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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03330-00

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03330-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-03330-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03330-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE
ACTORA PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE
ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LIBRE ASOCIACIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la

SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03330-00
Actor: WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

El señor WILSON RODRÍGUEZ RÍOS, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la

administración de justicia y a la libre asociación, los cuales estima vulnerados

por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 16 de septiembre de

2024, dentro del medio control de cumplimiento de normas con fuerza material

de ley o de actos administrativos identificado con el número único de

radicación 2024-01469-00.

I.2.- Hechos

Explicó que presentó demanda en nombre propio y en representación de los

señores ESPERANZA y MARISEL RODRÍGUEZ RÍOS, NOEL FUENTES,

PABLO LAGOS, LUIS MARÍA BECERRA y NELSI TIJARO, en ejercicio del

medio control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos

administrativos contra la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA

SOLIDARIA2, por el presunto incumplimiento de “[…] la ley (sic) 454 de 1998

artículos 34, 35, 36 Numerales 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20

literales a) y b) y 22, Decreto 2159 de 1999 artículo 2, Decreto 186 de 2004

articulo (sic) 3 numeral 4. literal a) numeral 5 literal c), Articulo (sic) 5, numeral

20 y 21 y en las obligaciones del Código Contencioso administrativo ley (sic)

1437 de 2011 artículo 3° numeral 1, 8, 8, 10, 11, 12, 13, articulo 10 [...] Artículos

2
En adelante SUPERINTENDENCIA.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03330-00
Actor: WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

58 y 105 del código de Comercio, Ley 1712 de 2014 artículos 2, 3 5 (sic), 9, y

13, y la constitucional contenida en el (sic) artículo 2, 87 y 29 de la Carta Magna

[…]”.

Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 2024-

01469-00 y le correspondió en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante

sentencia de 16 de septiembre de 2024, declaró el fenómeno de la cosa

juzgada3 frente al cumplimiento de los numerales 8, 11 y 20, literales a) y b),

del artículo 36 de la Ley 454 de 4 de agosto de 1998 4 y declaró su

improcedencia en relación con las demás disposiciones normativas señaladas

en el libelo introductorio.

Inconformes con lo anterior, los demandantes formularon recurso de apelación

ante la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO5 que, mediante

sentencia de 20 de febrero de 2025, confirmó la providencia recurrida.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto

3
En virtud de la decisión de fondo adoptada en la sentencia de 4 de abril de 2019, proferida en el medio de control
de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos con número único de radicación
25000-23-41-000-2019-00073-01.
4
“[…] Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea la
Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de
Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se
expiden otras disposiciones. […]”.
5
En adelante Sección Quinta.

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procedimental absoluto al no resolver el recurso de reposición presentado

contra la sentencia del 16 de septiembre de 2024 y remitir directamente el

expediente al Consejo de Estado para que surtiera el trámite de apelación, sin

tener en cuenta que dicho recurso debía tramitarlo el mismo funcionario que

profirió la decisión de primer grado.

Aseguró que no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la

solicitud de cumplimiento relacionada con los numerales 8, 11 y 20, literales a)

y b), del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, toda vez que en la acción de

cumplimiento objeto de análisis concurren actores, pretensiones y hechos,

distintos de los que fundamentaron el proceso identificado con el número único

de radicación 2019-00073-01, lo cual, en su criterio, dio lugar a un defecto

fáctico.

Aunado a lo anterior, adujo que no se tuvo en cuenta “[…] la tacha de falsedad

por parte del Juzgado 14 de Ejecución de Sentencias […]” frente al acta núm.

52 de 28 de agosto de 2016.

Afirmó que se omitió la práctica de pruebas relevantes, así como el deber de

haber requerido a la SUPERINTENDENCIA para que demostrara el

cumplimiento de las disposiciones normativas y los estatutos de la

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA LA LIBERTAD6.

6
En adelante COOPLIBERTAD.

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5

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Actor: WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

Manifestó que la decisión cuestionada carece de motivación en la medida que

no se emitió pronunciamiento alguno sobre la renuencia de la

SUPERINTENDENCIA frente a la mayoría de pretensiones formuladas en el

libelo introductorio, ni respecto de las sentencias que “[…] declaran

irregularidades en el desarrollo de diferentes asambleas de Cooplibertad que

han dado origen a nulidad por diferentes despachos judiciales […]”.

Mencionó que se presentaron múltiples “[…] renuencias […]” del TRIBUNAL y

de la SUPERINTENDENCIA, que materializaron los defectos orgánico y

sustantivo, por cuanto no se garantizó el cumplimiento del ordenamiento

jurídico y de mandatos estatutarios por parte de COOPLIBERTAD.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor solicita el amparo de sus derechos

fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] Pretensión primera Se solicita respetuosamente a los Honorables
Magistrados Constitucionales de Tutela a través de sentencia que haga
tránsito a cosa juzgada, adoptar las facultades legales y administrativas
y constitucionales, para que se deje sin efectos la sentencia la decisión
(sic) de la Sentencia Del Honorable Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, del Proceso No 25000-23-41-000-2024-01469 -00,
Magistrado Ponente Oscar (sic) Armando Dimaté Cárdenas, fechada el
16 de septiembre de 2024 y apelada ante el Honorable Consejo de
Estado, ejecutoriada el 20 de febrero de 2025 y se ordene: (sic)

Pretensión segunda: respetuosamente solicito al Honorable Magistrado
Constitucional se inadmita lo expuesto por el Tribunal Administrativo de

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Actor: WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

Cundinamarca de sentenciar el transito (sic) a cosa juzgada la acción por
lo antes expuesto y se dé tramite integral a cada una de las pretensiones
y que como se demuestra una nueva identidad de causa y objeto entre
dos acciones que conformación en la integración de partes, son
peticiones por fuerza material de ley, representación jurídica, y afectación
a una comunidad o fallas en el servicio.

Pretensión Tercera: Que el Honorable Señor Magistrado Constitucional
ordene al Honorable señor Magistrado Del Tribunal De Cundinamarca Sr
MP OSCAR ARMANDO DIMATE CARDENAS, acatar la modificación de
la sentencia del Consejo de Estado del año 2019 para que verifique las
irregularidades en el informe que debió allegar la Supersolidaria de los
hallazgos de la visita de inspección que en el año 2019 manifestó estar
realizando desacatando lo dispuesto por el Consejo de Estado en la
actuación constitucional; de no hacerlos llegar en la presente acción
constitucional: ordene de manera perentoria y con un plazo establecido
la visita de inspección teniendo en cuenta la nulidad y que ninguna de las
actuaciones de registro tanto en la cámara de comercio como en la
Supersolidaria han tenido efectos jurídicos como más adelante se detalla;
adicional a lo anterior dar traslado a la Procuraduría General de la Nación
por el incumplimiento a sus funciones y ocultar documentos al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Pretensión Cuarta: (pretensión primera de la acción de cumplimiento)
Que el Honorable Señor Magistrado Constitucional ordene al Honorable
señor Magistrado Del Tribunal De Cundinamarca Armando Dimaté
Cárdenas, para que este a su vez ordene a la Supersolidaria se consulte
los procesos que dieron origen a las nulidades de los diferentes
despachos judiciales, reconstruya el estado natural de las cosas a marzo
1 de 1997, valore esas pruebas, omitiendo la práctica de pruebas que no
cumpla lo dispuesto el código civil en su artículo 1746, que practique
control de legalidad descrito en el artículo 35 y 36 numerales del 1 al 23
de la ley 454 de 199,(sic); derecho abstracto; Sentando Jurisprudencia a
la discrecionalidad administrativa por parte de los órganos de
Supervisión, para que en adelante cuando mediante sentencia judicial se
declaren nulidades, la discrecionalidad administrativa se torne negativa e
impere el control de legalidad para subir el nivel de supervisión conforme
al artículo 29 de la Constitución Política.

Pretensión Quinta: (pretensión segunda de la acción de cumplimiento)
Que el Honorable Señor Magistrado Constitucional ordene al Honorable
señor Magistrado Del Tribunal De Cundinamarca Sr MP OSCAR
ARMANDO DIMATE CARDENAS requerir a la Supersolidaria para
inaplicar la discrecionalidad administrativa en lo que se refiere al Decreto
2159 de 1999 en los grados de Supervisión para Cooplibertad; téngase
en cuenta que la Cooperativa ha violado el debido proceso e incluido
informes falsos y actas sin las disposiciones legales y estatutarias. […].

Pretensión Sexta: (pretensión tercera de la acción de cumplimiento) Que
el Honorable Magistrado ordene al Tribunal Administrativo de

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Actor: WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

Cundinamarca ordene a la Supersolidaria aplique el código Civil como
principio de legalidad; que de conformidad con las declaraciones
judiciales y los efectos jurídicos que ordenan la Ley Civil art 1746, la
Supersolidaria cumpla sus funciones contenidas en desde el statu quo
que declaró nulidad en la actuación del acta de consejo de administración
No 680 de 1997 para habilitar y verificar la lista de asociados hábiles que
deban y puedan ratificar la subsanación de dicha acta del consejo de
administración; situación similar para ratificar el acta No 027 de la
realización de la asamblea general de asociados de la Cooperativa
Multiactiva de Vivienda La libertad conforme a los estatutos y la ley; es
decir que estén legal y estatutariamente vinculados y que los asociados
que convoquen dicha asamblea no tengan impedimentos estatutarios que
más (sic) adelante se argumentarán.

Pretensión Séptima: (pretensión cuarta de acción (sic) de cumplimiento)
Que el Honorable Señor Magistrado Constitucional ordene al Honorable
señor Magistrado Del Tribunal De Cundinamarca Armando Dimaté
Cárdenas, para que este a su vez ordene a la Supersolidaria que se
verifique integralmente que la Asamblea General de Asociados de
Cooplibertad No 27 cumpla los requisitos legales en debida forma
conforme al artículo 30 de la Ley 79 de 1988 que dispone: […].

Pretensión Octava: (pretensión quinta de la acción de cumplimiento)
Que el Honorable Señor Magistrado Constitucional ordene al Honorable
señor Magistrado Del Tribunal De Cundinamarca Armando Dimaté
Cárdenas ordenar a la Supersolidaria que de acuerdo a las
irregularidades contenidas en las asambleas y no subsanadas en debida
forma, proceda a convocar la Asamblea No 27 según lo dispone el articulo
(sic) 36 de la ley 454 de 1998 numeral 20 literales a) y b) tomando como
argumento la sanción (sic) judicial que decretó el Juzgado 14 Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias y lo expuesto por el abogado del
proceso ejecutivo de los legítimos asociados; e igualmente; que ordene
la cancelación de todos y cada uno de los registros inscritos
irregularmente ante la cámara de comercio para la inscripción de que se
haya efectuado de los nombramientos de sus órganos de administración,
vigilancia, representantes legales y revisores fiscales en caso toda vez
que una autoridad judicial declaró las irregularidades por no ajustarse a
las normas legales y estatutarias como lo dispone el articulo (sic) 36 de
la ley (sic) 454 de 1998 numeral 11 y como lo aclaró el proceso de acción
de cumplimiento 2019-00073-01 del Consejo de Estado.

Pretensión Novena: (pretensión sexta de la Acción de Cumplimiento)
Que el Honorable Señor Magistrado Constitucional ordene al Honorable
señor Magistrado Del Tribunal De Cundinamarca Armando Dimaté
Cárdenas, para que este a su vez, ordene a la Supersolidaria tener en
cuenta que no el Statu quo, en declaración de nulidad prevalece en la
actuación administrativa; que los hechos de nulidad es el acta No 27 de
la realización de asamblea de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda la
Libertad debe cumplir con los requisitos que el abogado de la parte actora
del proceso ejecutivo por mora argumentó para subsanar las

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irregularidades, según memorial fechado 11 de diciembre de 2017, folio
879 que titula RAZONES DE MI OPOSICIÓN PARA TERMINAR EL
PROCESO. (prueba aportada) […]:

Pretensión Decima (sic): (pretensión séptima de la acción de
cumplimiento) Que el Honorable Señor Magistrado Constitucional ordene
al Honorable señor magistrado Del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca la aplicación al código de comercio, Decreto 410 de 1971,
que faculta y ordena la inhabilidad de representante legal de conformidad
con el articulo (sic) 35 numeral 1 de la ley 454 de 1998 concatenado al
artículo 58 y 105 Código de Comercio y en concordancia con el artículo
3° numeral 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 de Ley 1437 de 2011 y que a continuación
se desglosa: […]

Pretensión decimoprimera: (pretensión octava de la acción de
cumplimiento) Que el Honorable Magistrado Constitucional ordene al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este a su vez ordene
a la Supersolidaria la protección efectiva de los intereses patrimoniales
de los asociados, descrita en la Ley 454 de 1998 articulo (sic) 35 numeral
2 y concatenado a la Norma Rectora Constitucional que dispone el
articulo (sic) 58; téngase en cuenta que a 1997 el statu quo en los libros
oficiales se registran ahorros y aportes equivalentes a 450 salarios
mínimos legales vigentes de la época.

Pretensión decimosegunda: (pretensión novena de la acción de
cumplimiento) ) Que el Honorable Magistrado Constitucional ordene al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este a su vez ordene
a la Supersolidaria cumpla las funciones contenidas en el artículo (sic) 35
numeral 1 de la ley 454 de 1998 en que haga exigible el cumplimiento del
artículo (sic) 53 de los estatutos vigentes a 1997 (Statu quo) de la
Cooperativa Multiactiva de vivienda la Libertad con énfasis en el
parágrafo único del citado artículo (sic) que dispone: […]

Pretensión decimotercera: (pretensión décima en la acción de
cumplimiento) Que el Honorable Magistrado Constitucional ordene al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este a su vez ordene
a la Supersolidaria se realice el control de legalidad estatutario de
conformidad con el articulo (sic) 35 numeral 1° de la Ley 454 de 1998, en
concomitancia con los estatutos vigentes de la Cooperativa a 1997 según
el artículo (sic) 16 literales a), e), f), g), h) e i) que disponen:

[…]

Pretensión decimocuarta: (pretensión decimo primera en la acción (sic)
de cumplimiento) (sic) Que el Honorable Magistrado Constitucional
ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este a su
vez ordene a la Supersolidaria se realice el control de legalidad
estatutario de conformidad con el articulo 35 numeral 1° de la Ley 454 de
1998, en concomitancia con los estatutos vigentes de la Cooperativa a
1997 según el artículo (sic) 27 que dispone:

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[…]
Pretensión decimoquinta: (Pretensión decimosegunda de la acción de
cumplimiento) Que el Honorable Magistrado Constitucional ordene al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este a su vez ordene
a la Supersolidaria se realice el control de legalidad estatutario de
conformidad con el articulo (sic) 35 numeral 1° de la Ley 454 de 1998, en
concomitancia con los estatutos vigentes de la Cooperativa a 1997 según
el artículo 63 que dispone: […]

Pretensión decimosexta: (pretensión decimotercera de la acción de
cumplimiento) Que el Honorable Magistrado Constitucional ordene al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este a su vez ordene
a la Supersolidaria se realice el control de legalidad estatutario de
conformidad con el articulo (sic) 35 numeral 1° de la Ley 454 de 1998, en
concomitancia con los estatutos vigentes de la Cooperativa a 1997 según
el artículo 73 que dispone:

[…]

Solicitud de creación de jurisprudencia: Teniendo en cuenta que la Junta
de Vigilancia encargada de elaborar la lista de asociados hábiles se
encuentra desintegrada y los miembros del Consejo de Administración se
encuentran impedidos para pertenecer a los órganos de administración y
de la misma Cooperativa, respetuosamente se solicita para que en los
casos de desintegración o impedimentos de los órganos de
administración sea la Supersolidaria que realice un peritaje de los hechos
del proceso y elabore la lista de asociados hábiles para participar en la
asamblea a subsanar el acta No 27 por las facultades de Supervisión.

Pretensión Decimoséptima: (pretensión decimocuarta de la acción de
cumplimiento) Se solicita omitir esta pretensión por tener la misma
identidad de la pretensión (sic) anterior. Se solicita respetuosamente
tramitar solo la anterior.

Pretensión decimoctava: (pretensión decimoquinta de la acción de
cumplimiento) Que el Honorable Magistrado Constitucional ordene al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este a su vez ordene
a la Supersolidaria se realice el control de legalidad estatutario de
conformidad con el articulo (sic) 35 numeral 1° de la Ley 454 de 1998, en
concomitancia con los estatutos vigentes de la Cooperativa a 1997 según
el artículo 75 que dispone:

[…]

Pretensión decimonovena: (pretensión decimosexta de la acción de
cumplimiento) Que el Honorable Magistrado Constitucional ordene al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este a su vez ordene
a la Supersolidaria se realice el control de legalidad estatutario de
conformidad con el articulo (sic) 35 numeral 1° de la Ley 454 de 1998, en

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concomitancia con la Ley 79 de 1988 en su artículo 27. De allí se resalta
el parágrafo único del citado artículo: en el mismo está dispuesto que para
la participación de la asamblea son los asociados inscritos en el registro
social sin que sus derechos estén suspendidos; teniendo en cuenta la
declaración de nulidad efectuada por el Juzgado 59 C.M del acta 680 del
consejo de administración en el que se vincula medio centenar de
personas sin cumplir los requisitos, es evidente que los derechos de ese
medio centenar de personas está suspendido y anulado. Que se debe
realizar nueva acta del consejo de administración para realizar un estudio
para la vinculación de los asociados siempre y cuando se cumplan todos
y cada uno de los requisitos que los estatutos han previsto y como se
detallará más adelante […]”. (Negrilla del texto original).

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que en la acción de cumplimiento objeto de

examen se garantizó el derecho al debido proceso de las partes.

Explicó que se realizó un análisis riguroso sobre la configuración parcial del

fenómeno de la cosa juzgada, el eventual perfeccionamiento de la temeridad

y la improcedencia de la acción de cumplimiento frente a providencias

judiciales para perseguir el reconocimiento de un derecho subjetivo de carácter

dinerario o resarcitorio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La SECCIÓN QUINTA, vinculada en calidad de tercero con interés,

sostuvo que en el escrito de tutela no se expone ningún argumento que

cuestione alguna actuación ni omisión atribuible a dicha Sección.

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No obstante, lo anterior, indicó que el accionante pretende reabrir una

controversia de carácter económico, comoquiera que el juez natural no

accedió a las pretensiones de la demanda.

Añadió que el trámite de cumplimiento se adelantó respetando las garantías

procesales correspondientes y que la decisión se adoptó conforme a las

pruebas aportadas en la oportunidad legal.

I.6.2.- La SUPERINTENDENCIA y los señores NOEL FUENTES,

ESPERANZA RODRÍGUEZ RÍOS, MARISEL RODRÍGUEZ RÍOS, NELSI

TIJARO, PABLO LAGOS y LUIS MARÍA BECERRA, pese a ser notificados

en debida forma, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con

lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud

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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre

las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

El despacho sustanciador mediante auto de 5 de junio de 2025, requirió al

actor para que aportara los poderes que lo facultaban para actuar en

representación de los señores NOEL FUENTES, ESPERANZA y MARISEL

RODRÍGUEZ RÍOS, NELSI TIJARO, PABLO LAGOS y LUIS MARÍA

BECERRA, por cuanto de los hechos de la demanda se infería que los

derechos que invocaba como vulnerados también estaban en cabeza de

aquellos, quienes fungieron como parte demandante dentro del medio de

control de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos

identificado con el número único de radicación 2024-01469-01 o, en su defecto

acreditara la imposibilidad de estos para ejercer directamente la presente

solicitud de amparo en defensa de sus derechos fundamentales. Para tal

efecto, se le concedió el término de tres (3) días, contados a partir del día

siguiente de la notificación de dicho proveído.

El actor mediante mediante memoriales obrantes en el índice núm. 9 del

aplicativo SAMAI, manifestó que presentaba la acción de tutela en nombre

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propio y solamente en representación de los señores NOEL FUENTES, NELSI

TIJARO, MARISEL y ESPERANZA RODRÍGUEZ RÍOS, para lo cual aportó

los poderes que estos le habían conferido para promover el medio de control

objeto de controversia y no para hacer uso de la acción constitucional de la

referencia.

Comoquiera que el actor no aportó los poderes requeridos, mediante auto de

7 de julio de 2025, se rechazó la acción de tutela respecto de los señores

NOEL FUENTES, ESPERANZA y MARISEL RODRÍGUEZ RÍOS, NELSI

TIJARO, PABLO LAGOS y LUIS MARÍA BECERRA, y se admitió el

mecanismo de amparo solamente frente al señor WILSON RODRÍGUEZ

RÍOS, en nombre propio.

Posteriormente, los señores NELSI TIJARO, NOEL FUENTES, ESPERANZA

y MARISEL RODRÍGUEZ RÍOS, mediante escritos radicados el 17 y 18 de

julio de 2025, indicaron que “[…] doy alcance y aclaración al correo recibido

por su despacho del poder conferido al abogado Wilson Rodríguez (sic) Ríos

(sic) para Acción de Cumplimiento por leyes con fuerza material de Ley contra

la Supersolidaria; el mismo incluye los recursos; del cual se infiere, que la

Tutela es el último mecanismo constitucional. En caso de que deba realizarse

otro poder; este escrito ratifica que incluye se autoriza para le ejecución y

trámite de Tutela que se presentó en la referencia arriba descrito al togado del

Derecho Abogado Wilson Rodríguez (sic) Ríos (sic) para tramitar Acción de

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Actor: WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

Tutela a mi nombre por los derechos vulnerados contenidos en la sentencia

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del Proceso No 25000-23-41-41-

000-2024-014469-00 (sic) […]”.

Frente al particular, se advierte que dichas manifestaciones y/o mandatos

fueron allegados a la acción de tutela de la referencia por fuera del término

establecido en el auto de 5 junio de 2025, situación que conllevó a que

precisamente en proveído de 7 de julio de este año, se rechazara la solicitud

de amparo frente a las personas antes mencionadas y frente al cual no se

presentó ningún reparo, razón por la que en esta instancia se hace incensario

realizar pronunciamiento alguno al respecto.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente

núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María

Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia

jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente

la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia

de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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Actor: WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros

jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de

2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros

pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual

fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos

generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales,
de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones

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Actor: WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal
como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso
y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión,
por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este
sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra
una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o
defectos que adelante se explican.

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrilla fuera del texto).

Caso concreto

En el presente caso, se advierte que el señor WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

pretende que se deje sin efecto la sentencia de 16 de septiembre de 2024,

proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de cumplimiento de

normas con fuerza material de ley o de actos administrativos identificado con

número de radicación 2024-01469-00.

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Actor: WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

Al citado proveído se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales

al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a

la libre asociación, habida cuenta que, a juicio del actor, el TRIBUNAL incurrió

en los defectos procedimental absoluto, fáctico y ausencia de motivación,

al no resolver el recurso de reposición presentado contra la sentencia de 16

de septiembre de 2024 y declarar la configuración parcial del fenómeno de la

cosa juzgada y la improcedencia de la acción de cumplimiento, sin advertir

que: i) el recurso de reposición debía tramitarlo el mismo funcionario que dictó

la providencia recurrida; ii) no existía identidad de actores, pretensiones y

hechos con el proceso identificado con el número único de radicación 2019-

00073-01; iii) no se valoró en debida forma la sentencia proferida por el

Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, ni la renuencia

de la SUPERINTENDENCIA; iv) se omitió la práctica de pruebas relevantes

para resolver el fondo del asunto; y v) lo pretendido por los demandantes no

era un reconocimiento subjetivo, sino un beneficio para la comunidad.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver

la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la autoridad

judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados.

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Actor: WILSON RODRÍGUEZ RÍOS

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala

examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la

acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada

por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional7.

De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela

se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de

“evidente relevancia constitucional”. Bajo esta expresión, la jurisprudencia

constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias

judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser

el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de

amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es

necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal que “sólo

aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente

7
Se resalta que en este caso se cumple con el requisito de la inmediatez a pesar de que solo se esté cuestionando
la providencia de primera instancia de 16 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal, pues el proceso culminó
con sentencia de segundo grado de 20 de febrero de 2025, así lo dispuso la Sala en sentencia de 22 de mayo de
2025, expediente identificado con el número único de radicación 2024-07019-01, C.P. Oswaldo Giraldo López, en la
que se dijo: “[…] Por lo tanto, al a quo no le asistió la razón al señalar que en este asunto no estaba acreditado
el presupuesto general de la inmediatez. A juicio de la Sala, no era procedente interponer la acción de tutela
luego de la expedición del auto del 11 de noviembre de 2021, dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, comoquiera que el proceso de reparación directa continuaba
en curso, razón por la cual aún estaba en cabeza del juez natural del asunto la emisión de la decisión definitiva.
Entonces, es válido que la solicitud de amparo se haya presentado dentro de un término prudencial posterior
a la notificación de la sentencia del 17 de octubre de 2024, pues fue esta providencia la que agotó el debate
surtido en el proceso ordinario de reparación directa. Luego, el requisito de la inmediatez sí se encuentra
satisfecho, pues la acción de tutela se presentó el 19 de diciembre de 2024 contra la decisión de segunda
instancia dictada el 17 de octubre del mismo año […]”. (Negrilla fuera del texto).
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela”. 9

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta

Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual
realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es
el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos
cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228
y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en
un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que
supone la conjunción de dos elementos necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor
para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
[ ] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo”.
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005”.
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar
su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no
es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué
su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar
si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede
erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso
de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en
torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones
de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007,
Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión
que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe
ser una cuestión de evidente relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra
decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir
asuntos de mera legalidad [15]. Si bien no siempre es fácil
delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente

[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la
especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del
recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución,
para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de
amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho
al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que
se denomina simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art.
29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales
garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el
derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de
defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el
derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio
de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones
judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por
ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo
esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez
que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del
proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata
de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha
manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013 […]”.
(Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional en

sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene

como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la

[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida
para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal […]”. (Destacado fuera de texto).

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la tutela

contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio

de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su

formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron

origen a la controversia judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar

si la acción de tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […]”.
(Destacado fuera de texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como

propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de

mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir que la

acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la

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independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente acción de

tutela no cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, en la

medida en que lo pretendido por el señor RODRÍGUEZ RÍOS es que se realice

un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del juez natural, como si

este mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional de la

acción de cumplimiento.

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos invocados por la parte

actora como sustento de la presunta vulneración de los derechos invocados,

coinciden con aquellos expuestos en el escrito de demanda y en el recurso de

apelación presentados en el medio de control en cuestión. En consecuencia,

este mecanismo de amparo se orienta a retomar el examen de aspectos que

ya fueron ampliamente debatidos y resueltos por los jueces naturales del litigio.

En efecto, la discusión puesta a consideración carece de una perspectiva

constitucional, en la medida en que se deriva de una discusión meramente

legal sobre el cumplimiento de unas disposiciones legales y de los estatutos

de la COOPLIBERTAD, que gira en torno a las inconformidades expuestas en

la acción de cumplimiento, las cuales fueron resueltas por el TRIBUNAL de

forma admisible, así:

“[…] En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala
declarará la improcedencia de la acción ejercida, por las siguientes

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razones:

1) Frente a la procedencia de la acción de cumplimiento para el
reconocimiento de derechos subjetivos, el cumplimiento de providencias
judiciales y la solución de controversias, como ocurre en este caso, el
Consejo de Estado18 ha establecido:

“Por otra parte, recalca la Sala que la acción de cumplimiento no
tiene dentro de su objeto el de dirimir controversias jurídicas,
ni el de reconocer derecho subjetivo alguno. El fin de esta
acción es el exigir el respeto de los derechos ya existentes y que
se acaten las normas que los reconocen, por cuanto no se puede
sustituir a la autoridad competente para resolver respecto del
reconocimiento de un determinado derecho.

Conviene precisar que si bien, cualquier persona puede ejercer la
acción constitucional prevista en la Ley 393 de 1997, para hacer
efectivo el cumplimiento de leyes o actos administrativos que
contengan una obligación clara y precisa en cabeza de las
autoridades públicas o de los particulares en ejercicio de funciones
públicas, ello no quiere decir que este mecanismo pueda ser
ejercido para obtener del juez una orden dirigida a autoridad
administrativa para que reconozca un derecho o un beneficio que
la demandante crea tener a su favor. […]”. (resalta la Sala).

2) Ahora bien, corresponde a esta Sala verificar si se configura o no el
fenómeno de la cosa juzgada o la temeridad en el presente caso, dado
que la entidad accionada, Superintendencia de Economía Solidaria, en
su escrito de contestación de la demanda adujo lo siguiente: “(…) es la
tercera vez que el actor interpone una acción de cumplimiento, con los
mismos supuestos fácticos y jurídicos, por lo que esta representación
considera que se trata de una actuación temeraria, por cuanto en
pasadas ocasiones anteriores el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Consejo de Estado han decidido rechazarla por
improcedente.”.

De conformidad con lo anterior, una vez verificado y estudiado el
expediente en su completitud y, de igual forma, verificada la base de
datos de la plataforma SAMAI, esta Sala avizora que en el año 2019 esta
misma Subsección conoció de una acción de cumplimiento en la cual
concurrían algunas de las normas contentivas de los mandatos objeto de
cumplimiento de la presente, y el ejercicio de dicha acción fue
fundamentada en los mismos hechos del presente asunto. La referida
acción de cumplimiento fue resuelta, en segunda instancia, por el

18
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P.: Mauricio Torres Cuervo,
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012), Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00046-
01(ACU). […]”.

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Consejo de Estado bajo el radicado 2500-23-41-000-2019-00073-019, en
donde se resolvió lo siguiente:

Ventilado lo anterior, con el fin de dilucidar si efectivamente se configura
o no el fenómeno de la cosa juzgada o en su defecto la temeridad,
corresponde a esta Sala traer a colación la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre la materia, al respecto el máximo tribunal de lo contencioso
administrativo, bajo la sentencia con radicado 17001-23-33-000-2014-
00219-01(ACU) del 26 de febrero de 2015, con ponencia de la Consejera
Susana Buitrago Valencia, manifestó lo siguiente:
“[…] Ahora bien, la Sala considera que para estar en presencia del
fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en
principio, no es necesaria la identidad de partes, en específico de
la demandante, pues al igual que acontece con las acciones
populares, el carácter público de la acción de cumplimiento implica
que puede instaurarse por cualquier persona y que así mismo la
sentencia que decide la solicitud de cumplimiento respecto de actos
administrativos de carácter general y abstracto o de normas con
fuerza material de ley genera efectos erga omnes y, por tanto,
cobija a toda la comunidad y no a un sujeto en particular”.

Del anterior extracto jurisprudencial se desprende que, para que se
configure la cosa juzgada constitucional, en materia de la acción de
cumplimiento, es necesario que existan identidad de causa y objeto entre
dos acciones, donde una de las cuales haya cobrado fuerza ejecutoria.

Así pues, se reitera que de conformidad con el estudio del expediente,

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los anexos y pruebas aportadas, al igual que lo evidenciado en la
plataforma SAMAI, esta Sala avizora que sí existió un pronunciamiento
de fondo, por parte de esta misma Subsección y posteriormente por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, respecto a los mandatos
contenidos en las siguientes normas: numerales 8, 11 y 20 literales a) y
b) del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, pero se pone de presente que
no consta, en los referidos extractos e insumos procesales, que en la
mencionada sentencia se haya conocido y decidido sobre los demás
mandatos pretendidos por el acciónante (sic), más allá de los ya
referenciados.

Por tal razón, esta Sala considera que en el asunto bajo estudio se
configura el fenómeno de la cosa juzgada de manera parcial, dado
que, confrontadas las normas respecto de las cuales esta Subsección, y
posteriormente la Sección Quinta del Consejo de Estado a través de la
sentencia Nro. 2500-23-41-000-2019-00073-01 del 4 de abril de 2019,
estudió y decidió de fondo, y las que en esta oportunidad propone el actor,
para la Sala es evidente que se presenta la figura de cosa juzgada
respecto de las siguientes disposiciones: numerales 8, 11 y 20 literales a)
y b) del artículo 36 de la Ley 454 de 1998. El hecho de que exista un
pronunciamiento sobre algunas de las normas que el actor señala como
incumplidas, pone de presente que se encuentra estructurado el
fenómeno de cosa juzgada por tratarse de una materia ya definida por
una autoridad judicial en una anterior oportunidad, decisión que se reitera,
se encuentra debidamente ejecutoriada.

Por otro lado, no advierte esta Sala que el accionante del asunto haya
obrado de mala fe, dado que en el ejercicio de la presente acción
constitucional adujo otra serie de normas que, a su juicio, consideraba
incumplidas.

3) De conformidad con lo hasta acá expuesto, y superado el tema de la
configuración parcial del fenómeno de cosa juzgada, se advierte que en
el presente caso, la parte demandante más allá de solicitar el
cumplimiento de las normas antes transcritas, lo que pretende mediante
esta acción es que se “(…) protejan los intereses patrimoniales de los
asociados legítimos para que se pueda garantizar indemnización alguna
a los más de 140 asociados que han padecido la contumacia al llamado
judicial y las fallas en el servicio por parte de la Supersolidaria.”11 (sic),
lo que comporta el reconocimiento de un derecho subjetivo de carácter
dinerario y resarcitorio; lo cual no es posible a través de este medio de
control, por cuanto no se puede sustituir a la autoridad competente para
resolver respecto del reconocimiento de un determinado derecho.

De igual forma, la sala advierte que la finalidad del actor con la
interposición de la presenta acción constitucional es perseguir el
cumplimiento de una providencia judicial proferida por el Juzgado 14 Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias (carpeta 01 – prueba 10), en ese
sentido resulta imperante para esta Sala reiterar la tesis que ha sostenido
el Consejo de Estado sobre la materia, en el sentido de aclarar que la

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acción de cumplimiento no es el mecanismo judicial idóneo para solicitar
el cumplimiento de providencias judiciales19.

[…]

En ese orden, se destaca que lo pretendido por el actor no es susceptible
de ser solicitado a través de este medio de control, por cuanto no se
puede sustituir a la autoridad competente para resolver respecto del
reconocimiento de un determinado derecho, esto es, la indemnización
patrimonial de los asociados de la Cooperativa Multiactiva de Vivienda la
Libertad, representados por el señor Wilson Rodríguez Ríos, de igual
forma se recalca que la acción de cumplimiento no es el mecanismo
judicial idóneo para solicitar el cumplimiento de providencias judiciales,
en este caso la proferida por el Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución
de Sentencias, radicado Nro. 044-1998-00587-00 (carpeta 01 – prueba
10).

Así las cosas, observa la Sala que en el presente asunto existe toda una
controversia de orden legal entre los asociados de la Cooperativa
Multiactiva de Vivienda la Libertad derivada de la asamblea Nro. 52 del
28 de agosto de 2016, que no es definible por vía de acción de
cumplimiento. De manera que, es claro que la controversia surgida entre
las partes no puede ser resuelta a través de la acción de cumplimiento
porque desbordaría su objeto en la medida en que implica asumir un
estudio de fondo que no corresponde al juez constitucional.

Por todo lo anterior y comoquiera que, en el presente caso no se
evidencia un perjuicio grave e inminente para el actor que,
excepcionalmente, según lo preceptuado en el artículo 9° de la Ley 393
de 1997, haga viable el uso de la acción de cumplimiento, se declarará
que operó el fenómeno de cosa juzgada en relación con la solicitud de
cumplimiento respecto de las siguientes disposiciones: numerales 8, 11
y 20 literales a) y b) del artículo 36 de la Ley 454 de 1998; y respecto a la
solicitud de cumplimiento de las demás disposiciones normativas se
declarará improcedente la acción incoada. […]”. (Negrilla del texto y
subrayado fuera del texto).

De los apartes transcritos de la providencia de 16 de septiembre de 2024,

objeto de controversia, se extrae que el TRIBUNAL concluyó: i) que ya se

había emitido una decisión de fondo, respecto a los mandatos contenidos en

los numerales 8, 11 y 20, literales a) y b), del artículo 36 de la Ley 454 de 1998,

19
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de mayo de 2016,
Rad. 25000-23-41-000-2016-00207-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. […]”.

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lo que configuraba el fenómeno de la cosa juzgada parcial; y ii) que lo

pretendido con la acción de cumplimiento estaba relacionado con el

reconocimiento de un derecho subjetivo de carácter dinerario y resarcitorio y

el cumplimiento de una providencia proferida por el Juzgado Catorce Civil

Municipal de Ejecución de Sentencias, lo que resultaba ajeno a los fines

propios de dicha acción y derivaba en su improcedencia.

Así las cosas, es claro que las inconformidades expuestas en el escrito de

tutela de la referencia, carecen de una perspectiva constitucional, en la medida

en que su solución se deriva de la interpretación que la parte actora pretende

que se dé respecto al alcance del medio de control de cumplimiento y las

pruebas aportadas a este, en virtud de las cuales, en su criterio, se demostraba

que no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada parcial y que la demanda

reunía los requisitos para su procedencia, aspectos que fueron resueltos por

la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada.

En este punto, es del caso destacar que la SECCIÓN QUINTA, mediante fallo

del 20 de febrero de 2025, confirmó la sentencia de primera instancia,

decisión que agotó el debate planteado en la acción de cumplimiento y frente

a la cual el actor no alegó en el presente amparo vulneración alguna de sus

derechos fundamentales. Además, se resalta que el TRIBUNAL dio trámite al

recurso de reposición interpuesto por el demandante contra el fallo de primer

grado, -el cual echa de menos el accionante-, como recurso de apelación ante

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esta Corporación.

Aunado a lo anterior, se advierte que, de conformidad con lo previsto en el

artículo 27 de la Ley 393 de 29 de julio de 199720, “[…] Presentada

debidamente la impugnación, el Juez remitirá el expediente a más tardar al día

siguiente al superior jerárquico […]”, razón por la cual no se evidencia una

irregularidad procesal en el trámite del recurso interpuesto por el actor contra

la sentencia de primera instancia.

Como quedó visto, resulta improcedente por esta vía constitucional plantear

un debate legal como si se tratara de un recurso o una instancia adicional

frente a actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, que fueron

proferidas por una autoridad judicial investida de competencia en procesos que

ofrecen los medios para proteger las garantías constitucionales.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión que sea de

“verdadera relevancia constitucional” que conlleve la presunta trasgresión de

los derechos fundamentales de la parte actora, sino una discrepancia con el

resultado del proceso, en la cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so

pena de invadir la competencia y la independencia del juez natural.

20
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política […]”.

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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de

amparo de la referencia por falta del requisito general de relevancia, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia

constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en

firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

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aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de agosto de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁNEDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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