Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03397-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-03397-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03397-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03397-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-03397-011
Demandante : Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado : Tribunal Administrativo del Huila
Vinculados : Municipio de Huila – Secretaría de Movilidad, Juzgado Cuarto
Administrativo de Neiva, Mery Vega Cerquera, Ángela Viviana
Ramos Vega, Diana Marcela Ramos Vega y Raúl Ramos Vega
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Libre desarrollo de la personalidad, trabajo, libertad de
escoger profesión u oficio, debido proceso y acceso a la
administración de justicia
Tema : Tutela contra providencia judicial, lucro cesante
Decisión : Sentencia de segunda instancia - confirma en sentido de negar
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del 3 de julio de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Primera2, que
declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
Raúl Eliécer Ramos Torres, quien actúa a través de apoderada, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, trabajo, libertad de escoger
profesión u oficio, debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Huila.
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Oswaldo Giraldo López.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Por consiguiente, solicitó:
Primero: Solicito tutelar los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad (artículo 16), el derecho al trabajo (artículo 25), la libertad de escoger
profesión u oficio (artículo 26), debido proceso (artículo 29) y acceso a la administración
de justicia (artículo 229), consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991.
Aunados a ellos, al mínimo vital y móvil y al principio de reparación integral (artículo 16,
Ley 446 de 1998) y cualquier otro que resulte probado, vulnerados con la decisión objeto
de tutela.
Segundo: ORDENAR al Honorable Tribunal Administrativo del Huila, modificar
únicamente el numeral <<7.3.5.2. Perjuicios de lucro cesante y dictamen pericial.>>
de la SENTENCIA S-010 DEL 04 DE FEBRERO DE 2025, y reconocer los perjuicios
materiales conforme la demanda; en su defecto, que se confirme en su totalidad la
sentencia de primera instancia, o que se tengan en cuenta las afirmaciones realizadas
en esta demanda de tutela y no se limite la indemnización de lucro cesante a 8.75 meses
sino hasta el pago efectivo de la sentencia, o hasta la vida probable del actor, conforme
lo expuesto en precedencia.
Hechos3
El accionante relató que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin que se declarara la nulidad de las
resoluciones núm. 083 del 19 de octubre de 2015 y 011 del 26 de julio de 2016,
expedidas por el municipio de Neiva (Huila), por medio de las cuales, se le declaró
responsable de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y solicitó el
reconocimiento de perjuicios morales y materiales, pues, como consecuencia de dicha
medida, se le impuso una multa pecuniaria y no pudo seguir ejerciendo su profesión
de conductor de taxi.
El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva,
bajo el radicado núm. 41001-33-33-004-2017-00043-00, que, mediante en sentencia
del 20 de septiembre de 2019, negó las excepciones propuestas y decretó la nulidad
de los actos administrativos acusados; en consecuencia, condenó al municipio de
Neiva a pagar, por concepto de lucro cesante, la suma de ciento veintiún millones
cuatrocientos cuarenta mil setecientos ochenta y siete pesos ($ 121.440.787) a favor
del demandante.
Inconforme con la decisión anterior, el ente territorial presentó recurso de apelación,
el cual, fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Huila que, en fallo del 4 de
febrero de 2025, decidió modificar el valor reconocido por concepto de lucro cesante
a la suma de doce millones seiscientos noventa y tres mil ciento setenta y tres pesos
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice2.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
($ 12.693.173).
Presentó solicitud de aclaración de la sentencia, la cual fue negada mediante
providencia del 1 de abril de 2025.
Aduce que, la providencia cuestionada incurre en (i) defecto fáctico, por cuanto «[…]
carece de sustento probatorio para modificar la decisión y disminuir la indemnización declarada en
primera instancia, utilizando el límite de 8.75 meses para reconocer el lucro cesante del actor. Para no
ser repetitivo me remito a la argumentación jurídica expuesta»; y, (ii) defecto sustantivo, en
atención a que «[…] aplicó normas inexistentes para limitar la indemnización y; defecto sustantivo
en atención a que el Tribunal aplicó normas inexistentes para limitar la indemnización, en desmedro de
los derechos fundamentales del demandante, tal como se reseñó en precedencia».
1.2 Contestaciones de la acción.
1.2.1 El Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva4 realizó un recuento de las
actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario con radicado núm. 41001-33-33-
004-2017-00043-00/1
1.2.3 El Tribunal Administrativo del Huila5 manifestó que no vulneró derecho
fundamental alguno del accionante, por cuanto, la providencia cuestionada en esta
acción de tutela se sustentó bajo criterios fácticos y jurídicos que condujeron a la
decisión adoptada, dentro del proceso radicado núm. 41001-33-33-004-2017-
00043-00/1
1.2.4 El municipio de Neiva, los señores Mery Vega Cerquera, Angela Viviana
Ramos Vega, Diana Marcela Ramos Vega y Raúl Ramos Vega guardaron silencio
en la oportunidad prevista para el efecto.
1.3 Providencia impugnada6.
Mediante fallo del 3 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, al concluir que, no cumple el
requisito de relevancia constitucional. Lo anterior, en la medida en que, la
controversia gira en torno al monto del lucro cesante que le fue reconocido al
accionante, lo que indica que, el debate se circunscribe a aspectos de mera
4
Índice 10 del expediente de Samai de primera instancia.
5
Índice 11 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 14 del expediente de Samai de primera instancia.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
legalidad y a un desacuerdo con la valoración probatoria y la cuantificación de
perjuicios realizada por el juez natural, materias de naturaleza estrictamente
económica y, por tanto, ajenas al control excepcional de tutela. Precisó que, permitir
al juez constitucional revisar tales determinaciones desvirtuaba la finalidad de la
tutela, afectaría la seguridad jurídica y la autonomía judicial.
Finalmente, señaló que, la acción de tutela no es el medio idóneo para controvertir
una eventual incongruencia del fallo cuestionado. Si el tutelante considera que la
decisión de segunda instancia agravó su situación frente a la de primera, sin que
ese aspecto (período de indemnización) hubiese sido objeto de apelación por la
contraparte, la vía idónea para controvertir la providencia es el recurso
extraordinario de revisión y no el presente mecanismo constitucional.
1.4 La impugnación7
El accionante impugnó la decisión por estar en desacuerdo con ella. En síntesis,
sostuvo que, la tutela no versa sobre un mero aspecto económico, pues, el tribunal
no realizó un análisis probatorio para fijar la indemnización y se limitó a aplicar una
tesis jurisprudencial propia de los casos de privación injusta de la libertad, ignorando
otras pruebas. Además, que, en segunda instancia, se aplicó una postura
jurisprudencial la cual no pudo controvertir.
Agregó que, si bien lo planteado tiene injerencia en las resultas económicas de la
sentencia, ello no impide reconocer la lesión de sus derechos fundamentales.
De otro lado, señaló que no es cierto que pueda acudir al recurso extraordinario de
revisión, por cuanto, ninguna de las causales del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 resulta aplicable y, en todo caso, sólo está obligado a agotar los recursos
ordinarios.
Por último, la apoderada del demandante aclaró «[…] soy la apoderada judicial de RAÚL
ELIÉCER RAMOS TORRES y los demás demandantes, acorde con los poderes adjuntados. Por
ende, no debe considerarse que MERY VEGA CERQUERA, ANGELA VIVIANA RAMOS VEGA,
DIANA MARCELA RAMOS VEGA y RAÚL RAMOS VEGA guardaron silencio».
7
Índice 18 del expediente de Samai de primera instancia.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
En virtud de los artículos 328 del Decreto Ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 201911 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico
Se contrae a determinar si la acción de tutela satisface los requisitos de
procedibilidad; y, en caso afirmativo, establecer si con ocasión a la expedición de la
sentencia del 4 de febrero de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Huila, modificó el numeral 3.1 de la parte resolutiva de la sentencia del 20 de
septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva; en la
que se reconoció como lucro cesante a favor del accionante el valor de ciento
veintiún millones cuatrocientos cuarenta mil setecientos ochenta y siete pesos
($121.440.787); se han vulnerado los derechos fundamentales al libre desarrollo de
la personalidad, trabajo, libertad de escoger profesión u oficio, debido proceso y
acceso a la administración de justicia del tutelante.
2.5 La acción de tutela contra providencia judicial
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto
lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales12, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201213, en el sentido de disponer que la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos14.
2.6 Caso concreto
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, trabajo,
libertad de escoger profesión u oficio, debido proceso y acceso a la administración
de justicia del tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso
12
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
13
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
14
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y se encuentra
ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto
de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en
la medida en que, la providencia atacada15 fue notificada el 14 de febrero de 2025
y la solicitud de amparo se presentó el 4 de junio de 2025, es decir, dentro de los 6
meses; y (v) el proveído acusado no fue dictado en una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, dado que,
aunque el actor alegó también el defecto fáctico, no especificó cuáles pruebas
fueron inobservadas y en qué punto ellas tendrían la potencialidad de modificar lo
allí decidido. Por el contrario, la inconformidad del accionante se centra en que el
Tribunal limitó el periodo de indemnización a 8.75 meses, aplicando la regla
establecida por el Consejo de Estado para los casos de privación injusta de la
libertad, por lo que, en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de
tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial16,
resulta procedente analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia
de tutela contra providencia judicial.
2.6.1 Defecto sustantivo
Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional17 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido,
15
Contra está se interpuso solicitud de aclaración la cual fue resulta mediante providencia del 1 de abril de 2025 y notificada
el 8 de abril de 2025, por lo tanto, la sentencia reprochada quedo ejecutoriada solo hasta el 11 de abril de 2025.
16
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: “Respecto del papel del juez de tutela, esta
Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda”.
17
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite
aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales 18.
Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo del presente asunto,
resulta oportuno anotar que, los perjuicios materiales hacen referencia al deterioro
patrimonial que sufre una persona con ocasión de un daño antijurídico, es decir, por
una lesión de sus intereses pecuniarios que no está en la obligación de soportar.
Ese agravio se clasifica en daño emergente y lucro cesante. El primero involucra el
empobrecimiento directo que padece la persona por la ocurrencia del hecho dañoso,
esto es, los gastos que debe asumir para afrontar las consecuencias negativas de
aquel; por su parte, el segundo es lo que deja de ingresar al patrimonio del afectado
por el daño antijurídico19. Para acreditar esos detrimentos el ordenamiento jurídico
no establece una tarifa legal, por lo tanto, la parte demandante, en virtud del principio
de libertad probatoria, puede demostrarlos a través de los medios de convicción que
estime pertinentes20, siempre que se ajusten al sistema normativo.
En el asunto sub examine, el demandante aduce que el proveído cuestionado
incurrió en defecto sustantivo, «[…] en atención a que el Tribunal aplicó normas inexistentes
para limitar la indemnización».
Lo anterior con fundamento en que, «[…]Tribunal erró al utilizar el límite de 8.75 meses por
las siguientes razones: i) tal período lo ha aplicado el Consejo de Estado en procesos de privación
injusta de la libertad, y el proceso de autos corresponde a una nulidad y restablecimiento del
derecho de actos administrativos sancionatorios con incidencia laboral; ii) en similar sentido, tal
lapso se cuenta una vez la persona ha quedado en libertad, reconociéndose todo el tiempo de
privación más los 8,75 meses, no como equivocadamente se tuvo en cuenta en este proceso […]».
Ahora bien, frente al referido reproche, en el proveído censurado del 4 de febrero
de 2025 el Tribunal Administrativo del Huila, sostuvo:
18
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, M. P. Enrique Gil Botero,
expediente: 05001-23-31-000-2004-04210-01 (40060).
20
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 10 de agosto de 2016, M. P. Hernán Andrade Rincón, expediente: 23001-
23-31-000-2005-00380-01 (37040).
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Ahora bien, frente al reconocimiento del lucro cesante en empleos informales la misma
jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a la posibilidad de reconocerlo, no
obstante lo limita a que a la hora de generarse el daño, la víctima se encuentre realizando una
actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual provenga
el lucro cesante.
“La Sala encuentra procedente acceder al lucro cesante solicitado, pues, como lo
consideró el a quo, se acreditó que, en el momento que se produjo la detención, el
afectado con la medida ejercía una actividad productiva que le proporcionaba ingresos
–venta de chontaduro-. Como la liquidación tal como fue dispuesta por el a quo,
garantizó el principio de congruencia, la Sala mantendrá incólume la indemnización,
pero la actualizará –por tratarse de una cantidad líquida de dinero- a la fecha del
presente fallo, con base en la operación matemática empleada por esta Corporación
para tal propósito.”
Respecto al monto que se debe tener en cuenta, el alto Tribunal señaló que en aquellos casos
en los que no se demuestra el monto que le proporciona la actividad lícita, se tomará como
ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia:
“De conformidad con lo señalado en la sentencia de unificación de la Sección Tercera
de esta Corporación en materia de lucro cesante, la prueba de que la víctima ejercía
una actividad económica lícita es una condición necesaria para reconocer la
indemnización. En el proceso se demostró que el señor […] trabajaba como agricultor
de su propia parcela […], de lo cual obtenía los ingresos para el sustento de su esposa
e hijos, como lo señalaron los testigos […]. De ahí que se encuentre probado que el
señor […] se ocupaba del sostenimiento de su esposa y de sus hijos, a quienes,
además, por ley, debía alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 411,
numerales 1 y 2 del Código civil. De acuerdo con lo señalado en la sentencia de
unificación de la Sección Tercera de esta Corporación en materia de lucro cesante, se
encuentra suficientemente demostrado que el señor […] desempeñaba una actividad
productiva lícita que le proporcionaba ingresos y, dado que no se demostró su monto,
en atención a la misma jurisprudencia, se tomará como ingreso base de liquidación el
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia […]”. (subrayado
fuera de texto)
En sentencia SU 272 de 2021, la Corte Constitucional haciendo un recuento jurisprudencial
del Consejo de Estado relacionado con el lucro cesante, donde se ha aceptado esta
indemnización en trabajos informales, siempre y cuando la víctima se encuentre laborando en
el momento en que ocurrió el daño; la misma Corte Constitucional señaló que se debe hacer
el análisis en estos casos desde los siguientes aspectos:
i) Por una parte, si la víctima del hecho dañoso no se dedicaba a una actividad
productiva o lo hacía de manera esporádica, situación en la que aplicaría la regla
establecida por el Consejo de Estado (no se reconoce lucro cesante si la persona al
momento del daño no estaba trabajando), en la medida que no ha dejado de percibir
ningún tipo de ingreso.
ii) Por otra parte, este tipo de situaciones amerita una segunda lectura, cuando la
vacancia es provisional y se logra demostrar que la víctima directa se dedicaba de
manera regular a actividades lucrativas, pero que por circunstancias propias del empleo
informal se encuentra desempleada, correspondería aceptar que es procedente una
indemnización por lucro cesante.
Teniendo en cuenta la citada jurisprudencia, no existe discusión en cuanto a que el señor Raúl
Eliecer Ramos Torres trabajaba como conductor de taxi para la fecha en la que le fue
cancelada la licencia de conducción (resolución 083 del 19 de octubre de 2015), pues así lo
señalaron los testigos en la audiencia de pruebas, y lo certificó el señor Diego Edisson Plazas
Alarcón, propietario del vehículo que conducía, con lo que se encuentra suficientemente
demostrado que el mencionado señor se dedicaba a una actividad que le proporcionaba sus
ingresos y, dado que no se demostró su monto, en atención a la jurisprudencia citada, se
tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha
de esta providencia.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Ahora bien, frente al periodo que se debe tener en cuenta a la hora de fijar los perjuicios por
concepto de lucro cesante, es necesario hacer las siguientes precisiones:
[…]
En razón a que la parte actora no acreditó el tiempo que estuvo sin conseguir trabajo, se
reconocerá como lucro cesante un total de 8.75 meses, acogiendo la postura del Consejo de
Estado según la cual es el tiempo que requiere una persona para conseguir trabajo o
acondicionarse a una actividad laboral, como se indica a continuación:
“No obstante, advierte la Sala que no resulta procedente aumentar el salario mínimo en
un 25% por razón de lo dejado de percibir por concepto de prestaciones sociales ni el
8,75 correspondientes plazo que, según el Observatorio Laboral y Ocupacional
Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es el que requiere
una persona económicamente activa para conseguir trabajo o acondicionarse en una
actividad laboral, en la medida en que el actor, si bien probó que para la época en que
fue privado de la libertad se encontraba en edad productiva y se desempeñaba en
labores de consultoría técnicas a colegios de Barrancabermeja, no es menos cierto que
no acreditó la condición de trabajador dependiente59.”
En ese sentido, con el fin de calcular la indemnización con fundamento en el salario mínimo,
se procede hacer el siguiente cálculo:
Salario mínimo legal vigente al momento de proferir esta sentencia: $ 1.423.500.
Periodo a indemnizar: 8.75 meses
De acuerdo con lo anterior, se aplicará la siguiente fórmula establecida por el Consejo de
Estado en aras de calcular el lucro cesante:
S = Ra (1+i)n -1
i
En donde:
S = suma buscada de la indemnización debida o consolidada;
Ra = renta actualizada;
I = Interés legal;
N = número de meses a indemnizar por el no recibo del salario.
Al aplicar la formula al caso concrete se tiene.
Ra = $ 1.423.500 SMLV año 2025
I= $ 0,4868% interés legal mensual.
N= $ 8,75 periodo promedio que una persona vuelve
a conseguir empleo, expresado en meses
Lucro cesante causado = $ 12.693.173».
De lo expuesto se colige que, contrario a lo afirmado por el accionante, la autoridad
judicial accionada explicó con claridad y sustento jurisprudencial la forma en que se
debía de determinar el período del lucro cesante.
Por tanto, no se observa el error que alega el señor Ramos Torres cuando
manifiesta que el Tribunal erró al hacer un análisis a partir de la forma en que se
contabiliza el lucro cesante en casos de privación injusta de la libertad cuando su
caso correspondía a uno de nulidad y restablecimiento del derecho. Por el contrario,
su estudio jurídico se soportó en precedentes que, si bien no tratan el medio de
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
control adelantado por el tutelante, la ponderación realizada estuvo acorde a los
parámetros que ha retirado el Consejo de Estado en cuanto el tiempo en que una
persona se puede tardar en conseguir empleo.
Es decir, para la Sala, la parte demandada resolvió con suficiente motivación la
inconformidad expuesta por el tutelante, lo que denota que su intención, más allá
de manifestar la supuesta vulneración de derechos fundamentales, es utilizar este
mecanismo constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.
En consecuencia, para la Sala no se configura el defecto sustantivo alegado por el
tutelante, puesto que, se reitera, la determinación objeto de reproche estuvo
debidamente fundamentada de conformidad con el criterio jurisprudencial, actual y
vigente sobre la materia.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa
el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
Aunado a lo anterior, cabe advertir la acción de tutela no resulta procedente, en
tanto su finalidad es la protección de derechos fundamentales vulnerados, mas no
la solución de controversias de carácter netamente pecuniario como lo pretende el
actor.
Finalmente, frente a la inconformidad planteada por el demandante en la
impugnación, en cuanto a que en la sentencia del 3 de julio de 2025 se indicó la
posibilidad de la procedencia del recurso extraordinario de revisión «[…] para
cuestionar una posible incongruencia en la providencia judicial censurada, ya que si la parte actora
estima que la decisión de segunda instancia agravó su situación frente a lo dispuesto por el fallo de
primera instancia, sin que dicho asunto hubiese sido objeto de apelación por la contraparte […]».
A esa conclusión llegó el juez de tutela de primera instancia, tras estudiar el reparo
formulado por el tutelante en el escrito inicial:«[…] ningún reproche se realizó por la parte
demandada respecto el término por el cual se liquidó la condena de primera instancia, a lo cual el
Ad Quem resolvió, de manera injusta, modificar para empeorar la situación del demandante víctima
del daño ocasionado por la entidad demandada en los actos administrativos demandados,
13
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
sorprendiendo a la parte actora, pues tales argumentos no fueron alegados por la parte
demandada ni era previsible su aplicación en el caso concreto».
En ese orden, se advierte que los argumentos expuestos por el accionante no están
dirigidos a cuestionar la congruencia de la sentencia objeto de tutela, sino a
controvertir la forma en que el Tribunal determinó el período indemnizable; esto es,
por el término de 8,75 meses, luego esto no puede ser objeto de este medio de
control.
III. DECISIÓN
Aunque en este caso el análisis efectuado supera el requisito de relevancia
constitucional, siendo lo procedente revocar la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud, para, en su lugar, negar el amparo; debido a que
los efectos prácticos son los mismos, la Sala la confirmará, en el entendido que se
negarán las pretensiones por no haberse incurrido en defecto sustantivo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 3 de julio de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, en el sentido de negar el amparo de los
derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, trabajo, libertad de
escoger profesión u oficio, debido proceso y acceso a la administración de justicia
invocados por el tutelante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Primera de esta
Corporación y remitir copia.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03397-01
Demandante: Raúl Eliécer Ramos Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.