Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03362-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-03362-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-03362-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03362-00
Accionante: María Trinidad Peralta Mantilla
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y otro
Temas: Derechos debido proceso, vida digna, seguridad social, vivienda,
mínimo vital y protección a las personas de la tercera edad. Nulidad y
restablecimiento del derecho- sustitución de asignación de retiro. NIEGA
AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora María Trinidad Peralta
Mantilla, mediante apoderado, en contra del Juzgado 12 Administrativo del Circuito
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F.
ANTECEDENTES
La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la vida digna, a la seguridad social, a la vivienda digna, al mínimo vital y
a la «protección a las personas de la tercera edad», los cuales estima vulnerados
con las sentencias de 4 de abril y 19 de noviembre de 2024, proferidas,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-012-2022-00281-00 [01].
HECHOS
La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el 3 de agosto de 2022 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de las resoluciones núm. 12226 del 8 de noviembre y 14540 del
29 de diciembre de 2021, por medio de las cuales se negó «el reconocimiento y
pago de los haberes dejados de cobrar por el causante y el reconocimiento y pago
de la sustitución de asignación de retiro de su cónyuge el señor Sargento Primero
(sic) (RA) del Ejército OLINTO MANTILLA (Q.E.P.D)».
Que el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá el 4 de abril de 2024 negó las
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pretensiones de la demanda; decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F el 19 de
noviembre de la misma anualidad, con fundamento en que mediante Acta de
Conciliación núm. 035 del 17 de marzo de 2011 en la Comisaría de Sabana de
Torres quedó disuelta y liquidada la sociedad conyugal.
Que no le asiste razón a las autoridades judiciales accionadas al decir que la
sociedad conyugal entre la accionante y el sargento Mantilla (Q.E.P.D) esté disuelta
y liquidada, pues el renglón núm. 5 final del acta hace referencia solo a la liquidación
de los bienes así «A FIN DE CONCILIAR BIENES ADQUIRIDOS DURANTE SU CONVIVENCIA
Y FIJACIÓN DE CUOTA DE ALIMENTO DE CONYUGE (sic)», es decir que, «la disolución y
liquidación de la “sociedad conyugal”, que presuntamente se dio como lo manifiesta
el despacho, predica sólo respecto de los efectos económicos del matrimonio, y no,
de los personales».
Citó la sentencia C-700 de 2013 de la Corte Constitucional para indicar que con la
disolución se pone fin a la sociedad conyugal, lo que en su criterio no sucedió y
agregó que el derecho a la pensión de sobrevivientes no se supedita a la existencia
de la sociedad conyugal, sino a la vigencia del contrato matrimonial.
Considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto de
desconocimiento del precedente,
«de la línea jurisprudencial pacífica de la Honorable Corte Constitucional,
con relación, al principio de la dignidad humana, como es la Sentencia
de Tutela 291-2016, la Sentencia C-143 de 2015; la sentencia de Tutela
T-716 de 2017, relacionada al mínimo Vital; la sentencia de Tutela 043
de 2019; la Sentencia de Tutela 408-1994 (sic), relacionadas con la
Seguridad Social y sentencia de unificación SU-508 de 2020 relacionada
con el derecho a la Salud, entre otras sentencias que protegen derechos
fundamentales».
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados dejando sin efectos las sentencias
de 4 de abril y 19 de noviembre de 2024, proferidas, respectivamente, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-
35-012-2022-00281-00 [01] y, en su lugar, se ordene al Tribunal proferir una nueva
decisión que se «ajuste a derecho concediendo las pretensiones de la demanda».
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 5 de junio de 2025 se dispuso su admisión, se vinculó como terceros
interesados a la señora Herminda Vargas Gómez y a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares- CREMIL y se ordenó la notificación a las autoridades judiciales
accionadas.
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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Bogotá remitió copia del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de discusión, pero no se pronunció
sobre los hechos de la demanda.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
fue debidamente notificado de la acción de tutela; sin embargo, decidió guardar
silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL señaló que no existe violación
o amenaza de los derechos fundamentales, pues la accionante tuvo a su disposición
los medios judiciales de defensa y participó en todas las etapas procesales, por lo
que no se le transgredió su derecho al debido proceso y se le permitió acceder a la
justicia.
En cuanto a la violación del derecho a la igualdad adujo que «no es de competencia
del Juez de Tutela (sic) examinar las actuaciones procesales surtidas en otros
juicios ordinarios y determinar en cuál de ellos la decisión definitiva fue ajustada a
la ley».
La señora Herminda Vargas Gómez manifestó que la acción de tutela no satisface
los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional, pues la acción se interpuso
posterior a los seis (6) meses que consagra la jurisprudencia y lo que busca la
señora María Trinidad Peralta Mantilla es reabrir un debate que ya se surtió en el
proceso ordinario y utilizar la tutela como una tercera instancia.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
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Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
(...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...).»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, alega la accionante que el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F en las sentencias de 4 de abril y 19 de noviembre de 2024 incurrieron
en los defectos:
• Desconocimiento del precedente, por omitir una serie de providencias que tratan
sobre los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social,
entre otras.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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• Fáctico, por negar el derecho a la sustitución de la asignación de retiro a favor de
la señora María Trinidad Peralta de Mantilla, bajo el argumento de que la sociedad
conyugal entre la señora Peralta y el señor Olinto Mantilla se liquidó el 17 de marzo
de 2011, conforme a Acta de Conciliación núm. 035 de la Comisaría de Sabana de
Torres.
Además, argumenta la accionante que no le asiste razón al Tribunal cuando afirma
que mediante acta referenciada se liquidó la sociedad conyugal existente entre los
señores Peralta y Olinto Mantilla, pues en su criterio, en esa oportunidad solo se
concilió los bienes adquiridos durante su convivencia y se fijó cuota de alimento de
cónyuge, pero no se liquidó la sociedad conyugal.
Es del caso aclarar que la providencia que será objeto de estudio por parte del juez
constitucional es la sentencia del 19 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, pues fue la
decisión que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Observa la Sala que la acción de tutela contra la sentencia del 19 de noviembre de
2024 cumple los requisitos de procedencia así: a) tiene relevancia constitucional en
la medida en que se debe examinar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales por los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, la
accionante argumentó suficientemente la solicitud, b) la accionante no cuenta con
otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se satisface el requisito de
inmediatez, pues la decisión controvertida fue notificada el 25 de noviembre de 2024
y quedo ejecutoriada el 02 de diciembre de igual año7, es decir, que la acción se
presentó dentro de los seis meses que establece la jurisprudencia y d) la tutela no
se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal en la sentencia objeto de controversia señaló que las normas que
regulan la sustitución pensional son las vigentes al momento del deceso del
causante. En el asunto el señor Olinto Mantilla (q.e.p.d) falleció el 25 de diciembre
de 2020, fecha en que regía el Decreto 4433 de 2004.
Manifestó que el artículo 11 ibid establece los siguientes supuestos «cuando existe
compañera permanente y cónyuge supérstite dos hipótesis: i) convivencia
simultánea a durante los 5 años anteriores a la muerte, evento en el que la pensión
es en partes iguales; ii) Inexistencia de convivencia simultánea, compañero
permanente con convivencia durante los 5 años anteriores a la muerte, y respecto
del cónyuge las que mantienen la unión conyugal pero una separación de hecho».
En relación con la disolución de la sociedad conyugal adujo que conforme a los
numerales 28 y 39 del artículo 1820 del Código Civil los efectos son patrimoniales
entre los cónyuges, es decir que, las obligaciones matrimoniales y la convivencia
permanente se mantienen.
7 La acción de tutela se radicó el 30 de mayo de 2025 le correspondió inicialmente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, quien en auto de la misma fecha remitió el proceso al Consejo
de Estado, por competencia.
8 «2.) Por la separación judicial de cuerpos, salvo que fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges
y siendo temporal, ellos manifiesten su voluntad de mantenerla.»
9 «Por la sentencia de separación de bienes»
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El Tribunal adujo que el numeral 9 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006 le atribuyó
a los defensores de familia la competencia de «[A]probar las conciliaciones en
relación con (…) la separación de cuerpos y de bienes del matrimonio civil o religioso
… la disolución y liquidación de sociedad conyugal por causa distinta de la muerte
del cónyuge y los demás aspectos relacionados con el régimen económico del
matrimonio».
Tema que fue reglamentado por el Decreto 4840 de 2007 en el literal d del artículo
8 «[c]onciliación extrajudicial en materia de familia… ante los defensores y
comisarios de familia… d) La separación de cuerpos del matrimonio civil o
canónico; e) La separación de bienes y la liquidación de bienes y la liquidación de
sociedades conyugales por causa distinta a la muerte»
El Tribunal citó sentencias de la Corte Constitucional10 y del Consejo de Estado11
para concluir que lo determinante para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en favor del cónyuge supérstite con liquidación de la sociedad
conyugal es la convivencia de 5 años anteriores al fallecimiento.
Descendiendo al caso concreto, manifestó que se encuentra probado en el proceso
que:
• Al señor Olinto Mantilla la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares- CREMIL le
reconoció asignación de retiro mediante Resolución núm. 1952 de 1988.
• El señor Olinto falleció el 25 de diciembre de 2020 y CREMIL mediante la
Resolución núm. 12226 del 8 de noviembre de 2021 le negó a la señora Peralta la
sustitución de la asignación de retiro y le reconoció el 100% a la señora Herminda
Vargas Gómez.
• El vínculo matrimonial católico entre la señora Peralta y el señor Mantilla estuvo
vigente hasta el 25 de diciembre de 2020, debido a que el registro del matrimonio
no tiene nota marginal que contenga esa aclaración.
• Constancia de compromiso del 3 de enero de 2007 suscrita entre la demandante
y el causante, donde éste último se comprometió con una cuota mensual a favor de
la señora Peralta «mientras se adelanta un proceso de separación de cuerpo y
bienes.”, de igual forma se hace referencia a que los bienes muebles “serán por
partes iguales en caso de venta”»
• Acta de conciliación del 17 de marzo de 2011 de la comisaría de familia de Sabana
Torres donde la demandante y el causante acordaron:
«“PRIMERO: El señor Olinto Mantilla se compromete a consignar como
cuota de alimentos para su cónyuge la cantidad de (…) , los cuales viene
consignado (sic) desde el año 2003 fecha en el que consignaba (…)
desde su separación de hecho (…) SEGUNDO: Esta cuota se
incrementaría de acuerdo al índice de aumento de su pensión (…)
10 Sentencias T 1243 de 2001, MP. Rodrigo Escobar Gil; T 467 de 2015
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, CP: Alfonso
Vargas Rincón, sentencia de 5 de septiembre de 2012, Exp.: 15001-23-31-000-2007-00482-01 (0508-11) y
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 28 de octubre de
2016, Exp.: 250002342000201401905 01 (2650-2015).
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TERCERO: El señor Olinto Mantilla se compromete a no retirar a su
esposa de los servicios médicos que viene disfrutando en su calidad de
esposa(…) “TERCERA” (SIC) la pareja manifiesta que no tienen
bienes que dividir (…) quedando liquidada la sociedad conyugal
existente a la fecha.
Por lo anterior la suscrita Comisaria de Familia, atendiendo lo
preceptuado en la Ley 1098 de 2006
RESUELVE
PRIMERO Aprobar el acuerdo al que han llegado los señores OLINTO
MANTILLA Y MARIA TRINIDAD PERALTA DE MANTILLA …
SEGUNDO: La pareja queda separada de cuerpo.”» (negrilla fuera de
texto original)
Conforme a lo anterior, el Tribunal consideró que el 17 de marzo de 2011 la señora
Peralta y el causante, de común acuerdo liquidaron la sociedad conyugal y la
separación de cuerpos; de ahí que, para que la accionante pudiera reclamar el
derecho a la sustitución pensional debía acreditar una convivencia de 5 años,
inmediatamente anteriores al fallecimiento del señor Olinto.
El Tribunal adujo que la demandante en el recurso de apelación argumentó que
convivió con el causante desde el 23 de diciembre de 1972 hasta el 2 de febrero de
2008, para acreditar su afirmación allegó dos declaraciones extraproceso, una la
realizó la accionante ante el notario el 15 de enero de 2021 y la otra «la rindió el
señor Nelson (sic) Enrique Mantilla Peralta, uno de los hijos de la pareja, el 14 de
enero de 2021 manifestó ante Notario (sic) que sus padres “convivieron
compartiendo mesa, techo y lecho de forma permanente e ininterrumpida desde el
23 de diciembre de 1972 hasta el año 2008».
El Tribunal encontró que la convivencia entre la demandante y el causante perduró
hasta el año 2008; sin embargo, desde esa fecha y hasta el fallecimiento del señor
Olinto transcurrieron «más de 16 años;» motivo por el que no se encuentra
acreditado el requisito de convivencia no inferior a los 5 años anteriores al
fallecimiento; «advirtiendo que la dependencia económica de la cónyuge, no es un
requisito que habilite el reconocimiento de la prestación, este presupuesto solo se
requiere cuando los beneficiarios son padres o hijos; por lo tanto el hecho que el
causante le hubiese reconocido una cuota alimentaria a la demandante no la
cataloga como acreedora de la prestación».
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal decidió confirmar la sentencia del 4 de
abril de 2024 proferida por el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá que negó las
pretensiones de la demanda.
Encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F no incurrió en el defecto fáctico, pues valoró en debida
forma el Acta de Conciliación núm. 035 del 17 de marzo de 2011 suscrita por los
señores Olinto Mantilla (q.e.p.d) y María Trinidad Peralta de Mantilla en la Comisaría
de Familia de Sabana de Torres, lo que le permitió concluir que las partes acordaron
de manera expresa una cuota de alimentos en favor de la señora Peralta, que no
habían bienes para dividir y que quedaba liquidada la sociedad conyugal.
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Tampoco se configura el desconocimiento del precedente, pues las sentencias que
la accionante cita como omitidas por el Tribunal, son: C 408 de1994, C 143 de 2015,
T 291 de 2016, T 716 de 2017, T 043 de 2019 y SU 508 de 2020; las cuales no
tienen supuestos facticos y jurídicos semejantes al caso que se pide su aplicación,
pues tratan sobre 1) el delito de tortura y el principio de la dignidad humana; 2) el
reconocimiento de la pensión de invalidez y el derecho a la seguridad social; 3)
reintegro al programa de protección social al adulto mayor «Colombia Mayor» y el
derecho al mínimo vital y 4) el suministro de insumos, servicios y tecnologías
excluidos del plan de beneficios en salud.
En consecuencia, se negará el amparo solicitado, pues no se materializaron los
defectos del desconocimiento del precedente y el fáctico, ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: NEGAR la acción de tutela instaurada por la señora María Trinidad
Peralta, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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