Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03346-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03346-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03346-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-03346-00
Accionante: FRANCISCO ALFREDO ARANGO VERGARA
Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Tema: CONVOCATORIA DE CONSULTA POPULAR. Se declara la
carencia actual de objeto por sustracción de materia.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el
Presidente de la República.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Francisco Alfredo Arango Vergara solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al “[…] Debido proceso legislativo, participación política conforme
al orden constitucional, legalidad, separación de poderes y supremacía
constitucional […]”, cuya vulneración le atribuyó al Presidente de la República
por “[…] la eventual expedición de un decreto presidencial de convocatoria a
consulta popular sobre reformas reservadas al Congreso […]”.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Relató que desde el mes de marzo de 2025 el Presidente de la República
anunció públicamente su intención de convocar a una consulta popular, con el fin
de decidir la reforma laboral que previamente había sido estudiada y negada por
el Congreso de la República.
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Accionante: Francisco Alfredo Arango Vergara
2.2. Indicó que “[…] la intención del presidente de acudir a este mecanismo para
consultar al pueblo sobre un tema que no puede ser objeto de consulta vulnera
mis derechos fundamentales a la participación democrática conforme a la
Constitución, así como los principios de legalidad y debido proceso democrático
[…]”.
2.3. Señaló que el actuar del Presidente de la República es “[…] una inaceptable
concentración de funciones que viola el principio de separación de poderes y
convierte al presidente en “juez y parte”, es decir, en un agente que: Diseña la
reforma; Promueve el mecanismo de aprobación (consulta popular); Dirige el
discurso político que orienta el resultado del referendo informal; y utiliza si
investidura para legitimar el contenido normativo […]”.
2.4. Adujo que el mecanismo de consulta popular desnaturaliza los fines del
Estado Social de Derecho y vulnera los artículos 6, 121 de la Constitución
Política de Colombia, así como el artículo 18 de la Ley Estatutaria 1757 de 6 de
julio de 20151.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Medidas de protección de derechos fundamentales
1.1. Ampare los derechos fundamentales invocados como ciudadano
integrante del cuerpo político colombiano, frente a la amenaza inminente e
ilegítima representada por la intención presidencial de sustituir el trámite
legislativo por mecanismos de participación directa.
1.2. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29
CP), a la participación política conforme a derecho (Art. 40 CP), al principio
democrático representativo y al principio de separación de poderes (Art. 113
CP), en el contexto del posible uso indebido del mecanismo de consulta
popular para decidir reformas que son competencia legislativa exclusiva del
Congreso.
2. Suspensión y prevención de actos administrativos con presunción
de inconstitucionalidad.
2.1. Ordenar al presidente de la República abstenerse de emitir cualquier
acto jurídico o administrativo que convoque a consulta popular nacional
sobre reformas estructurales en materia laboral o de salud, por tratarse de
asuntos cuya iniciativa legislativa es exclusiva del Gobierno ante el
Congreso de la República (Art. 154 CP).
2.2. En caso de haberse emitido ya un acto de convocatoria, o una solicitud
formal al Congreso o a la Registraduría Nacional del Estado Civil, se ordene
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“por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación
democrática”
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Accionante: Francisco Alfredo Arango Vergara
la suspensión inmediata de sus efectos jurídicos y operativos, hasta tanto se
resuelva de fondo esta acción de tutela.
3. Medidas para neutralizar efectos jurídicos futuros
3.1. Que se disponga que, en caso de expedición de un decreto presidencial
que convoque a consulta popular sobre reformas laborales o de salud:
3.2. Sea declarado inaplicable, por violar manifiestamente los artículos 1, 29,
40, 103, 105, 113, 114, 121, 150 y 154 de la Constitución Política.
3.3. Se ordene al presidente de la República y a sus ministros abstenerse de
continuar con cualquier actuación administrativa dirigida a sustituir el trámite
legislativo ordinario mediante el uso de mecanismos de participación
ciudadana para materias vedadas por la Constitución.
4. Medidas institucionales de control preventivo
4.1. Que se oficie a la Corte Constitucional para que, en caso de
expedición del decreto presidencial, ejerza el control inmediato de
constitucionalidad correspondiente, al tratarse de un acto con fuerza material
de ley y evidente trascendencia nacional.
4.2. Que se remita copia de la decisión judicial a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, a efectos de que
ejerzan sus funciones de control preventivo frente a una eventual
vulneración de los principios constitucionales que rigen el orden democrático
y legislativo.
4.3. Que se prevenga a las autoridades administrativas, en particular al
Ministerio del Interior, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Consejería Presidencial para las Regiones, entre otras, para que se
abstengan de ejecutar actos preparatorios, logísticos, financieros o
institucionales relacionados con una eventual consulta popular
inconstitucional […]”. [Negrilla original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 12 de junio de 2025, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela y negó las
medidas provisionales solicitadas. Igualmente, vinculó como terceros con interés
directo en el resultado del proceso a Registraduría Nacional del Estado Civil, al
Consejo Nacional Electoral y a los Ministerios del Interior, de Relaciones
Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y del Derecho, de Defensa
Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y Protección Social, del
Trabajo, de Minas y Energía, de Comercio, Industria y Turismo, de Educación
Nacional, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda, Ciudad y Territorio,
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Transporte, de las
Culturas, las Artes y los Saberes, del Deporte, de Ciencia, Tecnología e
Innovación y de Igualdad y Equidad.
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V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores se opuso a las pretensiones de la
acción de tutela, en razón a que el accionante no acreditó la afectación concreta,
directa o actual a sus derechos fundamentales derivadas de algún acto
imputable a ese ministerio.
5.2. Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva y
ausencia de competencia funcional sobre los hechos y pretensiones planteados.
5.3. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó se declare la improcedencia de la
acción de tutela por cuanto el accionante cuenta con mecanismos judiciales y
administrativos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano e
internacional para tramitar y garantizar las medidas de reparación solicitadas.
5.4. El Ministerio de Minas y Energía solicitó se declare la carencia actual de
objeto por hecho consumado, en razón a que el Presidente de la República
expidió el Decreto núm. 0639 de 11 de junio de 2025 a través del cual “[…] se
convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones […]”,
motivo por el cual las pretensiones solicitadas no tienen lugar a ser estudiadas.
5.5. ElMinisterio de Justicia y del derecho señaló que la acción de tutela
resulta improcedente por incumplimiento del requisito general de subsidiariedad,
toda vez que el mecanismo idóneo “[…] para resolver las discrepancias que
surjan durante y con motivo de los procesos constituyentes o legislativos, los
cuales tienen sus propios medios de control […]”.
5.6. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que en el presente caso
se configuró el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por el
acaecimiento de una situación sobreviniente dado que la Sección Quinta del
Consejo de Estado mediante auto de 18 de junio de 2025 suspendió los efectos
jurídicos del Decreto 0639 de 11 de junio de 2025.
5.7. El Ministerio de Transporte se opuso a las pretensiones de la acción de
tutela y solicitó se declare la improcedencia de esta, dado que el mecanismo no
es procedente para debatir la legalidad o inconstitucionalidad del Decreto 639 de
11 de junio de 2025.
5.8. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
sostuvo que las pretensiones de la acción constitucional resultan ser
improcedentes, por cuanto las mismas adolecen de prueba de la participación de
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Accionante: Francisco Alfredo Arango Vergara
ese ministerio en las presuntas afectaciones sufridas. Motivo por el cual, solicitó
su desvinculación.
5.9. ElMinisterio de las Culturas, las Artes y los Saberes señaló que, en
atención a que la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante auto de 18 de
junio de 2025 suspendió provisionalmente los efectos jurídicos del Decreto 0639
de 2025, “[…] el amparo constitucional carece actualmente de objeto, por cuanto
el hecho que supuestamente amenazaba o vulneraba los derechos del actor fue
superado […]”.
5.10. Adujo que “[…] es claro que la presente tutela carece de objeto por cuanto ya
se suscribió el decreto por el cual se convoca a la consulta popular aunado a
que se encuentra suspendido los efectos jurídicos a través del auto del Consejo
de Estado del 18 de junio de 2025 […]”.
5.11. ElMinisterio del Deporte indicó que la acción de tutela no cumple el
requisito general de subsidiariedad, en la medida que el Decreto 639 de 2025
“[…] ya esta siendo analizado por la Corte Constitucional, acorde con lo previsto
en el numeral 3 del artículo 241 de la Constitución Política […]”.
5.12. Por lo anterior, solicitó se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto ese ministerio no es el llamado a responder por la posible
vulneración o amenaza de los derechos alegados por el accionante.
5.13. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación solicitó se declare la
improcedencia de la acción de tutela por falta de subsidiariedad, debido que “[…]
tratándose el Decreto de la expresión normativa promulgada por el poder
ejecutivo y que su naturaleza conlleva la aplicación necesaria de otros
mecanismos de revisión de su constitucionalidad […]” existe otro mecanismo
para la protección del derecho invocado.
5.14. El Ministerio de la Igualdad y Equidad solicitó se declare la improcedencia
de la acción de amparo, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda
vez que actualmente el Decreto 639 de 2025, a través del cual, el Presidente de
la República convocó la consulta popular para la reforma laboral, está siendo
estudiado por la Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241 de la Constitución Política de Colombia.
5.15. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó su
desvinculación del trámite de la presente acción, a su vez, afirmó que el
mecanismo constitucional resulta improcedente, por cuanto las pretensiones
solicitadas ya fueron satisfechas por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante auto de 18 de junio de 2025 en el trámite de una medida cautelar
solicitada dentro del medio de control de nulidad núm.
110010328000202500086-00.
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Accionante: Francisco Alfredo Arango Vergara
5.16. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó negar las pretensiones
de la acción de tutela, toda vez que no se existe prueba de la acción u omisión
de esa entidad que vulnere los derechos fundamentales del accionante.
5.17. El Ministerio de Salud y Protección Social precisó que ese ministerio no
es el competente para definir lo concerniente a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el accionante y en consecuencia no
existe legitimación en la causa por pasiva frente a ese ministerio.
5.18. El Ministerio de Agricultura señaló que en el presente caso no se cumple
el requisito general de subsidiariedad, toda vez que el actor cuenta con otros
mecanismos de protección a sus derechos ante la jurisdicción contencioso
administrativo.
5.19. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio manifestó que actualmente
se está adelantando en la Corte Constitucional el control de constitucionalidad
del Decreto 639 de 2025. Motivo por el cual solicitó su desvinculación.
5.20. El
Ministerio de Educación precisó que la acción de tutela resulta ser
improcedente dado que, el mecanismo idóneo para cuestionar la legalidad
constitucional del Decreto 639 de 2025, es la acción pública de
inconstitucionalidad y el accionante no acreditó la afectación directa, personal,
concreta e inminente a sus derechos fundamentales.
5.21. Por lo anterior, solicitó
se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva, en razón a que no existe relación funcional, jurídica ni material entre las
pretensiones de la presente acción de tutela y las competencias asignadas a ese
ministerio.
5.22. El Presidente de la República informó que el Decreto 639 de 11 de junio de
2025 no generó efectos jurídicos, debido a que fue derogado expresamente por
el Decreto 0703 de 24 de junio de 2025. Motivo por el cual solicitó se declare la
carencia actual de objeto de la presente acción de tutela.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
núm. 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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Accionante: Francisco Alfredo Arango Vergara
núm. 333 de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de
marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de
20246.
VI.2. Cuestión Previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por los Ministerios de Relaciones
Exteriores, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del
Deporte, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud y Protección Social, de
Vivienda, Ciudad y Territorio y de Educación.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
7
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en
la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin
vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera
del texto].
9. Teniendo en cuenta que los Ministerios de Relaciones Exteriores, de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Deporte, de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, de Salud y Protección Social, de Vivienda, Ciudad y
Territorio y de Educación suscribieron el Decreto 639 de 11 de junio de 2025
objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que a estas
autoridades sí les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción
constitucional.
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“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Accionante: Francisco Alfredo Arango Vergara
10. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:
a) Si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por
sustracción de materia.
VI.4. Caso concreto
12. El señor Francisco Alfredo Arango Vergara solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al “[…] Debido proceso legislativo, participación política conforme
al orden constitucional, legalidad, separación de poderes y supremacía
constitucional […]”, cuya vulneración le atribuyó al Presidente de la República
por “[…] la eventual expedición de un decreto presidencial de convocatoria a
consulta popular sobre reformas reservadas al Congreso […]”.
VI.4.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia
13. Sobre la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión
mediante providencia de 9 de septiembre de 20218 precisó que dicho fenómeno
jurídico se presenta en los siguientes eventos: “[…] i) por hecho superado,
cuando por alguna conducta del obligado se supera la afectación a los derechos
invocados de tal manera que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii)
por daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos del
tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre las
pretensiones de la tutela y iii) por sustracción de materia […]”.
14. Frente a la carencia actual de objeto por sustracción materia, esta Sala de
Decisión sostuvo lo siguiente: “[…] se configura en aquellos casos en que
deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional
debe tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela
pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado
para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado […]”9.
[Negrilla original del texto]
15. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha indicado lo siguiente:
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2021-02263-00,
M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, 9 de septiembre de 2021.
9
Ibidem.
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Accionante: Francisco Alfredo Arango Vergara
“[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido
cualquier orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los
derechos del demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el
vacío por sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:
“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de
la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de
los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que
considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus
acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar
así la defensa actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como
mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por
cuanto la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso
concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria
al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción” […]”10.
[Negrilla fuera del texto].
16. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida
como un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los
derechos fundamentales y debido a esto, al desaparecer la causa que da origen
a dicha vulneración, la acción de tutela pierde toda razón de ser como
mecanismo de protección judicial.
17. Descendiendo al caso en concreto, se observa que las pretensiones
formuladas en el escrito de tutela buscan que se ordene al Presidente de la
República “[…] abstenerse de emitir cualquier acto jurídico o administrativo […]”
tendiente a convocar a una consulta popular nacional sobre reformas
estructurales en materia laboral o de salud. Adicionalmente, en caso de haberse
proferido dicho acto, se solicita ordenar “[…] la suspensión inmediata de sus
efectos jurídicos […]”.
18. El 11 de junio de 2025, el Presidente de la República expidió el Decreto 639
de 202511 a través del cual dispuso: “[…] convóquese al pueblo de Colombia a
10
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Exp. T-3.931.914, M.P. Alberto Rojas Ríos; 7 de septiembre de 2013.
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“Por el cual se convoca a una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones”
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una consulta popular en todo el territorio nacional para que, en ejercicio de su
soberanía, el día siete (7) de agosto de 2025 decida si aprueba o rechaza las
siguientes preguntas de trascendencia nacional […]”.
19. El 18 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado en el trámite
de la medida cautelar de urgencia solicitada dentro del medio de control de
nulidad núm. 11001-03-28-000-2025-00086-00 suspendió los efectos del
Decreto 639 de 2025 en los siguientes términos:
“[…] PRIMERO: SUSPENDER PROVISIONALMENTE los efectos jurídicos
del Decreto 0639 de 2025 «por el cual se convoca a una consulta popular
nacional y se dictan otras disposiciones», conforme las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo
234 del CPACA, la medida adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente […]”. [Mayúscula y negrilla original del texto]
20. El 24 de junio de 2025 el Presidente de la República profirió el Decreto 70312
a través del cual derogó el Decreto 639 de 2025.
21. De acuerdo con lo anterior, esta Sección considera que se configuró una
carencia actual de objeto por sustracción de materia, en razón que el objeto de
la presente tutela desapareció. En efecto, si bien mediante el Decreto 639 de 11
de junio de 2025 se convocó a una consulta popular para el 7 de agosto del
mismo año, dicho acto fue derogado por el Decreto 703 de 24 de junio de 2025.
22. Asimismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado en la providencia de 18
de junio de 2025 dispuso: “[…] SUSPENDER PROVISIONALMENTE los efectos
jurídicos del Decreto 0639 de 2025 […]”.
23. En ese orden, no es procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre la
controversia planteada, por haberse configurado una sustracción de materia por
las razones indicadas supra.
24. Conforme a lo anotado, se declarará la carencia actual de objeto por
sustracción de materia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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“[…] Por el cual se deroga el Decreto número 639 de 2025 […]”.
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Accionante: Francisco Alfredo Arango Vergara
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los
Ministerios de Relaciones Exteriores, de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, del Deporte, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud y
Protección Social, de Vivienda, Ciudad y Territorio y de Educación, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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