Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03331-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03331-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03331-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03331-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 4 de agosto de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir las controversias
surgidas entre el Consorcio Vía al Mar y la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Proceso arbitral - Relevancia
constitucional.
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició los Autos No. 5 de 30 de abril de 2025 y No.
7 de 16 de mayo de 2025, proferidos en el marco de un proceso arbitral, mediante los cuales
se rechazó la demanda y un recurso presentado por improcedente.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por la Agencia Nacional
de Infraestructura - ANI contra el Tribunal Arbitral convocado para dirimir las
controversias surgidas entre el Consorcio Vía al Mar y la ANI.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 30 de mayo de 2025, la ANI, por intermedio de apoderado judicial,
presentó una acción de tutela contra el Tribunal Arbitral convocado
para dirimir las controversias surgidas entre el Consorcio Vía al Mar y la ANI,
por la aparente vulneración de sus derechos al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, igualdad y el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, con ocasión de los Autos No. 5 de 30 de
abril de 2025 y No. 7 de 16 de mayo de 2025, proferidos por la autoridad
accionada en el procedimiento arbitral identificado con el número de caso
147701, el cual fue acumulado al caso No. 148966.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
“1. Tutelar los derechos fundamentales de la accionante ANI al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal como núcleo del debido
proceso.
2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva dejar sin valor ni efecto los Autos
No. 5 de 30 de abril de 2025 y No. 7 de 15 de mayo de 2025 (sic), proferidos por
el tribunal arbitral constituido para dirimir las controversias de la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI contra el Consorcio Vía al Mar (147701) trámite
que fue acumulado al trámite arbitral que se adelanta entre las mismas partes
ante el Centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá con el número de radicado 1.
3. Como consecuencia de lo anterior, se mantenga el firme la decisión del
tribunal arbitral constituido para dirimir las controversias surgidas entre la
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI contra el Consorcio Vía al Mar
(147701) adoptada en el Auto No. 3 de 12 de marzo de 2025, mediante la cual
se admitió la demanda promovida por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA – ANI contra el CONSORCIO VÍA AL MAR, por considerar que
se subsanaron los defectos advertidos mediante auto número 2, por lo cual
procede la admisión de la demanda.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El 24 de agosto de 1994, el Instituto Nacional de Vías y el Consorcio
Vía al Mar, celebraron el contrato de concesión No. 503 de 1994, el cual
tenía como objeto la ejecución de: (a) los estudios, diseños definitivos y
obras para la rehabilitación de las calzadas existentes en el tramo de la
carretera Lomita Arena - Puerto Colombia - Barranquilla (cruce con la
circunvalar) y en El Ramal empalme Ruta 90 (la cordialidad) - operación
Lomita Arena, así como el mantenimiento y la operación del tramo de
carretera Lomita Arena - Puerto Colombia - Barranquilla (cruce con la
circunvalar), hasta el término de la concesión. (b) El mantenimiento de El
Ramal empalme Ruta 90 (la cordialidad) - Lomita Arena, hasta la entrega
por parte del Instituto Nacional de Vías de la concesión, del tramo
Cartagena - lomita Arena. Y (c) el mantenimiento y la operación del tramo
de la carretera Cartagena – a partir Lomita Arena, desde la entrega por
parte del Instituto Nacional de Vías a la concesión, hasta el término de la
concesión.
5. 2) Durante la ejecución del contrato se suscribieron otrosíes, contratos
modificatorios y 9 adiciones.
6. 3) Mediante Resolución No. 3728, el Instituto Nacional de Vías cedió y
subrogó el contrato al Instituto Nacional de Concesiones - INCO, a título
gratuito. En atención a ello, a través del Otrosí No. 3 de 24 de octubre de
2003, se reemplazó como parte contratante al Instituto Nacional de Vías, y
quedó en dicha calidad el Instituto Nacional de Concesiones – INCO.
2 de 13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
7. 4) Posteriormente, mediante el Decreto 4165 de 2011, el presidente de
la República cambió la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de
Concesiones, de establecimiento público a una Agencia Nacional Estatal
de Naturaleza Especial que se denominaría Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI.
8. 5) El 7 de noviembre de 2019, las partes suscribieron un acta de
reversión del contrato de concesión.
9. 6) El 2 de marzo de 2022, la ANI y el Consorcio Vía al Mar suscribieron
el acta de liquidación bilateral del contrato de concesión. En el acta de
liquidación, la Agencia consignó unas actividades no ejecutadas por el
concesionario, pero que le fueron pagadas a través del ítem de ingreso
esperado. En dicha acta de liquidación, se dejaron consignadas varias
obligaciones adquiridas por el concesionario, como salvedades pendientes
de cumplimiento2.
10. 7) CASO 147701: El 28 de diciembre de 2023, la ANI presentó demanda
arbitral en la que solicitó, entre otras pretensiones, que se declarara que el
Consorcio Vía al Mar tenía la obligación de desarrollar los compromisos
enunciados en el hecho 6, que hubo un incumplimiento del Contrato de
Concesión No. 503 de 1994, sus otrosíes, contratos modificatorios, el acta de
reversión suscrita el 7 de noviembre de 2019 y el acta de liquidación bilateral
del 2 de marzo de 2022 y, en consecuencia, era responsable por no haber
ejecutado las obligaciones a su cargo dentro del plazo pactado.
11. 8) CASO 148966: El 1 de marzo de 2024, el Consorcio Vía al Mar
presentó demanda arbitral contra la ANI, con el fin de que se declarara el
aparente incumplimiento del contrato de concesión No. 503 de 1994 por
parte de dicha autoridad, pues, a su juicio, la ANI no observó ni acató el
alcance previsto en el contrato para la ejecución de las obras
concesionadas; omitió observar los plazos de los cronogramas contractuales
para la ejecución de las obras con el fin de dar cumplimiento a las
obligaciones exigibles a su cargo; y desatendió las disposiciones
2 (a) construir las obras asociadas al Puente Peatonal Manzanillo, (b) realizar la señalización conforme al Manual
de Señalización Vial, (c) construir las obras de drenaje, conforme al documento “normas de mantenimiento para
carreteras concesionadas”, (d) realizar las obras y actividades necesarias para el funcionamiento del Gálibo sur
del Túnel de Crespo, (e) realizar las batimetrías en el Anillo vial de Crespo, (f) realizar los trámites ante el Distrito de
Cartagena para el recibo de la playa y las obras de la defensa costera que la conforman (espolones y protección
marginal), (g) realizar la entrega de los radares de velocidad y alcoholímetros, (h) suministra la información sobre
parámetros cartográficos a los cuales se amarraron los diseños, i) entregar el parque automotor conforme a lo
previsto al contrato, (j) tramitar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales las licencias ambientales a
su cuenta y riesgo y, por ende, responsable del cierre de las mismas y de los procesos sancionatorios en su contra
que se encuentran en curso, (k) tramitar y ser titular de los permisos, concesiones, autorizaciones y licencias
ambientales –PCALA que se hayan obtenido para ejecutar el proyecto hasta su cierre y archivo, (l)
ceder obligatoriamente algunas zonas de terreno a favor del Distrito de Cartagena conforme a lo previsto en el
contrato, (m) realizar la gestión predial del proyecto pendiente, incluyendo los predios pendientes por adquirir
incluidos en el acta de liquidación bilateral conforme a lo previsto en el contrato, y (n) entregar las áreas de servicio
de Puerto Colombia, libre de comodatarios.
3 de 13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
contractuales para el reconocimiento y pago de sobrecostos por mayores
cantidades de obra u obras adicionales ejecutadas por el concesionario,
que no se encontraban incluidos dentro del valor contratado.
12. 9) El 3 de octubre de 2024, se instaló el l Tribunal Arbitral para dirimir las
diferencias surgidas entre el Consorcio Vía al Mar y la ANI y, a través de Auto
No. 2 de esa misma fecha, se inadmitió la demanda presentada por el
referido consorcio (caso 148966), ya que a través de una de sus pretensiones
solicitó que se vinculara a un patrimonio autónomo como litisconsorte
facultativo, lo cual constituía una petición previa a resolverse al momento
de admisión de la demanda, y no una pretensión de fondo que debiera
resolverse a través del laudo, y porque el juramento estimatorio no cumplía
con lo establecido legalmente.
13. 10) El Consorcio Vía al Mar presentó escrito de subsanación y,
mediante Auto No. 3 de 11 de octubre de 2024, el tribunal arbitral admitió la
demanda presentada por el citado consorcio (caso 148966).
14. 11) El 3 de febrero de 2025, la ANI presentó una solicitud de
acumulación, la cual fue resuelta de forma favorable, motivo por el que el
caso No. 147701 fue acumulado al No. 148966.
15. 12) Mediante Auto No. 2 de 26 de febrero de 2025, el tribunal arbitral
inadmitió la demanda arbitral presentada por la ANI (caso 147701), para
que, en el término de 5 días, se subsanaran los defectos relacionados con la
coherencia de los valores presentados en el juramento estimatorio y las
pretensiones de la demanda3, además se solicitó la corrección de aspectos
relacionados con la solicitud de pruebas y con el número de identificación
tributaria de la ANI.
16. 13) El 6 de marzo de 2025, la ANI presentó un escrito de subsanación
de la demanda, y otro escrito de la demanda integrada con la subsanación.
17. 14) A través de Auto No. 3 de 12 de marzo de 2025, el tribunal arbitral
admitió la demanda presentada por la ANI contra el Consorcio Vía al Mar
(caso 147701). En dicha decisión el tribunal se limitó a señalar que (se
trascribe): “Revisados los escritos de que da cuenta el informe secretarial, el
3 Puntualmente hizo referencia a los siguientes aspectos (se trascribe): “[1] En relación con el juramento
estimatorio, exigido en el numeral 7º del artículo 82 del Código General del Proceso, en concordancia con el
artículo 206 ibidem, se observa que el valor total de las pretensiones no concuerda con la suma estimada (…); [2]
Adicionalmente, para el Tribunal no es claro si el concepto denominado en el juramento
estimatorio “Incumplimientos por parte del concesionario Vía al Mar” se refiere al capítulo de las sumas
reclamadas por “Condenas en relación con las obligaciones no ejecutadas”, o si se trata de conceptos diferentes
(…); [3] Igualmente, advierte el Tribunal que en la pretensión cuarta de condena del numeral 2.2.2. se solicita el
pago de los “recursos sin ejecutar del componente ambiental”, a pesar de lo cual dicho valor aparentemente no
aparece incluido en el juramento estimatorio; [4] (…) la pretensión sobre actualización e intereses debe estimarse
bajo juramento, hasta la fecha del escrito subsanatorio o, al menos, hasta la fecha de presentación de
la demanda.”
4 de 13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
Tribunal advierte que se subsanaron los defectos advertidos mediante auto
número 2, por lo cual procede la admisión de la demanda”.
18. 15) Mediante escrito de 17 de marzo de 2025, el Consorcio Vía al Mar
presentó solicitud de adición respecto del Auto No. 3 de 12 de marzo de
2025, con fundamento en que no se resolvió una solicitud para que se
efectuara un control de legalidad en el proceso, respecto de la aparente
configuración de las causales de nulidad de caducidad de la acción, falta
de jurisdicción o competencia, y no haberse constituido el tribunal en forma
legal. Adicional a ello, señaló que el auto debía aclararse toda vez que el
tribunal no estableció con precisión las razones por las cuales consideró que
la demanda se tenía por subsanada.
19. 16) Con Auto No. 4 de 19 de marzo de 2025, el tribunal arbitral negó
las solicitudes formuladas por el Consorcio Vía al Mar mediante el escrito de
17 de marzo de 2025, lo anterior en la medida en que lo relacionado con el
control de legalidad ya había sido analizado por esa autoridad en una
oportunidad anterior, además hizo referencia a que el consorcio no
estableció con claridad cuál o cuáles eran los extractos del auto que
ofrecían motivo de duda y debían esclarecerse.
20. 17) A través de escrito de 26 de marzo de 2025, el Consorcio Vía al
Mar presentó un recurso de reposición contra el Auto No. 3 de 12 de marzo
de 2025 (caso 147701), con fundamento en que (a) el tribunal arbitral no
motivó de manera suficiente porqué se tuvo por subsanada la demanda
arbitral presentada por la ANI contra el consorcio, y (b) omitió realizar el
control de legalidad formulado por el consorcio.
21. 18) Mediante Auto No. 5 de 30 de abril de 2025, el tribunal arbitral
revocó el Auto No. 4 de 19 de marzo de 2025 (pese a que el Auto sobre el
que recaía el recurso de reposición era el Auto No. 3 de 12 de marzo de
2025), y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida por la ANI
contra el Consorcio Vía al Mar (caso 147701), tras encontrar que la
subsanación de la demanda no se realizó en debida forma, en la medida
en que, en el juramento estimatorio, no se incluyó el cálculo de la
actualización y los intereses desde la época en que debió hacerse el
reconocimiento y/o el pago, hasta la fecha de presentación de la
demanda.
22. 19) Contra la anterior decisión, la ANI presentó recurso de reposición
con fundamento en que (a) el auto de rechazo exigía un nuevo elemento
de subsanación, en la medida en que, con anterioridad, no se le había
solicitado la cuantificación de la actualización y los intereses reclamados,
(b) en controversias de derecho administrativo no se exigía un juramento
5 de 13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
estimatorio, sino una estimación razonada de la cuantía, y la exigencia de
ese juramento estimatorio podría colocar en situación de riesgo el
patrimonio público, (c) la ANI sí dio cumplimiento a la orden de subsanación
dada por el tribunal, toda vez que las pretensiones de condena incluían los
intereses moratorios y esos valores fueron debidamente discriminadas en el
nuevo juramento estimatorio presentado y (d) el tribunal incurrió en un
excesivo formalismo respecto del requerimiento del juramento estimatorio.
23. 20) A través de Auto No. 7 de 16 de mayo de 2025, el tribunal arbitral,
en primer lugar, aclaró el Auto No. 5 de 30 de abril de 2025, en el sentido de
que la decisión allí plasmada fue la de revocar el Auto No. 3 de 12 de marzo
de 2025 y no el Auto No. 4 de 19 de marzo de 2025. Además “rechazó por
improcedente” el recurso presentado por la ANI, con fundamento en que
no se exigió un nuevo requisito de subsanación, toda vez que la
cuantificación de actualización e intereses fue solicitada desde el auto de
inadmisión. Adicional a ello, indicó que no era de recibo el argumento según
el cual debía proceder la estimación razonada de la cuantía en vez del
juramento estimatorio, pues ello se encontraba en contravía del artículo 12
de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto de Arbitraje.
24. También indicó que la subsanación de la demanda realizada no
contenía la discriminación anunciada por la ANI respecto del juramento
estimatorio, motivo por el que no se podía tener por corregida la demanda.
Y consideró que no se incurrió en un excesivo formalismo pues lo que se
exigía era el cumplimiento de las normas procesales aplicables al asunto.
25. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
señaló que, con la expedición de los Autos cuestionados se incurrió en los
defectos (1) procedimental absoluto, en la medida en que el tribunal arbitral
actuó al margen del procedimiento legalmente establecido para la
admisión, inadmisión y rechazo de la demanda, en especial, en lo
relacionado con el juramento estimatorio conforme con los artículos 82, 90 y
206 del Código General del Proceso – CGP, y en atención al rechazo de la
demanda, tras solicitarle un elemento nuevo que no había sido incluido en
la inadmisión, esto es, un cálculo de la actualización y los intereses
reclamados.
26. 2) Procedimental por exceso ritual manifiesto, ya que la exigencia de
incluir un cálculo detallado de intereses no tenía una base expresa en la ley,
ni fue requerida oportunamente, lo que no permitió el acceso a la
administración de justicia y vulneró sus derechos fundamentales como el
debido proceso, igualdad y prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal.
6 de 13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
27. 3) Fáctico porque el tribunal realizó una valoración incorrecta o
incompleta del juramento estimatorio presentado, el cual, a juicio del
demandante, cumplía con los requisitos formales de estimación bajo
juramento y discriminación de pretensiones.
28. 4) Desconocimiento de las Sentencias STC8136-2019 y STC7114-2022
de la Corte Suprema de Justicia y del Laudo Arbitral proferido en la
controversia entre Distribuciones Ballén SAS vs. Bavaria & Cía. SCA y Kopps
Commercial SAS, respecto del hecho de que las normas procesales no
deben convertirse en un obstáculo, sino que deben propender por la
realización y efectividad del derecho sustancial.
29. 5) Finalmente alegó una violación directa de los derechos al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, y a la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, en atención a que el
tribunal no aplicó correctamente los principios constitucionales que debían
prevalecer en la interpretación y aplicación de normas procesales, en
referencia al juramento estimatorio.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4
30. El Tribunal Arbitral convocado para dirimir las controversias surgidas
entre el Consorcio Vía al Mar y la ANI5 indicó que no obró con excesivo
apego de las formalidades, sino que la ANI incumplió la orden de incluir en
el juramento estimatorio el cálculo de la pretensión de actualización e
intereses sobre las condenas, como fue ordenado en la providencia que
inadmitió la demanda. Señaló que ese aspecto podía impedir que el
demandado objetara la estimación en los términos que lo dispuso el artículo
206 del CGP, lo cual comportaba un aspecto más concreto y riguroso que
un simple requisito de estimar la cuantía.
31. El Consorcio Vía al Mar6 solicitó que se declarara la improcedencia de
la acción de tutela, en la medida en que, a su juicio, (a) carecía de
relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido por la parte actora
fue utilizar este mecanismo judicial como una instancia adicional al proceso
arbitral, (b) lo solicitado por la ANI a través de la acción de tutela era
exponer argumentos sobre la subsanación de la demanda que no fueron
expuestos en las oportunidades procesales correspondientes y (c) la ANI no
4 Mediante Auto de 5 de junio de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandado al Tribunal Arbitral constituido para resolver las controversias entre la ANI y
el Consorcio Vía al Mar sobre el Contrato de Concesión No. 503 de 1994 , (3) vincular, en calidad de terceros, al
Consorcio Vía al Mar, al Procurador 51 Judicial II para Asuntos Administrativos y a los Juzgados 41 y 44 Civiles del
Circuito de Bogotá y (4) se negó la medida provisional solicitada.
5 Índice 9 de Samai.
6 Índice 10 de Samai.
7 de 13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
identificó con claridad los hechos que generaron la vulneración, ni los
derechos aparentemente vulnerados.
32. De manera subsidiaria solicitó que se negara la acción de tutela, pues
no se configuró el defecto procedimental alegado y, en esa medida, no
hubo vulneración de derechos fundamentales, pues las decisiones del
tribunal arbitral fueron el resultado de la aplicación de las garantías de
conformidad con los artículos 82, 90 y 206 del Código General del Proceso.
33. El Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá7 solicitó su desvinculación
de la acción de tutela, toda vez que el objeto de esta lo constituían los Autos
No. 5 y 7 de 30 de abril y 16 de mayo de 2025, proferidos por el tribunal
arbitral demandado, en los cuales no intervino dicha autoridad judicial.
34. El Juzgado 44 Civil del Circuito de Bogotá8 también solicitó su
desvinculación de la acción de tutela, dado que los reparos alegados se
centra ban en las decisiones adoptadas por el tribunal de arbitraje frente al
rechazo de la demanda presentada por la ANI, aspectos que no guardaban
relación con las actuaciones desplegadas por ese despacho.
35. El Procurador 51 Judicial II para asuntos Administrativos, pese a haber
sido debidamente notificado9, guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Identificación de la providencia objeto
de estudio. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones adoptadas en el
marco de un trámite arbitral. 2.4. Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
36. La Sala accederá a las solicitudes de desvinculación presentadas por
los Juzgados 41 y 44 Civiles del Circuito de Bogotá, comoquiera que su labor
dentro del trámite arbitral se limitó a la designación de los árbitros del
tribunal, motivo por el que no tienen injerencia en los aspectos que son
objeto de la acción de tutela, y, en consecuencia, no les asiste interés en la
decisión a adoptarse.
2.2. Identificación de la providencia objeto de estudio
37. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto del
Auto No. 7 de 16 de mayo de 2025 (rechazo del recurso de reposición),
7 Índice 11 de Samai.
8 Índice 12 de Samai.
9 Como se puede evidenciar en el índice 8 de Samai.
8 de 13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
puesto que, a pesar de que también se enjuició el Auto No. 5 de 30 de abril
de 2025, mediante el que se revocó la decisión de admitir la demanda y, en
su lugar, se rechazó esta, lo cierto es que, con ocasión del recurso de
reposición, el Auto No. 7 de 16 de mayo de 2025, fue el que finalmente
resolvió sobre el rechazo de la demanda arbitral. Asimismo, ante una
eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la decisión
adoptada en virtud del recurso de reposición la que se dejará sin efectos.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones adoptadas en
el marco de un trámite arbitral
38. En lo referente a la procedencia de la tutela contra providencias
proferidas en el marco de los procesos arbitrales, esta Corporación10 se ha
referido a la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional que, mediante la
Sentencia T-790 de 2010, consideró la posibilidad de que la tutela pudiera
dirigirse contra decisiones adoptadas en el marco de un trámite arbitral. Allí
se indicó que, de conformidad con el artículo 116 superior, y de acuerdo
con la Ley 446 de 1998, el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución
de controversias mediante el cual las partes involucradas resuelven
voluntaria y libremente someter la solución de un conflicto a un tercero
particular, revestido temporalmente de función jurisdiccional, a fin de que
adopte una decisión de carácter definitivo y vinculante para las partes,
sujeta a las reglas básicas de todo proceso y al acatamiento de las normas
de orden público que reglamentan las actuaciones de los árbitros y de las
partes.
39. En vista de la naturaleza jurisdiccional de las decisiones del Panel
Arbitral, la Corte ha extendido la doctrina de los requisitos de procedencia
y procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales a las solicitudes
de amparo que se adelanten contra este tipo de decisiones, respetando,
en todo caso, las características propias del proceso arbitral11.
40. En el caso bajo estudio, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela, porque no se superó el requisito de relevancia
constitucional, como pasa a explicarse:
41. 1) En relación con el requisito de relevancia constitucional, la Corte
Constitucional ha establecido que, si bien resultan aplicables a los laudos
arbitrales las causales generales y específicas para la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, su examen debe ser más riguroso y
10 Reiteración jurisprudencial. Ver Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Rad. 11001-03-15-000-2018-01610-00, Actor: Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH contra el Tribunal
de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, constituido entre Petrominerales Colombia Ltda., y la
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, del 21 de noviembre de 2018.
11 Sentencia T-244 de 30 de marzo de 2007.
9 de 13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
estricto12. La justificación de un análisis más restrictivo radica en la voluntad
expresa de las partes de someterse a la decisión que adopte un tribunal de
arbitramento13.
42. El juez de tutela debe realizar una especial valoración del requisito de
relevancia constitucional14, “quien deberá verificar de manera rigurosa si,
efectivamente, está ante una posible violación de los principios y reglas que
integran el debido proceso o si, por esta vía, se pretende reabrir el proceso
y, a partir de ello, cuestionar el criterio adoptado por el respectivo tribunal
arbitral, contrariando la autonomía que le proporciona el ordenamiento
constitucional a los árbitros, en virtud de lo dispuesto en los artículos 116 y
228 de la Constitución15”.
43. En el caso bajo estudio, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional, toda vez que logró
advertir que la parte demandante (a) no argumentó las razones en las que
se sustentaba la marcada trascendencia constitucional del asunto que
somete al juez de tutela, (b) pretendió obtener que su controversia fuera
sometida a una nueva instancia y (c) planteó una controversia de carácter
legal.
44. Lo anterior obedece a que si bien la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional en razón a que (se
trascribe): “se cuestiona la afectación de derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, y el
desconocimiento del precedente judicial en materia de configuración de
un exceso ritual manifiesto”, lo cierto es que tal argumento no resulta
suficiente para explicar por qué era necesaria la intervención del juez de
tutela, de cara a la decisión adoptada por el tribunal arbitral, pues se
presentó, junto con los reparos hechos a la decisión enjuiciada, como
simples diferencias o discrepancias interpretativas respecto de la decisión
de la autoridad natural de la causa.
45. Así se evidenció que, si bien la parte demandante alegó la aparente
configuración de los defectos procedimental, fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, con sus reparos se limitó
a insistir en sus inconformidades como: el rechazo de la demanda con la
exigencia de un elemento nuevo que no fue solicitado en la inadmisión
(artículo 90 del CGP); la supuesta aplicación restrictiva de los artículos 82 y
206 del CGP (juramento estimatorio); un exceso ritual manifiesto en virtud del
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-103 de 2022.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-500 de 2015.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-103 de 2022.
10 de 13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
rechazo de la demanda por no incluir en el juramento estimatorio los valores
correspondientes a actualización e intereses sobre las condenas; el hecho
de que no se valoró adecuadamente el juramento estimatorio presentado,
con el fin de tener por subsanada la demanda, a lo cual además le sumó la
vulneración del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal con el fin de justificar la falencia en la presentación del referido
requisito de la demanda (juramento estimatorio) y con ello redundar en que
este no era exigible, o que hubo un formalismo excesivo en su estudio.
46. Esos reparos fueron abordados y resueltos por el Tribunal Arbitral
convocado para dirimir las controversias surgidas entre el Consorcio Vía al
Mar y la ANI, a través del Auto No. 7 de 16 de mayo de 2025, en el cual la
referida autoridad hizo referencia a que no hubo un nuevo elemento de
rechazo, toda vez que desde el auto inadmisorio le solicitó a la ANI que
plasmara el cálculo de actualización e intereses desde la época en que
debió hacerse el reconocimiento y/o el pago, hasta la fecha del escrito de
subsanación o, al menos, hasta la fecha de presentación de la demanda.
47. Adicional a ello, el tribunal hizo referencia a que, según el artículo 12
del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, la demanda debía reunir
todos los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil -hoy
Código General del Proceso-, motivo por el que se debía presentar un
juramento estimatorio en los términos del artículo 206 del CGP.
48. La autoridad arbitral también agregó que no obró con apego
extremo a las normas en aspectos que podían tenerse por subsanados, en
la medida en que la ANI incumplió la orden de incluir, en el juramento
estimatorio, la actualización e intereses sobre las condenas, como le fue
requerido. Sobre ese aspecto indicó que el requisito no se trataba de un
simple cálculo, sino que el mismo implicaba el reconocimiento de la fecha
en la que, según la parte demandante, debieron hacerse los pagos
reclamados y, con base en ello, que la parte demandada objetara esa
estimación, o se abstuviera de hacerlo, en virtud de los efectos establecidos
en el artículo 206 del CGP.
49. En atención a lo expuesto, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por la autoridad natural, quien puso de presente las razones por las
cuales consideró que la demanda debía ser objeto de rechazo. Aunado a
ello, expuso los motivos por los cuales la aplicación de artículos 82, 90 y 206
del CGP no implicaban, en este caso, un excesivo formalismo de las normas
de carácter procesal.
11 de 13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
50. Pero, además de lo expuesto, debe agregarse que, para la Sala, la
controversia planteada tiene un carácter legal, pues se evidencia que más
allá de los defectos alegados, lo planteado por el demandante era que se
concediera una interpretación de los artículos 82, 90 y 206 del CGP, más
ajustada a sus intereses y que, en virtud de ello, se aceptara el juramento
estimatorio como fue presentado, con el fin de que se ordenara la
expedición de una decisión de reemplazo que favoreciera la admisión de
la demanda arbitral.
51. Se recuerda que las diferencias interpretativas que existieren entre el
demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la
justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario.
En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias entre lo
decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía tutela,
no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional16.
2.4. Conclusión
52. En consecuencia, al no superarse el requisito de relevancia
constitucional de la acción de tutela, la Sala declarará su improcedencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por la
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada por los
Juzgados 41 y 44 Civiles del Circuito de Bogotá, de conformidad con los
motivos expuestos.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
16 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
12 de 13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-00
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado: Tribunal Arbitral convocado para dirimir controversias entre el Consorcio Vía al Mar y la AN
Referencia: Acción de tutela- Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 17.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
17 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
13 de 13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.