Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03369-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03369-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03369-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
11 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03369-00
Accionante: Ana Rocío Ayazo Lagares
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03369-00
Accionante: Ana Rocío Ayazo Lagares
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba-Sala Sexta de Decisión
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción de
tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Subsidiariedad. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Ana Rocío Ayazo
Lagares en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba-Sala Sexta de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Ana Rocío Ayazo Lagares, por intermedio de apoderado judicial, presentó escrito de
tutela mediante el cual solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia 1 que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Córdoba-Sala Sexta de Decisión, con ocasión de la sentencia
del 18 de noviembre de 2024 que, al decidir la apelación contra la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Montería, confirmó la decisión que
negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, identificado con el radicado número 23001-33-33-001-2019-00145-00/01.
2. Hechos
2.1. La señora Clara Inés Rivera de Ríos indicó que nació el 9 de abril de 1965, por lo
que cumplió los 55 años el 9 de abril de 2020. Manifestó haber laborado como docente
provisional al servicio del departamento de Córdoba y el municipio de Montería. Sostuvo
que tenía 63.43 semanas cotizadas en Colpensiones, entre 1990 y 2004 y acumulaba
un tiempo de servicio de 17 años, 2 meses y trece días de forma ininterrumpida.
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Accionante: Ana Rocío Ayazo Lagares
2.2. Adujo que, mientras se encontraba vinculada como docente en el municipio de
Montería, a través de Decreto 0258 del 13 de febrero de 2019 fue desvinculada de su
cargo.
2.3. Por lo anterior, la aquí accionante presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Montería,
con la finalidad que se infirmara el: i) Decreto No. 0258 de 13 de febrero de 2019 en lo
que respecta a la terminación del nombramiento como docente en provisionalidad de la
demandante y ii) Oficio OJ-98-2019 de 20 de mayo de 2019 por la cual se niega la
petición de estabilidad laboral como pre pensionada.
Como consecuencia, solicitó que se ordenara a la demandada a reintegrar a la señora
Ayazo Lagares al cargo de docente y a reconocer y pagar los salarios causados desde
la terminación del nombramiento provisional hasta que se realizara el reintegro y se
regularizara el pago de los salarios a futuro. De la misma manera, solicitó el
reconocimiento y pago de los derechos laborales y prestacionales causados durante su
desvinculación, como prima de navidad, vacacional, servicios, bonificación mensual y
cualquier otra a la que tenga derecho; cesantías, intereses a las cesantías, auxilio de
transporte, bonificación remunerativa espacial de difícil acceso y demás derechos.
2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Montería, bajo el radicado 23001-33-33-001-2019-00145-00, autoridad judicial que,
mediante sentencia del 25 de enero de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
El juzgado consideró que en la fecha en que la señora Ayazo Lagares fue retirada del
servicio no podía ser considerada pre pensionada, ya que le faltaban más de tres años
para pensionarse, por lo tanto, el Decreto No. 0258 de 13 de febrero de 2019 no estaba
viciado de nulidad por la vulneración de normas constitucionales y legales sobre la
protección reforzada a persona próxima adquirir el derecho pensional, puesto que la
demandante no demostró tener tal calidad.
2.5. Contra la anterior decisión la parte actora presentó recurso de apelación. Sostuvo
que, conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, el
régimen pensional de los docentes depende de la fecha de su vinculación. De acuerdo
con lo anterior, adujo que solo los docentes que no tengan la vinculación con anterioridad
al 26 de junio de 2003, se les puede aplicar la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003,
mientras que a los docentes que tengan vinculación con anterioridad a la mencionada
fecha, se les aplica el régimen pensional anterior.
Como sustento de sus reparos citó la sentencia del Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección A, radicado No. 54001-23-33-000-2014-00363-01 (2960-15), del 6
de febrero de 2020, sobre la aplicación de la Ley 100 de 1993 a docentes con vinculación
anterior al 26 de junio de 2003 y la sentencia de unificación de fecha 25 de abril de 2019
SUJ-014-CE-S2-2019, en la cual se indicó que los docentes están exceptuados del
sistema integral de seguridad social, por lo que a su juicio se desconoce el precedente
obligatorio. Asimismo, expuso que, si bien en la sentencia T-839 de 2012 la Corte
Constitucional señaló que el docente accionante para pensionarse con los requisitos del
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Accionante: Ana Rocío Ayazo Lagares
régimen anterior debía haberlos cumplido antes del 31 de julio de 2010, en ese caso, era
un docente que no tenía vinculación anterior al 26 de junio de 2003
2.6. El Tribunal Administrativo de Córdoba-Sala Sexta de Decisión, mediante sentencia
del 18 de noviembre de 2024, confirmó la decisión impugnada.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió i)
dejar sin efectos la sentencia del 18 de noviembre de 2024, proferida por la Sala Sexta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, en el proceso 23001-33-33-001-
2019-00145-01 y, en su lugar, ii) que se ordene a la autoridad judicial que profiera una
decisión de reemplazo en la que no se vulneren los derechos de la accionante.
La accionante, como sustento a sus pretensiones, afirmó que la autoridad judicial incurrió
en violación directa a la constitución y en los defectos sustantivo y procedimental.
Sostuvo que el tribunal omitió pronunciarse sobre uno de los argumentos de la demanda,
relativo al desconocimiento del parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 2105 del 14 de
diciembre de 2017, lo cual imprlicaría una violación del principio de congruencia.
Advirtió que la incongruencia, además del defecto anotado, configuran un defecto
procedimental, que ocurre cuando “el funcionario judicial se aleja caprichosamente de la
cuerda procesal, violentando las formas propias del juicio y vulnerando con ello el
derecho fundamental”. Por lo tanto, afirmó que el juez estaba obligado a referirse a todos
y cada uno de los argumentos planteados en la demanda, tal y como lo ha sostenido la
Corte constitucional en la sentencia C-137 de 1996.
4. Trámite de tutela e intervenciones
El despacho de la magistrada ponente, con auto del 9 de junio de 20252, admitió la
acción de tutela, vinculó como terceros con interés al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Montería y al municipio de Montería, además, ordenó la notificación a las
partes, requirió a los demandados para que allegaran copia del expediente objeto de la
acción de tutela y suspendió los términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Montería allego copia digital
del proceso ordinario objeto de la acción de tutela, así como el enlace de acceso al
mismo. No obstante, guardó silencio respecto de la solicitud de tutela.
2 Índice 00004 aplicativo SAMAI C33277E6CE6C8703 EDF68342BA090FBF 698DFF96C7D4A381
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4.2. El Tribunal Administrativo de Córdoba informó que el proceso ordinario ya había
sido enviado a juzgado de origen por lo que no podía remitir copia del expediente. Sin
embargo, no se pronunció sobre la solicitud de amparo.
4.3. El municipio de Montería, a pesar de haber sido notificado en debida forma, guardó
silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Ana
Rocío Ayazo Lagares es la titular de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con radicado núm. 23001-33-33-001-2019-00145-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal
Administrativo de Córdoba-Sala Sexta de Decisión fue la autoridad que profirió la
decisión que, según la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20053 indicó que estas proceden si se
3 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela4 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto5.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte
de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”6.
4.1. Subsidiariedad.
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se
desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 19917.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que
el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i)
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso
ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de
defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de
diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o
descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial8.
4 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
5 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que
se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
7“Artículo 6. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
(…)”.
8 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
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La Corte Constitucional9 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. En el caso concreto, la parte actora cuestiona en esencia que la decisión proferida
por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en violación
directa a la constitución y en los defectos sustantivo y procedimental. En concreto,
consideró que la autoridad judicial cuestionada omitió pronunciarse sobre uno de los
argumentos de la demanda, relativo al desconocimiento del parágrafo 2 del artículo 11
del Decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017, por lo que había una violación del principio
de congruencia.
5.2. Sobre el particular, la Sala advierte que, en los términos del artículo 248 del
CPACA10, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces
administrativos en los eventos contemplados en el artículo 250 del CPACA11.
Ahora, en el caso en concreto, de la lectura del numeral 5 del precitado artículo, es
posible advertir que para que se configure la causal, deben concurrir los siguientes
requisitos: (i) que la providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de
revisión ponga fin al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de
apelación y, (iii) que la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la
sentencia y no antes.
En ese orden de ideas, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
31 de mayo de 2011, expediente radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00,
identificó algunos eventos en los que se predica la existencia de la nulidad originada en
la sentencia, en los siguientes términos:
“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
9 Sentencia C-590 de 2005.
10 Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
11 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales
de revisión:
(…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
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objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada
en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o
cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera
de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de
la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o
menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al
previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de
motivación”12.
Aunado a lo anterior, esta corporación ha previsto que la causal de nulidad originada en
la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia así:
“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la
violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia
no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)”13
5.3. Según lo expuesto, la Sala concluye que la parte actora incumplió el requisito de
subsidiariedad, pues tiene otro mecanismo judicial para proteger sus derechos
fundamentales, esto es, la interposición del recurso extraordinario de revisión previsto
en el artículo 250.5 del CPACA, pues el problema aquí planteado debe resolverlo el juez
natural de la causa, sin que corresponda al juez constitucional intervenir en el asunto,
pues a partir del marco jurisprudencial citado, esta causal también procede cuando se
trasgrede el principio de congruencia, lo que se acompasa con los argumentos expuestos
en el escrito presentado por la parte actora. En este contexto, la acción de tutela no
puede ser utilizada como un medio alternativo o sustitutivo de los recursos ordinarios y
extraordinarios disponibles, salvo que se acredite su ineficacia o insuficiencia para la
protección de los derechos invocados, circunstancia que no se acredita en este caso.
Por ende, la Sala considera que la presente acción de tutela es improcedente, pues
aceptar lo contrario implicaría reemplazar los mecanismos ordinarios previstos por el
legislador para la protección de los derechos y suplir la inactividad de la parte que no uso
de estos oportunamente. La solicitud de amparo constitucional es de carácter supletorio
y residual, lo que conlleva a que no sea utilizada como un elemento alternativo de
aquellos a los que el legislador ha determinado para solución de conflictos, por cuanto
estos mecanismos establecen las pautas conforme deben debatirse y darle solución a
las controversias que se deriven de actos administrativos.
5.4. Tampoco procede la solicitud de amparo como mecanismo transitorio de protección,
ya que la parte actora no acreditó un perjuicio irremediable que justifique la flexibilización
de la regla de subsidiariedad, pues no basta con la sola mención de este, sino que debe
demostrarse, situación que no ocurrió en este caso.
La mera inconformidad con lo decidido en la providencia censurada no faculta al juez
12 Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre de
2009, dentro del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la sentencia
por ausencia de motivación se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las
razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-
00440-00.
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constitucional para examinar los cargos y pruebas que la autoridad judicial contra la que
se dirige la acción consideró o no al resolver el asunto. En este sentido, compete al
interesado demostrar, conforme los requisitos exigidos por la jurisprudencia
constitucional, que la actuación de aquella fue consecuencia de una afectación al debido
proceso.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar el
requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Ana
Rocío Ayazo Lagares en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba-Sala Sexta de
Decisión, por no superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
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