Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03422-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03422-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03422-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03422-00
Demandante: Zoraida Hernández Pedraza
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Procedencia excepcional de la
solicitud de tutela contra providencia que decide sobre incidente
de desacato / Subsidiariedad
Decisión: Declarar improcedente la solicitud de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Zoraida Hernández Pedraza, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Zoraida Hernández Pedraza promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al «debido proceso, acceso a la administración
de justicia, a la tutela judicial efectiva, buen nombre libertad y patrimonio» (sic), los cuales
consideró vulnerados con ocasión de las providencias proferidas por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y el Tribunal
Administrativo del Magdalena, en el trámite de desacato adelantado en el expediente
constitucional identificado con el radicado 47001333300720240032700/02.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. María Idalides Morales Rodríguez fue reconocida como destinataria de la
medida de reparación judicial en sentencia emitida en contra del Bloque Resistencia
Tayrona y otros por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de
Justicia y Paz, en el proceso identificado con radicado 080012252002201380003.
Quien falleció sin reclamar el pago.
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03422-00
Demandante: Zoraida Hernández Pedraza
2.2. Adela María, Omar Alfredo, Juvenal de Jesús, Efigenia Esther, Miguel Enrique
y Mónica Patricia Uribe Morales presentaron solicitud ante la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas2 con el fin de obtener información sobre el
procedimiento aplicable para acceder al pago de los recursos, al estimarse
beneficiarios de la medida.
2.3. Con Oficio 2024-0839080-1 del 10 de mayo de 2024, la UARIV les informó
que, en calidad de herederos de la causante, debían adelantar el trámite de sucesión
con el fin de determinar los porcentajes de adjudicación, y les aclaró que la escritura
pública debía reflejar los valores reconocidos a la causante en la resolución de pago,
y no el monto total señalado en la sentencia. Instrucciones que fueron desatendidas.
2.4. En respuesta a la solicitud de pago elevada por los hijos de la causante, se les
indicó que, aunque se había recibido la escritura pública de sucesión, no era posible
efectuar el desembolso total de los valores reconocidos en la sentencia judicial, ya
que la entidad no contaba con la totalidad de los recursos. Por tal razón, se requirió
una aclaración del documento, con inclusión del monto que correspondería a cada
heredero con base en los pagos parciales disponibles. Situación que conllevó a que
estos presentaran solicitud de tutela contra la entidad.
2.5. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, en
sentencia del 11 de diciembre de 2024 tuteló el derecho al debido proceso y ordenó
a la entidad demandada aceptar la Escritura Pública 2087 de 26 de septiembre de
2024, y continuar con el trámite administrativo pertinente, sin exigir requisitos
adicionales respecto de la citada sucesión. En contra de esta decisión interpuso
recurso de apelación.
2.6. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 11 de febrero de
2025 confirmó la decisión del a quo, al considerar que no se podía condicionar el
derecho de los herederos a recibir la totalidad del monto ordenado en la sentencia al
valor que tuviera disponible la entidad.
2.7. Los herederos presentaron incidente de desacato al considerar incumplida la
orden de tutela, respecto de lo cual, el juzgado de instancia en providencia del 17 de
marzo de 2025 la sancionó, en calidad de coordinadora del fondo para la reparación
de víctimas de la UARIV, con arresto de 3 días conmutable con multa de 3 SMLMV.
2.8. El Tribunal Administrativo del Magdalena, al resolver el grado jurisdiccional de
consulta, en providencia del 31 de marzo de 2025 confirmó la sanción de multa y
revocó la de arresto.
2.9. La UARIV solicitó la inaplicación de la sanción y señaló que, aunque tuvo en
cuenta la Escritura Pública 2087 de septiembre de 2024, esta debía ser corregida con
2 En adelante UARIV.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03422-00
Demandante: Zoraida Hernández Pedraza
la inclusión de los valores establecidos en la Resolución de pago 4352 del 27 de
noviembre de 2024.
2.10. Ante una nueva solicitud de desacato elevada por los herederos, el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, en providencia del 22 de
mayo de 2025 la sancionó por segunda vez con arresto domiciliario de 5 días
conmutable con multa de 5 SMLMV, y ordenó remitir el proceso a la Procuraduría
General de la Nación para lo de su competencia.
2.11. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales al incurrir en defecto fáctico por indebida valoración de los escritos
informes presentados por la entidad y la decisión que resolvió el reconocimiento de
la medida de reparación judicial parcial, los cuales demostraban la imposibilidad de
pagar la totalidad de los recursos reconocidos. No obstante, sin justificación suficiente
se dio por acreditado un incumplimiento injustificado, a pesar de que existía un
procedimiento establecido para la entrega de la reparación judicial a las víctimas en
el marco de la Ley de Justicia y Paz, bajo condiciones de igualdad.
2.12. En decisión sin motivación ya que lo pretendido era improcedente ante la
existencia del procedimiento administrativo que reglamentó la ejecución presupuestal
de recursos públicos.
2.13. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional3
configurado cuando el tribunal demandado determinó el alcance de un derecho
fundamental y, pese a ello, el juez de instancia constitucional resolvió el caso
apartándose de la interpretación que ya se había establecido sobre la materia.
2.14. En violación directa de la Constitución Política al afectar los principios
constitucionales al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima
en el sistema judicial y buena fe por desconocer el procedimiento de pago de las
sentencias de justicia y paz, y la imposibilidad de la cancelación total.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de buen nombre, al patrimonio,
al acceso a la administración de justicia, libertad y al debido proceso de la suscrita
accionante, y en consecuencia, se ordene al JUZGADO 07 ADMINISTRATIVO DE SANTA
MARTA - MAGDALENA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUI MAGDALENA, dejar
sin efectos las providencias fechadas el 17 de marzo de 2025 y 22 de mayo de 2025,
proferidas por el JUZGADO 07 ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA - MAGDALENA, y
en su lugar se efectúe la modulación de la orden contenida en el fallo de tutela.
SEGUNDO: Modulado el fallo de tutela, se ordene al JUZGADO 07 ADMINISTRATIVO
DE SANTA MARTA - MAGDALENA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUI
MAGDALENA, dejar sin efectos las providencias fechadas 17 de marzo de 2025 y 22 de
3 Al respecto citó las sentencias T-1092 de 2007 y T-656 de 2011.
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Demandante: Zoraida Hernández Pedraza
mayo de 2025, mediante las cuales decidió sancionar a la suscrita con multas y arresto,
en cumplimiento de la Sentencia SU- 034 de 2018 en la medida que no hay posibilidad de
desembolsar los recursos con base en la Escritura pública de sucesión ya que en la
actualidad no se cuenta con los recursos para efectuar el pago completo, lo que implica
que los herederos de la destinataria, deberán aportar una aclaración de la escritura para
acceder a los pagos parciales de los recursos conforme se vayan reconociendo, en
igualdad de condiciones que las demás víctimas que han adelantado el mismo
procedimiento.
TERCERO: DECLARAR la inexistencia de responsabilidad subjetiva en el trámite
incidental de desacato y en la falta de cumplimiento de la orden judicial.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO 07 ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA -
MAGDALENA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUI MAGDALENA, que
comuniquen a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción pecuniaria y de
arresto, dada la falta de responsabilidad subjetiva en el cumplimiento de la orden judicial.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO 07 ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA -
MAGDALENA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUI MAGDALENA, a que acaten
y apliquen los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de
las sanciones, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo del Magdalena4 luego de hacer un recuento de
las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del expediente
constitucional, solicitó que se negara lo pretendido ante la inexistencia de vulneración
a los derechos fundamentales alegados por la demandante, comoquiera que en la
decisión se verificó el factores objetivo, relacionado con la inobservancia del fallo de
tutela, y el subjetivo, esto es, la oposición arbitraria y caprichosa al cumplimiento de
la orden judicial.
4.1. Así mismo, se evidenció que la intensión de la demandante fue convertir la
tutela en una tercera instancia bajo argumentos de inconformidad con las órdenes
contenidas en la sentencia de amparo, y con la decisión de la consulta de la sanción
impuesta por causa del incumplimiento de aquella.
5. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta 5
si bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de
amparo.
6. Omar Alfredo, Adela María, Juvenal de Jesús, Efigenia Esther, Miguel
Enrique y Mónica Patricia Uribe Morales6 solicitaron que se mantuviera la sanción
impuesta a la demandante por la vulneración de sus derechos y garantías
4 Ver índice 8 de Samai. Archivo denominado
«9RECIBEMEMORIAL_202503422ZORAIDAHERN(.pdf) NroActua 8».
5
Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «13RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_1662025zi(.zip)
NroActua 10».
6
Ver índice 15 de Samai. Archivo denominado
«20RECIBEMEMORIAL_Memorial_ilove_merged20250619(.pdf) NroActua 15».
4
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Demandante: Zoraida Hernández Pedraza
fundamentales y, de ser posible, también la orden de arresto hasta tanto no se les
cancelara los valores adeudados.
7. La UARIV guardó silencio.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20217 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y otro.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
10. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema9. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
11. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03422-00
Demandante: Zoraida Hernández Pedraza
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
12. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo10, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
13. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
14. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales. 13
15. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
16. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud de
tutela presentada por Zoraida Hernández Pedraza cumple con el requisito de
procedibilidad adjetiva de la subsidiariedad?
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03422-00
Demandante: Zoraida Hernández Pedraza
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad
17. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispuso, entre otras, como causal de improcedencia de la
solicitud de amparo:
[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]
18. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia14, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.2. Sobre el caso concreto
19. Zoraida Hernández Pedraza acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
las providencias proferidas el 17 de marzo y 22 de mayo de 2025 por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, por medio de las cuales
se le sancionó, como consecuencia de la declaratoria de desacato a la orden de
amparo constitucional del 11 de diciembre de 2024.
20. En este punto, pese a que no existe total claridad frente a la confusa situación
expuesta, la Sala procederá a realizar una exposición detallada del caso de Zoraida
Hernández Pedraza, conforme a los datos consignados en Samai y al expediente
remitido por la autoridad judicial demandada. En este sentido, se tiene por
demostrado lo siguiente:
20.1. Adela María Uribe Morales y otros presentaron solicitud de tutela en contra de
la UARIV, con la finalidad de que se ampararan sus derechos fundamentales al
debido proceso, mínimo vital y reparación de la población desplazada y, en
consecuencia, les cancelaran los montos adeudas relacionados con la indemnización
que en su momento le fue reconocida, pero no pagada, a su difunta madre.
14 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121
de 2003.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03422-00
Demandante: Zoraida Hernández Pedraza
20.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, en
sentencia del 11 de diciembre de 2024, decidió:
«[…] 1.- Conceder el amparo de los señores Adela María Uribe Morales, Omar Alfredo
Uribe Morales, Juvenal de Jesús Uribe Morales, Efigenia Esther Uribe Morales, Miguel
Enrique Uribe Morales y Mónica Patricia Uribe Morales contra la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, por la violación al derecho al debido
proceso, conforme se explicó en la parte motiva de esta providencia.
2.- Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas, aceptar y tener en cuenta la escritura número 2087 de 26 de
septiembre de 2024, por medio de la cual se realizó la sucesión de la señora María Idalides
Morales Rodríguez y, de esta manera, continuar con el trámite administrativo pertinente,
sin exigir requisitos adicionales respecto de la citada sucesión.
3.- Comuníquese la presente decisión a las partes por el medio más expedito posible,
indicándoles que contra la misma procede la impugnación ante el superior jerárquico.
4.- En caso de ser impugnado, remítase al Tribunal Administrativo del Magdalena para lo
de su cargo; en caso contrario, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión […]». (sic)
20.3. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 11 de febrero de
2025 confirmó lo resuelto por el a quo.
20.4. El 5 de marzo de 2025, los allí demandantes presentaron primer incidente de
desacato.
20.5. El juzgado de instancia, en providencia del 17 de marzo de 2025 dispuso:
«[…] 1º Imponer a la señora Zoraida Hernández Pedraza en su calidad de Coordinadora
Fondo para la Reparación de las Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación a
las Victimas – Uariv, sanción de arresto domiciliario por el término de tres (3) días
conmutable con multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, por haber
incurrido en desacato del fallo de tutela de 11 de diciembre de 2024, de conformidad con
las consideraciones de este proveído.
2º Consúltese en el efecto suspensivo, adviértasele a este funcionario que no está exento
de cumplir la orden impartida en la sentencia de la acción de tutela de fecha 11 de
diciembre de 2024. Surtido lo anterior se cumplirá lo aquí ordenado en el evento en que
sea objeto de confirmación […]». (sic)
20.6. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en providencia del 31 de marzo de
2025 resolvió:
«[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sanción de multa de tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes impuesta a la Coordinadora del fondo para la Reparación de las
Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas – Uariv, doctora
Zoraida Hernández Pedraza, al haberse acreditado el incumplimiento del fallo de tutela de
calenda 11 de diciembre de 2024, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Santa Marta.
SEGUNDO: REVOCAR la sanción de arresto domiciliario por el término de tres (3) días
impuesta a la Coordinadora del fondo para la Reparación de las Víctimas de la Unidad
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Demandante: Zoraida Hernández Pedraza
para la Atención y Reparación a las Víctimas – Uariv, doctora Zoraida Hernández Pedraza,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia. […]». (sic)
20.7. El 22 de abril de 2025, la UARIV presentó solicitud de inaplicación de la
sanción impuesta y modulación del fallo.
20.8. El 6 de mayo de 2025 los entonces demandante radicaron un segundo
incidente de desacato.
20.9. El juzgado constitucional de conocimiento, en providencia del 22 de mayo de
2025 resolvió:
«[…] 1º Imponer a la señora Zoraida Hernández Pedraza en su calidad de Coordinadora
Fondo para la Reparación de las Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación a
las Victimas – Uariv, sanción de arresto domiciliario por el término de cinco (5) días
conmutable con multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por haber
incurrido en desacato del fallo de tutela de 11 de diciembre de 2024, de conformidad con
las consideraciones de este proveído. Remítase el presente expediente a la Procuraduría
General de la Nación para que adelante las actuaciones de su competencia respecto al
reiterado incumplimiento por parte de la accionada de la orden tutelar.
2º Consúltese en el efecto suspensivo, adviértasele a este funcionario que no está exento
de cumplir la orden impartida en la sentencia de la acción de tutela de fecha 11 de
diciembre de 2024. Surtido lo anterior se cumplirá lo aquí ordenado en el evento en que
sea objeto de confirmación.
3º Por secretaría remítanse los oficios a las entidades pertinentes para el cumplimiento de
las sanciones impartidas […]». (sic)
20.10.El 27 de mayo de 2025, la anterior decisión se remitió al superior jerárquico
para decidir acerca del grado jurisdiccional de consulta.
20.11. Al respecto, se observa como última anotación «auto ordena», así:
20.12.Respecto a la anterior anotación, se recuerda lo expuesto por el Tribunal
Administrativo del Magdalena en su informe:
«[…] c. Posteriormente, el extremo actor presentó un nuevo incidente de desacato, ante
el incumplimiento de la orden tutelar, el cual fue resuelto por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Santa Marta a través de proveído de 22 de mayo de
2025, mediante el cual se impuso a la señora Zoraida Hernández Pedraza en su calidad
de Coordinadora del Fondo para la Reparación de las Víctimas de la Unidad para la
Atención y Reparación a las Victimas – UARIV, sanción de arresto domiciliario por el
término de cinco (5) días conmutable con multa de cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Dicha sanción fue remitida en consulta a esta Corporación, y en tal sentido, mediante
auto de 28 de mayo de 2025, se dispuso la remisión del expediente al Juzgado
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03422-00
Demandante: Zoraida Hernández Pedraza
Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta para que impartiera el trámite
correspondiente a la solicitud realizada por la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, consistente en la inaplicación de la sanción impuesta el 17 de
marzo de 2025 y confirmada por el Tribunal el 31 de marzo hogaño, así como también la
modulación del fallo proferido en sede de tutela». (sic) (Se resalta).
21. Conforme a lo acreditado, no consta que las solicitudes de modulación del fallo
de tutela y de inaplicación de la sanción impuesta en la providencia del 17 de marzo
de 2025, correspondiente al primer incidente de desacato, haya sido resuelta.
Tampoco se advierte pronunciamiento en sede de consulta por parte del Tribunal
Administrativo del Magdalena respecto de la sanción impuesta por el a quo en el
segundo incidente de desacato.
22. A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada
por Zoraida Hernández Pedraza no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda
vez que ambos trámites de desacato adelantados en el expediente constitucional
identificado con el radicado 47001333300720240032700/02 , se encuentran en
trámite, pues, existe solicitud pendiente de resolución en el primero, y se echa de
menos la decisión que resuelve el grado jurisdiccional de consulta en el segundo,
frente a lo cual se advierte que en el sistema jurídico no puede permitirse el
paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y el
de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone.
23. Se recuerda que, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el
fondo del asunto planteado, es necesario que este supere los requisitos generales
de procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad, al encontrarse pendientes de
resolución algunas actuaciones propias del proceso, las cuales guardan similitud con
el amparo pretendido.
3. Conclusión
24. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el
requisito de la subsidiariedad, la solicitud de tutela presentada por Zoraida Hernández
Pedraza en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Zoraida
Hernández Pedraza en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03422-00
Demandante: Zoraida Hernández Pedraza
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/ LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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