Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03350-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03350-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03350-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
11 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03350-00
Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: acción de tutela contra providencia judicial / IMPROCEDENCIA – Carga
argumentativa.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 30 de mayo de 2025, el señor Diego Andrés Arbeláez Zuluaga presentó acción
de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en busca de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia. Considera que estos fueron vulnerados por las autoridades accionadas al
proferir los autos del 29 de abril y 9 de diciembre de 2024 y 31 de marzo de 2025,
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió
en contra del municipio de Rionegro; pretendiendo que se declarara la nulidad de
unas decisiones 3 expedidas dentro del trámite de cobro coactivo iniciado en su
contra.
2.
Mediante auto del 29 de abril de 2024 el referido juzgado estudió unas solicitudes
de adición, acumulación y aclaración de demanda presentadas por el señor
Arbeláez4. Determinó que la parte demandante lo que pretendía era reformar las
pretensiones de la demanda y adicionar una serie de pruebas. Además, que dicha
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con número de radicado 05001-33-33-010-2022-00614-00/02.
3 La Resolución 1425 del 23 de mayo de 2022 y el Oficio del 30 de agosto de 2023.
4 Presentadas el 1, 2 y 5 de febrero de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03350-00
Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
reforma se presentó de forma extemporánea, pues el actor tenía hasta el 21 de julio
de 2023 para proponerla, pero solo lo hizo el 1 de febrero de 2024, razón por la cual
rechazó la solicitud.
3.
Inconforme con la anterior decisión el señor Arbeláez presentó recurso de
reposición y en subsidio el de apelación. Por auto de 9 de diciembre de 2024 el
Juzgado decidió no reponer el proveído cuestionado, pues estimó que en el escrito
de “adición y acumulación de demanda” se observaba que el actor solicitaba la
nulidad de los mismos actos administrativos de la demanda principal, sin embargo,
adicionaba pruebas documentales, una pericial y otras testimoniales. Y, en su escrito
de aclaración, indicó que la demanda radicada el 2 de febrero de 2024 era la que
debía ser objeto de estudio y tenerse como demanda de acumulación.
4.
Manifestó que no se verificaba ninguno de los requisitos del artículo 148 del CGP,
debido a que la acumulación de procesos se da cuando se están tramitando dos o
más demandas al mismo tiempo, en la misma instancia, con reciprocidad de partes
y pretensiones conexas, y que al final se pueda resolver el caso en una sola decisión.
Por lo que el demandante pretende utilizar la figura de acumulación de procesos
para adicionar una serie de pruebas que no solicitó dentro del término legal, y que
para el caso es una reforma a la demanda, tal y como lo señala el artículo 173 del
CPACA, la cual -reiteró- se presentó de forma extemporánea.
5.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 31 de marzo de 2025
confirmó la decisión del A quo. Arguyó que, revisados los memoriales presentados
por el demandante era claro que con los mismos se pretendía modificar la demanda
inicial con la inclusión de los actos administrativos que resolvieron los recursos,
también en lo referente a las pretensiones y a las pruebas. Adujo que en los términos
del artículo 173 del CPACA, resultaba cierto que la solicitud de reforma era
extemporánea, debido a que el demandante tenía hasta el 21 de julio de 2023 para
promoverla; sin embargo, solo lo hizo hasta el 1, 2 y 5 de febrero de 2024.
6.
La parte actora afirmó que el municipio de Rionegro adelantó el proceso de cobro
coactivo de manera irregular, y que, pese a la formulación de la demanda de nulidad
y el restablecimiento del derecho en su contra, aquella omitió de manera deliberada
admitir en su contestación de demanda que no había dado respuesta a los recursos
formulados contra la decisión que resolvía unas excepciones, faltando a la verdad y
lealtad frente al juzgado.
7.
Indicó que la anterior situación es importante, por cuanto al no resolver los
recursos dentro del mes siguiente a su formulación (artículo 834 del Estatuto
Tributario) sino 1 año después, impidió que pudiera ser formulada la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra esas últimas decisiones.
8.
Informó que una vez le fueron notificadas las providencias que resolvieron sus
recursos, procedió a formular la acumulación de la demanda respectiva,
demandando las otras actuaciones surtidas en el proceso de cobro coactivo que no
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03350-00
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Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
había podido cuestionar por la omisión o incumplimiento del ente territorial. Agregó
que el municipio de Rionegro cuando le dieron traslado de su solicitud tergiversó la
verdad de la actuación e hizo creer al juzgado que la misma se trataba de una
reforma de la demanda.
9.
Por otra parte, manifestó que las autoridades judiciales accionadas, pese a
haberles indicado de manera clara que la demandada no había resuelto dentro del
término legal los recursos interpuestos, para así demandar todos los actos al tiempo;
no permitieron integrar la demanda con la totalidad de las actuaciones realizadas
por el municipio de Rionegro, entendiendo de manera indebida e improcedente que
con la acumulación de la demanda se estaba pidiendo una reforma, lo cual resultaba
un total despropósito ante la claridad de la misma.
10.
Por lo anterior, adujo que las decisiones son arbitrarias y constituyen una
transgresión a los derechos fundamentales citados como vulnerados, ya que la
acumulación de demanda era legalmente procedente para integrar debidamente
toda la actuación irregularmente surtida por el ente territorial, y poder demandar las
providencias proferidas por aquel el 8 de septiembre de 2023.
11.
Afirmó que pareciera que existe un total desconocimiento de la referida opción
procesal, ignorando lo regulado en el artículo 148 del CGP, que resulta aplicable a
la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo regulado en el
artículo 306 del CPACA. Citó una sentencia dictada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 1 de marzo de 2016, radicado 11001032500020130149100.
12.
Agregó que las autoridades judiciales, contrariando lo regulado en la norma,
decidieron unilateralmente y de manera impositiva que lo solicitado por el actor era
una reforma de demanda, tergiversando lo pedido y no examinando siquiera la
viabilidad jurídica de ello. Concluyó que lo resuelto es contrario a lo solicitado, y
pretenden negar la acumulación de demandas, como si lo único posible fuera la
reforma de aquella, la cual nunca se solicitó. Adicionó que la actuación de las
accionadas constituye una denegación de justicia y un impedimento al ejercicio del
derecho fundamental de defensa y debido proceso, razón por la cual pidió revocar
las decisiones acusadas.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
13. Mediante auto de 5 de junio de 20255, se admitió la presente acción, se ordenó
notificar a las autoridades judiciales accionadas, y se vinculó al municipio de
Rionegro como tercero con interés. Igualmente se ordenó comunicar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Medellín6.
5 Notificado el 12 de junio de 2025.
6 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 3 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03350-00
Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
14. Expuso que la presente acción se debe negar, debido a que las decisiones tanto
de primera como de segunda instancia fueron ajustadas a derecho y no perturbaron
ninguna garantía constitucional del actor. El Juzgado consideró que el memorial que
presentó el señor Arbeláez se trataba no de una simple acumulación, sino de una
enmienda al libelo introductor y buscaba adicionar una serie de pruebas. Por lo que
el escrito que denominó como una “acumulación de pretensiones” no tenía esa
naturaleza.
15. Sostuvo que lo que percibe es que la parte demandante por un descuido dejó
vencer los términos para enmendar el libelo genitor, y lo que pretender es que por
medio de la acumulación sean consideradas procesalmente las pruebas para
sustentar los hechos de la demanda.
16. Concluyó que la tutela no es el medio idóneo para subsanar situaciones
procesales.
(ii) Municipio de Rionegro7.
17. Afirmó que el nuevo escrito presentado por el accionante es una reforma a la
demanda, y no una acumulación como erróneamente lo hace ver. Adicionó que el
señor Arbeláez Zuluaga pretende utilizar este mecanismo constitucional como
instancia adicional, paralela, o como vía de escape célere y preferente para lograr
revivir términos que no agotó en su debido momento. Pues no agotó las etapas
dentro de la actuación judicial para presentar -en término- la reforma a la demanda;
por ende, el caso no supera el requisito de subsidiariedad.
18. Arguyó que no es procedente conceder la acumulación de demanda tal como lo
expone el accionante, ya que esta no cumple con los presupuestos exigidos por el
legislador para ello. Además, que la reforma se presentó de forma extemporánea.
19. Expresó que no comparte las razones expuestas por el actor relacionadas con
que el municipio de Rionegro le ha limitado sus actuaciones, y señaló que aquel no
alegó la existencia de un perjuicio irremediable, ni aportó pruebas que permitan
deducir la existencia de este.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto
20. LaSala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, por no
acreditarse el presupuesto de relevancia constitucional.
21. La parte actora no invocó ninguno de los defectos definidos jurisprudencialmente
para que proceda la acción de tutela contra una providencia judicial. Y, si bien con
los argumentos esgrimidos se podría entender que insinúa la configuración de un
7 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 12 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03350-00
Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
defecto o un procedimental, aquellos son tan exiguos y generales que resultan
insuficientes para considerar un estudio de fondo del caso.
22. Lo anterior, debido a que el actor manifestó que las autoridades judiciales
accionadas, pese a haberles indicado de manera clara que la demandada no había
resuelto dentro del término legal los recursos interpuestos, para así demandar todos
los actos al tiempo; no permitieron integrar la demanda con la totalidad de las
actuaciones realizadas por el municipio de Rionegro, entendiendo de manera
indebida que con la acumulación de la demanda se estaba pidiendo era una reforma,
lo cual nunca sucedió; existiendo un total desconocimiento de lo regulado en el
artículo 148 del CGP. Además, que la acumulación de la demanda ni siquiera fue
examinada.
23. No obstante, no indicó el motivo por el cual supuestamente se desconoció el
señalado artículo, máxime cuando de la simple lectura de las decisiones acusadas
se observa que aquel se tuvo en cuenta para el análisis del caso; tampoco explicó
si las normas utilizadas para la solución del asunto eran indiscutiblemente
inaplicables, ya sea porque perdieron vigencia, son inconstitucionales, o su
contenido no tiene conexidad material con los presupuestos de la materia analizada
o, si existió un grave error en la interpretación de la norma aplicada, entre otros
supuestos que hacen viable el análisis del caso bajo el mentado defecto.
24. Mucho menos puso de presente, la configuración de alguno de los escenarios en
los que se puede predicar la configuración de un defecto procedimental.
25. Su argumentación, se limitó a señalar el devenir procesal y exponer su
desacuerdo con lo resuelto por las autoridades judicial, reiterando su tesis sobre la
posibilidad de que se diera la alegada acumulación de demandas, que de manera
razonable y con fundamento en las disposiciones procesales pertinentes, fue
atendida por las autoridades judiciales accionadas, evidenciando que se trataba de
una reforma a la demanda, que para ese momento del proceso resultaba
extemporánea. Esas consideraciones no se antojan arbitrarias o caprichosas, de ahí
que no se advierta la relevancia constitucional del asunto.
26. No basta que la parte accionante enuncie los derechos presuntamente vulnerados
y señale situaciones que en su sentir son irregulares, sino que la alegada
vulneración debe estar justificada, es decir, tener una carga argumentativa mínima,
en la que se exprese con suficiencia las razones y motivos que desde la perspectiva
constitucional, revelan un juicio de desvalor de los derechos fundamentales de quien
la promueve.
27.
Además de lo anterior, la Sala encuentra que la autoridad accionada hizo un
análisis completo, adecuado y coherente del caso, sin desconocer o darle una
interpretación irracional a alguna de las pruebas allegadas al plenario, ni mucho
menos incurrir en una interpretación y aplicación normativa errada, en una falta de
motivación o, en la violación de algún derecho fundamental. Por el contrario, las
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Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
decisiones cuestionadas en esta sede encuentran claro sustento en el principio de
libre valoración judicial, independencia y autonomía del juez.
28.
Al punto que, desde el primer auto se le indicó al actor que lo que pretendía era
reformar la demanda en cuanto a sus pretensiones y adicionar una serie de pruebas,
pero no acumular la misma; situación que era viable, pero debía darse hasta el
vencimiento de los 10 días siguientes al traslado de la demanda, lo cual no se
cumplió en su caso.
29.
Aunado a ello, se le explicó que de acuerdo con el artículo 148 del CGP, procede
la acumulación de procesos que se encuentren en la misma instancia, que deban
tramitarse por el mismo procedimiento y cuando ocurra alguna de las siguientes
causales: (a) cuando las pretensiones habrían podido acumularse en la misma
demanda; (b) cuando se trata de pretensiones conexas y las partes sean
demandantes y demandados recíprocos y; (c) cuando el demandado sea al mismo
y las excepciones de mérito propuestas se fundamentan en los mismos hechos.
30.
Es decir, la acumulación de procesos es viable cuando se están tramitando dos
o más demandas, al mismo tiempo, en la misma instancia, con reciprocidad de
partes y pretensiones conexas y que al final se pueda resolver el caso en una sola
decisión. No obstante, en el asunto del señor Arbeláez no se cumplía con ninguno
de los requisitos señalados. Motivo por el cual lo solicitado por aquel se encuadraba
era en una reforma de la demanda, tal y como lo señala el artículo 173 del CPACA.
31.
Explicación que no solo realizó el juzgado, sino también el tribunal, que le aclaró
al demandante que sobre la acumulación de procesos y/o demandas se exige la
existencia de varios procesos cuyas pretensiones y demandados sean idénticos; por
lo que el hecho de formular nuevas pretensiones no supone en sí misma una nueva
demanda, debido a que la misma debe ser sometida a reparto y no procede como
una mera solicitud dentro de un proceso ya existente, como ocurrió en el caso
analizado.
32.
En los términos precedentes, se declarará improcedente la solicitud de amparo.
33.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-03350-00
Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Accionado:Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
8 VF
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