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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03409-01

Fecha
10 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03409-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera que declaró improcedente la tutela respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho y negó el amparo de los derechos fundamentales del Sindicato Nacional de Comisarías de Familia – SINACOF frente al Consejo Superior de la Judicatura. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-03409-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

10 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03409-01
Demandante: Sindicato Nacional de Comisarias de Familia - Sinacof
Demandado: Ministerio de Justicia y del Derecho y otro

Temas: Tutela para buscar el amparo del derecho fundamental a la
asociación sindical / Proceso de negociación entre los sindicatos
de la Rama Judicial del cual fue excluida la parte demandante
Decisión: Confirmar la decisión del a quo que negó el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación formulada por el Sindicato Nacional de Comisarías
de Familia - SINACOF en contra de la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025
por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual se decidió la solicitud
de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. El sindicato Nacional de Comisarías de Familia - SINACOF promovió solicitud de
tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y a la asociación sindical, los cuales considera vulnerados por el
Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura por no
iniciar el proceso de negociación singular 2025 y por excluirlos de la mesa singular
de negociación entre los sindicatos de la Rama Judicial, respectivamente.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Pese a que reconoce que ese sindicato no hace parte de la Rama Judicial,
radicó pliego de peticiones ante el Consejo Superior de la Judicatura, en razón a las
funciones jurisdiccionales de las Comisarías de Familia establecidas en la Ley 2126
de 20211, con el fin de negociar asuntos que pueden ser atendidos por dicha
entidad.

2.2. En razón a que las organizaciones sindicales ASONAL JUDICIAL, ASONAL
JUDICIAL S.I., SINTRADESAJ, ASOJUSUR y SINACOF, radicaron diferentes
pliegos de peticiones, el Consejo Superior de la Judicatura solicitó la unificación de

1 Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se

establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: SINACOF

pliego de solicitudes en virtud del Decreto 243 de 2025 y mediante Oficio PCSJO25-
338 de 23 de abril de 2025 fueron convocados para la instalación de la mesa de
negociación.

2.3. El 28 de abril de 2025, se instaló la mesa de negociación, en la cual se
estableció que el Ministerio de Justicia y del Derecho era el ente rector de las
Comisarías de Familia, y en ese orden, el pliego de peticiones fue remitido a la
entidad.

2.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho emitió el comunicado del 7 de abril de
2025 con el que transgredió el derecho de la organización sindical a la negociación
al señalar que no tenía empleados públicos afiliados a la cartera ministerial y que
las solicitudes fijadas en el pliego no contenían asuntos relacionados con aquella.

2.5. La respuesta negativa de la cartera ministerial mencionada vulneró sus
derechos fundamentales, en especial el de negociación y de igualdad, toda vez que
al ser la entidad que reglamenta el funcionamiento de las comisarías de Familia, es
lógico que se entablara un dialogo. Por su parte, el Consejo Superior de la
Judicatura admitió el pliego, ordenó su unificación con otras organizaciones, instaló
mesa de negociación y luego rompió unilateralmente el proceso, vulnerando los
Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó2:

«[…] PRIMERO: Que con URGENCIA EXTREMA para garantizar los Derechos
fundamentales de nuestra organización y de nuestros afiliados/as de igualdad, Debido
proceso, asociación, negociación; se dicten medidas provisionales y urgentes que
impidan que se continúe avanzando, si es del caso declarando la nulidad de lo actuado
hasta que se nos incorpore en legal forma, evitando que se agote el término de
negociación sin la posibilidad de garantizar nuestra participación o que nuestros puntos
no sean discutidos siendo esenciales y sin discriminación, con plenas garantías
conforme la radicación de pliegos, la vigencia de la ley y el precedente Constitucional
que consagra el derecho de negociación colectiva de la que de todas las organizaciones
sindicales en igualdad de condiciones con inaplicación por control de constitucionalidad
de las disposiciones contendías en el Decreto 243 de 2024 proferido por el Min trabajo
sobre asuntos ya resueltos por la Corte Constitucional sin desmedro de los sindicatos
minoritarios y la partición de un negociador al menos.

SEGUNDO: Ordenar Al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia y
Del Derecho la plena vinculación de nuestra organización al proceso negocial de acuerdo
colectivo para el año 2025, para que podamos actuar y conforme las leyes preexistentes
al momento del acto de modo que sin perturbar el ejercicio de los derechos
fundamentales colectivos de la organización e individuales de los asociados a ella y de
sus expectativas legítimas de entrabar un diálogo profundo, respetuoso, fraterno, claro,
técnico y muy constructivo podamos mejorar un servicio que la sociedad requiere en

2 El despacho sustanciador del asunto en primera instancia profirió auto del 26 de noviembre de 2024

con el que inadmitió la demanda para que la parte demandante precisaran y concretaran las
pretensiones de amparo formuladas y la autoridad a la cual se le atribuían, razón por la cual se allegó
escrito de subsanación, de tal manera aquellos se sintetizan en este acápite.

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Demandante: SINACOF

forma esencial con la mejora de las garantías esenciales de los obreros/as que lo sirven,
esto es de las fuerzas Comisariales, que redundarán en la garantía de los derechos de
los ciudadanos que acceden a la justicia familiar de Protección en El País.

TERCERO: Que se ordene al Consejo Superior De la Judicatura la reincorporación y al
Ministerio de Justicia y del Derecho incorporarnos con EXTREMA URGENCIA al proceso
de diálogo social en negociación colectiva en la etapa de arreglo directo o si ha avanzado
en perjuicio de nuestra posibilidad legítima de participar se retrotraigan las etapas para
poderlo hacer en el mejor modo posible.

CUARTO: Que se ordene a Al Ministerio De Justicia Y Del Derecho como agente del
Estado Colombiano, cumpla la garantía de los derechos Constitucionales como sujetos
de especial protección y del principal derecho a la negociación en que su postura y su
conducta jamás puede generar o conllevar barreras u obstáculos para avanzar en el
diálogo social constructivo y fraterno y se evite un perjuicio irremediable de impedir el
acuerdo que conlleve la reparación a cargo del Estado Colombiano por la grave violación
de derechos Constitucionales y legales

QUINTO: Las demás que con urgencia se consideren necesario bajo las
determinaciones de iura novit curia que posibiliten el diálogo social ya sea que se reinicie
la etapa y podamos participar, que los términos de negociación no se cuenten para esta
organización hasta tanto no se agote todos y cada uno de los puntos del pliego
presentado que como puede leerse no implica ninguna exigencia desproporcionada, ni
siquiera de prerrogativas individuales sino todas colectivas que de producirse pueden
tener consecuencias muy positivas para el servicio y la gestión jurisdiccional de los
despachos Comisariales.

SEXTO: Que se vincule al Ministerio del Trabajo, con el fin de que intervenga en el caso
que nos ocupa, siendo legítimo la negociación que se ha incoado con el ente rector de
las Comisarías de Familia y que se pronuncia alrededor de la vulneración de derechos
fundamentales a nuestra organización, violados de manera flagrante por el Consejo
Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y del derecho. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Consejo Superior de la Judicatura3 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto no hay nexo causal entre los hechos y
la vulneración alegada, sin embargo, señaló:

4.1. El 22 de marzo de 2025 el Sindicato Nacional de Comisarías de Familia
SINACOF radicó pliego de solicitudes con el fin de participar en la mesa de
negociación singular entre los sindicatos de la Rama Judicial, el Consejo Superior
de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; sin embargo,
mediante oficio PCSJO25-288 de 2 de abril de 2025 se requirió a las organizaciones
sindicales para que unificaran los pliegos de solicitudes.

4.2. El 21 de abril de 2025 las organizaciones sindicales ASONAL JUDICIAL,
ASONAL JUDICIAL S.I., SINTRADESAJ, ASOJUSUR y SINACOF, radicaron
unificación del pliego de solicitudes en virtud del Decreto 243 de 2025 y mediante
oficio PCSJO25-338 de 23 de abril de 2025 se convocó a la instalación de la mesa
singular.

3 Ver índice 17 de Samai.

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Demandante: SINACOF

4.3. El 28 de abril de 2025, se instaló mesa de negociación singular en donde se
advirtió que el Sindicato SINACOF no pertenece a la Rama Judicial, motivo por el
cual no podría comparecer a la mesa singular en razón a que el Consejo Superior
no es empleador de este.

4.4. Mediante oficio de 29 de abril de 2025 se remitió el pliego de solicitudes
presentado por SINACOF ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, para el
respectivo estudio.

5. El Ministerio de Justicia y del Derecho4 solicitó declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva y proceder con la desvinculación del trámite constitucional,
en la medida en que no vulneró derecho fundamental alguno de los demandantes,
para lo cual indicó:

5.1. Informó que, mediante radicado MJD-EXT25-0019806 de 28 de marzo de 2025,
se recibió el pliego de peticiones por parte del Sindicato Nacional de Comisarías de
Familia SINACOF y mediante radicado MJD-OFI25-0014640 de 7 de abril de 2025
se le solicitó a la organización sindical, informara los municipios y distritos a los
cuales pertenecen sus afiliados a fin de trasladar el pliego de solicitudes.

5.2. La parte demandante remitió copia del oficio MJD-EXT25-0030662 de 15 de
mayo de 2025 mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura trasladó la
solicitud de pliego de peticiones. Sin embargo, mediante radicado MJD-OFI25-
0022284 de 20 de mayo de 2025 informó al demandante que no es posible tener en
cuenta las solicitudes trasladadas, pues como se indicó en el oficio remitido
mediante consecutivo MJD-OFI25-0014640 del 7 de abril de 2025, las comisarías
de familia no son entidades adscritas a esa cartera ministerial.

5.3. El Juzgado 59 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, le
notificó el auto admisorio de 11 de abril de 2025 dentro de la solicitud de tutela
11001-31-09-059-2025-00066-00, con las mismas pretensiones aquí solicitadas.

6. El Ministerio del Trabajo5 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, en la medida en que no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte demandante.

7. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio6.

4 Ver índice 14 de Samai.
5 Ver índice 15 de Samai.
6 Mediante auto del 9 de julio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera admitió la tutela de la

referencia, dispuso la vinculación de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial
Colombiano y Afines - ASONAL JUDICIAL S.I., a la Asociación Nacional de Empleados y
Funcionarios de la Rama Judicial - ASONAL JUDICIAL, a la Asociación de Servidores Judiciales del
Sur -ASOJUSUR S.I. y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Rama Judicial, Direcciones
Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial – SINTRADESAJ.

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Demandante: SINACOF

1.3 Sentencia de primera instancia7

9. El Consejo de Estado, Sección Primera profirió la sentencia del 21 de agosto de
2025 declaró improcedente la solicitud de tutela respecto al Ministerio de Justicia y
del Derecho, en la medida en que, de manera previa, ya se presentó una solicitud
de tutela con idéntico sustento fáctico y jurídico; y, por su parte, negó las
pretensiones en cuanto al Consejo Superior de la Judicatura.

1.4. Escrito de impugnación8

10. SINACOF impugnó la sentencia de primera instancia para solicitar que se
revoque el fallo de primera instancia con sustento en el artículo 55 de la Constitución
Política que impone al Estado el deber de promover la concertación y solución
pacífica de los conflictos laborales, en la medida en que aquel desconoció los 2
ámbitos distintos de negociación colectiva previstos en el Decreto 243 de 2024: i)
uno entre el Ministerio de Justicia y las comisarías de familia, como ente rector del
sistema; y ii) otro con el Consejo Superior de la Judicatura, en el ámbito sectorial
judicial, relativo a condiciones de empleo de quienes ejercen funciones judiciales en
las comisarías.

10.1. No existe temeridad, ya que las negociaciones son diferentes y se efectuaron
de buena fe, además que el Consejo Superior de la Judicatura admitió el pliego,
ordenó su unificación con otras organizaciones, instaló mesa de negociación y luego
rompió unilateralmente el proceso, vulnerando los Convenios 87 y 98 de la OIT
sobre libertad sindical y negociación colectiva.

2. Consideraciones

11. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema
jurídico: iii) marco conceptual – derecho de asociación sindical y negociación
colectiva; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por
el Consejo de Estado, Sección Primera.

7 Ver índice 24 de Samai.
8 Ver índice 29 de Samai.
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03409-01
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2.2. Problemas jurídicos

13. La Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela es procedente para buscar el
amparo del derecho a la negociación sindical en condiciones de igualdad?

13.1. Asimismo, ¿si en el presente asunto se configura cosa juzgada, en razón a la
solicitud de amparo presentada en oportunidad anterior bajo similar fundamento
fáctico, objeto y pretensiones, identificada con el radicado
11001310905920250006600/01?

13.2. ¿el Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales
invocados por SINACOF al no vincularlo al proceso de negociación colectiva
correspondiente al año 2025?

2.3. Procedencia de la solicitud tutela

14. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

15. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

16. Por lo anterior, considera la Sala que la solicitud de tutela es procedente,
comoquiera que la negativa del Consejo Superior de la Judicatura a incluir al
sindicato aquí demandante en el proceso de negociación colectiva podría vulnerar
los derechos laborales de sus afiliados, quienes pretenden obtener acuerdos que
logren mejorar sus condiciones laborales.

2.3.1. Derecho fundamental a la libertad sindical

17. Al respecto, es pertinente destacar el artículo 38 de la Constitución Política, en
el que se reconoce el derecho de las personas a la libre asociación para el desarrollo
de diferentes actividades, el cual guarda estrecha relación con el articulo 39 ibidem,

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Demandante: SINACOF

que se centra en los trabajadores y empleadores, además del derecho a constituir
sindicatos o asociaciones. Dice la norma:

ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con
la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y
gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial.”

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias
para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

18. Este derecho asimismo fue reconocido en diferentes instrumentos
internacionales como, en: i) el artículo 23.4 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, ii) artículo 22 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos; iii) artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, iv) artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos
Humanos, -San José de Costa Rica de 1969, v) artículo 11 de la Convención
Europea de Derechos Humanos y, vi) el Convenio 87 de la Organización
Internacional del Trabajo, el cual trata exclusivamente el derecho a la libertad
sindical. Al respecto, la Corte Constitucional11 señaló que:

«[…] En el derecho de asociación sindical se encuentra intrínseco el derecho de libertad
sindical, como base fundamental para el cumplimiento de sus fines. Esto en atención a
que si una organización sindical, así como sus respectivos miembros, no son libres, no
podrán cumplir sus cometidos ni propender por la reivindicación de sus derechos
laborales.

Dentro del derecho de asociación sindical la jurisprudencia ha identificado tres
dimensiones, las cuales a su vez entrañan una expresión de libertad: 12

(i). Dimensión individual: Consiste en la posibilidad que tiene cada persona de decidir si
se afilia, si se retira o si permanece dentro de la organización, sin injerencia alguna o
presiones externas, ni por parte del empleador ni incluso del mismo sindicato.
(ii). Dimensión colectiva: En virtud de la cual los trabajadores organizados, pueden
autogobernarse y decidir de manera independiente el destino de su organización sin
admitir injerencia externa, especialmente del empleador.
(iii). Dimensión instrumental. Según la cual el derecho de asociación es el medio para
que los trabajadores puedan lograr la consecución de algunos fines, especialmente el
mejoramiento de sus condiciones laborales. Ello por cuanto, de acuerdo con el artículo
13 del Código Sustantivo, las normas de la legislación laboral tan solo constituyen un
mínimo de garantías que bien pueden ser mejoradas mediante la negociación colectiva.

Dentro de la dimensión instrumental la jurisprudencia le ha dado gran importancia a la
actividad de negociación colectiva; sin embargo, no sobra recordar que la función de los
sindicatos no se agota allí. Existen otras actividades atribuidas por ley a los sindicatos

11
T-619 de 2013.
12 Ver, entre otras: Sentencia T -701 de 2003.

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dentro de las cuales se destacan: (i) el deber de “estudiar las características de la
respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de protección o
de prevención de accidentes y demás condiciones de trabajo referentes a sus asociados
para procurar su mejoramiento y defensa”13; (ii)“propulsar el acercamiento de patronos
y trabajadores sobre las bases de justicia, mutuo respeto y de subordinación a la ley”14,
(iii)“asesorar a sus asociados en la defensa de los derechos y representarlos ante las
autoridades administrativas, ante los patronos y ante terceros”15, (iv) “promover la
educación técnica y general de sus miembros”16; entre otras. […]».

19. A su vez, el artículo 354 del Código Sustantivo de Trabajo frente a la protección
del derecho de asociación, definió ciertas circunstancias que pueden atentar contra
aquel, de tal manera señaló la norma:

«[…] 1. En los términos del artículo 292 del Código Penal queda prohibido a toda persona
atentar contra el derecho de asociación sindical.
2. Toda persona que atente en cualquier forma contra el derecho de asociación sindical
será castigada cada vez con una multa equivalente al monto de cinco (5) a cien (100)
veces el salario mínimo mensual más alto vigente, que le será impuesta por el respectivo
funcionario administrativo del trabajo. Sin perjuicio de las sanciones penales a que haya
lugar.
Considéranse como actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical, por parte
del empleador:
a). Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las
protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa circunstancia
la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios;
b) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en
razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales;
c). Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren presentado sus
peticiones de acuerdo con los procedimientos legales;
d). Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal
sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el ejercicio del derecho de asociación,
y
e). Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado,
testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar
la violación de esta norma. […]».

2.3.2. Derecho a la negociación colectiva.

20. La garantía de negociación colectiva es un derecho colectivo que se elevó al
rango constitucional de acuerdo a lo sostenido por la Corte Constitucional y aquel
se encuentra consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política de la siguiente
manera:

«[…] Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones
laborales, con las excepciones que señale la ley.

Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución
pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. […]».

13 Código Sustantivo de Trabajo, artículo 373, numeral 1.
14 Ibidem, numeral 2.
15 Ibidem, numeral 4.
16 Ibidem, numeral 6.

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21. Así, en desarrollo de lo anterior, en Sentencia C-009 de 1994, la Corte
Constitucional sostuvo:

«[…] El derecho colectivo de trabajo se presenta en el ámbito constitucional, como el
derecho regulador de una esfera de libertad en cabeza de los patronos y los
trabajadores, originada especialmente en el reconocimiento constitucional de los
derechos al trabajo, a la asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga,
para que unos y otros, en forma organizada, contribuyan a la solución pacífica de los
conflictos laborales, y promuevan y realicen la defensa de los derechos e intereses que
le son comunes, según la particular situación que ocupan en la empresa, y las relaciones
que surgen de sus condiciones de dadores o prestadores de trabajo. […]».

22. En el ámbito internacional, se fijó el alcance de este derecho, a través del
Convenio 154 de la OIT sobre el fomento de la negociación colectiva, el cual fue
incorporado a la legislación colombiana por medio de la Ley 524 de 1999 que en su
artículo 2° dispuso: «[…] todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador,
un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por
una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin
de: fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y
trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una
organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez
[…]».

23. Sin embargo, debe precisarse que la jurisprudencia constitucional indicó que el
derecho a la negociación colectiva no es absoluto, pues aquél puede ser limitado
por las excepciones que establece la Ley, de tal forma que para su ejercicio deben
cumplirse unas formalidades y requisitos establecidos por el legislador. Al respecto,
el Máximo Tribunal Constitucional sostuvo17:

«[…] En ese orden de ideas, se dispuso también en esta providencia que si bien el
derecho de negociación colectiva se puede limitar en ciertos contextos tal limitación no
puede ser absoluta porque se transgrediría una prerrogativa fundamental en el Estado
Social de Derecho. Entonces conforme al artículo 55 de la Constitución que regula este
derecho, se puede decir que “… la Corte ha precisado que dicha expresión no significa
que cualquier limitación de carácter legal sea constitucionalmente válida y aceptable, ya
que se requiere que dicha limitación no afecte el núcleo esencial del derecho de
negociación y adicionalmente tiene que ser razonable y proporcional.” […]».

24. En ese orden de ideas, el Decreto 243 del 29 de febrero de 2024, «medidas
adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y
utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y
las organizaciones de empleados públicos», estableció en el parágrafo 5.° del artículo
2.2.2.4.9., lo siguiente:

[…] PARÁGRAFO 5. En caso de existir pliego presentado ante autoridad no competente
para negociar, la entidad receptora del mismo, de manera inmediata, correrá traslado a
la entidad competente, la cual deberá convocar a las organizaciones a instalar la mesa
de negociación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del mismo.
[…]

17 Sentencia C-741 de 2013 de la Corte Constitucional.

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Demandante: SINACOF

25. En vista de la normativa aplicable, se entiende que una o varias organizaciones
sindicales de empleados públicos tienen el derecho de negociar con su empleador
-entidad o autoridad pública-, las condiciones de empleo y regular las relaciones de
esta naturaleza susceptibles de negociación y concertación de conformidad con lo
señalado en el mencionado decreto, por las cuales se van a regir durante la relación
laboral.

26. Así, se estableció que, en caso de existir varias organizaciones sindicales, estas
debían ejercer actos previos de coordinación para la integración de solicitudes, con
el fin de concurrir en unidad de pliego y de integración de las comisiones
negociadoras y asesoras, quienes serán elegidos en la Asamblea Estatutaria donde
también definen el pliego de solicitudes que se presentará en un lapso no superior
a 2 meses a la realización de aquella.

27. En lo referente a la relación intrínseca entre el derecho de asociación sindical y
negociación colectiva, la Corte Constitucional, sostuvo18:

«[…] son estrechas las relaciones entre los derechos de asociación sindical y de
negociación colectiva, pues como ya lo ha considerado la Corte, el derecho de
negociación colectiva es consustancial al derecho de asociación sindical, en cuanto le
permite a la organización sindical cumplir la misión que le es propia de representar y
defender los intereses económicos comunes de sus afiliados y hacer posible, real y
efectivo el derecho de igualdad, si se tiene en cuenta que dicha organización, por su
peso específico, queda colocada en un plano de igualdad frente al empleador.

Si bien existe una clara relación entre los citados derechos, de todas maneras cada uno
tiene su propia entidad separada. Así, el derecho de asociación sindical persigue
asegurar la libertad sindical, mientras que el de negociación colectiva se constituye en
un mecanismo para regular las relaciones laborales; además, mientras el derecho de
asociación sindical es de naturaleza fundamental, el de negociación colectiva prima
facie no tiene este carácter, aunque puede adquirirlo cuando su vulneración implica la
amenaza del derecho al trabajo o el de asociación sindical. […]».

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Cosa juzgada respecto a la pretensión relacionada con el Ministerio de
Justicia y del Derecho

28. La solicitud de tutela [al constituirse en un mecanismo efectivo de defensa
judicial de los derechos constitucionales] cuenta con un procedimiento -que si bien
es sumario- garantiza el desarrollo de una actividad dotada de todas las
posibilidades de defensa para los involucrados, cuyo conocimiento llega en todos
los casos a la Corte Constitucional, a quien se le confió la guarda y supremacía de
la norma fundamental y ante quien opera un proceso de selección cuya decisión, en
todo caso, le imprime a las providencias de las instancias fuerza de cosa juzgada
constitucional.

18 T-251 de 2010 de la Corte Constitucional.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03409-01
Demandante: SINACOF

29. En este sentido, entonces, el uso de la solicitud de tutela debe ser racionalizado
y atender al hecho de que, una vez resuelto el caso por un juez constitucional, éste
no puede ser puesto en conocimiento, bajo supuestos similares y con idénticas
pretensiones y partes, ante otra autoridad, pues ello implicaría un quebrantamiento
del principio de la cosa juzgada constitucional. Bajo esta óptica, entonces, el artículo
38 del Decreto 2591 de 1992 establece:

«[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los
mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional,
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar […]»

30. Sin embargo, no es suficiente presentar una solicitud de amparo más de dos
veces ante los jueces constitucionales para que se configure la actuación temeraria,
ya que deben concurrir una serie de requisitos establecidos por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional19, de la siguiente manera:

«[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces,
con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es
indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de
tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo
sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través
de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus
representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el
ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que
le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la
satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un
caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud
de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente
dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que
permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción […]». (Subrayado
fuera del texto).

31. De lo expuesto, se concluye que los jueces de tutela deben verificar
cuidadosamente los citados requisitos partiendo de la presunción de buena fe del
demandante, pues no es suficiente con el cumplimiento formal de los mismos, sino
que se hace necesario examinar las razones por las cuales se interponen las
demandas y evaluar si los motivos están plenamente justificados y, de esta manera,
determinar la existencia de una actuación temeraria.

32. Así pues, pese a que esta solicitud de tutela, en principio, estaba dirigida contra
el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura, las
pretensiones del escrito inicial se analizarán solo respecto a la segunda de las
autoridades mencionadas, en la medida en que, tal como se evidenció en primera
instancia, la parte demandante ya promovió el proceso de tutela con radicado

19
Sentencia T-199 de 2011.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03409-01
Demandante: SINACOF

1100131090592025000601 con identidad de partes20 y causa petendi del cual
conoce el Juzgado 59 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá.

33. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que en el recurso de impugnación la
parte demandante solo insistió en que no existe temeridad respecto a las
actuaciones efectuadas por el Consejo Superior de la Judicatura y a las cuales
atribuye la vulneración alegada.

2.4.2. De las pretensiones relacionadas con el Consejo Superior de la
Judicatura

34. Vista la normatividad y jurisprudencia aplicables, es pertinente recordar que la
parte demandante solicitó ordenar al Consejo Superior de la Judicatura vincular a
SINACOF al proceso de negociación colectiva correspondiente al año 2025.

35. De tal manera, se observa que SINACOF radicó pliego de peticiones ante el
Consejo Superior de la Judicatura, aun cuando reconoce que no hacen parte de la
Rama Judicial, con el argumento de que, en virtud de las funciones jurisdiccionales
asignadas a las Comisarías de Familia por la Ley 2126 de 2021, se encuentran
habilitadas para negociar ciertos asuntos que podrían ser atendidos por la referida
autoridad.

36. No obstante, en la mesa de negociación colectiva celebrada el 28 de abril de
2025 se determinó que el Ministerio de Justicia y del Derecho es el ente rector de
las Comisarías de Familia, en consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura
remitió el pliego de peticiones a esa entidad.

37. Así pues, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio MJD-OFI25-
0014640-GGH-40000 de 7 de abril de 2025, solicitó a la parte demandante que
informara los municipios y distritos a los cuales pertenecen los afiliados al
SINACOF, con el objeto de dar traslado al pliego de solicitudes presentado.

38. Revisadas las actuaciones pertinentes, se observa que el Consejo Superior de
la Judicatura actuó conforme a derecho al remitir el pliego de peticiones al Ministerio
de Justicia y del Derecho por considerar que es la autoridad competente, la cual, a
su vez, requirió a SINACOF para que precisara los municipios y distritos a los que
pertenecen sus afiliados, con el fin de remitirlo a las autoridades territoriales
competentes, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 5.° del artículo
2.2.2.4.9 del Decreto 243 de 29 de febrero de 2024.

39. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que la Ley 2126 de 202121, en su
artículo 31, estableció que: «El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus

20 En tanto aquella está dirigida contra el Ministerio de Justicia y del Derecho.
21 Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia, se

establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03409-01
Demandante: SINACOF

veces en la Rama Ejecutiva, será el ente rector de las Comisarías de Familia y el
responsable de construir los lineamientos técnicos para el desarrollo de sus actividades».

3. Conclusión

40. En este orden de ideas, en concordancia con lo expuesto por el juez de primera
instancia, no se evidencia vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la parte demandante, motivo por el cual se confirmará la decisión de negar las
pretensiones de la solicitud de tutela respecto del Consejo Superior de la Judicatura.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025 por el Consejo
de Estado, Sección Primera que declaró improcedente la tutela respecto del
Ministerio de Justicia y del Derecho y negó el amparo de los derechos
fundamentales del Sindicato Nacional de Comisarías de Familia – SINACOF frente
al Consejo Superior de la Judicatura.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
En permiso

JVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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