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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03331-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03331-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 4 de agosto de 2025, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03331-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Parte accionada: Tribunal arbitral constituido para resolver las
controversias entre la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el
Consorcio Vía al Mar
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03331-01
Asunto: Tutela contra decisión arbitral. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional. Tercera instancia

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia de 4 de agosto de 2025, mediante la cual la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El 28 de diciembre de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI- presentó demanda arbitral contra el Consorcio Vía al Mar ante el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá,
registrada bajo el caso núm. 147701.

1.2. Sin que hubiera acuerdo entre las partes para designar árbitros, en el 8
de abril 2024, la Agencia Nacional de Infraestructura solicitó al Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá remitir
la designación de los árbitros al Juez Civil del Circuito, a fin de que este

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nombrara dos principales y uno suplente, y que dicho Centro designara
un tercer árbitro, conforme al procedimiento previsto en el artículo 14 de
la Ley 1563 de 2012.

1.3. El 9 de abril de 2024, conforme con el numeral 4 del artículo 14 de la
Ley 1563 de 20121, ante la falta de acuerdo en la designación de los
árbitros por las partes, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá por requerimiento de la Agencia
Nacional de Infraestructura, solicitó la designación de árbitros, en el
proceso arbitral 147701, petición que fue tramitada por el Juzgado 44
Civil del Circuito de Bogotá con el número de radicación 11001-31-03-
044-2024-00172-00.

1.4. El 1 de marzo de 2024, el Consorcio Vía al Mar presentó demanda
arbitral contra la Agencia Nacional de Infraestructura ANI ante el mismo
centro de conciliación el cual fue identificado bajo caso núm. 148966.

1.5. Siguiendo el mismo trámite, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá por solicitud del Consorcio Vía al Mar
en el proceso arbitral solicitó la designación de árbitros en el proceso
arbitral núm. 148966, que correspondió al Juzgado 41 Civil de Circuito
de Bogotá con el número de radicación 11001310304120240024900,
que, mediante auto de 13 de junio de 2024 señaló la fecha para el
respectivo sorteo.

1.6. El 2 de agosto de 2024, fueron designados los árbitros principales y
suplente, mediante sorteo público, quienes aceptaron su
nombramiento.

1.7. El 3 de octubre de 2024, se instaló el Tribunal Arbitral convocado para
dirimir las controversias entre el Consorcio Vía al Mar, se designó al
secretario del proceso y se programaron las audiencias

1
“en defecto de la designación por las partes o por el delegado, el juez civil del circuito, a solicitud de
cualquiera de las partes, designará de plano, por sorteo, principales y suplentes, de la lista de árbitros
del centro en donde se haya radicado la demanda, al cual informará de su actuación”

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correspondientes.

1.8. El 3 febrero de 2025 el Tribunal Arbitral convocado para dirimir las
controversias surgidas entre el Consorcio Vía al Mar y la Agencia
Nacional de Infraestructura ordenó la acumulación de los procesos
arbitrales con los números de radicación 147701 y 148966.

1.9. El 26 de febrero de 2025, el Tribunal Arbitral, mediante auto núm. 2,
inadmitió la demanda presentada por la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI-.

1.10. El 6 de marzo de 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
presentó escrito de subsanación de la demanda arbitral, en atención a
los requerimientos formulados por el Tribunal Arbitral.

1.11. El 12 de marzo de 2025 el Tribunal Arbitral admitió la demanda de la
ANI mediante auto núm. 3.

1.12. El 17 de marzo de 2025, el Consorcio Vía al Mar presentó solicitud de
aclaración y adición del auto núm. 3 de 12 de marzo de 2025.

1.13. El 19 de marzo de 2025, el Tribunal de Arbitral resolvió negar la anterior
solicitud de adición y aclaración.

1.14. El 25 de marzo de 2025, el Consorcio Vía al Mar interpuso recurso de
reposición contra el auto núm. 3 de 12 de marzo de 2025, solicitando
su revocatoria y el rechazo de la demanda argumentando que esta no
fue debidamente subsanada.

1.15. El 30 de abril de 2025, mediante auto núm. 5, el Tribunal Arbitral resolvió
revocar el auto núm. 3 de 12 de marzo de 2025 y rechazó la demanda
presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, al
considerar que no se había subsanado debidamente la demanda por
cuanto se omitió incluir en el juramento estimatorio, el cálculo detallado
de la actualización e intereses.

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1.16. El 7 de mayo de 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura presentó
recurso de reposición contra el auto núm. 5 solicitando su revocatoria.

1.17. El 16 de mayo de 2025, mediante auto núm. 7, el Tribunal Arbitral
desestimó el recurso de reposición presentado por la Agencia Nacional
de Infraestructura, confirmando la decisión de rechazo de la demanda.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que el Tribunal Arbitral incurrió en una actuación
contradictoria. Inicialmente, mediante auto núm. 3 de 12 de marzo de 2025,
consideró subsanada la demanda presentada por la Agencia Nacional de
Infraestructura. Sin embargo, mediate el auto núm. 5 de 30 de abril del mismo
año, introdujo un nuevo reparo relacionado con el juramento estimatorio,
exigiéndole la inclusión de un “cálculo” que no fue requerido en la solicitud
inicial, ni está previsto en el artículo 206 del CGP.

Indicó que la tardía exigencia relacionada con el juramento estimatorio le
impidió subsanarla, generando una afectación directa al principio de
congruencia, derecho de defensa y seguridad jurídica.

Consideró que la autoridad accionada hizo un análisis de fondo anticipado
sobre el juramento estimatorio, función que corresponde exclusivamente a la
parte demandada en el término de traslado, con lo cual excede sus
competencias y compromete la imparcialidad del proceso arbitral.

Señaló que el rechazo de la demanda le impidió que pudiera ejercer su
derecho de acción dado que no puede acudir a otra jurisdicción para que
conozca del asunto, en atención a la cláusula compromisoria pactada en el
Contrato de Concesión núm. 503 de 1994.

Advirtió que la caducidad de la acción operó el 4 de marzo de 2024, por lo que
la subsanación de 6 de marzo de 2025 no permite reformar ni presentar

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nuevamente la demanda, circunstancia que fue puesta en conocimiento del
Tribunal Arbitral accionado sin que emitiera algún pronunciamiento de fondo
sobre la afectación al derecho al acceso a la justicia.

Indicó que la autoridad arbitral dio un trato desigual al exigirle incluir un
“cálculo” en el juramento estimatorio como condición para admitir la demanda,
en tanto que, al Consorcio Vía al Mar en un caso semejante no se le impuso
esta carga.

Señaló que se desconoció la prevalencia del derecho sustancial sobre el
derecho formal, al aplicarse de manera irreflexiva una exigencia formal no
prevista en la ley, convirtiendo una formalidad procesal en un obstáculo
desproporcionado para el acceso a la justicia.

Adujo que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que las normas
procesales deben servir a la realización del derecho sustancial y que su
aplicación no puede convertirse en un exceso de ritual que impida el ejercicio
de los derechos fundamentales.

Finalmente enfatizó en que la demanda fue subsanada oportunamente
conforme con los requerimientos iniciales del Tribunal Arbitral, en
cumplimiento del artículo 206 del CGP. No obstante, fue rechazada con base
en una exigencia formal no solicitada previamente, desconociendo el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y su propia decisión, sin
que emitiera un pronunciamiento de fondo sobre el recurso presentado.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales de la accionante ANI al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal como núcleo del debido
proceso.

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2. Como consecuencia de lo anterior, se sirva dejar sin valor ni efecto los
Autos No. 5 de 30 de abril de 2025 y No. 7 de 15 de mayo de 2025,
proferidos por el tribunal arbitral constituido para dirimir las controversias
de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI contra el Consorcio Vía al
Mar (147701) trámite que fue acumulado al trámite arbitral que se
adelanta entre las mismas partes ante el Centro de arbitraje y conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá con el número de radicado 1.

3. Como consecuencia de lo anterior, se mantenga el firme la decisión del
tribunal arbitral constituido para dirimir las controversias surgidas entre la
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI contra el Consorcio Vía al Mar
(147701) adoptada en el Auto No. 3 de 12 de marzo de 2025, mediante la
cual se admitió la demanda promovida por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA – ANI contra el CONSORCIO VÍA AL MAR, por
considerar que se subsanaron los defectos advertidos mediante auto
número 2, por lo cual procede la admisión de la demanda. […]”.

II. INTERVENCIONES

1. El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá manifestó que
carece de legitimación en la causa por pasiva dado que no profirió las
decisiones objeto de tutela.

2. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá solicitó su
desvinculación por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva para
atender las pretensiones de amparo.

3. Los señores César Negrett Mosquera, Sol Marina de la Rosa Flórez y
Roberto Aguilar Díaz, en sus calidades de árbitros, manifestaron que dentro
del proceso arbitral no se actuó con formalismo excesivo ni se dio prioridad
irrazonable al derecho procesal sobre el sustancial, dado que el rechazo de la
demanda presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra
debidamente fundamentada.

Precisaron que la decisión objeto de tutela se fundamentó en el incumplimiento
por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura de subsanar la demanda,
al no incluir en el juramento estimatorio el cálculo detallado de actualización e
intereses respecto de cada una de las pretensiones indemnizatorias.

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4. El Consorcio Vía al Mar solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela, en la medida en que carecía de relevancia constitucional, toda
vez que lo pretendido por la parte actora es utilizar este mecanismo judicial
como una instancia adicional al proceso arbitral.

De manera subsidiaria solicitó que se negara las pretensiones de amparo, toda
vez que las decisiones del tribunal arbitral fueron el resultado de la aplicación
de los artículos 82, 90 y 206 del Código General del Proceso.

III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 4 de agosto de 2025, declaró improcedente la acción de tutela,
por considerar que no cumplía con el requisito de la relevancia constitucional.

Al respecto, consideró que la parte actora pretende que, a través del amparo
constitucional se resuelva un debate procesal que es competencia del juez
natural de la causa, en este caso el tribunal de arbitraje, lo cual desborda los
límites y la finalidad de la acción de tutela.

IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, al considerar que en
la acción de tutela expuso con precisión y claridad porque este asunto sí tenía
relevancia constitucional.

Sostuvo que la controversia planteada no se limita a aspectos meramente
legales o económicos, sino que versa en torno al contenido, alcance y garantía
de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, sin que se
pretenda reabrir discusiones de índole legal ya resueltas ni introducir
argumentos nuevos que no hayan sido presentados en el trámite arbitral.

Indicó que en el fallo impugnado se incurrió en un error al confundir los

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requisitos de procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales con
aquellos aplicables a autos de carácter jurisdiccional. En estos últimos, basta
con acreditar los requisitos generales de procedibilidad y las causales
específicas de procedencia previstas para las providencias judiciales, al ser
asimilables a decisiones judiciales. Por tanto, considera que el fallo de tutela
aplicó indebidamente la rigurosidad propia de un laudo arbitral a un auto
arbitral.

Finamente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela
relacionados con que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al rechazar la demanda.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19912, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones arbitrales y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si los autos acusados vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, por haberse
rechazado la demanda arbitral dentro del trámite núm. 147701.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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4. Caso concreto

4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Los anteriores requisitos generales y excepcionales son exigibles cuando se
controvierten decisiones arbitrales por vía de tutela, dado que estas decisiones
son equivalentes a las providencias judiciales, de conformidad con lo señalado
por la jurisprudencia constitucional5 y de esta Sección6.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce

3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
5
Sentencia SU-174 de 14 de marzo de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de abril de 2019, rad:
11001-03-15-000-2018-01610-01(AC), C.P. Oswaldo Giraldo López. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2019, rad: 11001-03-15-000-2019-01060-00(AC), C.P.
Oswaldo Giraldo López.

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de algún derecho fundamental7 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces8.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió el Tribunal Arbitral accionado no devela que el

7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
8
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del proceso arbitral núm. 147701.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que el Tribunal Arbitral accionado haya incurrido en
una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que, a su juicio, la autoridad accionada no podía admitir la demanda para luego
rechazarla por no haber incluido en la subsanación, el cálculo de la pretensión
de actualización sobre cada una de las condenas, dejándola sin herramientas
para acudir a la jurisdicción por cuanto a la fecha operó la caducidad de la
acción.

El anterior argumento más que develar la existencia de una cuestión que sea
de “verdadera relevancia constitucional” que conlleve la presunta trasgresión
de los derechos fundamentales de la parte actora, demuestra una
inconformidad con la decisión adoptada por el Tribunal Arbitral accionado
como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo
cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar
a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 4 de agosto de 2025, proferido por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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