Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03427-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03427-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03427-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
24 de julio de 2025
Demandantes: Jaime Zamora Durán y otro
Demandados: Tribunal Administrativo del Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03427-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03427-00
Demandantes: JAIME ZAMORA DURÁN Y OTRO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL NORTE DE SANTANDER
Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial - Declara la improcedencia por
falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide el mecanismo constitucional de la referencia de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Los señores Jaime Zamora Durán y José Ricardo Zamora Durán, actuando en
nombre propio, instauraron acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, de acceso a la administración de justicia y el principio de
«legalidad y aplicación del precedente judicial»
Lo anterior, con ocasión a las providencias proferidas por las autoridades judiciales
accionadas el 22 de junio de 2023 y 6 de marzo de 2025, respectivamente, dentro
del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos con
radicado 54001-33-33-006-2021-00146-00/01, interpuesto contra el Departamento
Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario y el municipio de Villa
del Rosario.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
constitucionales y, en consecuencia, pidió:
[…]
1
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Demandantes: Jaime Zamora Durán y otro
Demandados: Tribunal Administrativo del Norte de Santander y otro
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PRIMERO: Amparar los Derechos Fundamentales que fueron vulnerados por el JUZGADO
SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DE CUCUTA Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER, en lo que concierne a dejar sin efecto lo resuelto en la sentencia
de 22 DE JUNIO DE 2023 y la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER DEL DIA 6 de MARZO DE 2025, la vuelva a proferir como en
derecho corresponda, teniendo entre los aspectos relevantes los lineamientos contenidos EN
LA SENTENCIA DE UNIFICACION DEL CONSEJO DE ESTADO, en relación a las agencias
en derecho que le corresponde a cada actor popular es decir que a la parte demanda debe
ser condenada al pago de agencias en derecho para cada actor popular de manera
independiente como en derecho corresponde.
SEGUNDO: Con el debido respeto solicito a su señoría se ordene a los tutelados modificar
parcialmente o corrigiendo la sentencia emitida por los accionados, adicionando y
reconociendo las costas y las agencias en derecho a favor de los demandantes y en contra
del demandado, dando la correspondiente seguridad jurídica en concordancia con el artículo
38 de la Ley No.472 de 1998, el artículo 361 del C.G.P. y la sentencia de unificación de SALA
PLENA del H. Consejo de Estado traída como sustento jurídico.. […]1
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos 2 que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará
Los señores Jaime Zamora Durán y José Ricardo Zamora Durán interpusieron
demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos contra el municipio de Villa del Rosario y el Departamento Administrativo
de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario, y solicitaron el amparo de derechos
colectivos, concretamente la protección de personas con discapacidad visual, al
evidenciar que los semáforos de la calle 5ª con carrera 7ª, y carrera 7ª con calle
5ª del municipio de Villa del Rosario carecían de señales sonoras, incumpliendo
con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 361 de 1997 y demás normativas
aplicables.
Este proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Cúcuta que, mediante providencia del 22 de junio de 2023, accedió a las
pretensiones de la demanda, al amparar los derechos colectivos al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos con respeto de las
disposiciones jurídicas de manera ordenada y dar prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes del municipio de Villa del Rosario, Norte de
Santander.
Como consecuencia de lo anterior, ordenó al municipio de Villa del Rosario y al
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario que
1 Transcripción literal del escrito de tutela.
2 Índice 02 Aplicativo Samai.
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adelantaran y ejecutaran, dentro del ámbito de sus competencias legales, las
gestiones que desde el punto de vista técnico, administrativo, presupuestal y de
planeación consideraran necesarias, para adecuar la instalación de señales
sonoras en los semáforos ubicados en la calle 5ª con carrera 7ª, y carrera 7ª con
calle 5ª del municipio de Villa del Rosario, los cuales deben cumplir con la Norma
Técnica Colombiana NTC 4902 de 2000, en lo relacionado con el botón de
activación.
Igualmente, ordenó que se conformara el Comité para la vigilancia del cumplimiento
de la sentencia, acorde con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998,
en el cual participarían, además de las partes, un representante de la Personería
del municipio de Villa del Rosario y de la Defensoría del Pueblo – Seccional Norte
de Santander y la procuradora Judicial 98 para Asuntos Administrativos Delegada
ante los juzgados administrativos.
Se abstuvo de condenar en costas, en el entendido que de conformidad con el
numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, sólo habrá lugar a las
mismas cuando en el expediente se pruebe que se causaron, presupuestos que no
se configuración en ese proceso.
Inconforme con la decisión, las partes demandante y demandada3 interpusieron
recursos de apelación, los cuales fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander que, mediante providencia del 6 de marzo de 2025, modificó la
sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo
Oral del Circuito de Cúcuta, confirmó el amparo de los derechos colectivos, declaró
configurada la carencia actual de objeto al encontrar que se estaban garantizando
los derechos colectivos de las personas en condición de discapacidad visual, en la
medida de que los sistemas sonoros que fueron instalados en la calle 5ª con carrera
7ª, y carrera 7a con calle 5ª del municipio de Villa del Rosario, cumplen con los
criterios técnicos que permiten la activación automática ante el cambio de señal sin
la necesidad del accionar humano, lo cual resulta más favorable y beneficioso para
este grupo de la sociedad.
Además, señaló que al evidenciarse que las medidas adoptadas para superar la
afectación de los derechos colectivos cumplieron su objetivo, decidió modificar la
sentencia de primer grado, en lo que respecta a la orden que se impartió, para en
su lugar, declarar durante el curso del proceso la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Por otro lado, con relación a las costas del proceso consideró que conforme a los
criterios objetivo-valorativos expuestos en los artículos 365 y 366 del Código
General del Proceso, en el presente caso no había lugar a reconocer las costas que
reclamaban los accionantes, en primer lugar, porque lo que se verificó en el sub
3 Municipio de Villa del Rosario y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa
del Rosario.
3
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examine fue la carencia actual de objeto por hecho superado, sin que se pueda por
lo tanto hablar de una parte vencida en el proceso, con mayor razón porque la
administración desde el momento en que dio respuesta, informó que se estaban
adelantando las actuaciones pertinentes para adecuar los semáforos de la calle 5ª
con carrera 7ª y carrera 7ª con calle 5ª del municipio de Villa del Rosario, con el
sistema sonoro previsto en el artículo 63 de la Ley 361 de 1997.
Aunado a lo anterior, el tribunal explicó que los demandantes no acreditaron la
causación de gastos durante el desarrollo del proceso y tampoco se evidenció que
su participación en beneficio de la comunidad hubiese ameritado un despliegue o
esfuerzo intelectual significativo para otorgar dicho reconocimiento.
La providencia de segunda instancia fue notificada a las partes mediante correo
electrónico el 11 de marzo de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró que el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en las
providencias del 22 de junio de 2023 y el 6 de marzo de 2025 respectivamente,
incurrieron en el defecto por desconocimiento del precedente y decisión sin
motivación al omitir el reconocimiento de las costas a favor del actor popular.
Citó apartes de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sala de Decisión
Especial 27 del 6 de agosto de 20194 y expuso que en su caso no se condenó en
agencias en derecho cuando sí era procedente su reconocimiento a los actores
populares, dado que se obtuvo el amparo de derechos colectivos, sin que la
modalidad procesal (digital, física o expedita) fuera justificación para negarlo.
Señaló que la sentencia de unificación citada reafirma que negar las agencias en
derecho en procesos de acción popular, por razones como la brevedad del proceso
o la tramitación digital, constituye una vulneración del precedente judicial y del
derecho al acceso efectivo a la justicia. Esta decisión vincula a todos los jueces
administrativos del país, bajo los principios de unidad de jurisprudencia y
obligatoriedad del precedente horizontal.
Así mismo, adujo que las providencias proferidas por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
incurrieron en un defecto por omisión en la motivación, al abstenerse de reconocer
las agencias en derecho sin exponer razones jurídicas suficientes que expliquen
dicha decisión. Si bien se mencionaron argumentos como la digitalidad del proceso
4
CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA DE
DECISIÓN ESPECIAL No. 27, MAGISTRADA: ROCIO ARAÚJO OÑATE, Bogotá D.C., seis (6) de
agosto de dos mil diecinueve (2019), Referencia: MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL-ACCIÓN
POPULAR, Radicación: 15001-33-33-007-2017- 00036-01, Demandante: YESID FIGUEROA
GARCIA, Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA, Temas: Acción popular. Costas procesales
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o la supuesta ausencia de prueba de gastos, estos son insuficientes y contrarios a
lo sostenido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación referida.
Agregó que las decisiones judiciales proferidas en la acción popular resultaban
contradictorias y vulneraban el principio de congruencia, lo que generaba
incertidumbre respecto a los efectos jurídicos de la sentencia, por lo que no podía
coexistir un fallo de primera instancia que ordenara acciones correctivas con una
sentencia de segunda instancia que afirmaba que el objeto del proceso desapareció.
Si el objeto se superó, entonces no debieron dictarse órdenes; y si se dieron, es
porque el objeto subsistía.
1.5. Trámite procesal de la acción
El 13 de junio de 20255 se admitió la acción y se ordenó la notificación a los
tutelantes6, al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta7 y
al Tribunal Administrativo de Norte de Santander8, como autoridades judiciales
accionadas.
Así mismo, se vinculó en calidad de terceros con interés, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al Departamento
Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario9 y al municipio de Villa
del Rosario10 [parte demandada y vinculada en medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos, respectivamente], la Personería del municipio
de Villa del Rosario11, la Defensoría del Pueblo – Seccional Norte de Santander12 y
la procuradora Judicial 98 para Asuntos Administrativos Delegada ante los
Juzgados Administrativos13 [quienes conforman el Comité para la vigilancia del
cumplimiento de la sentencia].
Posteriormente, mediante auto del 3 de julio de 202514, se ordenó notificar la
existencia de la tutela al Instituto Nacional para Ciegos- INCI, a quien se le comunicó
el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, conforme a lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
5 Indice 04 Aplicativo Samai.
6 Notificación al correo electrónico jaimezamoraduran@hotmail.com
7 Notificación a los correos electrónicos adm06cuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 sgtadminnstd@cendoj.ramajudicial.gov.co sgtadminnstd@notificacionesrj.gov.co
stectadminnstecd@cendoj.ramajudicial.gov.co
9Notificación al correo electrónico datrans@datransvilladelrosario.gov.co
10Notificación al correo electrónico notificacionesjudiciales@villarosario.gov.co
11 Notificación al correo electrónico personeriavilladelrosario@hotmail.com
12 Notificación al correo electrónico yoduran@defensoria.gov.co juridica@defensoria.gov.co
13 Notificación al correo electrónico procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
14 Índice 016 Aplicativo Samai.
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1.6.1. Departamento Administrativo de Tránsito y Trasporte del municipio de
Villa del Rosario15.
El director de la entidad solicitó que se niegue la presente tutela, toda vez que no
se ha vulnerado ningún derecho fundamental a los accionantes.
Indicó que según la sentencia 00036 de 2019 del Consejo de Estado, la condena
en costas en procesos de acciones populares se rige por el artículo 38 de la Ley
472 de 1998, que establece la posibilidad de reconocer costas procesales a favor
del actor popular.
Resaltó que, en cuanto a las agencias en derecho, la jurisprudencia ha señalado
que estas pueden ser reconocidas como parte de las costas procesales, siempre
que la intervención del actor popular haya sido determinante para la protección de
los derechos colectivos vulnerados. Sin embargo, no hay unanimidad en la
interpretación de esta norma, y algunas decisiones judiciales han limitado el
reconocimiento de agencias en derecho en procesos de acciones populares.
Agregó que la jurisprudencia ha establecido que en procesos de acciones populares
no procede la condena en costas, debido a la naturaleza pública y colectiva de estos
procesos. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que las
acciones populares tienen un fin público y no buscan proteger intereses particulares,
por lo que no se aplican las reglas generales sobre costas procesales.
En este sentido, indicó que la jurisprudencia ha derogado la aplicación de las
normas que permitían la condena en costas en procesos de acciones populares, al
considerar que estas acciones están diseñadas para proteger derechos e intereses
colectivos, y no intereses particulares.
Citó algunas providencias que sustentan esa posición:
• Sentencia C-215 de 1999 de la Corte Constitucional.
• Sentencia T-637 de 2001 de la Corte Constitucional.
• Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 15 de agosto de 2007.
1.6.2. Personería Municipal de Villa del Rosario16
El personero municipal solicitó que se declare que la entidad no tiene legitimación
en la causa por pasiva, comoquiera que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de los accionantes.
15
Índice 010 Aplicativo Samai.
16 Índice 011 Aplicativo Samai
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1.6.3. Tribunal Administrativo de Norte de Santander 17
El magistrado ponente de la providencia cuestionada manifestó que no vulneró los
derechos fundamentales deprecados en el escrito de tutela, pues la sentencia fue
dictada el 6 de marzo de 2025 dentro del expediente 2021-00146- 01, con
fundamento en los cargos propuestos por los demandantes en el recurso de
apelación y se efectuó el análisis correspondiente a las costas con base en el
artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 365 del CGP y a
la luz de lo definido por el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 6
de agosto de 2019.
Adujo que la decisión cuestionada frente al reconocimiento de costas, estuvo
debidamente sustentada y soportada tanto en las piezas obrantes en el expediente
digital como en las normas y jurisprudencia aplicable en la materia.
Señaló que la acción de tutela es improcedente, toda vez que lo accionantes
pretenden reabrir el debate en torno a ese aspecto en particular, al utilizar la tutela
como medio para que el juez constitucional funja como tercera instancia, puesto que
sus pretensiones están orientadas a obtener un provecho económico, lo que
también escapa de la esencia o propósito de este mecanismo de amparo.
Remitió enlace del expediente digital de la acción popular radicado 54001-33-33-
006-2021-00146-01.
1.6.4. Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta18
La titular del despacho señaló que la parte demandante en uso de su recurso de
apelación agotó la instancia correspondiente, respecto a la falta de condena en
costas y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander analizó con detalle y
decidió confirmar la decisión de primera instancia.
En cuanto al argumento esbozado por la parte actora relacionado con la
obligatoriedad de condenar en costas, específicamente frente al reconocimiento de
las agencias en derecho, resaltó que los accionantes actuaron en su condición de
ciudadanos, sin expresar en ningún momento o acreditar su condición de abogados,
para efectos de solicitar el reconocimiento de las agencias en derecho que ahora
pretenden.
1.6.5. Instituto Nacional para Ciegos – INCI
La representante judicial de la entidad realizó un recuento de las actuaciones del
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos en las que
participó el instituto.
17 Índice 012 y 013 Aplicativo Samai
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Índice 014 Aplicativo Samai
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Señaló que, dentro de los fallos de primera y segunda instancia, no se ordenó
ninguna acción que deba realizar el Instituto Nacional para Ciegos – INCI, sin
embargo, en todo momento se manifestó con claridad la importancia de respetar y
garantizar los derechos de las personas con discapacidad visual, conforme a los
principios constitucionales y legales que rigen la materia. Así mismo, se ofrecieron
las asistencias técnicas que el instituto está en capacidad de brindar dentro de sus
competencias.
La entidad reiteró su plena disposición para continuar prestando el acompañamiento
y las asistencias técnicas necesarias.
Precisó que el Instituto Nacional para Ciegos – INCI no tiene competencia legal para
pronunciarse respecto de la solicitud elevada por los tutelantes, en tanto no le
corresponde a esta entidad determinar aspectos procesales propios de la función
jurisdiccional, como lo es el reconocimiento o no de costas procesales dentro de los
procesos judiciales, incluyendo aquellos adelantados mediante el medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos, o cualquier otro tipo de actuación
judicial.
1.7 Manifestación de impedimento
El magistrado Omar Joaquín Barreto Suarez, mediante escrito del 23 de julio de
202519, manifestó́ estar impedido para conocer de la acción constitucional al
considerar que estaba inmerso en la causal 1º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal.
Sin embargo, los demás magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante auto de la fecha declararon infundada la manifestación, pues
no encontraron acreditados los supuestos de hecho establecidos en la norma para
su configuración.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por los
señores Jaime Zamora Durán y José Ricardo Zamora Durán, de conformidad con
lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
La Personería Municipal de Villa del Rosario y el Instituto Nacional para Ciegos –
INCI manifestaron que no tienen legitimación en la causa por pasiva para atender
las pretensiones de los accionantes.
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Índice 023 Aplicativo Samai
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Sin embargo, no se accederá a lo pedido, puesto que su vinculación se dio en
calidad terceros con interés, por haber intervenido en el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos, razón por la cual, se considera
pertinente que ejerzan su derecho de defensa y contradicción dentro de la acción
de tutela.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados; la Sala deberá resolver el
siguiente problema jurídico:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala examinará lo
siguiente:
• ¿Las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
invocados por los accionantes, con ocasión a las sentencias 22 de junio de
2023 y del 6 de marzo de 2025, respectivamente, mediante las cuales se
negó a la parte actora el reconocimiento de costas procesales, dentro del
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con
radicado 54-001-33-33-006-2021-00146-00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos
generales de procedibilidad, y (iii) el caso en concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 201220,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema21.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales22. Sin
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María
Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
21 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
22 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
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embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros se haría ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201423, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200524, para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia25 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.
Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud
de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, esto es: i) que
sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
24 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
25 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590
de 2005.
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2.5. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202226, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal27 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
26 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
27 Sentencia SU-573 de 2019.
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En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico28; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional29[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal30”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales31”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto32, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal33. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
Los señores Jaime Zamora Duran y José Ricardo Zamora Duran manifestaron que
el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cúcuta y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión a las
providencias proferidas el 22 de junio de 2023 y el 6 de marzo de 2025,
respectivamente, al negar el reconocimiento de costas procesales.
Los accionantes manifestaron que las autoridades incurrieron en los defectos por
desconocimiento del precedente y decisión sin motivación.
Con relación al desconocimiento del precedente, se señaló que no atendieron los
criterios establecidos en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sala de
28 Sentencia SU-103 de 2022.
29 Sentencia SU-103 de 2022.
30 Sentencia SU-103 de 2022.
31 Sentencia SU-128 de 2021.
32 Sentencia SU-573 de 2019.
33 Ib.
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Decisión Especial 27 del 6 de agosto de 201934, providencia en la cual se indicó que
sí es procedente el reconocimiento de las costas y agencias en derecho a favor de
los actores populares, cuando se obtiene el amparo de derechos colectivos.
Así mismo, adujeron que las providencias proferidas por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
incurrieron en un defecto por omisión en la motivación, al abstenerse de reconocer
las costas sin exponer razones jurídicas suficientes que expliquen dicha decisión.
El juez de primera instancia fundamentó su decisión de abstenerse de condenar en
costas, en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del Código General de
Proceso y en la sentencia de unificación referida por los accionantes del 6 de agosto
de 2019 y señaló:
[…] En el caso bajo estudio, debe señalarse que, no es posible establecer los gastos
en los que haya podido incurrir la parte demandante, por lo que no se encuentran
acreditada la causación de algún tipo de costa procesal, más aún, cuando el proceso
tuvo un trámite tan expedito, el mismo fue en su totalidad digital, y no existe material
probatorio en el expediente que permita desprender la necesidad de algún tipo de
reconocimiento, en este sentido.
Al respecto, la citada sentencia de unificación consideró: “Las costas, tanto en su
componente de expensas como de agencias en derecho, son fijadas por el juez de
conocimiento bajo los criterios establecidos en la ley, por tanto, no obedecen al arbitrio
o discrecionalidad de los sujetos procesales ni tampoco al capricho del fallador. Por
el contrario, como el reconocimiento de las costas es un derecho subjetivo, dado el
claro carácter indemnizatorio y retributivo que tienen, en ningún caso puede ser fuente
de enriquecimiento sin causa, razón por la cual, su condena, es el resultado de
aplicar, por parte del juez, los parámetros previamente fijados por el legislador, a
efectos de establecer si hay lugar o no a su reconocimiento, con el fin de compensar
el esfuerzo realizado y la afectación patrimonial que le implicó la causa a quien resultó
victorioso”.
En suma a lo anterior, el Honorable Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
en sentencia de segunda instancia del 24 de noviembre de 2022, proferida dentro de
la acción popular identificada con el radicado número 54001333300620210014901,
el cual guarda similitud fáctica con el presente asunto, resolvió confirmar la decisión
de no condenar en costas en primera instancia, dado que no obraba prueba alguna
de la cual se pudiera establecer los gastos en los que haya incurrido el accionante
con ocasión al proceso, aunado a que las actuaciones se adelantaron utilizando los
medios tecnológicos, tal y como acontece en el asunto que se estudia en la presente
providencia. […].
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, confirmó la negativa
frente a las costas solicitadas por los accionantes también conforme con la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2019. Consideró
que las costas procesales se reconocen y liquidan conforme a los criterios objetivo-
34 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA DE
DECISIÓN ESPECIAL No. 27, MAGISTRADA: ROCIO ARAÚJO OÑATE, Bogotá D.C., seis (6) de
agosto de dos mil diecinueve (2019), Referencia: MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL-ACCIÓN
POPULAR, Radicación: 15001-33-33-007-2017- 00036-01, Demandante: YESID FIGUEROA
GARCIA, Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA, Temas: Acción popular. Costas procesales
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valorativos señalados en los artículos 365 y 366 del Código general del Proceso, y
expuso:
[…] la Sala considera que en el presente caso no hay lugar a reconocer las costas
que deprecan los accionantes, en primer lugar, porque lo que se verificó en el sub
examine fue la carencia actual de objeto por hecho superado, sin que se pueda por
lo tanto hablar de una parte vencida en el proceso, con mayor razón porque la
administración desde el momento en que dio respuesta a la reclamación presentada
por la parte actora en sede administrativa, informó que se estaban adelantando las
actuaciones pertinentes para adecuar los semáforos de la Calle 5 con Carrera 7, y
Carrera 7 con Calle 5 del Municipio de Villa del Rosario, con el sistema sonoro previsto
en el artículo 63 de la Ley 361 de 1997.
Aunado a lo anterior, cabe destacar que los demandantes no acreditaron la causación
de gastos durante el desarrollo del proceso, y tampoco se evidencia que su
participación en pro del beneficio de la comunidad haya ameritado un despliegue o
esfuerzo intelectual significativo que amerite otorgar dicho reconocimiento, con mayor
razón porque su actuación se dio a través de medios electrónicos, aunado a que para
el momento en que rindieron alegatos de conclusión, se pudo constatar que los
dispositivos sonoros reclamados ya se encontraban en funcionamiento.[…]
En el presente asunto, es evidente que los accionantes pretenden a través de este
mecanismo de protección que se retome una discusión que ya fue abordada por los
jueces naturales en el marco del medio de control: protección de los derechos e
intereses colectivos, escenario natural del debate y que culminó con la decisión
adoptada en segunda instancia.
La controversia propuesta por los accionantes versa sobre la aplicación de una
norma de orden legal y con contenido netamente económico, toda vez que sus
pretensiones buscan el reconocimiento de las costas a favor de los demandantes y
en contra del demandado por lo que dista del fin de la acción de tutela, que no es
otro que el de proteger garantías fundamentales cuando se vean vulneradas o
amenazadas, lo que no sucede en este caso.
Así las cosas, para la Sala no se cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien la parte actora enuncia la transgresión de
derechos fundamentales, sus argumentos pretenden es reabrir la discusión, que ya
fue objeto de decisión por el juez natural de la causa, y por referirse a una disputa
que tiene su origen en una controversia de orden económica, y no en el alcance de
un derecho fundamental ni la interpretación, aplicación o desarrollo de la
Constitución Política.
Teniendo en cuenta lo anterior, no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
al convertirlo en una instancia adicional.
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En este sentido, se declarará la improcedencia de acción de tutela por no superar
el requisito general de la relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:
PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por
los señores Jaime Zamora Durán y José Ricardo Zamora Durán, por no superar el
requisito general de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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