiento del contratista a la Administración, las pruebas
aportadas para su demostración deben permitir diferenciarla de la coordinación de actividades y es
precisamente esta la razón por la cual no bastaba para la parte actora con afirmar la existencia de un
horario y órdenes impartidas por la entidad, para acreditar su existencia. Se aclara que el principio de coordinación, insito en los contratos de prestación de servicios,
corresponde a la simple sincronización de las actividades que debe ejecutar el contratista con las
directrices que le son dadas por el contratante para lograr el cumplimiento eficiente y eficaz del contrato. De esta manera, emerge como indispensable que exista un acuerdo contractual, en virtud del cual es
claro que el contratista cumple su contrato con independencia, pero en todo caso, como es apenas
lógico, en armonía con las condiciones necesarias que le son impuestas por parte de su contraparte,
frente a las cuales, ésta puede y debe ejercer tareas de control, seguimiento y vigilancia con miras a
que el acuerdo contractual se desarrolle de conformidad con la concertación previa. Diferente de la coordinación -propia de los contratos de prestación de servicios- es la subordinación, en
virtud de la cual existe una completa sujeción del trabajador hacia su empleador, y es precisamente en
este sentido, que el empleador cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer de la labor
desempeñada por el trabajador, quien a su vez tiene la ineludible obligación de obedecerle.

En este
evento, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrollará la labor,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador las desarrolle, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia.
(…)
En el presente caso, no puede evidenciarse que entre la demandante y la entidad demandada existió
una relación de subordinación continuada, elemento imprescindible para declarar la existencia de la
relación laboral. Ciertamente, la situación de la demandante no guarda relación con el grado de
dependencia que suele atribuírsele a un trabajador respecto de su patrono en una relación laboral,
donde el direccionamiento de las actividades es constante. Por lo tanto, comoquiera que en el presente
caso solo se aporta como prueba de la subordinación una testimonial que carece de fuerza probatoria
suficiente, la Sala concluye la necesidad de confirmar la sentencia de primera instancia.

Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Santander, que explicó que no se probó la configuración del elemento
subordinación para declarar la existencia de una relación laboral entre la señora Yolly
Mateus Rodríguez y Servicio Nación de Aprendizaje – SENA.

En el escenario que propone la parte actora, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judiciales demandada en el
proceso ordinario, en el que confirmó la decisión de primera instancia de no tener
acreditados los elementos de una relación laboral.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si
se configuran esos elementos, como lo pretende la parte actora. La acción de tutela es

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un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que no puede utilizarse
como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa o tratar de imponer
una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales de instancia.

Las anteriores razones son suficientes para revocar parcialmente la decisión impugnada
y, en su lugar, declarar improcedente el defecto fáctico por incumplir el requisito general
de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Revocar parcialmente la sentencia impugnada, para en su lugar:

2. Declarar improcedente el cargo por defecto fáctico, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

3. Confirmar en lo demás la providencia impugnada.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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