Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03361-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03361-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03361-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03361-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03361-00
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al mínimo vital
Decisión: Se declara improcedente por no agotar el requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela interpuesta por el señor Calixto de Jesús Escorcia Anguila,
quien actúa a nombre propio, en contra del E.S.E Hospital Sanatorio de
Contratación1 , así como respecto del Juzgado Tercero Administrativo de San
Gil2 y el Tribunal Administrativo de Santander3, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, al interior del medio
de control de repetición con radicado 68679-33-33-003-2021-00152-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela4 y del expediente, se colige que el accionante laboró como
médico en la E.S.E Hospital Sanatorio de Contratación, Santander. En ejercicio
de su actividad clínica, uno de sus pacientes falleció, por lo que se inició un
proceso de reparación directa5 en contra de la ESE referida, que concluyó con
una condena en contra de esta última6.
1
Por una supuesta omisión al no informar la dirección de notificación del accionante al Juzgado Tercero
Administrativo de San Gil, para que conociera de la demanda presentada en su contra a través del medio de control
de repetición seguido bajo el radicado 68679-33-33-003-2021-00152-00.
2
Al presuntamente no garantizar la notificación personal de la demanda presentada el 21 de julio de 2021.
3
Con ocasión de la providencia del 26 de septiembre de 2024, notificada el 9 de octubre de 2024.
4
Presentada el 3 de junio de 2025.
5
Seguido bajo el radicado 68679-33-33-001-2012-00229-00 ante el Juzgado Administrativo 751 de Descongestión
Oral del Circuito Judicial de San Gil, promovido por la señora Elsa María Vega de Santos y otros.
6
Mediante providencia del 31 de septiembre de 2015 proferida por el Juzgado Administrativo 751 de
Descongestión Oral del Circuito Judicial de San Gil y confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander en
sentencia del 11 de abril de 2019.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03361-00
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
3. En consideración a lo anterior, la ESE citada instauró una demanda a través
del medio de control de repetición en contra del señor Calixto de Jesús Escorcia
Anguila. De la acción conoció el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil quien,
teniendo en cuenta que la entidad demandante manifestó desconocer la dirección
de notificación electrónica7 del demandado, procedió a emplazarlo8 y toda vez
que este no compareció al proceso dentro del término otorgado para tal efecto9,
decidió designar un curador ad litem a efectos de representar al profesional de la
medicina. Después de la declinación de una primera designación, finalmente le
correspondió a la abogada Gypsy Jhanina Caicedo Rivera10 representar al aquí
accionado.
4. El proceso siguió su curso y mediante providencia del 10 de diciembre de
202211 el juzgado citado negó las pretensiones de la demanda toda vez que no
pudo establecer que la obligación había sido cancelada por parte de la ESE a los
demandantes del proceso de reparación directa.
5. La decisión precedente fue apelada por la ESE y revocada por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante fallo del 26 de septiembre de 2024
notificado el 9 de octubre de 2024, declarando patrimonialmente responsable al
señor Calixto de Jesús Escorcia Anguila por la condena impuesta a la ESE
Sanatorio de Contratación.
6. El auto de obedézcase y cúmplase12 de la decisión del Tribunal, le fue
notificado al accionante a su correo electrónico. En consideración a lo anterior, el
actor alegó que no era de recibo que no hubiera sido posible notificarle de la
demanda por parte del juzgado al inicio del proceso y este continuara sin su
participación, teniendo en cuenta que la ESE tenía todos sus datos de contacto,
incluidos su correo electrónico, su dirección física y su número celular, en razón
a los contratos13 suscritos con el hospital y al hecho de que se surtió un proceso
ejecutivo en su contra donde la ejecutante fue precisamente la institución de
salud.
2.2. Fundamento jurídico
7. El actor adujo trasgredido su derecho fundamental al debido proceso,
contenido en el artículo 29 constitucional. Expuso además que a su juicio el
artículo 134 del Código General del Proceso establecía que la nulidad por
indebida notificación debía alegarse antes de la sentencia, lo que adujo en este
caso no fue posible, porque el actor solo tuvo conocimiento del proceso cuando
ya había concluido y este se había archivado.
7
Índice 15 del aplicativo SAMAI, visible en el link incluido en la respuesta del Juzgado Tercero Administrativo de
San Gil, 10certificacionNOconocimiento.pdf
8
Ibidem, En el Registro Nacional de Emplazados, PDF 22ConstanciapublicacionRNE
9
De conformidad con los Arts. 48 y 108 del CGP
10
Designada mediante auto del 30 de noviembre de 2021
11
Índice 15 del aplicativo SAMAI, visible en el link incluido en la respuesta del Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de San Gil, 61sentenciaprimerainstanciaREP.pdf
12
Índices 38 y 41 del aplicativo SAMAI, exp. 68679-33-33-003-2021-00152-00
13
Contratación directa 2019 – Sanatorio de Contratación , en donde es visible el contrato 040 de 2019 que
contiene todos los datos del accionante.
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03361-00
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
8. Afirmó que la Corte Constitucional ha señalado en sentencias como la SU-174
de 202114 y la T-358 de 201215 que la notificación es una garantía sustancial del
debido proceso, ya que permite el ejercicio pleno de los derechos de defensa y
contradicción, por lo que su omisión impide conocer y controvertir las decisiones
judiciales, afectando la legalidad y legitimidad del proceso.
9. Argumentó adicionalmente, que el numeral 5 del artículo 95 del CGP, prevé
que, “no se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad
cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la
demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de la nulidad sea
atribuible al demandante”, por lo que, en su sentir, al haberse ocultado de mala
fe los datos de contacto, se configuró un defecto relevante que justifica el amparo
del derecho fundamental invocado.
10. Reprochó además que el fallo del Tribunal Administrativo de Santander del
26 de septiembre de 2024 presuntamente incurrió en defecto sustantivo, al
fundamentar la condena del actor en pretensiones no invocadas por la parte
demandante, vulnerando el principio de congruencia procesal, conforme a lo
desarrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-358 de 2012.
11. Afirmó adicionalmente, que el Tribunal omitió valorar de manera autónoma
las pruebas del proceso de repetición, trasladando indebidamente
consideraciones del proceso de reparación directa, desconociendo así la carga
probatoria atribuida a la entidad demandante con lo que se advierte que el actor
pretendió atribuirle un defecto fáctico a la providencia, pese a que alegó en ese
sentido un defecto por violación directa de la Constitución.
12. Sostuvo que lo anterior contraría la jurisprudencia constitucional y
contencioso administrativa y configura un vicio sustancial, al aplicar
indebidamente normas ajenas al caso, conforme a los criterios establecidos en
la Sentencia C-590 de 2005 y la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
« Primero-: Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso y al
mínimo vital, los cuales fueron vulnerados por el Sanatorio de Contratación
E.S.E., el Juzgado 3 Administrativo de San Gil y el Tribunal Administrativo de
Santander, en el marco del proceso de repetición tramitado bajo el radicado No.
68679-33-33-003-2021-00152-00, en el cual fui condenado al pago de una
suma de dinero exorbitante que no poseo, sin haber tenido la oportunidad de
ejercer mi derecho de defensa por la ausencia de una notificación en legal
forma. Así mismo, porque en dicho proceso se profirió la sentencia del 26 de
septiembre de 2024, providencia que adolece de un defecto sustantivo, vulnera
lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política y en la Ley 678 de 2001,
e ignora de manera injustificada los criterios fijados por la Sección Tercera del
Consejo de Estado dentro del medio de control de repetición, así como los
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-174 de 2021, MP José Fernando Reyes Cuartas.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-358 de 2012, MP Jorge Iván Palacio Palacio
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03361-00
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
precedentes establecidos por la Corte Constitucional, tanto en sede de
constitucionalidad como en decisiones de tutela.
Segundo-: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente lo
siguiente: 1. Se anule y, por tanto, se deje sin efectos jurídicos todo lo actuado
desde la notificación del auto admisorio de la demanda del proceso de repetición
iniciado por el Sanatorio de Contratación E.S.E., el cual se tramitó en el Juzgado
3 Administrativo de San Gil bajo el radicado 68679-33-33-003-2021-00152-00.
Así mismo, como solicitud adicional y en atención a lo previsto en el inciso
segundo del numeral 5 del artículo 95 del Código General del Proceso, según
el cual: “En el auto que se declare la nulidad se indicará expresamente sus
efectos sobre la interrupción o no de la prescripción y la inoperancia o no de la
caducidad”, solicito que de acceder al amparo solicitado bajo esta causal se
aplique la consecuencia dispuesta en el mencionado artículo 95 del C.G.P., toda
vez que en este caso está demostrado que mi indebida notificación fue
consecuencia directa de la conducta del Sanatorio de Contratación E.S.E., al
omitir de manera injustificada la información relativa a mis datos de notificación.
Dicha norma establece que: “No se considerará interrumpida la prescripción y
operará la caducidad en los siguientes casos: (…) 5. Cuando la nulidad del
proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda o del
mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de la nulidad sea atribuible al
demandante.”. 2. Se deje sin efectos la sentencia del 26 de septiembre del 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander durante el trámite de la
segunda instancia del proceso de repetición iniciado por el Sanatorio de
Contratación E.S.E., cuyo radicado en dicha corporación fue 68679-33-33-003-
2021-00152-01.» (SIC en toda la cita.)
2.3. Intervenciones
14. Mediante auto del 416 de junio de 2025 se admitió la acción de tutela de la
referencia, se ordenó notificar como accionados al Tribunal Administrativo de
Santander, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil y al Hospital
Sanatorio de Contratación. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.
2.3.1 El Sanatorio de Contratación E.S.E.17, a través de su gerente aceptó
varios de los hechos narrados por el accionante, reconociendo la existencia del
contrato de servicios en 2019 y el adelanto de un proceso ejecutivo en contra de
este en 2023 donde fue la parte ejecutante.
15. No obstante, adujo que no se le notificó personalmente porque la gerencia no
contaba con datos de contacto del actor y que el juzgado actuó conforme al
derecho designando un curador ad litem.
16. Respecto a los señalamientos de vulneración de derechos, la entidad sostuvo
que correspondía a las autoridades judiciales determinar si existió alguna
infracción. La funcionaria enfatizó que la entidad no fue renuente a entregar
información, pero aclaró que en ese momento no fungía en el cargo, así como
que la ausencia de notificación debía ser probada por el accionante pues la carga
al respecto recaía en este.
16
Índice 5, del aplicativo SAMAI
17
Índice 12 del aplicativo SAMAI
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03361-00
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
17. En cuanto a las pretensiones, solicitó que no se concedieran, argumentando
principalmente la falta del requisito de inmediatez que se limitó a mencionar.
Propuso que, de llegarse a decretar nulidad, esta se aplique a partir del auto
admisorio de demanda, permitiendo así que el juzgado y la entidad continúen con
el proceso bajo las garantías correspondientes.
2.3.2. El Tribunal Administrativo de Santander18, a través de la magistrada
Luisa Fernanda Flórez Reyes, sostuvo que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante, dado que todas las providencias fueron
notificadas correctamente a la curadora ad litem designada y esta actuó conforme
a lo estipulado, aceptando su designación y recibiendo las comunicaciones
judiciales en la dirección indicada.
18. Además, argumentó que, si hubo una omisión de la ESE al no entregar los
datos de contacto, esa circunstancia no fue denunciada oportunamente en el
proceso, por lo que el juzgado de primera instancia actuó conforme a la ley al
nombrar un curador por inasistencia del aquí accionante y en ese sentido no se
configuró una indebida notificación.
19. Finalmente, el Tribunal consideró que la acción de tutela busca reabrir
asuntos ya decididos sin que se presenten causales excepcionales como una vía
de hecho o un error manifiesto. Por ello, solicitó declarar improcedente la tutela,
al no acreditarse ninguna de las irregularidades alegadas.
2.3.3. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil19,
no realizó ningún pronunciamiento y se limitó a remitir el link de acceso al
proceso.
2.3.5. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
20. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
21. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de San Gil y el Hospital Sanatorio de Contratación
trasgredieron los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital del
señor Calixto de Jesús Escorcia Anguila, al interior del medio de control de
18
Índice 12 del aplicativo SAMAI
19
Índice 15 del aplicativo SAMAI
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03361-00
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
repetición con radicado 68679-33-33-003-2021-00152-00/01,()como
consecuencia de una indebida notificación, que le impidió ejercer su derecho de
defensa, y de la configuración de los defectos sustantivo y fáctico en la
providencia del 26 de septiembre de 202420.
22. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular el de subsidiariedad.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
23. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
24. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
25. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.
26. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.3.1. Del requisito de subsidiariedad
27. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
20
Proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03361-00
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
28. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
29. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia21.
30. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.
4. Análisis del caso concreto
31. Corresponde a esta Sala determinar si la acción de tutela interpuesta por el
señor Calixto de Jesús Escorcia Anguila resulta procedente para controvertir la
sentencia proferida dentro del proceso de repetición, en el que alega como eje
central de sus argumentos, el haber sido condenado sin haber sido notificado en
debida forma.
32. Al respecto, esta Sala considera, que la presente acción es improcedente,
porque la parte actora aún no ha agotado todos los mecanismos ordinarios y
extraordinarios disponibles previstos en el ordenamiento jurídico antes de acudir
a la tutela.
33. En ese entendido, el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591
de 1991 establecen que la tutela procede solo cuando no exista otro medio
judicial idóneo o cuando se configure un perjuicio irremediable
34. En el presente caso, el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo
extraordinario idóneo para controvertir la presunta nulidad procesal alegada: el
recurso extraordinario de revisión, regulado en el artículo 250 del CPACA,
aplicable en sede contencioso-administrativa.
21
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio
pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado
previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca
el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03361-00
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
35. Lo anterior, se articula con el inciso segundo del artículo 134 del Código
General del Proceso, que establece que:
«. (…) la nulidad por indebida representación o falta de notificación o
emplazamiento en legal forma (…) podrá también alegarse (…) mediante el
recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores
oportunidades.” (Negrillas y subrayas de la Sala)
36. Aunado a lo expuesto, la parte actora alegó una falta de congruencia en la
providencia del ad quem pues sostuvo que el Tribunal fundamentó su condena
en pretensiones no invocadas por la parte demandante, controversia que también
encuadra dentro de los supuestos del numeral 5° del artículo 250 del CPACA
precitado.
37. Así las cosas, el actor tiene a su disposición un mecanismo procesal
específico y eficaz para alegar lo que argumentó en sus pretensiones, sin que se
haya demostrado su ineficacia o la imposibilidad de acudir a él. En consecuencia,
no se satisface el requisito de subsidiariedad exigido para la procedencia de la
tutela.
38. Adicionalmente, el actor no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que hiciera procedente la tutela como mecanismo transitorio pues tampoco se
aportaron elementos probatorios que evidencien una afectación grave, inminente
y actual a su mínimo vital.
39. Por lo expuesto, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios
de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar
los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.
40. Adicionalmente, se recuerda a la parte accionante que la jurisprudencia
constitucional22 ha sido clara en reiterar que las personas deben hacer uso de
todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha
dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal
manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como vía preferente
o instancia judicial adicional de protección.
41. Finalmente, el actor alegó un presunto defecto fáctico con relación a la
providencia del Tribunal, porque presuntamente el ad quem trasladó
indebidamente consideraciones del proceso de reparación directa al de
repetición, desconociendo así la carga probatoria atribuida a la entidad
demandante, pero en gracia de discusión, no precisó a qué pruebas se refería y
no se advierte que haya existido una indebida valoración probatoria o que esta
haya sido caprichosa o arbitraria para configurar una trasgresión ius fundamental.
22
Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03361-00
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
42. Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la presente
acción, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no se
encuentra la de sustituir las herramientas judiciales idóneas para obtener la
protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de
tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que
lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones que le encomendó la Carta a los jueces
constitucionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Calixto de Jesús Escorcia Anguila, por las razones expuestas en la presente
providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada la presente decisión, remítase el expediente de
la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.