Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03359-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03359-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03359-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03359-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA–SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: GILBERTO PRADA CAMACHO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial –Improcedente por no
acreditarse los requisitos generales de procedencia. Relevancia constitucional – no
se configura, dado que la parte accionante persigue un interés meramente
pecuniario. Inmediatez – No se cumple, en tanto que la acción de amparo
constitucional fue presentada por fuera del plazo que la jurisprudencia ha
considerado razonable.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de impugnación promovido por Gilberto Prada
Camacho, Hilda Inés Prada Díaz, Aleida Smith Prada Díaz y Jairo Heli Prada Díaz
contra la Sentencia del 24 de julio de 2025, mediante la cual la Sección Primera de
esta corporación declaró improcedente la acción de tutela, por no satisfacer el
requisito de inmediatez, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la
Constitución política, el artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de
2019.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 3 de junio de 20251, Gilberto Prada Camacho y otros2, quienes actúan a través
de apoderado judicial, promovieron acción de tutela contra el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo
de Santander. Los actores cuestionaron las Sentencias del 24 de octubre de 2018
y del 16 de junio de 2022, respectivamente. A su juicio, dichas autoridades judiciales
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la salud, a la vida, a la vivienda, a la
dignidad humana y al medio ambiente sano.
1
Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
martes, 3 de junio de 2025 con secuencia: 5207 – Cuad.:1.”
2
Los señores: Hilda Inés Prada Díaz, Aleida Smith Prada Díaz y Jairo Heli Prada Díaz.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
Hechos relevantes
2. El señor Gilberto Prada Camacho es propietario de un inmueble destinado a
vivienda y negocio, ubicado en la Carrera 6 No. 10A-62 del municipio de Málaga,
Santander.
3. El predio se encuentra sobre el corredor troncal central del norte, fase II, donde
el Instituto Nacional de Vías3, el Consorcio de Vías Nacionales, el ingeniero Mario
Huertas Cote y el Consorcio de Vías Colombia 004 adelantaron obras de
infraestructura vial.
4. Durante una socialización con la comunidad del barrio Popular Modelo, el señor
Gilberto Prada Camacho solicitó que el nivel del pavimento quedara por debajo del
andén de las viviendas, compromiso que el contratista Mario Huertas Cote aceptó.
5. Antes de la intervención, el inmueble del demandante se encontraba 30
centímetros por encima de la vía, lo que impedía inundaciones y empozamientos.
6. Tras la primera lluvia torrencial posterior a las obras, la vía quedó al mismo nivel
de los andenes, lo que provocó inundaciones al interior de la vivienda del señor
Prada Camacho.
7. El demandante informó de los daños a las entidades competentes, y la Alcaldía
de Málaga, mediante inspección ocular, corroboró la deficiente pendiente de la vía
y la dificultad para evacuar oportunamente las aguas lluvias.
8. En reuniones posteriores se plantearon soluciones técnicas, como la
construcción de un canal de drenaje, pero el demandante no aceptó ninguna de
ellas. El actor exigió una indemnización de $300.000.000 millones de pesos.
9. Los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra el INVÍAS,
el municipio de Málaga, el ingeniero Mario Alberto Huertas Cote y el Consorcio Vías
Nacionales, con el fin de que se declare la responsabilidad patrimonial de los
demandados y se les condene al pago de $176.527.229 millones de pesos por
concepto de perjuicios materiales, así como de las indemnizaciones por daño moral
a favor del señor Gilberto Prada Camacho y de sus tres hijos, para un total de
$245.472.629 millones de pesos, más los intereses legales y las demás medidas
que el juez estime procedentes.
10. Mediante Sentencia del 24 de octubre de 2018, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones, al
considerar que no se probó una modificación relevante de la cota vial frente a la
peatonal del inmueble, ni que los presuntos cambios obedecieran a las obras
ejecutadas por los demandados. Señaló que la parte actora no demostró la falla
atribuida en la ejecución de la obra pública y, aunque reconoció la existencia de un
daño, concluyó que no se acreditó su relación con el Contrato de Obra No. 542 de
2012 celebrado entre INVÍAS y Mario Huertas Cote.
3
En adelante: INVÍAS.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
11. La parte actora interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones, al considerar que el
daño al inmueble del señor Gilberto Prada Camacho se originó en la ejecución de
la obra del corredor troncal central del norte, fase II. Indicó que no era procedente
declarar la falta de legitimación por pasiva frente al consorcio Mario Huertas Cote y
su aseguradora. Sostuvo que el acta del 3 de marzo de 2015, el oficio del 7 de
marzo de 2015 y la inspección ocular del Secretario de Desarrollo Territorial
acreditan el nexo causal entre la obra y la inundación del predio. Finalmente,
argumentó que el contratista omitió prever una obra de escorrentía y que el
testimonio del ingeniero Manuel Ojeda confirma la falta de diligencia que ocasionó
los perjuicios.
12. A través de sentencia del 16 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión de primera instancia. La Corporación precisó que el
daño alegado no se originó en la ejecución de la obra pública del corredor Troncal
Central del Norte, fase II, puesto que las intervenciones realizadas en el inmueble
del demandante no correspondieron al objeto contractual. Además, advirtió que
según los informes de interventoría y el informe de perfiles transversales la obra se
ejecutó de manera adecuada y la vivienda del actor quedó en un nivel superior al
de la vía construida. Con base en lo anterior, la Sala concluyó que no se
configuraban los elementos necesarios para imputar responsabilidad a las
entidades demandadas y, en consecuencia, las pretensiones de la demanda
carecían de vocación de prosperar.
Pretensiones
13. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“1) A los Honorables Consejeros con todo respeto solicito se sirvan declarar a
las entidades demandadas responsables del daño causado a la vivienda por
haberle subido 30 centímetros al nivel de la vía, dejando al inmueble por debajo
del nivel del piso del andén peatonal y de la vía después de ejecutada la obra
pública.
2) A los Honorables consejeros del Consejo de Estado con todo respeto solicito
de conformidad con los hechos puestos en su conocimiento, tutelar el derecho
fundamental a un debido proceso y el acceso a la administración de justicia, el
derecho de igualdad, el derecho a un Medio Amiente Sano libre de
contaminación ambiental, el derecho a la salud en conexidad con el derecho a
la vida, el derecho a una vivienda digna y el derecho a una vida digna como
establece la Constitución.
3) A los Honorables Consejeros con todo respeto solicito una vez se haya
probado la vulneración al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia, se sirvan revocar la sentencia de segunda instancia de fecha 16 de junio
de 2022, proferida y aprobada en Sala de Decisión Virtual del Tribunal
Contencioso Administrativo de Santander, de conformidad con los derechos
fundamentales amparados.
4) A los Honorables Consejeros con todo respeto solicito se sirvan revocar la
sentencia de primera instancia, proferida por la Señora Juez del Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga Santander, de
conformidad con los derechos fundamentales amparados.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
5) Como consecuencia de las anteriores revocatorias a los Honorables
Consejeros de Estado con todo respeto solicito se sirvan ordenar a la autoridad
judicial revestida de competencia, para que dentro del término que la Sala
indique, profiera una nueva sentencia de reemplazo que siga los lineamientos
que sustentan los derechos fundamentales amparados.
6) Las demás que los Honorables Consejeros consideren convenientes
declarar”4.
Fundamentos de la demanda de tutela
14. Los accionantes afirmaron que las providencias cuestionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
a la igualdad, a la salud, a la vida, a la vivienda, a la dignidad humana y al medio
ambiente sano, porque se basaron en un error inducido. A su juicio, las entidades
demandadas aportaron pruebas ilícitas al señalar que las aguas que inundan la
vivienda provienen del antejardín y de los techos, pese a que conocían la existencia
de filtros que drenan al alcantarillado municipal.
15. Alegaron también que la sentencia aplicó de manera indebida el régimen de
daño especial, pues las obras no generaron beneficios sino perjuicios como
deterioro del inmueble, afectaciones emocionales, enfermedades y dificultades
económicas. Finalmente, advirtieron que la Sala desvió el debate del verdadero
daño que fue la pérdida de 30 centímetros de la cota de inundación hacia un
supuesto deterioro estructural, que constituye solo una consecuencia del daño
principal y que exige restablecer el inmueble o indemnizar a las víctimas.
Trámite en primera instancia
16. Mediante Auto del 6 de junio de 20255, la Sección Primera de esta corporación
admitió la presente acción de amparo constitucional y, en consecuencia, ordenó
notificar a los accionados, así como vincular al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS,
al municipio de Málaga, al Consorcio Vías Nacionales, al señor Mario Alberto
Huertas Cote y a las sociedades KMA Constructores S.A.S., Sicon S.A.S.,
Constructora Emma Ltda., Chubb Seguros Colombia S.A. y la Previsora S.A.
Compañía de Seguros como terceros con interés. Por último, reconoció personería
jurídica al abogado Alirio Prada Camacho como apoderado de los accionantes.
17. El 6 de junio de 2025, la Secretaria General de esta Corporación6 requirió a las
Cámaras de Comercio de Bogotá, Cartagena y Barrancabermeja para que
remitieran las direcciones de notificación registradas en el Registro Mercantil de las
sociedades KMA Constructores S.A.S., Sicon S.A.S. y Constructora Emma Ltda.,
vinculadas al proceso como terceros con interés.
4
Índice electrónico 02 de SAMAI.1_DemandaWeb_Otros_TUTELACONSEJODEESTADO(.pdf)
NroActua 2.
5
Índice electrónico 05 de SAMAI. 6Autoqueadmite_ACaExp20250335900Gil(.pdf) NroActua 5.
6
Índice electrónico 025 de SAMAI. 35OFICIOREQUIRIE_REQCAMARASDEC2025033(.docx)
NroActua 25.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
18. Posteriormente, mediante memoriales del 19 de junio7 y 1 de julio de 20258,
informó que no fue posible notificar personalmente a dichas sociedades, que
integraron el extremo activo en el proceso promovido por Gilberto Prada Camacho
identificado bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-03359-00, las cuales se
encuentran vinculadas a la tutela de la referencia como terceros con interés.
19. El 1 de julio de 20259, la Secretaria General notificó por aviso a KMA
Constructores S.A.S., Sicon S.A.S. y Constructora Emma Ltda.
Intervenciones
20. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bucaramanga10
manifestó que en el trámite surtido en esa instancia se garantizaron todas las etapas
procesales y se respetó el debido proceso. Además, indicó que la decisión de
primera instancia se profirió con fundamento en el derecho aplicable y en las
pruebas obrantes en el expediente, de manera que dicha actuación judicial no
vulneró derecho fundamental alguno.
21. El Tribunal Administrativo de Santander11 pidió declarar improcedente la
acción de tutela por incumplir el requisito de inmediatez, pues la sentencia
cuestionada se profirió el 21 de junio de 2022 y la demanda se presentó el 3 de junio
de 2025, casi tres años después, lo que supera ampliamente el plazo de 6 meses
fijado por la jurisprudencia. Recordó que la tutela es un mecanismo subsidiario y no
procede como tercera instancia para reabrir procesos concluidos. Señaló que la
providencia cuestionada se ajusta a la Constitución, la ley y la jurisprudencia, en la
medida en que no refleja arbitrariedad ni vulnera derechos fundamentales, por lo
que no presenta defectos sustantivos, fácticos, orgánicos ni procedimentales.
22. El Instituto Nacional de Vías – INVÍAS12 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al señalar que la acción de tutela se dirigió
contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el
Tribunal Administrativo de Santander. Afirmó que no vulneró ningún derecho
fundamental, pues siempre actuó conforme a la ley y participó de manera activa en
el proceso de reparación directa identificada con número
68001333300120160027700. La entidad aseveró que en dicho proceso el
demandante no probó la imputación del daño, razón por la cual los fallos de primera
y segunda instancia negaron las súplicas de la demanda. Añadió que existía un
medio de defensa judicial idóneo para la protección de los derechos invocados,
recurso que la parte actora no interpuso oportunamente y cuyo término legal ya se
7
Índice electrónico 021 de SAMAI. 29CONSTANCIASECR_CONSTANCIAAT20250335(.docx)
NroActua 21.
8
Índice electrónico 026 de SAMAI. 36CONSTANCIASECR_CONSTANCIA202503359(.docx)
NroActua 26.
9
Índice electrónico 027 de SAMAI. 6Autoqueadmite_ACaExp20250335900Gil(.pdf) NroActua 27.
10
Índice electrónico 09 de SAMAI. 8_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
202503359Respuesta(.pdf) NroActua 9.
11
Índice electrónico 011 de SAMAI. 2_MemorialWeb_Respuesta-Informe2025033590(.pdf)
NroActua 11.
12
Índice electrónico 012 de SAMAI. 14_MemorialWeb_Poder-PODER20253359CON(.pdf) NroActua
12.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
encuentra vencido. En consecuencia, solicitó al despacho declarar improcedente la
acción de tutela.
23. El Consorcio Vías Nacionales13 pidió su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al precisar que no ejecutó obras en Málaga,
Santander, ni celebró contratos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, ni
con el señor Gilberto Prada, ni actuó como interventor del INVÍAS. Sostuvo que no
existe relación alguna que permita atribuirle vulneración de derechos fundamentales
ni perjuicio irremediable. Agregó que la tutela resulta improcedente por incumplir el
requisito de inmediatez, pues se interpuso más de dos años después de las
sentencias cuestionadas, y recordó que el actor contaba con un medio judicial
ordinario idóneo para controvertir dichas decisiones.
24. Mario Alberto Huertas Cote14 solicitó su desvinculación del trámite por
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que no es el
llamado a garantizar los derechos fundamentales invocados por los accionantes.
Asimismo, manifestó que la acción de tutela incumple el requisito de inmediatez, en
la medida en que fue interpuesta más de dos años después de la notificación de las
sentencias dictadas el 26 de octubre de 2018 por el Juzgado Administrativo de
Bucaramanga y el 23 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander.
25. De igual manera, precisó que la tutela tiene un carácter subsidiario y solo
procede de manera excepcional ante la existencia de un perjuicio irremediable,
supuesto que no se configura en este caso, dado que no se advierte vulneración
constitucional alguna. Finalmente, señaló que el tutelante contaba con un medio
adicional de defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario de revisión.
26. La Agencia Nacional de Infraestructura15 requirió su desvinculación de la
presente acción de tutela por considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva, ya que no es la llamada a garantizar los derechos fundamentales invocados
por los accionantes.
27. Alirio Prada Camacho16 aportó las direcciones electrónicas y físicas de los
intervinientes. Luego informó17 que al no ser posible notificar a las entidades
vinculadas, solicitó mediante derecho de petición a la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC) expedir la información necesaria del Registro Mercantil para
adelantar dichas notificaciones.
13
Índice electrónico 013 de SAMAI.16_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda
ContestacionConsorc(.pdf) NroActua 13.
14
Índice electrónico 016 de SAMAI. 21_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
DescorreTrasladoac(.pdf) NroActua 16.
15
Índice electrónico 015 de SAMAI. 18_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACION20250(.pdf) NroActua 15.
16
Índice electrónico 019 y 023 de SAMAI.
25_MemorialWeb_Otro-NOTIFICACIONDEOTRASENTIDADES(.pdf) NroActua 19/
31_MemorialWeb_Otro-NOTIFICACIONENTIDADES(.pdf) NroActua 23.
17
Índice electrónico 028 de SAMAI. 39_MemorialWeb_Otro-escritoparainformar(.pdf) NroActua 28.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
28. La Cámara de Comercio de Bogotá18 señaló que las sociedades consultadas
están inscritas en las Cámaras de Cartagena y del Cauca, por lo que remitió la
información a dichas entidades. La Cámara de Barrancabermeja19 informó que no
encontró registro de las compañías. Por su parte, la Cámara de Cartagena20 remitió
los certificados de existencia de KMA Constructores S.A.S. y Constructora Emma
Ltda., pero no halló datos de Sicon S.A.S. Finalmente, la Cámara del Cauca21 indicó
que la información podía obtenerse directamente en el Registro Único Empresarial
y Social – RUES.
29. KMA Constructores S.A.S.22 pidió que se declare improcedente la acción de
tutela porque, en su criterio, no se trata de un asunto de relevancia constitucional
sino una simple inconformidad con lo resuelto en el proceso de reparación directa
identificada bajo el número 68001-33-33-001-2016-00277-00/01. Señaló que los
demandantes no demostraron una afectación grave a sus derechos fundamentales,
ni la existencia de un perjuicio irremediable, y que ya tuvieron acceso a los recursos
ordinarios dentro del proceso. Añadió que la tutela desconoce el principio de
subsidiariedad, pues pretende reabrir un debate concluido, y que tampoco cumple
con el requisito de inmediatez, toda vez que la última sentencia cuestionada fue
proferida hace más de tres años. Con base en ello, sostuvo que la acción no
satisface los requisitos de procedibilidad fijados por la jurisprudencia constitucional,
en especial por la Sentencia SU-448 de 2016.
Sentencia de primera instancia
30. Mediante Sentencia del 24 de julio de 202523, la Sección Primera de esta
corporación declaró improcedente la acción de amparo constitucional al concluir que
no se cumplía el requisito de inmediatez. Explicó que la providencia que motivó la
tutela fue notificada el 23 de junio de 2022, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 3 de junio de 2025, es decir, más de tres años después. En criterio de
la Sala, ese lapso resultaba irrazonable y no se logró acreditar ninguna circunstancia
que justificara la demora.
Impugnación24
31. La parte actora interpuso recurso de impugnación contra la sentencia de primera
instancia de tutela. Sustentó su solicitud en que el daño a la vivienda incluida la
pérdida de 30 centímetros de la cota de inundación, la amenaza, la contaminación
ambiental y el riesgo de inundación total es actual y permanente, por lo que el
18
Índice electrónico 030 de SAMAI. 43RECIBEMEMORIAL_Correo_JeimyTatianaC(.pdf) NroActua
30.
19
Índice electrónico 029 de SAMAI. 42RECIBEMEMORIAL_RAD1812SECRETARIAGEN(.pdf)
NroActua 29.
20
Índice electrónico 031 de SAMAI. 47RECIBEMEMORIAL_c0f87fae7efb4fe6835c(.pdf) NroActua
31.
21
Índice electrónico 035 de SAMAI. 57RECIBEMEMORIAL_5103158ComunicacionO(.pdf)
NroActua 35
22
Índice electrónico 034 de SAMAI.
52_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-20250704CVN097862(.pdf) NroActua 34.
23
Índice electrónico 040 de SAMAI. 63Sentencia_26AcfExp20250335900G(.pdf) NroActua 40.
24
Índice electrónico 044 de SAMAI. 66_MemorialWeb_Otro-APELACIONPROVIDENCI(.pdf)
NroActua 44.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
requisito de inmediatez sigue vigente. Afirmó que conforme a la Sentencia T-246 de
2015, cuando la vulneración persiste en el tiempo, el juez de tutela debe valorar el
caso aun cuando la acción no se presente en un plazo breve. Agregó que el
accionante, es de 91 años, paciente de alto riesgo cardiovascular y sin recursos
para contratar un abogado especializado, se encontraba en un estado de
indefensión que explica la demora y excluye cualquier negligencia.
CONSIDERACIONES
Competencia
32. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201925.
Problema jurídico y metodología de la decisión
33. Gilberto Prada Camacho y otros26 iniciaron acción de tutela contra el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander. Los despachos judiciales accionados precisaron que
el daño alegado por los demandantes no se originó en la ejecución de la obra pública
correspondiente al corredor Troncal Central del Norte, fase II, por cuanto las
intervenciones realizadas en el inmueble no guardaban relación con el objeto
contractual. Con fundamento en este análisis, concluyeron que no se acreditaban
los elementos necesarios para imputar responsabilidad a las entidades
demandadas y, en consecuencia, las pretensiones de la demanda carecían de
vocación de prosperar. A juicio de los tutelantes, las autoridades judiciales
accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad, a la salud, a la vida, a la vivienda, a la
dignidad humana y al medio ambiente sano.
34. En primer lugar, la Sala debe establecer si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedencia, en particular los de relevancia
constitucional e inmediatez, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ello resulta necesario, en tanto el actor ya contó con la posibilidad de acceder a las
dos instancias dentro del proceso ordinario, lo que permite advertir que la tutela
podría estar orientada a reabrir un debate previamente resuelto por el juez natural
de la controversia. Además, se observa que entre la notificación de la sentencia
cuestionada y la interposición de la presente acción transcurrió un término cercano
a tres años, circunstancia que refuerza la necesidad de verificar el cumplimiento del
requisito de inmediatez.
35. En caso de superar dicho examen preliminar, en segundo lugar, será procedente
estudiar si ¿incurrió el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
25
Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
26
Los señores: Hilda Inés Prada Díaz, Aleida Smith Prada Díaz y Jairo Heli Prada Díaz.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, al proferir las decisiones
del 24 de octubre de 2018 y del 16 de junio de 2022, respectivamente en un defecto
fáctico?
36. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente ruta
de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional; (iii) la inmediatez en la acción
de tutela contra providencias judiciales; y (iv) análisis del caso concreto.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
37. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200527, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
38. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar28; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela29, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional30 o el Consejo de Estado31,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-32; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable33 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
27
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
28
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
29
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
30
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
31
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
32
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
33
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
El requisito de relevancia constitucional
39. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
40. La Corte Constitucional indicó34 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
41. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate35: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
42. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia36.
El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales
43. De lo estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional37 ha entendido que la acción de tutela puede presentarse en
cualquier momento, en la medida que no está sujeta a un término de caducidad.
44. Aunque el Tribunal Constitucional considera que la acción de tutela no está
sujeta a un término de caducidad, señala que su interposición debe realizarse dentro
de un plazo razonable, contando a partir del hecho que origina la presunta
vulneración de derecho fundamental. En los casos en que la tutela se dirige contra
34
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
35
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
36
Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
37
Sentencia T-246 de 2015.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
providencias judiciales, dicho plazo se computa desde el momento en que la
decisión es notificada, y por ende, conocida por las partes38.
45. En esa línea, en la Sentencia SU-108 de 201839, la Sala Plena estableció que le
corresponde al juez constitucional evaluar las circunstancias particulares de cada
caso en concreto, con el fin de determinar si la acción de tutela fue interpuesta
dentro del plazo razonable, o si, por el contrario, existe una justificación válida que
permita flexibilizar el requisito de inmediatez. Sobre este punto la Corte precisó que:
“(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que
hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir,
su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos
continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de
la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o
caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza
o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una
protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta
en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente
autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.” (Subrayas
fuera del texto original)
46. En ese sentido, el Juez de tutela puede considerar procedente la acción de
amparo constitucional, incluso si hubo inactividad por parte del accionante, siempre
que existan razones válidas que justifiquen la demora. Por tanto, no basta con que
haya transcurrido un tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, sino que
debe evaluarse si dicha tardanza se debió a las circunstancias razonables que
expliquen la falta de acción oportuna.
Análisis del caso concreto
47. Gilberto Prada Camacho, Hilda Inés Prada Díaz, Aleida Smith Prada Díaz y Jairo
Heli Prada Díaz, por intermedio de apoderado judicial, promovieron acción de tutela
contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga
y el Tribunal Administrativo de Santander. Sostuvieron que las Sentencias
proferidas el 24 de octubre de 2018 y el 16 de junio de 2022, respectivamente,
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la salud, a la vida, a la vivienda, a la
dignidad humana y al medio ambiente sano.
38
Corte Constitucional, Sentencia T-306 de 2014.
39
Así como la Sentencia T-285 de 2019.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
48. El Juzgado de primera instancia negó las pretensiones al concluir que no existían
pruebas de una modificación sustancial de la cota de la vía frente a la vivienda ni de
que los presuntos daños provinieran de las obras ejecutadas. Indicó que los
demandantes no acreditaron falla alguna en la ejecución de la obra pública y que,
aunque se evidenció un daño, no se demostró su relación con el Contrato de Obra
No. 542 de 2012.
49. El Tribunal confirmó esta decisión y precisó que el daño alegado no se originó
en la ejecución de la obra pública del corredor Troncal Central del Norte, fase II,
pues las intervenciones realizadas en el inmueble no hicieron parte del objeto
contractual. Además, indicó que según los informes de interventoría y de perfiles
transversales, la obra se ejecutó de manera adecuada y la vivienda quedó a un nivel
superior al de la vía construida. Con base en ello, concluyó que no se configuraban
los elementos necesarios para imputar responsabilidad a las entidades
demandadas.
50. La Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la causa y, en segundo
lugar, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional e inmediatez.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
51. En primer lugar, Gilberto Prada Camacho, Hilda Inés Prada Díaz, Aleida Smith
Prada Díaz y Jairo Heli Prada Díaz cuentan con legitimación en la causa por activa,
dado que ostentan la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración
invocan. En tal condición, actúan como las personas directamente afectadas por las
decisiones adoptadas por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, providencias
que, según afirman, transgredieron sus garantías constitucionales.
52. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander, autoridades judiciales que emitieron las providencias
a las que se les atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados
por los accionantes.
53. Ahora bien, el INVÍAS, Consorcio Vías Nacionales y Mario Alberto Huertas Cote,
solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. No
obstante, la Sala advierte que las resultas del proceso pueden incidir en su ámbito
de competencia y les concierne directamente, al fungir como parte demandada
dentro de la demanda de reparación directa, identificada con número
68001333300120160027700/01, razón por la cual se mantendrán vinculados al
presente proceso constitucional.
54. Frente a la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Sala advierte que dicha entidad
no figura como parte vinculada en la presente acción de tutela.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
Relevancia Constitucional
55. El defecto fáctico no supera el requisito general de relevancia constitucional,
dado que la acción de tutela es utilizada para reiterar argumentos que ya fueron
analizados y resueltos en las dos instancias del proceso ordinario40.
56. En primer lugar, la Sala constata que la controversia planteada no tiene entidad
constitucional. El debate gira en torno a la indemnización de los presuntos daños
ocasionados a la vivienda de los demandantes por la pavimentación realizada junto
a ella, lo cual constituye un asunto propio del derecho procesal ordinario. Este tipo
de discusiones no trascienden al plano constitucional, pues no comprometen de
manera directa el núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados. Por el
contrario, se circunscriben a la interpretación y aplicación de normas legales y
procesales que regulan los procesos ordinarios. En consecuencia, la Sala concluye
que el caso examinado no plantea un problema de relevancia constitucional, ya que
no evidencia una afectación real o inminente del orden constitucional ni un
cuestionamiento que involucre la interpretación de normas de jerarquía superior.
57. En segundo lugar, los accionantes se limitaron a enunciar en términos generales
una indebida valoración probatoria del juez ordinario, sin exponer de manera
concreta y sustentada las razones por las cuales la omisión en la apreciación de
determinados medios de prueba habrían sido determinantes para modificar el
sentido de las decisiones adoptadas por el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander y, en
consecuencia, vulnerar sus derechos fundamentales. Tampoco aportaron
argumentos de constitucionalidad respecto del juicio valorativo realizado por el
fallador, lo que implicó que la solicitud de amparo se centrara, en realidad, en
reproducir cuestionamientos ya decididos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
58. En criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia constitucional implica
que el accionante no solo identifique un derecho fundamental presuntamente
afectado, sino que además acredite de manera clara, específica y suficiente la forma
en que la providencia judicial cuestionada desconoce dicha garantía. El
razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la transgresión
de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión la forma en
que estos han sido afectados, con el objetivo de evitar que la tutela se convierta en
un mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las providencias
adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.
59. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con el
único propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-
administrativa, donde las objeciones de los actores fueron ampliamente examinadas
a la luz del acervo probatorio y decididas conforme al ordenamiento jurídico.
Conviene recordar que la tutela no constituye un recurso alternativo frente a
sentencias desfavorables, especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron
objeto de un análisis dentro del proceso ordinario.
40
Identificado bajo el radicado: 68001333300120160027700/01.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
60. En particular, los tutelantes sostienen que la obra civil ejecutada junto a su
vivienda les ocasionó daños estructurales, pues afirman que generó filtraciones e
inundaciones en el inmueble. No obstante, tanto el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga como el Tribunal Administrativo de
Santander concluyeron de manera concordante que no existían pruebas de una
modificación sustancial de la cota de la vía frente a la vivienda de los accionantes
ni de que los presuntos daños provinieran de las obras ejecutadas. Señalaron que
los demandantes no acreditaron falla alguna en la ejecución de la obra pública y
que, aunque se reconoció la existencia de un daño, no se demostró su relación con
el Contrato de Obra No. 542 de 2012.
61. No se evidencia vulneración del derecho fundamental al debido proceso, pues
la Corte Constitucional ha señalado que este solo resulta afectado cuando se
desconocen garantías esenciales como el acceso al juez natural, la posibilidad de
controvertir pruebas, la publicidad de las decisiones, la imparcialidad judicial o el
ejercicio de la defensa, aspectos que fueron respetados en este caso. En efecto, los
accionantes participaron activamente en el proceso ordinario, ejercieron su defensa
y obtuvieron pronunciamientos de fondo por parte del Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y del Tribunal
Administrativo de Santander, mediante decisiones del 24 de octubre de 2018 y del
16 de junio de 2022, respectivamente.
62. Tampoco se advierte vulneración del derecho de acceso a la administración de
justicia, toda vez que los tutelantes dispusieron de un acceso real, efectivo y sin
restricciones a la jurisdicción y a los recursos legales para controvertir las
decisiones, sin que se hubieran limitado sus facultades procesales ni obstaculizado
el trámite. Por el contrario, el expediente demuestra que se respetaron plenamente
las garantías del debido proceso.
63. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, al no
acreditarse el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, pues los
solicitantes pretenden reabrir un debate ya resuelto en el proceso ordinario.
Inmediatez
64. La Sala considera que no se cumple el requisito general de inmediatez, dado
que la presente acción de tutela fue presentada por fuera del plazo que la
jurisprudencia ha considerado como razonable.
65. En el caso concreto, el fallo judicial cuestionado fue notificado el 23 de junio de
202241, mientras que el mecanismo de amparo constitucional fue radicado el 3 de
junio de 2025, lo que evidencia un lapso de aproximadamente 2 años, 11 meses y
11 días entre ambos momentos. Dicho intervalo resulta excesivo, máxime cuando
en el trámite no se acreditó circunstancia de carácter excepcional que justificara la
demora en la interposición del amparo. En consecuencia, la Sala advierte que la
acción resulta improcedente, por cuanto no satisface la interposición oportuna
41
Índice electrónico 024 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander.
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
prevista para la procedencia excepcional de este mecanismo de protección
constitucional.
66. En ese sentido, del análisis del escrito de tutela no se observa la exposición de
ninguna causa extraordinaria que explique de forma razonable la tardanza en la
interposición de la acción, lo cual resulta indispensable para flexibilizar el plazo
referido. La ausencia de justificación impide considerar cumplido este presupuesto
de procedencia.
67. En consecuencia, se concluye que la acción de amparo constitucional fue
promovida por fuera del plazo razonable fijado por la jurisprudencia para afectos de
acreditar el requisito de inmediatez.
68. En ese orden de ideas, se declarará improcedente la presente acción de tutela,
en la medida que no se cumplen los requisitos generales de procedencia. En primer
lugar, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, de manera que los
accionantes pretenden utilizar la tutela como una instancia adicional para reiterar
argumentos que ya fueron examinados en el proceso ordinario. En segundo lugar,
tampoco se acredita el cumplimiento del requisito de inmediatez, toda vez que la
solicitud de amparo fue presentada por fuera del plazo que la jurisprudencia ha
considerado como razonable.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicado:11001-03-15-000-2025-03359-01
Accionante: Gilberto Prada Camacho y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.