Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03406-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03406-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03406-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03406-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: WILLIAM ORLANDO URBANO VALLEJO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO
Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA. LA
DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE ASPECTOS QUE FUERON
RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA,
AL TRABAJO Y A ELEGIR Y SER ELEGIDO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO1 y la
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2.
1
En adelante el Tribunal
2
En adelante la Sección Quinta
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03406-00
Actor: WILLIAM ORLANDO URBANO VALLEJO
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor WILLIAM ORLANDO URBANO VALLEJO actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, al trabajo, a elegir y ser elegido y al principio de
contradicción, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y la
SECCIÓN QUINTA, al haber proferido las providencias de 30 de
octubre de 2024 y 20 de febrero de 2025, dentro del medio de
control de nulidad electoral identificado con el número único de
radicación 2023-00425-01.
I.2.- Hechos
Indicó que fue candidato al concejo municipal de Pasto (Nariño,
Colombia) para el período constitucional 2024-2027, por el partido
político Cambio Radical.
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Refirió que, como resultados de los comicios, se declaró la elección
de 19 concejales, entre ellos, la de los señores GUSTAVO ALONSO
NÚÑEZ GUERRERO (q.e.p.d.) y JORGE ANDRÉS ORTIZ MENA,
mientras que el obtuvo el tercer lugar en la lista del partido con 1.710
votos y el señor JESÚS HÉCTOR ZAMBRANO JURADO, con 1.678
votos, en el último puesto.
Adujo que se presentaron irregularidades en el diligenciamiento de
los formularios E-11, E-14 y E-24, pues finalmente se le reportó un
total de 1.654 votos, lo que produjo que descendiera al cuarto lugar
de la lista del partido, por debajo del señor JESÚS HÉCTOR
ZAMBRANO JURADO.
Relató que con posterioridad a la declaratoria de elección, se produjo
el fallecimiento del concejal GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ
GUERRERO (Q.E.P.D.), por lo que el señor JESÚS HÉCTOR
ZAMBRANO JURADO ocupó dicha curul, lo que lo llevó a presentar
reclamaciones ante las comisiones escrutadoras.
Manifestó que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral contra los concejales del
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Municipio de Pasto, elegidos para el período constitucional 2024-
2027, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones
que rechazaron su reclamación, al cual le fue asignado el número
único de radicación 2023-00425-00.
Sostuvo que el proceso correspondió por reparto al TRIBUNAL que,
mediante sentencia de 30 de octubre de 2024, denegó las
pretensiones al estimar que ante la falta de datos, no era posible
verificar la confrontación de votos requerida para determinar
irregularidades.
Adujo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por la SECCIÓN QUINTA que,
mediante sentencia de 20 de febrero de 2025, confirmó la decisión
del a quo al considerar que no se cumplió con los requisitos legales
para formular las censuras de la demanda objetiva, por lo que no
había lugar a analizar de fondo el asunto.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas
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incurrieron en defecto fáctico, pues a pesar de reconocer que del
material probatorio aportado al expediente se podían advertir
irregularidades dentro del registro, conteo y decisión sobre los votos
en el marco del proceso electoral, consideraron que no existía mérito
para declarar la nulidad electoral pretendida.
Destacó que las autoridades judiciales accionadas decidieron
invalidar el material probatorio aportado, tras considerar que por no
aportarse una relación aritmética en la que se identificara
directamente a los sufragantes y votos registrados, no se podía tener
claridad sobre la irregularidad, lo cual es una exigencia desmedida.
Afirmó que en las consideraciones hechas en primera instancia se
infirieron hipótesis que justifican las irregularidades puestas de
presente, sin una argumentación oportuna, lo que no resulta válido.
Alegó que también se incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto pues las autoridades judiciales
accionadas omitieron el debate probatorio sin justificación alguna y
realizaron una exigencia desproporcionada sobre la carga probatoria
impuesta, además de que pretermitieron el pronunciamiento sobre
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las excepciones propuestas.
Relató que tanto el TRIBUNAL como la SECCIÓN QUINTA
incurrieron en defecto sustantivo, toda vez que “[…] el empleo
formal y absoluto de las subreglas constitucionales, limita garantías
de manera indebida, especialmente afectado con estas el debido
proceso y en consecuencia del miso la participación ciudadana […]”,
por lo que, a pesar de haber puesto de presente la situación de
irregularidad que se enmarca en una causal objetiva, la decisión
adoptada resultó desproporcionada.
Destaco que se incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial dispuesto por la Corte Constitucional3 en relación
con las excepciones propuestas y la inaplicación de una causal
objetiva de nulidad electoral contenida expresamente en una norma
de carácter legal, tras haber puesto sobre esta la aplicación de una
subregla, lo que desobedece los criterios de legalidad.
Finalmente, sostuvo que las autoridades judiciales accionadas
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Corte Constitucional, sentencias T-909 de 2006 y T-109 de 2019.
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incurrieron en violación directa de la Constitución, especialmente
de los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser
elegido, pues se omitió realizar una interpretación constitucional y
garantista en el asunto y se inaplicó la norma legal prevista, bajo
criterios arbitrarios e injustificados.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] se ORDENE dejar sin efectos las providencias proferidas en
primera instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO, en fecha del (30) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024) y, por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veinte (20) de
febrero de dos mil veinticinco (2025), por medio de las cuales se
negaron las pretensiones de la demanda. Lo anterior, por haberse
encontrado acreditadas en el caso en concreto, las causales
específicas señaladas en la presente solicitud de amparo
constitucional o las que, en el curso del proceso […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia por falta del requisito general de
la relevancia constitucional, comoquiera que lo pretendido por el
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actor es convertir este mecanismo constitucional en una instancia
adicional.
De manera subsidiaria, solicitó que se deniegue el amparo
deprecado, toda vez que en el trámite del proceso se hicieron
efectivas las garantías fundamentales de la parte accionante.
Aseveró que, contrario a lo advertido por el actor, no reconoció la
existencia de irregularidades del proceso electoral, pues se
desestimaron las planteadas en la demanda por cuanto los cargos no
precisaron los datos que la jurisprudencia exige para la debida
determinación de los cargos de falsedad, de tal forma que la supuesta
omisión probatoria que echa de menos el tutelante no obedeció a una
conducta desinteresada o caprichosa del juez, sino a la aplicación de
las reglas procesales que persiguen equilibrar las cargas de las
partes.
Afirmó que no es de tal acierto que se haya incurrido en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida en que las
exigencias jurisprudenciales en materia de determinación de los
cargos no devienen del mero capricho del juez electoral, sino de la
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importancia de salvaguardar el derecho de defensa de los elegidos y
los principios del sistema democrático.
Finalmente, advirtió que tampoco incurrió en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de
la Constitución, comoquiera que la decisión cuestionada se encuentra
debidamente fundamentada en la normativa y las pruebas aportadas
al asunto.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL resaltó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la entidad
competente para satisfacer las pretensiones de la parte actora, por
lo que solicitó su desvinculación del presente trámite.
I.6.2.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
indicó que no tiene competencia funcional para atender lo requerido
por el actor, pues no tiene injerencia en las decisiones que se tomen
en derecho por los jueces y magistrados de la república.
En ese orden de ideas, solicitó que se le desvincule del presente
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trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por
pasiva.
I.6.3.- El señor JORGE ANDRÉS ORTIZ MENA afirmó que no se
advierte violación alguna de los derechos fundamentales invocados,
pues no se cumple con los requisitos genéricos y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, de tal
forma que lo pretendido es crear una tercera instancia dentro del
proceso electoral, con el fin de que se haga un análisis desde lo
jurídico y lo probatorio que coincida con la propuesta jurídica del
actor.
Destacó que no resulta válido afirmar que se realizó una indebida
valoración probatoria, ni que se incurrió en una irregularidad
procesal, pues el actor debió cumplir con los requisitos necesarios
para que prosperara la causal de nulidad invocada, lo cual no sucedió.
Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas acudieron a las
disposiciones legales, constitucionales y jurisprudenciales para
proferir la decisión cuestionada, por lo que el hecho de que el fallo
haya sido desfavorable para los intereses del actor no significa que
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resulte violatorio de sus derechos fundamentales.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL solicitaron su
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desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
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La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Ahora bien, la Sala advierte que teniendo en cuenta que el CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, fueron vinculados dentro del medio de control de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
2023-00425-01, objeto del presente estudio, en calidad de terceros,
les asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la
referencia, razón por la que se denegarán sus solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
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como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
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judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el señor WILLIAM
ORLANDO URBANO VALLEJO pretende que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al trabajo,
a elegir y ser elegido y al principio de contradicción y, en
consecuencia, se dejen sin efecto las providencias de 30 de
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octubre de 2024 y 20 de febrero de 2025, proferidas por el
TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA dentro del medio de control de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
2023-00425-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio,
se incurrió en los defectos fáctico, procedimental por exceso
ritual manifiesto, sustantivo, desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución.
La controversia planteada se contrae en advertir que las autoridades
judiciales accionadas realizaron una exigencia desproporcionada de
la carga probatoria, pues a pesar de que se aportó el material
probatorio que a juicio del actor resultaba suficiente para declarar la
nulidad pretendida, consideraron que no existía mérito para ello, sin
justificación alguna.
En este punto es del caso advertir que, si bien la acción de tutela se
presentó contra el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA, lo cierto es
que la sentencia de 20 de febrero de 2025 confirmó la decisión del a
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quo y fue la que puso fin al proceso, razón por la que la Sala realizará
únicamente el análisis de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados a la sentencia proferida por el ad quem.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
SECCIÓN QUINTA vulneró los derechos deprecados e incurrió en
los defectos alegados, al haber proferido la providencia de 20 de
febrero de 2025, dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 2023-00425-01.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
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expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
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económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto
que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir
una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos
en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que se debió
declarar la nulidad electoral planteada, habida cuenta que se
allegaron los elementos probatorios suficientes que demostraban la
procedencia de los cargos propuestos y las irregularidades en que se
incurrió al reportar el resultado del escrutinio de votos.
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En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las
inconformidades que ahora trae el accionante a esta sede
constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por la
SECCIÓN QUINTA, al realizar un análisis del asunto así:
“[…] Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si se debe revocar o confirmar
la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda.
En ese orden, se debe determinar, en primer lugar, si los
documentos aportados por el demandante, con ocasión de su
respuesta a las excepciones planteadas por la defensa, debieron
valorarse por parte del a quo. En este aspecto, se determinará
si en la etapa del traslado de los medios exceptivos es
procedente agregar documentos o pruebas en procura de
complementar el sustento del libelo.
De prosperar el reparo de la apelación se analizará, con base en
los registros de esos documentos, si se presentaron diferencias
injustificadas que afectaron la aspiración electoral del actor al
concejo municipal. Por el contrario, de no ser procedente la
valoración del material aportado con ocasión del traslado de las
excepciones, se determinará si la demanda cumple el requisito
de determinación de los cargos.
2.4. Caso concreto.
La alzada se circunscribe a cuestionar la falta de valoración
probatoria del material aportado durante el traslado de las
excepciones que propuso el extremo demandado, y el indebido
análisis de la prueba testimonial.
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A su turno, cuestiona la excepción de incumplimiento del
requisito de procedibilidad para acudir ante el juez electoral, y
que el a quo no haya ordenado la realización de un nuevo
escrutinio, pese a que ello fue pretendido en la demanda.
[…]
Acerca de la oportunidad probatoria relacionada con las
excepciones, esta procederá, para el demandado, durante el
término de contestación de la demanda, momento en el que
deberá proponer los medios exceptivos correspondientes y
aportar las pruebas que los acreditan, tal como lo disponen los
numerales 3° y 4° del artículo 175 del CAPACA.
Por su parte, la oportunidad que tiene el extremo demandante
de aportar pruebas para oponerse y desvirtuar las excepciones
está dada durante el traslado previsto en el inciso segundo del
artículo 110 de Código General del Proceso.
[…]
De acuerdo con la providencia bajo cita, el traslado de las
excepciones no constituye una segunda oportunidad para
aportar las pruebas de los hechos de la demanda, sino para
desvirtuar la propuesta exceptiva, por lo que los medios de
convicción que se pueden aportar deben tener consonancia con
estas, so pena de desequilibrar las cargas probatorias en
detrimento del derecho al debido proceso del demandado, quien
solo cuenta con una oportunidad para aportar medios de
convicción en favor de su defensa, a saber, la contestación de la
demanda.
[…]
En tales condiciones, es claro que la etapa procesal para
replantear el libelo y aportar los medios de convicción para el
efecto, feneció, sin que el traslado de las excepciones
constituyera una oportunidad para que el actor procediera en
ese sentido.
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Finalmente, es del caso tener en cuenta que, si bien el tribunal
decretó las pruebas en cuestión, no se debe perder de vista que
el mérito del medio de convicción está condicionado a lo que en
derecho corresponda, entre otros presupuestos, el previsto en el
artículo 164 del Código General del Proceso, en tanto dispone
que «[t]oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso», por lo que la
entrega inoportuna de los archivos referidos por el actor limitaba
la posibilidad de valorarlos, pese a su incorporación al proceso,
a tal punto que no fueron objeto de estudio.
Sobre la base de lo expuesto, la Sala no encuentra reparo en
que el tribunal de primera instancia pasara por alto el material
aportado por el demandante al descorrer el traslado de las
excepciones.
[…]
Como se desprende de lo trascrito, para la debida determinación
del cargo, la parte actora debe ser puntual en el señalamiento
de los registros electorales donde se concretaron las
irregularidades que alteraron el resultado de los comicios, sin
que sea de recibo alegar de manera general e indeterminada
anomalías en la votación y los escrutinios.
La jurisprudencia de esta Sala, de antaño, viene señalando que
el medio de control de nulidad electoral no está concebido para
que se descubran, en su curso procesal, las inconsistencias que
adolece el proceso de votación o de escrutinio, sino para
comprobar tales irregularidades:
[…]
De tiempo atrás, esta sección sostiene que la falta de
determinación implica que el juez deba escudriñar, de manera
oficiosa, los registros afectados, lo cual le está vedado, por
cuanto esa actividad resulta perjudicial para el ejercicio del
derecho a la defensa de los demandados electos: […]
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De ahí que, en materia electoral, no es admisible la formulación
generalizada de irregularidades en las votaciones o escrutinio,
toda vez que la exigencia acerca de precisar los registros
afectados se erige sobre la garantía del derecho de defensa de
los demandados electos y la prohibición del análisis oficioso de
los cargos.
Por consiguiente, la garantía del derecho de defensa y
contradicción, en asuntos objetivos de nulidad electoral, exige la
debida determinación de los cargos desde la presentación de la
demanda «porque cuando se traba la relación jurídico-procesal
mediante la notificación personal del auto admisorio de la
demanda al demandado y la entrega del traslado, las
irregularidades en la votación y los escrutinios ya deben estar
identificadas, a fin de que la parte demandada pueda ejercer
plenamente su defensa, dado que la incertidumbre que envuelve
una demanda formulada en esos términos, solamente vendría a
despejarse al momento de dictar sentencia, cuando se hace la
valoración del material probatorio».
[…]
La Sala observa que el planteamiento no cumplió los requisitos
que ha señalado la jurisprudencia para la debida formulación del
cargo, toda vez que el demandante no hizo precisión de la
votación registrada en el formato de los jurados de la mesa (E-
14), y el registrado para cada opción política en el consolidado
del escrutinio (E-24), como tampoco detalló la diferencia en la
votación que, de existir y no tener justificación, debe
reconocerse o sustraerse según el caso.
[…]
De estas observaciones no se evidencia precisión de las cifras
presuntamente alteradas y las opciones políticas sobre las que
recae la inconsistencia, menos aún si el número enmendado,
tachado, o erróneo se trasladó al formulario E-24, en detrimento
del guarismo correcto. De la misma manera, hizo referencia a
errores aritméticos, sin precisión de los yerros matemáticos ni
las opciones políticas afectadas o beneficiadas con ello.
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No se debe perder de vista que la demanda cuestiona las
diferencias en la votación de otrora tres candidatos, a saber, el
demandante (CR-19), y de los señores Jorge Andrés Ortiz Mena
(CR-10) y Jesús Héctor Zambrano Jurado (CR-4), lo que exigía
precisar los casos en los que las diferencias advertidas
perjudicaron a aquel o favorecieron a estos.
También es necesario tener en cuenta que el planteamiento del
libelo cuestionaba diferencias entre la votación vertida en los
formularios E-14, y las diferencias surgidas al momento de
trasladar las cifras en el consolidado del formato E-24, lo que no
admitía incorporar otras presuntas irregularidades como
tachaduras, enmendaduras o errores aritméticos, por cuanto
estas difieren de la falsedad que configura la causal de nulidad.
[…]
De acuerdo con las precisiones anteriores, el error aritmético,
tachaduras y enmendaduras suponen inconsistencias de las
cifras consignadas en el mismo formulario electoral, por lo que
la incongruencia que pueda presentarse entre los formularios E-
14 y E-24 ya no corresponderá con una causal de reclamación,
sino con la nulidad por diferencias injustificadas.
En gracia de discusión, la demanda no precisó los guarismos
alterados en el mismo formulario, y si estas inconsistencias
trascendieron al formulario E-24 que dieran lugar a que se
configurara una causal de nulidad, por diferencias entre la
votación que en sentir del actor es la correcta y la plasmada en
el consolidado del escrutinio mesa a mesa (E-24), pues, se
reitera, las observaciones son imprecisas e indeterminadas.
[…]
Sobre la base de las consideraciones anteriores, al corroborarse
que la parte actora no cumplió los requisitos legales para
formular las censuras de la demanda objetiva de nulidad
electoral, no había lugar a que el a quo las analizara de fondo,
razón por la que se confirmará la sentencia de primera instancia
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[…]”.
De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia,
además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la
medida en que su solución se deriva de la interpretación que el actor
pretende que se dé a las pruebas, fueron resueltas por la autoridad
judicial accionada en la sentencia cuestionada.
En efecto, en cuanto al reparo del actor según el cual los elementos
materiales probatorios aportados al expediente eran suficientes y
que la autoridad judicial accionada realizó exigencias desmedidas, se
destaca que tal aspecto fue ampliamente motivado por la autoridad
judicial accionada en cuanto a la debida determinación del cargo que
se pretende, de tal forma que no le era válido alegar de manera
general e indeterminada anomalías en la votación y los escrutinios,
sin concretar las irregularidades que supuestamente alteraron el
resultado de los comicios, de tal forma que lo que se advierte es
convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional
del proceso ordinario.
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Significa lo precedente que lo pretendido por el actor es que el juez
de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia, con la finalidad de que se haga una corrección
al análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la
interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo fuera
una instancia o recurso adicional a los previstos en el trámite
ordinario.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas, las normas y la
jurisprudencia prevista para el caso, en el cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter
de un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y
de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
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debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por carecer del requisito de la
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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