Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03350-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03350-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03350-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
9 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03350-01
Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Reforma de
la demanda / Improcedencia / Falta de relevancia constitucional
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia
proferida el 11 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en la cual declaró la improcedencia de la demanda de tutela.
SÍNTESIS
El actor cuestiona las providencias de primera y segunda instancia mediante las cuales
se rechazó la solicitud de acumulación de demanda que formuló dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual pretendía la nulidad de los
actos administrativos expedidos dentro de un proceso de cobro coactivo adelantado en
su contra. Se confirma la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de
la demanda por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
El 30 de mayo de 2025 el señor Diego Andrés Arbeláez Zuluaga presentó, en nombre
propio, una demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Juzgado Décimo
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron
vulneradas con las providencias del 29 de abril de 2024, 9 de diciembre de 2024 y 31 de
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Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Se confirma la decisión de primera instancia
marzo de 2025, mediante las cuales se rechazó la solicitud de acumulación de demanda
que presentó dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05001-33-33-010-2022-00614-00/02.
El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
PRIMERA. Que sean TUTELADOS LOS DEREHOS [sic] FUNDAMENTALES
vulnerados al suscrito accionante, DEBIDO PROCESO, AL DERECHO DE
DEFENSA, DENEGACION [sic] DE JUSTICIA Y DERECHO AL ACCESO DE
RECTA IMPARTICIÓN DE LA MISMA.
SEGUNDA. Que ese Organo [sic] de Cierre Judicial en sede Constitucional, ordene
REVOCAR las providencias objeto de la presente Acción de Tutela a LAS
ACCIONADAS.
B. Hechos
El Municipio de Rionegro (Antioquia) inició un proceso de cobro coactivo en contra del
señor Diego Andrés Arbeláez Zuluaga para exigir el pago de la contribución de
valorización «Rionegro se valoriza» –obligación tributaria derivada de la propiedad y
posesión de inmuebles– y, mediante Resolución No. 1425 del 23 de mayo de 2022, libró
mandamiento de pago en contra del señor Arbeláez Zuluaga y ordenó el embargo y
secuestro de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad que lograra identificar.
El señor Diego Andrés Arbeláez Zuluaga presentó excepciones y recurso de reposición
y, en subsidio, apelación contra la Resolución No. 1425 del 23 de mayo de 2022.
Mediante el oficio «ASUNTO: Respuesta definitiva 2022RE022878 - 2022RE025142-
2022RE025604-2022RE025973», del 5 de agosto de 2022. El Municipio de Rionegro se
pronunció sobre las oposiciones presentadas por el actor y determinó que el
procedimiento de cobro coactivo estaba ajustado a las normas aplicables y al derecho al
debido proceso, por lo cual los actos administrativos expedidos se mantenían «activos y
vigentes».
El actor presentó solicitud de aclaración y adición contra el oficio del 5 de agosto de 2022,
la cual fue resuelta por el Municipio de Rionegro mediante oficio del 30 de agosto de
2022, en el cual, a juicio del accionante, se limitó a reiterar lo expuesto en el oficio del 5
de agosto de 2022.
Por considerar que el oficio del 30 de agosto de 2022 no resolvió sus reproches, el 5 de
septiembre el actor presentó solicitud de adición y aclaración y el 6 de septiembre
presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra ese acto administrativo.
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Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Se confirma la decisión de primera instancia
El señor Arbeláez Zuluaga presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Municipio de Rionegro (Antioquia)
con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 1425 del 23 de mayo de
2022 y del oficio del 30 de agosto de 2022.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo de Medellín, el
cual, por auto del 24 de abril de 2023, admitió la demanda.
El 8 de septiembre de 2023, por medio de los oficios «Respuesta definitiva radicado
2022RE027392» y «Respuesta definitiva radicado 203RE030700» el Municipio de
Rionegro resolvió las solicitudes de aclaración y adición y los recursos interpuestos por
el actor contra el oficio del 30 de agosto de 2022.
Mediante memoriales presentados el 1, 2 y 5 de febrero de 2024, el demandante solicitó
la «adición, acumulación y aclaración» de la demanda, solicitud que fue rechazada por
el Juzgado por auto del 29 de abril de 2024. El Juzgado determinó que lo que pretendía
el demandante era reformar la demanda y que esa solicitud era extemporánea, pues el
término para presentar una reforma de la demanda venció el 21 de julio de 2023.
El señor Arbeláez Zuluaga interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación
contra el auto del 29 de abril de 2024. Alegó que no pretendía reformar la demanda sino
solicitar la acumulación de una nueva demanda para que se declarara la nulidad de los
actos expedidos por el Municipio de Rionegro después de presentada la demanda inicial.
Lo anterior, debido a que el Municipio, a pesar de lo que indicó en su contestación a la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, no había resuelto completamente
las solicitudes del accionante dentro del proceso de cobro coactivo.
Mediante auto del 31 de marzo de 2025, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó el auto del 29 de abril de 2024. Consideró, como el
Juzgado, que, por medio de la solicitud de adición y acumulación de demanda, el actor
realmente pretendía reformar la demanda, modificando hechos, pretensiones y pruebas.
En ese sentido, concluyó que la solicitud era extemporánea y debía rechazarse.
C. Fundamentos de la vulneración
El accionante alega que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en vista de que
no le permitieron «integrar» su escrito de demanda debido a que malinterpretaron su
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Se confirma la decisión de primera instancia
solicitud de acumulación de demandas y entendieron que se trataba de una reforma de la
demanda.
Explica que el Municipio de Rionegro adelantó el proceso de cobro coactivo de manera
irregular y no dio respuesta a las oposiciones que allí presentó dentro del término previsto
para ello, hecho que el Municipio omitió incluir en su contestación a la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho. Destaca que esa omisión es importante porque fue solo
hasta el 8 de septiembre de 2023 –cuando ya estaba en trámite el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho– que el Municipio resolvió los recursos que el actor interpuso
durante el procedimiento administrativo, por lo cual le fue imposible incluir todos los actos
administrativos al momento de presentar la demanda o dentro del término para reformarla.
Entonces, fue en virtud de la conducta procesal del Municipio que se vio obligado a
presentar la solicitud de acumulación de demanda, la cual fue rechazada por las
autoridades judiciales demandadas por considerar que se trataba de una reforma de la
demanda y, por lo tanto, era extemporánea. Considera que se trató de una «decisión
totalmente arbitraria» que desconoció lo que argumentó y ni siquiera examinó la
procedencia de la solicitud de acumulación de demandas.
Por último, a pesar de que no alegó la configuración de algún defecto en específico, citó
una providencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 1 sobre la aplicación de la
acumulación de demandas consagrada en el numeral 2 del artículo 148 del Código
General del Proceso en los procesos contencioso-administrativos.
D. Trámite procesal
Por auto del 5 de junio de 20252, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado admitió la demanda de tutela y se ordenó notificar al Juzgado Décimo
Administrativo de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia y vincular como
tercero con interés al Municipio de Rionegro.
1
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Auto del 1 de marzo de 2016. Radicación 11001-
03-25-000-2013-01491-00.
2
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Se confirma la decisión de primera instancia
E. Oposiciones e intervenciones
El Juzgado Décimo Administrativo de Medellín 3 (accionado) solicitó negar la solicitud de
amparo. Adujo que las decisiones de primera y segunda instancia fueron ajustadas a
derecho y no desconocieron las garantías constitucionales del demandante.
Advirtió que el actor «dejó vencer los términos» para reformar la demanda y, mediante la
solicitud de acumulación de demandas, lo que realmente pretendía era presentar una
reforma extemporánea de la demanda e integrar nuevas pruebas al expediente. Lo
anterior, en consideración a que el término para presentar una reforma de la demanda
venció el 21 de julio de 2023 y el actor presentó su solicitud el 1 de febrero de 2024.
El Municipio de Rionegro4 (tercero con interés) solicitó negar la solicitud de amparo y
declarar la improcedencia de la demanda de tutela. Expresó que las decisiones judiciales
cuestionadas se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 173 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre la reforma de la demanda y que
no era procedente acceder a la solicitud de acumulación de demanda porque esta no
cumplía con los requisitos exigidos por el legislador.
De igual forma, alegó que no es cierto que su conducta haya limitado las oportunidades
procesales del demandante y que, en todo caso, este no demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la demanda de tutela.
F. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 11 de julio de 20255, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la demanda de tutela por encontrar que
no satisfacía el requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
El a quo determinó que los argumentos presentados por el actor en sede de tutela se
limitaron a señalar las actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
y su inconformidad con la decisión de rechazar la solicitud de acumulación de demanda.
3
Índice 10 del expediente digital disponible en Samai
4
Índice 11 del expediente digital disponible en .Samai
5
Índice 14 del expediente digital disponible en Samai
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Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Se confirma la decisión de primera instancia
En ese sentido, concluyó que el caso bajo estudio (i) no cumple con la carga
argumentativa mínima necesaria para cuestionar providencias judiciales, máxime, en vista
de que el actor no invocó la configuración de alguno de los defectos definidos por la
jurisprudencia para la procedencia de la demanda en ejercicio de acción de tutela contra
providencias judiciales, y (ii) se trata de una reiteración de los argumentos presentados
en el proceso ordinario relacionados con la posibilidad de presentar la solicitud de
acumulación de demandas.
Por último, (iii) sostuvo que las autoridades judiciales accionadas presentaron, en las
providencias cuestionadas, un análisis «completo, adecuado y coherente», sin
desconocer las pruebas disponibles en el expediente y sin incurrir en una interpretación o
aplicación errada de las normas aplicables, como alega el accionante.
G. Impugnación
En escrito radicado el 29 de julio de 20256, el accionante impugnó la sentencia del 11 de
julio de 2025. Alegó que el juez constitucional no puede imponer, en sede de tutela,
exigencias adjetivas que desnaturalizan la informalidad de la acción de tutela, como lo es
la carga argumentativa mínima en la demanda.
En su criterio, en la solicitud de amparo expuso con suficiencia los argumentos necesarios
para demostrar la vulneración de sus derechos fundamentales, relacionados con una
interpretación y aplicación normativa equivocada por parte de las autoridades judiciales
accionadas al estudiar su solicitud de acumulación de demandas.
Finalmente, reiteró los reproches que presentó en la demanda y afirmó que, pese a su
claridad, el a quo incurrió en el mismo error que las autoridades judiciales accionadas al
determinar que su solicitud de acumulación de demandas era una reforma de la demanda
o una acumulación de procesos.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
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Se confirma la decisión de primera instancia
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.
I. Providencia objeto de análisis
El accionante cuestionó los autos del 29 de abril de 2024 y 9 de diciembre de 2024,
proferidos por el Juzgado Décimo Administrativo de Medellín, y el auto del 31 de marzo
de 2025, proferido por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
No obstante, la Sala centrará su estudio en el auto del 31 de marzo de 2025, por ser la
providencia que puso fin a la controversia. Además, ante una eventual decisión favorable,
sería el Tribunal Administrativo de Antioquia la autoridad judicial encargada de dar
cumplimiento a lo que se ordene.
J. Sentido de la decisión
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la
demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En ese
sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de los
demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela 7.
K. El requisito de relevancia constitucional
La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales. 8 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada9, con el fin de impedir «que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».
7 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional
ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se
hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible,
y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
8
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Se confirma la decisión de primera instancia
En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional estableció
que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional. De esta
manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. 10
En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional identificó los siguientes criterios
de análisis11 para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una
providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad
con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
10
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03350-01
Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Se confirma la decisión de primera instancia
Para la Corte Constitucional 12, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez constitucional
sólo está justificada cuando «[…] la providencia judicial sea definitivamente incompatible
con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la
Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico de tal entidad que haga
necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional» 13.
L. El caso concreto
En el caso bajo estudio, el accionante presentó una demanda en ejercicio de acción de
tutela contra las providencias mediante las cuales se rechazó la «solicitud de acumulación
de demandas» que formuló dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió contra el Municipio de Rionegro.
A su juicio, dichas decisiones vulneraron sus derechos fundamentales del debido proces o
y acceso a la administración de justicia porque las autoridades judiciales accionadas
malinterpretaron su solicitud de acumulación de demanda y llegaron a la conclusión ,
errada, de que se trataba de una solicitud extemporánea de reforma de la demanda. Lo
anterior, sin considerar que fue por cuenta de que el Municipio de Rionegro resolvió de
forma tardía los recursos que presentó dentro del proceso de cobro coactivo que no le fue
posible demandar todos los actos expedidos durante ese trámite.
Si bien en el escrito de impugnación el accionante alega que exigir una carga mínima
argumentativa como requisito de procedibilidad de la demanda de tutela desnaturaliza la
informalidad de esta acción constitucional, la Sala advierte que en este caso la demanda
es improcedente porque no satisface el requisito de relevancia constitucional. Lo anterior,
por cuanto la demanda de tutela tiene como propósito reabrir el debate concluido en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta una actuación
arbitraria o ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
13 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03350-01
Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Se confirma la decisión de primera instancia
Se evidencia que los argumentos presentados por el accionante fueron expuestos ante la
autoridad judicial competente en el recurso de reposición y, en subsidio, apelación
presentado contra el auto del 29 de abril de 2024, proferido por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.
Particularmente, en el recurso, el actor alegó que (i) la conducta procesal del Municipio de
Rionegro no le había permitido presentar la demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho cuestionando todos los actos proferidos en el
proceso de cobro coactivo y (ii) su intención nunca fue reformar la demanda, como mal lo
entendieron las autoridades judiciales accionadas, sino presentar una solicitud de
acumulación de demanda conforme a lo dispuesto en el artículo 148 del Código General
del Proceso.
Expresamente, en el recurso, el actor expuso:
Estamos frente a una actuación eventualmente fraudulenta por parte de la
demandada, al manifestar haber respondido los mismos, sin surtir el trámite respectivo
y demorando la decisión para buscar que se generara la caducidad de la acción. […]
Pero, el comportamiento procesal de la demandada, limitó el actuar de la demandante
en el proceso a los aspectos indicados en la demanda principal al no haberse contado
oportunamente con la decisión respecto de los recursos formulados, resueltos
después de vencido el término de reforma de la demanda y no podría la parte
demandante verse afectada por la actuación negligente, tardía de mala fe y lesiva del
orden sustantivo y procesal por parte de la accionada dentro del proceso demandado,
al afectar los términos, plazos y oportunidades de la acción, al no resolver los
mencionados recursos en forma oportuna. […]
Ante la actuación surtida por la demandada, dando respuesta a los recursos
formulados solo hasta el día 2 de octubre de 2023 debimos integrar toda la actuación
y habiéndose vencido la oportunidad de reformar la demanda, lo procedente,
conforme al artículo 148 del Código General del Proceso, aplicable al sub lite por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, regula la acumulación de procesos […]
Dada la actuación de la accionada, era necesario la formulación de una nueva
demanda, que informara la decisión de los recursos formulados y permitiera demandar
la actuación completa, dada la importancia de la misma, al ser dicha decisión la que
resolviera las excepciones formuladas. […]
Así las cosas, nunca pretendimos reformar la demanda, lo que solicitamos fue
acumular la nueva demanda formulada.
10.- No permitir la formulación de la nueva demanda sería tanto como permitir que la
demandada resulte favorecida de una actuación irregular, de mala fe y eventualmente
delictiva, al haber realizado de manera indebida la instrucción del proceso
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Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Se confirma la decisión de primera instancia
demandado, contrariando las exigencias propias del Proceso de Cobro Coactivo, que
es el objeto de demanda en el juicio que nos ocupa.
Tal y como puede observarse, de lo manifestado, no estamos en presencia de una
Reforma de la Demanda, puesto que de tratarse de una solicitud en tal sentido, lo
hubiésemos manifestado en forma expresa lo indicado.
La solicitud formulada, tal y como fuera indicada corresponde a una Acumulación de
Demanda y no de reforma como erradamente lo supone el Juez de Conocimiento.
(mayúsculas del original).
Los anteriores planteamientos fueron resueltos por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia en el auto del 31 de marzo de 2025, en los siguientes términos:
Revisados los memoriales presentados por el demandante el 1 de febrero de 2024
(archivos 024, 022-023); el 2 de febrero de 2024 (archivos 026 y 025) y el 5 de febrero
de 2024 (archivos 028 y 027) considera la Sala que tal y como lo estableció el A quo,
con los mismos se pretende adicionar y aclarar la demanda inicial en cuanto a hechos,
pretensiones y pruebas. […]
Conforme lo anterior, es claro que el accionante pretende modificar la demanda inicial,
con la inclusión de los actos administrativos que resolvieron los recursos, también en
lo referente a las pretensiones y a las pruebas, lo cual, en los términos del artículo 173
del CPACA citado, corresponde a una reforma a la demanda en tanto pretende
adicionarse, aclararse y modificarse la misma.
En esos términos, resulta cierto que la solicitud es extemporánea si se tiene en cuenta
que el auto admisorio de la demanda fue notificado el 17 de mayo de 2023 (carpeta
004ExpedienteDigital, archivo 062022-614 NOTIFICACIÓN DEMANDA.pdf), por
tanto, el término para contestar la demanda venció el 6 de julio de 2023, y a partir de
esa fecha, la parte demandante tenía diez días hábiles para proponer la reforma, esto
es, hasta el 21 de julio de 2023; sin embargo las solicitudes objeto del presente
pronunciamiento, fueron presentadas el 1,2 y 5 de febrero de 2024.
Sea del caso aclarar, sobre la acumulación de procesos y/o demandas, que, para su
procedencia, se exige la existencia de varios procesos cuyas pretensiones y
demandados sean idénticos; sin embargo, de acuerdo a los planteamientos
presentados por el apelante, el hecho de formular “nuevas pretensiones” no supone
en sí misma una nueva demanda, pues la misma debe ser sometida a reparto y no
procede como una mera solicitud dentro de un proceso ya existente, como ocurre en
el presente caso.
Así las cosas, la Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues el actor no enunció, ni mucho menos explicó, los defectos
en los que las providencias cuestionadas supuestamente incurrieron, limitándose a reiterar
los argumentos planteados en el recurso de reposición y, en subsidio, apelación, que ya
fueron resueltos por las autoridades judiciales accionadas.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03350-01
Accionante: Diego Andrés Arbeláez Zuluaga
Se confirma la decisión de primera instancia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 11 de julio de
2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que
declaró la improcedencia de la demanda de tutela.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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