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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03314-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03314-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03314-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03314-01
Accionante: Carlos Eduardo Mejía Montes y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros

Tema: Tutela contra providencias judiciales proferidas en acciones de igual
naturaleza. CONFIRMA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 18 de julio de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

Los señores Carlos Eduardo Mejía Montes, José Elí Zora Gutiérrez, Carlos Alberto
Garzón León, Luis Jorge Méndez Ortiz, Roberto Alejandro Phillips Villaveces, David
Arce Rojas, Luis Guillermo Tobar Castro, Claudia Lyliana Montoya Lopera y
Gustavo Cifuentes Almadio pretenden que se protejan sus derechos fundamentales
a la igualdad, a la seguridad social, al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia y a la protección especial de las personas mayores; los cuales consideran
vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (secciones Primera, Subsección A; Segunda,
subsecciones C, E y D; Tercera, Subsección C; Cuarta, Subsección A), el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Yopal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Yopal, el Juzgado Primero Promiscuo de Venadillo y el Juzgado Penal del Circuito
de Lérida, con ocasión de varias sentencias de tutela proferidas en distintas
acciones promovidas por los actores1.

1 Carlos Eduardo Mejía Montes: Tutela con radicado 25307-33-33-002-2024-00235-01. Sentencias del 16 de

septiembre y 16 de octubre de 2024 proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, respectivamente.

José Elí Zora Gutiérrez: radicado 25307-33-33-002-2024-00249-01. sentencias del 4 de septiembre y 21 de
octubre de 2024 proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, respectivamente.

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Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2025-03314-01

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Los accionantes señalaron que prestaron sus servicios al Oleoducto de Colombia
S.A., mediante contratos laborales a término indefinido celebrados antes del 1 de
abril de 1994, esto es, previo a la creación del Instituto de Seguros Sociales (en
adelante ISS).

Que la sociedad empleadora omitió realizar los aportes pensionales que le
correspondían, lo que les impidió acceder a su derecho pensional, al no haber
acreditado el número de semanas requeridas, por lo cual instauraron diversas
acciones de tutela, en las que solicitaron que se ordenara a Oleoducto de Colombia
S.A. el reconocimiento y pago del bono pensional por el tiempo laborado, pero las
autoridades judiciales las declararon improcedentes en ambas instancias o negaron
el amparo.

Que presentaron solicitudes de aclaración y adición por la omisión de elementos
determinantes, como la valoración de las confesiones de la empresa, el precedente
judicial aplicable y el bloque de constitucionalidad, pero en todos los casos fueron
rechazadas sin pronunciamiento de fondo y, a la fecha las sentencias no han sido
seleccionadas para revisión por parte de la Corte Constitucional.

Consideran que en las sentencias discutidas se declaró improcedente la acción, a
pesar de que todos son mayores de 60 años, por lo que ostentan la condición de
personas de la tercera edad y son sujetos de especial protección constitucional, lo

Carlos Alberto Garzón León: radicado 25307-33-33-002-2024-00247-01. sentencias del 2 de octubre y 5 de
noviembre de 2024 proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, respectivamente.

Luis Jorge Méndez Ortiz: radicado 25307-33-33-002-2024-00272-01. sentencias del 30 de octubre y del 27 de
noviembre de 2024 proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, respectivamente.

Roberto Alejandro Phillips Villaveces: radicado 25307-33-33-002-2024-00268-01. sentencias del 28 de octubre
y del 29 de noviembre de 2024 proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, respectivamente.

David Arce Rojas: radicado 25307-33-33-002-2024-00258-01. sentencias del 9 y 31 de octubre de 2024
proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

Luis Guillermo Tobar Castro: radicado 25307-33-33-002-2024-00239-01. sentencias del 25 de septiembre y 5
de noviembre de 2024 proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, respectivamente.

Claudia Lyliana Montoya Lopera: radicado 85001-31-07-002-2025-00014-01. sentencias del 18 de marzo y 29
de abril de 2025 proferidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Yopal y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala única de Decisión, respectivamente.

Gustavo Cifuentes Almadio: radicado 73861-40-89-001-2025-00017-01. sentencias del 27 de enero y 27 de
febrero de 2025 proferidas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Venadillo y el Juzgado Penal del
Circuito de Lérida, Tolima, respectivamente.

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que vulnera las disposiciones de la Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado
colombiano mediante la Ley 2055 de 2020 y declarada exequible por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-395 de 2021.

Que todas las acciones fueron instauradas como mecanismos directos y no como
transitorios, por lo cual no era procedente el análisis de la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual solo procede cuando se pretende un amparo transitorio, como
lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia T-071 de 2021, por lo que el
estudio frente a ese aspecto realizado por las autoridades judiciales restringió
injustificadamente su derecho al acceso a la tutela.

Que los jueces y magistrados partieron de la presunción automática de idoneidad y
eficacia del proceso ordinario laboral, sustentada exclusivamente en su existencia
formal y en un examen fragmentario del precedente constitucional, sin realizar un
análisis individualizado y sustancial sobre su pertinencia en el caso.

Que en varios de los procesos aportaron memoriales en los que la empleadora
confesó haber omitido durante décadas el cumplimiento de sus obligaciones legales
en materia pensional previstas en la Ley 90 de 1946, respecto de la realización de
reservas actuariales y el pago de los bonos pensionales, pero el Juzgado Segundo
Administrativo de Girardot y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no los
valoraron, y el Tribunal Administrativo de Casanare afirmó que no podían
trasladarse de un proceso a otro, desconociendo que se invocaban como
confesiones que podían trasladarse en los términos del artículo 191 del Código
General del Proceso, lo que conlleva la configuración de un defecto fáctico.

Que se desconoció que en casos idénticos se decidió judicialmente el
reconocimiento de su derecho al bono pensional y el cálculo actuarial, sin exigir
prueba del perjuicio irremediable o haber iniciado el proceso ordinario, pese a que
esas sentencias fueron allegadas a las acciones de tutela.

Que no se tuvo en cuenta que la omisión de la empleadora ha permanecido en el
tiempo y que el requisito de inmediatez no puede analizarse de forma aislada de las
condiciones del caso, máxime cuando se trata de personas mayores.

Que en varias de las providencias controvertidas se afirmó que la acción no era
procedente porque los accionantes estaban afiliados en calidad de cotizantes al
régimen contributivo y no acreditaron una afectación directa a su mínimo vital, pero
ese argumento constituye un error judicial, ya que se trata de un requisito
abiertamente inconstitucional que desconoce el derecho a la seguridad social como
irrenunciable, así como el enfoque diferencial aplicable tratándose de personas
mayores de 60 años, de conformidad con la Sentencia T-1309 de 2005.

Que las autoridades judiciales pasaron por alto el carácter de derecho adquirido del
bono pensional, al tenerlo como una simple expectativa que debía resolverse por
vía ordinaria, lo que desconoce la normativa aplicable antes de la entrada en

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vigencia de la Ley 100 de 1993, como los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y
259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y la jurisprudencia laboral y
constitucional vigente.

PRETENSIONES

Solicitó que se dejen sin efectos las sentencias discutidas; se ordene a las
autoridades judiciales accionadas y a la empresa Oleoducto de Colombia S.A.
adoptar las medidas necesarias para la protección efectiva de los derechos
fundamentales vulnerados; y se adopten medidas de no repetición.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 19 de junio de 2025, se admitió la acción; se vinculó a Oleoductos de Colombia
S.A., a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), a
Skandia Administradora de Fondos Pensiones y Cesantías, y a Porvenir S.A., como
terceros con interés; y se corrió el respectivo traslado.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot afirmó que lo
pretendido por la parte actora desconoce el carácter definitivo y la cosa juzgada
constitucional que cobija las sentencias de tutela, especialmente porque no se alegó
ni demostró la existencia de un fraude procesal ni se cuestionaron vicios
sustanciales que comprometieran la validez de las decisiones adoptadas, máxime
cuando lo pretendido es una nueva revisión de fondo de las providencias, lo que
resulta improcedente.

Los demás accionados guardaron silencio.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

Colpensiones adujo que la acción debe ser declarada improcedente, pues el
debate no puede ser revivido por medio de otra acción de tutela, pues solo la Corte
Constitucional puede entrar a revisarlo mediante el trámite de selección y revisión
y, además, los accionantes deben acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, con el fin
de determinar si Oleoducto de Colombia S.A. tiene la obligación de pagar a los
fondos de pensión a los cuales están afiliados el valor solicitado por el período en
el cual no existía cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte por parte del
ISS para la industria petrolera, por ser el mecanismo de defensa adecuado, como
se concluyó en las providencias discutidas.

Expuso que aceptar la procedencia de la tutela contra sentencias de igual
naturaleza implicaría la pérdida de efectividad como mecanismo de protección de
los derechos fundamentales, al postergarse la resolución definitiva de la petición de
amparo; por ello, una vez la tutela no es seleccionada para revisión, hace tránsito a

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cosa juzgada constitucional inmutable y definitiva. En consecuencia, pidió denegar
la acción por ser abiertamente improcedente.

Skandia AFP-ACCAI S.A. expuso que únicamente se pronunciará sobre el caso
del señor Carlos Eduardo Mejía Montes, pues en los demás procesos no estuvo
vinculada, en atención a que los demás accionantes no estaban afiliados a esa
administradora.

Informó que el 12 de julio de 2016, el actor mencionado radicó solicitud de pensión
de vejez anticipada sin negociación de bono pensional, la cual le fue aprobada;
además, señaló que no tiene legitimación en la causa por pasiva, ya que no es la
llamada a responder por la vulneración alegada respecto al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot, por
lo cual solicitó su desvinculación.

Porvenir S.A. manifestó que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva,
pues no ha transgredido los derechos fundamentales de la parte actora y la tutela
se dirigió en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Girardot.

Señaló que, al tratarse de una reclamación relativa al reconocimiento de una
pensión, la parte actora cuenta con el procedimiento ordinario laboral para hacer
valer sus pretensiones, máxime cuando no demostró que está próxima a sufrir un
perjuicio irremediable, por lo cual pidió declarar improcedente la acción o denegarla.

Oleoducto de Colombia S.A. expresó que la Corte Constitucional ha sido enfática
en establecer que la acción de tutela no procede contra otras tutelas, pues los fallos
allí proferidos solo pueden ser revisados por aquella en sede de revisión, con el
objetivo de preservar la seguridad jurídica, la cosa juzgada constitucional y la
coherencia del sistema del control de constitucionalidad, por lo cual la acción de la
referencia desconoce el precedente vinculante y su carácter subsidiario.

Indicó que el apoderado de la parte accionante ha radicado más de 20 acciones de
tutela en las que ha reclamado el incumplimiento en la afiliación y pago de los
aportes al sistema de seguridad social durante los períodos anteriores al año 1993,
dentro de los cuales se encuentran las que dieron lugar a esta nueva acción y en
los que se concluyó inequívocamente su improcedencia, ante la existencia de
mecanismos ordinarios de defensa judicial y la ausencia de algún perjuicio
irremediable, lo cual no puede ser desatendido por la simple inconformidad del
profesional del derecho, sin que exista algún elemento nuevo que lo justifique.

Que en los procesos no solo se encontró demostrada la falta de afectación al
mínimo vital, sino que en varios de estos se evidenció que los accionantes percibían
mesadas pensionales significativamente elevadas, algunas de ellas superiores a los
$ 14.000.000, lo que desvirtúa cualquier argumento relacionado con el menoscabo
de ese derecho o de la vida digna, sumado a que no se presentaba una debilidad
manifiesta de los peticionarios y los presuntos derechos reclamados derivaban de

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relaciones laborales concluidas hace más de 33 años, sin que se le presentara
alguna reclamación formal ni se adelantara trámite judicial alguno para controvertir
la presunta omisión.

Que la supuesta confesión no fue más que una manifestación procesal efectuada
en el marco de un incidente de desacato referida estrictamente al cumplimiento de
una orden puntual dentro de un proceso específico, sin que se cumplan los
requisitos del artículo 191 del Código General del Proceso.

Que los pronunciamientos discutidos estuvieron debidamente sustentados en una
interpretación jurídica precedida del análisis del material probatorio, por lo que no
es cierto que existió una interpretación errónea de los requisitos de procedencia de
la tutela ni las decisiones pueden calificarse como arbitrarias.

En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 18 de julio de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción porque determinó que no superó la regla general
que prohíbe la instauración de la tutela contra una sentencia de la misma naturaleza,
ya que no demostró la condición fraus omnia corrumpit, en la medida que la parte
actora no aclaró si las providencias discutidas fueron proferidas con base en un
fraude ni aportó elementos que evidenciaran una actuación fraudulenta, dolosa o
contraria a la lealtad y la buena fe que haya incidido en el sentido de los fallos.

Concluyó que los fundamentos de la solicitud de amparo no contenían una carga
argumentativa que acreditara la configuración de la cosa juzgada fraudulenta o que
la parte accionada hubiera incurrido en actuaciones con propósitos ilegales o
dolosos que atentaran contra la administración de justicia, con la consecuente lesión
de las garantías fundamentales de la parte accionante, sino que versó sobre el
desacuerdo de esta con las decisiones adoptadas.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que se redujo el análisis a la
inexistencia de un fraude procesal, ignorando que la Corte Constitucional ha
admitido la tutela contra tutela cuando existen violaciones graves de derechos
fundamentales, incluso sin fraude doloso, como ocurrió en las sentencias SU-
627/15, T-784/10, T-104/07, T-951/13, T-373/14, T-580/2010 y T-289/24.

Indicó que la Subsección no analizó que algunos de los jueces accionados negaron
su condición de personas mayores por no haber superado la expectativa de vida,
con lo cual convalidó dicho yerro y transgredió la Convención Interamericana sobre
Personas Mayores, que integra el bloque de constitucionalidad y protege a todas
las personas mayores de 60 años.

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Que otros trabajadores más jóvenes recibieron la salvaguarda pedida, pero, por
ejemplo, en los casos de José Elí Zora Gutiérrez y Luis Jorge Méndez Ortiz, quienes
inclusive ya superaron la expectativa de vida les fue negada.

Que tampoco tuvo en cuenta que los jueces de tutela pasaron por alto que la
sociedad que fungió como su empleadora confesó en varios procesos que incumplió
la Ley 90 de 1946 y que solo pagó bonos pensionales cuando fue obligada por fallos
de tutela.

Insistió en el desconocimiento del precedente horizontal, la afectación continúa y
persistente por más de 30 años y el derecho adquirido al bono pensional.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo
pedido o, subsidiariamente, dejar constancia de la trascendencia constitucional del
caso.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales; y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar

2
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene
que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por

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ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»4

Frente al último requisito general de procedencia, la Corte Constitucional, en la
Sentencia SU1219/01, estableció la regla jurisprudencial de no admitir el amparo
constitucional contra las sentencias de tutela5, pues de lo contrario se prolongaría
indefinidamente la resolución de conflictos en quebranto de la seguridad jurídica y
el goce efectivo de los derechos fundamentales6. Sin embargo, en la Sentencia
SU627/157, consideró que, de manera excepcional, procede en los siguientes
casos:

«[C]uando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta
Corporación, se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la
cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción
de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación».

Así las cosas, por regla general, no procede la acción de tutela contra sentencia de
tutela; empero, existe la excepción de la cosa juzgada fraudulenta, la cual, por
tratarse del cuestionamiento que se hace de una providencia judicial, es preciso que
el interesado la alegue y demuestre tal situación en la nueva solicitud de amparo,
satisfaciendo, en todo caso, y, en primer lugar, los demás requisitos de

4
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Regla reiterada en las sentencias: T-021, T-174, T-192, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y

T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de
2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2003. Ver también
la sentencia SU-627 de 2015.
6 Corte Constitucional sentencia SU 116 de 2018 y en este sentido las sentencias T-162 de 1997 y T-1009 de

1999.
7 La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 de 2015, se refirió al tema en los siguientes términos:

“4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte
Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede
el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se
debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con
su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso
si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las
órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección
de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional”. (Resaltado de la Sala).

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Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2025-03314-01

procedibilidad establecidos en la jurisprudencia constitucional.

Caso concreto

A esta Subsección corresponde definir inicialmente si en el presente asunto se
cumplen los requisitos fijados por la Corte Constitucional que permiten
excepcionalmente cuestionar sentencias proferidas en sede de tutela a través de
esta acción de igual naturaleza, pues solo en ese evento habría lugar a realizar un
estudio de fondo de los reparos expuestos.

De las pruebas obrantes en el expediente, se observa que mediante las sentencias
de tutela discutidas en esta oportunidad las autoridades judiciales accionadas
declararon improcedentes las acciones o negaron el amparo porque consideraron
que los accionantes contaban con otro mecanismo de defensa judicial para
determinar si la empresa Oleoducto de Colombia S.A. tenía la obligación de
reconocer y pagar el bono pensional por los aportes correspondientes al período de
vinculación laboral durante el cual no existía cobertura de los riesgos de invalidez,
vejez y muerte por parte del ISS para la industria petrolera.

En esa medida, se encuentra que la acción de la referencia no comparte identidad
procesal con las solicitudes de amparo previas, esto es, aquellas cuyas decisiones
se cuestiona, pues no existe identidad de partes, de objeto ni de causa petendi, si
se tiene en cuenta que los accionados no son los mismos; las pretensiones en este
caso se dirigen a dejar sin efectos los fallos de las tutelas primigenias; y el
fundamento de la presente acción es el yerro endilgado a las acciones
constitucionales iniciales.

Sin embargo, no se observa el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
generales de procedencia de la tutela para discutir una providencia judicial,
concretamente, el de la relevancia constitucional, ya que se advierte que lo
pretendido es revivir una discusión que ya fue definida en otra acción de igual
naturaleza a la presente con base en argumentos subjetivos, con lo cual se
desconoce la autonomía e independencia judicial.

Adicionalmente, como la parte actora pretende cuestionar una sentencia de tutela,
también debe verificarse si la decisión adoptada fue producto de un fraude y, por
tanto, existe cosa juzgada fraudulenta; sin embargo, no se advierte que se haya
configurado esta, pues no se encuentra que las decisiones se adoptaran con fines
ilegales ligados a una actuación dolosa o con fraude a la ley, derivada de una
interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y
a la buena fe judicial, sino que, en cambio, atendió a los supuestos fácticos, así
como a las normas aplicables y a la jurisprudencia sobre la materia.

Debe aclararse que, contrario a lo alegado por los actores, en la jurisprudencia del
máximo tribunal constitucional sí se ha exigido la demostración de una situación de
fraude para admitir la procedencia excepcional de la tutela contra sentencias
dictadas en un proceso constitucional de igual naturaleza, por lo cual no resulta de

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recibo dicho argumento.

Además, algunas de las sentencias invocadas por los solicitantes del amparo no
fueron dirigidas contra decisiones de tutela y en otras se aludió expresamente a la
necesidad de la demostración de dicha exigencia.

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 18 de julio de 2025 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2025 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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