Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03395-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03395-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03395-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03395-01
Accionado: LITZA MARGOT MENA PALMA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad
social, al mínimo vital y a la garantía de pago oportuno / MEDIO DE CONTROL DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / Reconocimiento de pensión de
sobrevivientes / REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se discute un
aspecto eminentemente económico y se acudió a la acción de tutela con el propósito de
reabrir la discusión definida en el proceso ordinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
por conducto de apoderado, contra la sentencia del 25 de julio de 2025, proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 4 de junio de 20252, la señora Litza Margot Mena Palma, mediante apoderado,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración justicia, a la seguridad social, al mínimo vital y a la garantía de
pago oportuno.
Hechos relevantes
2. La señora Litza Margot Mena Palma, en nombre propio y en representación de
su hija Meybelin Palacios Mena3, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional. Lo anterior, con el fin de obtener la nulidad de las
Resoluciones núms. 0879 del 4 de marzo de 2013 y 842 del 11 de marzo de 2019,
1 Que ingresó para fallo el 20 de octubre de 2025.
2 Índice 2 de Samai.
3 Nació el 24 de diciembre de 2007, por lo que al momento de presentar la demanda ordinaria era
menor de edad.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03395-01
Accionante: Litza Margot Mena Palma
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
a través de las cuales la entidad negó el reconocimiento y pago de una pensión de
sobrevivientes, solicitada con ocasión al deceso del soldado regular José Fernando
Palacios Moreno.
3. El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo
que, por medio de sentencia del 7 de abril de 2021, resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por el
apoderado judicial del MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de los Actos Administrativos contenidos en
las Resoluciones No. 0879 del 4 de marzo de 2013 y No. 0842 del 11 de marzo de
2019, suscrita por el grupo de prestaciones sociales del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, mediante la cual se negó el reconocimiento
de una pensión de sobrevivencia a la señora LITZA MARGOT MENA PALMA
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.319.468 en calidad de compañera
permanente del extinto Soldado Regular JOSÉ FERNANDO PALACIOS MORENO
y a la menor MEYBELIN PALACIOS MORENO en calidad de hija.
TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a la demandada -
MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL - a pagar a la señora LITZA
MARGOT MENA PALMA identificada con cédula de ciudadanía No. 39.319.468 en
calidad de compañera permanente y a la menor MEYBELIN PALACIOS MORENO
en calidad de hija, la pensión de sobrevivientes equivalente a la que se reconoció al
hijo del extinto Soldado Regular JOSÉ FERNANDO PALACIOS MORENO con el
NUIP No. 10.460.529.981, una vez sean sobrevivientes equivalentes al 50% de la
pensión para cada uno.
CUARTO: El valor reconocido será en su totalidad a favor de la señora LITZA
MARGOT MENA PALMA identificada con cédula de ciudadanía No. 39.319.468 en
calidad de compañera permanente y a la menor MEYBELIN PALACIOS MORENO
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.319.468 y el hijo del extinto Soldado
Regular JOSÉ FERNANDO PALACIOS MORENO tal como se estableció en el
numeral anterior.
QUINTO: DECLARAR de oficio la excepción de prescripción de las mesadas
pensionales, la cual operó desde el 21 de enero del año 2013, hacia atrás.
SEXTO: La entidad demandada dará estricto cumplimiento a la sentencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 y 193 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.
SÉPTIMO: Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el numeral 4º
del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.
OCTAVO: SIN CONDENA en costas. […]”4.
4. El a quo consideró que a la accionante le asistía el derecho para ser acreedora
de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero permanente, el
soldado José Fernando Palacios Moreno, bajo los postulados del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, por ser este un régimen general que resultaba más benéfico que
el especial, el cual, a juicio del Juzgado, lesionaba los intereses y los derechos
fundamentales de la señora Litza Margot Mena Palma. Asimismo, declaró de oficio
la prescripción de las mesadas pensionales desde el 21 de enero de 2013 hacia
atrás.
4 Folios 22 y 23 de la sentencia del 7 de abril de 2021.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03395-01
Accionante: Litza Margot Mena Palma
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
5. Tanto la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como la parte
demandante presentaron apelación contra la decisión de primera instancia. Dicho
recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia que, a través de
sentencia del 13 de marzo de 2025, ordenó:
“PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la
sentencia proferida por el Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral del
Circuito de Turbo - Antioquia, el 7 de abril de 2021, los cuales quedarán
así:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución N° 842 del
11 de marzo de 2019 “por la cual se resuelve una solicitud de pensión de
sobrevivientes, con fundamento en los expedientes MDN N°s 566 de 2013
y 680 de 2012 en concordancia con la Resolución N° 5882 de 2018”
proferida por la Directora Administrativa del Ministerio de Defensa
Nacional; y de la Resolución N° 0879 del 4 de marzo de 2013 “por la
cual se resuelve la solicitud de pensión por muerte, con fundamento en el
Expediente MDN N° 566 de 2013” en cuanto negaron la pensión de
sobreviviente de la menor Meybelin Palacios Mena.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho CONDENAR a la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a la menor
MEYBELIN PALACIOS MENA identificada con NUIP No. 1.046.529.981,
en calidad de hija del extinto soldado regular José Fernando Palacio
Moreno una pensión de sobreviviente, equivalente al 100% tal como lo
señala el artículo 48 de la Ley 100 de 1993.
CUARTO: El valor reconocido será en su totalidad a favor de la menor
MEYBELIN PALACIOS MENA identificada con NUIP No. 1.046.529.981
en calidad de hija del extinto soldado regular JOSÉ FERNANDO
PALACIOS MORENO.
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal quinto de la sentencia proferida el 7 de
abril de 2021 por el Juzgado Primero (1°) Administrativo Oral del Circuito
de Turbo – Antioquia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
QUINTO: NO CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”5.
6. Contrario a lo señalado en primera instancia del proceso ordinario, el ad quem
encontró que la señora Litza Margot Mena Palma no cumplía con los requisitos para
ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del señor José Fernando Palacios
Moreno, por cuanto, si bien fueron compañeros permanentes, no se cumplía con la
exigencia normativa de que dicha unión fuese por lo menos cinco años antes del
fallecimiento del causante.
Pretensiones
7. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales garantizar la efectividad
de los derechos art 2 incompatibilidad entre la Constitución y la Ley art 44
derecho a la seguridad social art 48 Aplicación de la Constitución frente a
5 Folio 43 de la sentencia del 13 de marzo de 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03395-01
Accionante: Litza Margot Mena Palma
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
las fuentes formales del derecho art 53 del derecho a un trato igual por parte
de las autoridades, derecho al Debido Proceso, derecho al acceso a la
Administración de Justicia contenidos en los artículos 2, 4, 13, 44, 48, 53,
84, 229 y ss de la Carta Política a favor de la señora LITZA MARGOTH
MENA PALMA CC No. 39.319.468 de Turbo.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en lo que se refiere a la revocatoria de la
pretensión -pensión- de la demandante señora Litza Margoth Mena Palma.
TERCERO: ORDENARLE al Tribunal Contencioso Administrativo de
Antioquia que como consecuencia del amparo concedido y la decisión
tomada en los numerales anteriores, proferir un nuevo fallo acatando el
mandato de la Ley sobre el requisito de los cinco años de convivencia son
para casos de muerte de pensionados”6.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte demandante sostiene que la providencia enjuiciada incurrió en un
defecto sustantivo por el análisis indebido del marco normativo aplicable al caso.
Señala que ni la Ley 100 de 1993 ni la Ley 797 de 2003 exigen la acreditación de
un tiempo de convivencia para los compañeros permanentes en el evento en que
ocurra la muerte de uno de sus afiliados. Asimismo, aduce la indebida aplicación
del Decreto 4422 de 2004, por cuanto el caso bajo estudio no se trata de un
pensionado.
9. De igual modo, alega el desconocimiento del precedente jurisprudencial
fijado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-108 de 2020, SU-461 de
2020 y SU-574 de 2019, que exigen el requisito de los cinco años de convivencia
sólo para los casos en los que se trate de un pensionado.
10. Finalmente, aduce una violación directa de la Constitución por la
contravención de lo previsto en el artículo 84 de la Carta Política “al exigirle a la
demandante el requisito de los cinco años de convivencia con el AFILIADO
causante José Fernando Palacios Moreno, cuando la Ley aplicada solo exige el
requisito de los cinco años es para la muerte del PENSIONADO y José Fernando
nunca estuvo pensionado”7.
Trámite procesal
11. Por medio de auto del 11 de junio de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia como accionado, y al Juzgado
Primero Administrativo de Turbo y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional como terceros con interés en las resultas del proceso.
6 Folios 9 y 10 del escrito de tutela. Visible a índice 2 de Samai.
7 Folio 6 ibid.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03395-01
Accionante: Litza Margot Mena Palma
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Intervenciones
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, en razón a que la sentencia enjuiciada se fundamentó en el
marco normativo, probatorio y jurisprudencial aplicable al caso concreto, por lo que
lo pretendido por la actora es lograr una instancia adicional al proceso ordinario.
13. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional señaló que la
demanda de amparo carece de relevancia constitucional, dado que no se sustentó
en debida forma la afección de los derechos fundamentales que invoca la
accionante.
14. Dicho supuesto, a su juicio, desvirtúa la finalidad de tutela, la cual no es un
mecanismo procedente para resolver un asunto que ya fue decidido por el juez
natural de la causa, el cual, al resolver el medio de control, encontró que la señora
Litza Margot Mena Palma no probó los cinco años de convivencia con el causante,
requisito exigido por la Ley 100 de 1993.
15. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo allegó el enlace de
acceso al expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado núm. 05837-33-33-001-2019-00395-00/01.
La sentencia de primera instancia
16. Por medio de sentencia del 25 de julio de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
17. Señaló que los argumentos presentados por la accionante no acreditaban una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminaban a
volver sobre la controversia ya decidida por el juez de conocimiento y esgrimía
divergencias de carácter netamente legal y económico. Ello, en atención a que el
juez natural del asunto, de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial
aplicable, así como del material probatorio obrante y faltante en el proceso,
consideró que la accionante no acreditó el cumplimiento del tiempo de cinco años
de convivencia, con el fin de ser acreedora de la pensión de sobreviviente que aduce
debió ser declarada en su favor.
18. Así, al no advertir una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, consideró improcedente que el juez de tutela revisara o evaluara
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. En ese sentido,
precisó que acción de tutela no era una instancia adicional al proceso ordinario, ni
estaba prevista para desconocer la autonomía e independencia que caracterizan
las actuaciones judiciales.
5
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Accionante: Litza Margot Mena Palma
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
La impugnación
19. Contra la decisión precitada la parte accionante, por conducto de apoderado,
presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos
en la demanda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
21. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de relevancia
constitucional, al plantear una discusión relacionada con el reconocimiento y pago
de una pensión de sobrevivientes?
22. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo de Antioquia8, con la expedición de la sentencia del 13 de marzo de
2025, incurrió en un defecto sustantivo, un desconocimiento del precedente y una
violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración justicia, a
la seguridad social, al mínimo vital y a la garantía de pago oportuno de la parte
accionante?
23. Para responder los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
24. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 20059,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
8 Si bien la demanda de tutela también se dirige contra la sentencia del 28 de mayo de 2020, proferida
por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, el estudio se
centrará en la providencia del 28 de febrero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por ser esta la que puso fin al proceso.
9 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
6
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
25. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar10; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela11, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional12 o el Consejo de Estado13,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-14; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable15 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
26. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
27. La Corte Constitucional indicó16 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
10 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
11 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
13 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
15 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
28. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate17: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
29. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia18.
Caso concreto
30. En el caso bajo estudio, la señora Litza Margot Mena Palma presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
justicia, a la seguridad social, al mínimo vital y a la garantía de pago oportuno,
ocurrida con ocasión de la expedición de la sentencia del 13 de marzo de 2025. Sin
embargo, la Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en
el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.
31. La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en las causales específicas de procedibilidad de defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, al aplicar el
requisito de convivencia de cinco años continuos con anterioridad a la muerte del
causante, que exige la Ley 100 de 1993, para el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente.
32. Al respecto, se tiene que, en la decisión cuestionada, la autoridad judicial
consideró lo siguiente (Se transcribe con posibles errores):
“[…] 3.3 Respecto al segundo problema jurídico, es decir, al cumplimiento de
los 5 años de convivencia de la señora Litza Margot Mena Palma y el señor
José Fernando Palacios Moreno -causante- se advierte que en efecto, existió
unión marital de hecho en el período comprendido entre el mes de marzo de
2005 y el 18 de noviembre de 2008, tal como se deduce de la decisión tomada
por el Juez Civil del Circuito de Turbo – Antioquia.
Es así que, no hay duda que fueron compañeros permanentes, sin embargo, no
se cumple con la exigencia normativa que dicha unión sea por lo menos de 5
años, de modo que a las claras no se acredita el requisito para que la señora
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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Accionante: Litza Margot Mena Palma
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Litza Margot Mena Palma sea beneficiaria de la pensión de sobreviviente y en
ese sentido será revocada la sentencia de primera instancia”19.
33. De conformidad con lo citado, se tiene que el Tribunal Administrativo de
Antioquia aplicó lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, según el cual
la compañera permanente tiene derecho a la pensión de sobrevivientes de forma
vitalicia siempre que tenga más de 30 años al momento del fallecimiento del
causante y acredite el cumplimiento de dos requisitos: (i) haber hecho vida marital
con el causante hasta su muerte y (ii) haber convivido con el fallecido no menos de
cinco años continuos con anterioridad a su muerte. Al respecto, reza la norma:
“ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte; […]”
34. De esta manera, el Tribunal accionado consideró que estos requisitos exigían
probar, en primer lugar, “la convivencia efectiva, real y material”20, siendo el factor
determinante para encontrar acreditada la convivencia no la simple cohabitación,
sino “el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la
pareja”21. Y, en segundo lugar, que dicha convivencia y vínculo familiar o afectivo
con el causante tuviera una “permanencia o estabilidad”22 equivalente, como
mínimo, a cinco (5) años continuos.
35. Así las cosas, esta Sala encuentra que la controversia versa sobre un asunto
meramente legal. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden
legal relativas a un derecho de esta naturaleza deben ser resueltas mediante los
mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, puesto que “le está prohibido al
juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente
legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde
definir a otras jurisdicciones”23.
36. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha establecido que un asunto
carece de relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se
desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando
sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
19 Folios 13 y 14 de la sentencia del 13 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia.
20 Folio 33 ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Sentencia SU-173 de 2019.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03395-01
Accionante: Litza Margot Mena Palma
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no
representen un interés general”24.
37. Por lo anterior, se advierte que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional, toda vez que el debate planteado se limita a una controversia de
índole puramente legal, discusión que no compromete un derecho fundamental en
su núcleo esencial, en particular el debido proceso o el acceso a la administración
de justicia en su dimensión sustancial. Tampoco se advierte afectación alguna al
mínimo vital del actor, lo que excluye la configuración de un perjuicio irremediable
que habilite el uso excepcional del amparo constitucional.
38. Adicional a ello, se tiene que la discusión legal que plantea la parte accionante
ya fue objeto de estudio por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que sostuvo el
criterio de que los cónyuges o compañeros permanentes supérstites deben
demostrar su convivencia con el causante, indistintamente de que este último fuera
pensionado o afiliado al momento de su fallecimiento y, por lo menos, durante los
cinco años continuos antes de este suceso, siendo lo correspondiente negar el
reconocimiento pensional para beneficiarios afiliados que no demostraban dicho
requisito. Al respecto, indicó la autoridad judicial accionada:
“Respecto a este asunto, el Consejo de Estado lo resume de la siguiente
manera:
1) Si a la fecha de fallecimiento del causante el cónyuge o compañero o
compañera permanente tiene más de 30 años de edad, la pensión se le
concederá en forma vitalicia. Si es menor de esa edad y no ha procreado
hijos con el causante, la pensión será temporal: se concede por 20 años y
de esa pensión se descuenta la cotización para su propia pensión.
En caso de muerte del pensionado, se requiere además que el cónyuge o
compañera o compañero permanente acredite que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y que haya convivido con el fallecido
no menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte.
En el caso de que solo haya cónyuge (no hay compañero o compañera
permanente) la pensión corresponderá a este. Si no hay cónyuge pero hay
compañera o compañero permanente, la pensión corresponderá a estos
últimos. La ley regula de forma expresa el caso de convivencia simultánea
entre cónyuge y una compañera o compañero permanente; por lo que el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o esposo. La
Corte Constitucional, en sentencia C1035 de 2008, al estudiar esta última
regla la declaró exequible en forma condicional en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera
o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos”.25
39. En ese orden de ideas, lo que se busca con la tutela ejercida por la parte actora
es prolongar el debate ante el juez natural, como si se tratara de un recurso
ordinario, situación que claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya
que no hay ningún argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto
de genuina relevancia constitucional.
24 Ibidem.
25 Folio 34 de la sentencia acusada.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03395-01
Accionante: Litza Margot Mena Palma
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
40. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente. Por ello,
se confirmará la sentencia del 25 de julio de 2025, proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, de acuerdo con los argumentos previamente expuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de julio de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11
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