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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03361-01

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03361-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación. SEGUNDO: COMUNICAR a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-03361-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03361-01
Accionante: CALIXTO DE JESÚS ESCORCIA ANGUILA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: requisito de subsidiariedad / idoneidad del recurso extraordinario de
revisión procedencia definitiva/ perjuicio irremediable

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. La Sala resuelve en segunda instancia la acción de tutela promovida por Calixto
de Jesús Escorcia Anguila contra la sentencia de segunda instancia proferida
dentro del proceso de repetición expedida por el Tribunal Administrativo de
Santander, dentro del radicado 68679-33-33-003-2021-00152-00/01. Puesto que
se trata de una acción de tutela contra providencia, en primer lugar, se expondrán
los antecedentes del proceso ordinario y posteriormente, los fundamentos del
escrito de amparo.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado 68679-33-
33-003-2021-00152-00/01.

2. El actor se desempeñó como médico en la E.S.E. Hospital Sanatorio de
Contratación, departamento de Santander. En desarrollo de sus actividades
profesionales dentro del centro de salud uno de los pacientes que estuvo a su
cuidado falleció, motivo por el cual, se inició proceso de repetición contra la entidad
pública. La misma fue condenada al pago de perjuicios. La Empresa Social del
Estado inició demanda de repetición contra Calixto de Jesús Escorcia. En sede de
primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil autoridad que, tras
intentar frustradamente la vinculación personal del actor, determinó emplazarlo y
garantizar el derecho de defensa mediante la designación de un curador ad litem.

3. El proceso concluyó en primera instancia, con la sentencia de 10 de diciembre
de 2022 en la que se negaron las pretensiones de la demanda toda vez que, no se
pudo establecer que la condena había sido cancelada por parte de la entidad
pública condenada dentro del proceso de repetición. Tras ser apelada, mediante
fallo de 26 de septiembre de 2024, notificado el 9 de octubre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Santander revocó la providencia de primera instancia y en su

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03361-01
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela

lugar declaró patrimonialmente responsable al tutelante y lo condenó al pago del
dinero cancelado por la E.S.E.

4. El tutelante sostiene que la decisión vulnera sus derechos fundamentales al
debido proceso y al mínimo vital, pues resulta insostenible que la E.S.E. Hospital
no haya aportado una dirección de notificación para que el actor fuese
adecuadamente vinculado al proceso de repetición en sede de primera instancia.
El proceso adelantado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander vulneró su derecho al debido
proceso dado que no fue vinculado al trámite que terminó imponiendo una sanción
pecuniaria. Adujo que el Código General del Proceso señala que es nula toda
decisión judicial que se profiera sin el ejercicio pleno del derecho de defensa y
contradicción. Consideró que la entidad pública demandante ocultó a la autoridad
judicial la dirección de notificaciones de manera irregular.

5. Adicionalmente manifestó que, la decisión del Tribunal Administrativo incurrió en
un defecto sustantivo al fundamentar la condena en pretensiones que no fueron
solicitadas por la entidad accionante. En su sentir la sentencia de segunda instancia
vulneró el principio de congruencia. Finalmente explicó que, la decisión de 26 de
septiembre de 2024 incurrió en una violación directa de la constitución como
resultado de una inadecuada valoración del material probatorio contenido en el
proceso de repetición.

6. Por lo anterior solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y que
consecuentemente se deje sin efecto el fallo atacado y todo el proceso de
repetición, desde la notificación del auto admisorio de la demanda.

Trámite de la tutela

7. La tutela fue admitida. Se notificó al Tribunal Administrativo de Santander, al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil y al Hospital Sanatorio de
Contratación. Se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. La magistrada sustanciadora de la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo intervino con el fin de solicitar que se niegue
el amparo, pues no se vulneró derecho fundamental alguno. Indicó que todas las
providencias fueron notificadas al curador ad litem designado en sede de primera
instancia. Indicó que dentro del proceso ninguna de las partes alegó la inadecuada
notificación de la demanda. Por último, precisó que la acción de tutela busca reabrir
debates procesales que se surtieron dentro de las instancias, por lo cual solicitó
declarar improcedente la petición de protección constitucional.

8. EL Juzgado tercero Administrativo de San Gil remitió al expediente de tutela el
enlace de la versión digitalizada del proceso. La E.S.E. Sanatorio de Contratación
indicó que, en el año 2023 inició un proceso ejecutivo contra el tutelante, sin
embargo, al momento de promover la demanda de repetición no contaba con la
dirección de notificaciones, razón por la cual no la aportó al proceso, y el Juzgado
de primera instancia, en acatamiento a la ley, le designó un curador ad litem.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03361-01
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Sentencia de primera instancia

9. En sentencia de 3 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, pues
el actor no satisfizo el requisito de subsidiariedad. En atención a que el cargo de la
acción de tutela es la inadecuada notificación del auto admisorio de la demanda, la
Ley 1437 de 2011 prevé el recurso extraordinario de revisión, una de cuyas
causales es la contenida en el numeral 5° del artículo 250 conforme a la cual, es
revisable la sentencia frente a la cual no proceda recurso de apelación y afectada
de nulidad por violación al debido proceso. Se determinó que el actor tiene a su
disposición un mecanismo procesal específico y eficaz para alegar lo que
argumentó en sus pretensiones, sin que se haya demostrado su ineficacia o la
imposibilidad de acudir a él.

10. Se sostuvo que, si bien el actor alegó la vulneración al derecho al mínimo vital,
en todo caso, no allegó prueba sumaria que, como amparo transitorio, permita que
el juez de tutela desplace al juez del recurso de revisión.

Recurso de impugnación1

11. El actor sostuvo que las causales taxativas del recurso extraordinario de
revisión y la situación del actor no se adecua a alguna de ellas. En su criterio
ninguna contempla expresamente el supuesto de indebida notificación como causal
autónoma que habilite la revisión de sentencias. Indica que, en el código General
del Proceso, artículo 355, Numeral 7°, si prevé explícitamente la posibilidad de
revisar sentencias que haya dado una orden a una persona no vinculada, sin
embargo, no existe una norma equivalente en el CPACA.

12. Explicó además que, no acudió al recurso extraordinario de revisión pues,
actualmente, en su contra se consolidan intereses moratorios derivados de la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. Por ello resulta más idóneo y eficaz
acudir a la acción de tutela.

13. Señaló que el defecto por inadecuada notificación del auto admisorio
consistente en que el tribunal administrativo de Santander aplicó la presunción legal
contenida en el artículo 6 de la ley 678 de 2001, “a pesar de que la parte actora no
invocó ninguna de esas presunciones como fundamento de sus pretensiones. Con
ello, modificó de forma oficiosa el marco del litigio y concluyó que dicha presunción
no fue desvirtuada por el suscrito, trasladándome una carga procesal que no me
correspondía conforme al derrotero planteado por la accionante al inicio del proceso
y, por ende, en contravía del principio de congruencia, lo cual vulnera el debido
proceso y habilita el examen de fondo en sede de tutela según ha señalado la Corte
Constitucional”2.

14. Por último indicó que la sentencia de tutela de primera instancia comprendió
incorrectamente los defectos alegados pues le dio tratamiento de defecto fáctico a

1 Indice samai 22.
2 Folio 4 del escrito de impugnación.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03361-01
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela

un cargo que en realidad presenta un defecto sustantivo, pues en su sentir, el
tribunal administrativo no aplicó adecuadamente las reglas que rigen el proceso de
repetición, pues “no exigió a la entidad demandante demostrar el elemento
subjetivo de la responsabilidad y simplemente trasladó los argumentos de las
sentencias proferidas en el proceso anterior, pese a que esto está expresamente
prohibido.”

CONSIDERACIONES
Competencia

15. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela en sede
de segunda instancia conforme el artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el artículo
13 del acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.

Problema jurídico

16. En primer lugar, la Subsección deberá establecer si la acción de tutela satisface
los requisitos de procedencia formal, pues al tratarse de una petición de amparo
contra providencia judicial corresponde examinar si en el caso concreto se
satisfacen las causales genéricas previstas jurisprudencialmente. Concretamente
el requisito de subsidiariedad dado que fue la razón por la cual, en sede de primera
instancia, fue declarada improcedente. En caso de verificar que la acción de tutela
es procedente, se formulará el problema jurídico de fondo.

17. Para resolver el problema jurídico planteado, se reiterará el precedente judicial
sobre procedencia de tutela contra providencia judicial.

Causales genéricas y específicas de procedencia de tutela contra
providencia.

18. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20053, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.

19. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del

3 Corte Constitucional C-590 de 2005.
4 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de

2022.
5 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias
T-218 de 2012 y T-373 de 2014.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03361-01
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Consejo de Estado, ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección
de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP12;
(iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva
en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y
comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en
cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite
procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el
interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance,
salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable6 o los medios
de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la
cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el
caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

20. Sobre el requisito de subsidiariedad, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
prescribe que, antes de acudir a la acción de tutela, una persona deberá agotar
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios que tenga a su
disposición, dado el carácter residual del medio de amparo. Esto incluye el
agotamiento de los recursos extraordinarios en los eventos en los que las taxativas
causales de estos permiten adelantar los reclamos constitucionales propuestos. No
obstante, conforme el inciso tercero del artículo 86 superior y el numeral 1° del
artículo 6 del Decreto 2591, la acción de tutela será procedente, aunque el afectado
cuente con otro medio de defensa judicial, cuando (i) la misma se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o (ii) cuando, en
correspondencia con la situación fáctica bajo análisis, se pueda establecer que los
recursos judiciales no son idóneos ni eficaces para superar la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

21. Por otra parte, en materia contencioso-administrativa, el artículo 248 de la Ley
1437 de 2011 regula este recurso y define su ámbito de aplicación de la siguiente
manera: “[e]l recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos”. La jurisprudencia constitucional
ha indicado que, el recurso extraordinario de revisión es un instrumento procesal
adecuado y eficaz para proteger los derechos fundamentales y en esa medida debe
ser agotado antes de acudir a la acción de tutela, cuando los hechos que
fundamentan el medio de amparo se adecuan a las causales de revisión y la
sentencia de revisión puede atender integralmente la solicitud de protección
constitucional.

22. La jurisprudencia constitucional ha indicado que el recurso extraordinario de
revisión en materia contencioso-administrativa es un medio de defensa idóneo y
eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo
judicial que se encuentra ejecutoriado. Se ha precisado:

6
Corte Constitucional, Sentencia SU-659 de 2015.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03361-01
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela

“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se
plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los
que constituyen el presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que
un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al juez competente.
Los dos procesos, el extraordinario especial de revisión y el de tutela, tendrían
identidad de causa petendi y de petitum, y resulta claro que no puede haber,
sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales concurrentes”7.

23. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte
Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales:

“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de
defensa judicial dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados
por el peticionario, y la cobertura brindada por las causales aplicables al
proceso específico. Así, el recurso será eficaz cuando a) la única
violación alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la
de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el
derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser
protegido de manera integral dentro del trámite del recurso, porque
concurren en él (i) causales de revisión evidentemente dirigidas a
salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso,
decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el derecho.”8

24. En síntesis, para la Sala Plena “la acción de tutela se torna improcedente
cuando al interior de un proceso contencioso-administrativo se alega la vulneración
al debido proceso y este derecho fundamental es susceptible de ser protegido
mediante el trámite del recurso extraordinario de revisión”9.

25. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.

Caso concreto.

26. En la sentencia de tutela de primera instancia se concluyó que el reparo del
tutelante contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
consistía en que, se había adelantado el proceso de repetición sin haber vinculado
adecuadamente a la parte demandada, en este caso Calixto de Jesús Escorcia. A
juicio de la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación como juez
constitucional, ese reparo se debe tramitar a través de la causal quinta del recurso
extraordinario de revisión, la cual fue explícitamente prevista para ese tipo de
hipótesis. En el recurso de impugnación el tutelante sostiene que, la acción de tutela
sí es procedente pues el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 no prevé
expresamente la hipótesis que invoca en el escrito de tutela y el juez de tutela de

7
Corte Constitucional, Sentencia SU-858 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, citada por la Sentencia
SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas. Reiterada, entre
muchas otras, por las sentencias T-553 de 2012, M.P. T-553 de 2012; T-713 de 2013, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt; SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio y SU-210 de 2017, M.P. José Antonio
Cepeda.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03361-01
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela

primera instancia tuvo que acudir a jurisprudencia de la jurisdicción ordinaria
especialidad civil y a la regulación del recurso de revisión previsto en el Código
General del Proceso.

27. A juicio de esta Sala, la jurisprudencia de esta Corporación10, en armonía con
la jurisprudencia constitucional11, ha indicado que, el recurso extraordinario de
revisión es un medio judicial de defensa adecuado y eficaz para la protección del
debido proceso cuando se busca la protección del derecho al debido proceso a
partir de un señalamiento de vulneración al debido proceso que afecta de nulidad
una sentencia que no es pasible del recurso de apelación. Puntualmente, en
relación con la causal No. 5 del artículo 250 de la ley 1437 de 2011:

“Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta
indispensable que se funde en la ocurrencia de: (i) un supuesto configurativo
de las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 133
de la Ley 1564 de 2012, siempre que estas se prediquen de la sentencia; (ii)
las hipótesis creadas jurisprudencialmente que comportan violación del
derecho al debido proceso, tales como:

Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.

Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso.”12 (negrilla y subrayado fuera del texto)

28. A juicio de esta sala, respecto del planteamiento del actor conforme al cual, no
fue adecuadamente vinculado al proceso de repetición, tal como lo concluyó el juez
de primera instancia, el recurso extraordinario de revisión es idóneo y eficaz para
tramitar ese reparo, pues en la jurisprudencia de esta corporación esa específica
situación es causal de revisión de fallos contra los cuales no procede del recurso
de apelación. En esa medida, respecto a ese cargo de la acción de tutela, se
confirmará la providencia de tutela de primera instancia, en cuanto, el actor cuenta
con el recurso extraordinario de revisión para solicitar la protección del derecho al
debido proceso.

29. En el expediente de tutela no obra medio de conocimiento que permita aplicar
las reglas de procedencia transitoria del medio de amparo. No se avizora un
perjuicio irremediable que habilite al juez constitucional a desplazar al juez de la
revisión.

30. A juicio de esta sala, en el caso concreto, los restante reparos constitucionales
que propone el tutelante se derivan inescindiblemente del yerro principal referido a
la inadecuada notificación del auto admisorio de la demanda, razón por la cual,
motivo por el cual, puesto que el supuesto defecto principal puede ser tramitado a
través del numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el recurso

10
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
de 7 de octubre de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-07530-00 (REV)
11
SU-026 de 2021
12
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
de 7 de octubre de 2022, Radicado 11001-03-15-000-2021-07530-00 (REV). Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, sentencia del 28 de
junio de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03697-00.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03361-01
Accionante: Calixto de Jesús Escorcia Anguila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Primera instancia acción de tutela

extraordinario de revisión es idóneo y eficaz en ofrecer una respuesta integral a la
problemática constitucional planteada en el escrito de protección constitucional.

31. En relación con el reparo referido a la supuesta vulneración del derecho al
mínimo vital dado que la providencia del Tribunal Administrativo de Santander le
ordenó cancelar una suma exorbitante con la que no cuenta y puesto que, el fallo
que lo condenó patrimonialmente está vigente y está ocasionando intereses
moratorios. Este argumento no permite flexibilizar el requisito de subsidiariedad
toda vez que, no aportó evidencia sobre esta específica afirmación.

32. Finalmente, sobre los reparos constitucionales que no se adecúan a la causal
5 del artículo 250 de la ley 1437 de 2011 esta sala estima que no presentan
relevancia constitucional

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación.

SEGUNDO: COMUNICAR a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
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Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
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VF

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