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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03428-01

Fecha
3 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03428-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia impugnada, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03428-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

3 de diciembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03428-01
Demandante: Luz Aida Acevedo Arango

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03428-01
Demandante: LUZ AIDA ACEVEDO ARANGO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de origen.

La Sala1 decide la impugnación presentada por el apoderado de la señora Luz Aida
Acevedo Arango contra la sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida por la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 4 de junio de la presente anualidad, la señora Luz Aida Acevedo Arango interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Cartago, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al mínimo vital2,
con ocasión de las providencias proferidas el 11 de julio de 2024 y el 27 de febrero de
2025, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
76-147-33-33-002-2020-00191-00/01. Formuló las siguientes pretensiones
(transcripción textual, con posibles errores incluidos):

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA AL MÍNIMO VITAL,
Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que EL JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DE CARTAGO, en sentencia instancia No. 072 del 11 de junio de
2024, incurrió en un defecto sustantivo pues se observa que, de manera errada,
desconocieron las pruebas aportadas durante el debate procesal, artículo 25 de la
Constitución Política, articulo 26 de la Ley 361 de 1997 y el precedente judicial.

1 Se advierte que el 4 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También invocó el principio de legalidad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03428-01
Demandante: Luz Aida Acevedo Arango

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la Sentencia Segunda Instancia No. 043
del 27 de febrero De 2025, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca dentro de la ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO LABORAL.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo de Cartago, que en el
término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso
ordinario Laboral promovido, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la
ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,
que en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del
proceso ordinario Laboral promovido. Teniendo en cuenta las nuevas pruebas que
se aportan al presente escrito de tutela.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. La señora Luz Aida Acevedo Arango ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Municipio de Ansermanuevo, con el fin de obtener
la nulidad de la Resolución 0008 del 2 de enero de 2020, mediante el cual se declaró
insubsistente su nombramiento en el cargo de auxiliar de servicios generales, código
470, grado 01, empleo cuya naturaleza es de libre nombramiento y remoción.

4. Al proceso se le asignó el radicado 76-147-33-33-002-2020-00191-00 y correspondió,
por reparto, al Juzgado Cuarto Administrativo de Cartago, que, mediante sentencia del
11 de junio de 2024 negó las pretensiones, tras considerar que el retiro se produjo en
ejercicio de la facultad discrecional, propia del nominador para administrar los empleos
de libre nombramiento y remoción, sin que se avizore el desconocimiento de fuero de
estabilidad alguno, en razón al estado de salud de la servidora, dado que las historias
clínicas aportadas al plenario, no dan cuenta de que al momento de la desvinculación,
aquella se encontrara en situación de vulnerabilidad manifiesta debido a sus
padecimientos.

5. Inconforme con la decisión, la parte demandante la apeló y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca la confirmó con sentencia del 27 de febrero de 2025, porque, al igual
que el a quo, consideró que del material probatorio allegado al expediente no era posible
establecer la condición de vulnerabilidad manifiesta invocada, dado que, si bien las
historias clínicas allegadas dan cuenta de que a la actora en el año 2018 se le practicó
un procedimiento para tratar el diagnóstico de túnel carpiano, lo cierto es que, se
reintegró a laborar desde el 26 de febrero de 2019, con algunas recomendaciones, y
pese a que en adelante -hasta la fecha de retiro-, se registraron algunas incapacidades,
las mismas fueron cortas (2, 3 o 10 días) y originadas por «enfermedad general».

6. Luego de señalar que la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia
para censurar providencias judiciales, la accionante sostuvo que las sentencias
cuestionadas incurren en los siguientes vicios:

7. Defecto sustantivo. Las autoridades judiciales accionadas desconocieron el artículo
25 Superior que consagra el derecho al trabajo, así como la Ley 361 de 1997,
básicamente porque valoraron erróneamente las pruebas, y no consideraron que la
señora Acevedo Arango se encontraba en un estado de vulnerabilidad manifiesta, por

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Demandante: Luz Aida Acevedo Arango

razones de salud, y, por ende, gozaba de fuero de estabilidad reforzada que impedía su
desvinculación del servicio.

8. Afirmó que en las sentencias T-292 de 2011 y C-531 de 2000 (en la que se analizó la
constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 361 de 1997), la Corte Constitucional señaló
que, sin importar el tipo de relación laboral y la naturaleza de la discapacidad, todo
trabajador que se encuentre en estado de vulnerabilidad manifiesta por razones de su
salud tiene derecho a que se le garantice la estabilidad laboral reforzada.

9. Defecto fáctico. En las sentencias censuradas no se consideró que al momento del
retiro de la señora Acevedo Arango gozaba de estabilidad laboral reforzada, lo cual, en
su sentir, se demostró porque se probó: (i) que el fisiatra le prescribió un tratamiento de
tres meses para continuar el manejo de la patología presentada en la mano izquierda, el
cual no pudo realizar, dado que quedó desvinculada del servicio de salud; (ii) el 7 de
enero de 2020 le realizaron una ecografía mamaria, y fue remitida al ginecólogo porque
presentó dolor, pero no pudo asistir a dicha valoración por falta del cubrimiento del
sistema de salud; (iii) en razón a que no pudo realizarse los exámenes ni continuar sus
tratamientos médicos, el estado de salud de la señora Acevedo Arango empeoró, e
incluso empezó a sufrir de trastornos de ansiedad y depresión originados en su
desempleo; (iv) no pudo asistir a sus citas médicas en la clínica del dolor, previamente
programadas.

10. Además, reprocha que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el fallo
censurado haya señalado que la mayoría de las historias clínicas se aportaron en forma
incompleta e ilegibles, dado que, a su juicio, si advirtió dicha falencia debió decretar las
pruebas de oficio correspondientes, y no proceder, como lo hizo, a negar el derecho
pretendido, en evidente transgresión del derecho al debido proceso.

11. Violación directa de la Constitución. Los fallos censurados vulneraron los
derechos al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia
en cabeza de la accionante, porque no aplicaron el precedente judicial en la materia y no
valoraron debidamente el material probatorio.

B. Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante proveído del 24 de junio de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartago
y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en calidad de terceros con interés
ordenó la notificación del alcalde del Municipio de Ansermanuevo, por haber intervenido
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76-147-33-33-002-
2020-00191-00/01.

13. La Magistrada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ponente de la
decisión censurada, manifestó que no se avizoran las violaciones alegadas, dado que,
en la sentencia objeto de reproche, la Corporación analizó debidamente el caudal
probatorio y concluyó que no se desvirtuó la legalidad del acto administrativo
demandado, habida consideración de que la decisión de retiro tuvo origen en el ejercicio
de la facultad discrecional, la cual, se presume desplegada en aras del buen servicio, sin
que ello, se haya desvirtuado por la parte interesada.

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14. En consonancia con lo anterior, adujo que la parte accionante pretende convertir la
acción de tutela en una instancia adicional, toda vez que, a todas luces, busca reabrir un
debate que ya se resolvió en sede ordinaria.

15. El Juzgado Cuarto Administrativo de Cartago manifestó que la parte actora acude
a la acción de tutela como si se tratara de una tercera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que es improcedente a la luz de la jurisprudencia en la
materia. En consecuencia, pidió que se niegue el amparo solicitado.

C. Fallo impugnado

16. En sentencia del 8 de agosto de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera de
esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que carece de
relevancia constitucional.

17. Expuso que el asunto ya fue objeto de pronunciamiento por parte del juez natural y
que la acción de tutela contra providencia judicial no puede emplearse como instancia
adicional del proceso ordinario.

18. Afirmó que el Tribunal accionado, de una parte, examinó la naturaleza del cargo de
libre nombramiento y remoción, y de otra, analizó la condición de salud invocada por la
actora, y determinó que, si bien presentó quebrantos de salud en el año 2019, y su
patología de túnel carpiano es objeto de seguimiento médico, no se demostró que para
el momento de la desvinculación se encontrara en estado de vulnerabilidad manifiesta y
por ende, fuera sujeto de especial protección y estabilidad laboral reforzada.

19. En ese orden, consideró que la decisión censurada obedeció a la valoración de las
pruebas obrantes en el expediente, de cara a la jurisprudencia constitucional aplicable
en la materia, mientras que, los argumentos esgrimidos por la accionante se limitan a
manifestar su desacuerdo con la ponderación que realizó el Tribunal accionado, entre
los principios que se alegan como vulnerados y la presunción de legalidad del acto
administrativo demandado.

20. Finalmente, señaló que la facultad de decretar pruebas oficiosamente es
discrecional, y por ende el operador judicial puede optar por ese camino, en caso de que
necesite esclarecer puntos oscuros o dudosos de la controversia, pero ello, no implica
modificación alguna de las cargas procesales. Además, señaló que la acción de tutela
no puede utilizarse como escenario para subsanar las falencias probatorias en las que
se incurrió en el proceso ordinario.

21. Todo lo anterior, para concluir que la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa exigida para censurar providencias en esta instancia constitucional, y en
todo caso, pretende convertir la acción constitucional en una tercera instancia del
proceso ordinario, reabriendo un debate que fue zanjado por el juez natural de la causa,
mediante una decisión que no se advierte caprichosa ni arbitraria.

D. Impugnación

22. El apoderado de la demandante ratificó los hechos y los argumentos de derecho que
cimentaron la demanda.

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Demandante: Luz Aida Acevedo Arango

23. Reiteró que cuando la señora Acevedo Arango fue retirada del servicio, gozaba de
estabilidad laboral reforzada, debido a la patología que la aquejaba y que estaba siendo
tratada según la prescripción médica del fisiatra.

24. Además, el retiro del servicio originó su desvinculación del sistema de salud, lo que
le impidió acudir a sus citas en la clínica del dolor, practicarse los exámenes requeridos,
continuar con el tratamiento indicado para contrarrestar la patología de túnel del carpo,
y asistir a controles por la especialidad de ginecología. Esto, sumado a que luego de la
terminación del nombramiento, la actora empezó a sufrir trastorno mixto de ansiedad y
depresión, originado en su situación de desempleo.

25. Insistió en que, es inadmisible que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca haya
tomado una decisión sin contar con la totalidad de las historias clínicas, dado que, pese
a que advirtió que, algunas se encontraban incompletas e ilegibles, no hizo uso de su
facultad oficiosa para decretar la documental necesaria, sino que procedió a proferir fallo
con esa falencia probatoria.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 8
de agosto de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, de esta Corporación,
que declaró improcedente la petición de amparo, por considerar que carece de relevancia
constitucional.

28. En ese orden, la Subsección deberá establecer si la tutela cumple con el requisito de
relevancia constitucional y los demás requisitos generales exigidos por la jurisprudencia
para cuestionar providencias judiciales. Sólo en caso de que se supere el análisis de
procedencia, se abordará el análisis de fondo del asunto planteado, conforme a los
argumentos de la alzada.

H. Análisis de la Sala

Del requisito de relevancia constitucional

29. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.

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30. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

31. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.

Caso concreto y solución del problema jurídico

32. De entrada, al igual que el juez de tutela de primera instancia, la Sala anticipa que la
presente tutela interpuesta por la señora Luz Aida Acevedo Arango, deviene
improcedente porque no supera el requisito de relevancia constitucional, en tanto que
tiene la clara y marcada intención de revivir la controversia planteada en el proceso de
nulidad y restablecimiento con radicado 76-147-33-33-002-2020-00191-00/01/02.

33. Es evidente que a través de la acción constitucional de la referencia, la señora
Acevedo Arango pretende revivir el debate suscitado en el proceso de origen, lo que se
hace más notorio con los argumentos invocados tanto en la demanda como en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo del 11 de junio de 2024, proferido por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Cartago, confirmado por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca mediante la providencia censurada, que data del 27 de febrero de 2025.

34. Dichos argumentos -que replica en la impugnación que ahora resuelve la Sala-,
versan básicamente sobre el presunto estado de vulnerabilidad manifiesta, originado en
razones de salud, en el que se encontraba la señora Luz Aida Acevedo Arango al
momento de la desvinculación, que, a juicio de la parte actora, impedía su retiro por
encontrarse amparada por el fuero de estabilidad reforzada.

35. Ahora bien, revisada la sentencia del 11 de junio de 2024, se advierte que el Juzgado
Cuarto Administrativo de Cartago, se pronunció sobre esos reproches, apoyado en la
jurisprudencia vigente en la materia 4 y en el análisis del material probatorio que se
recopiló en el proceso. Esto concluyó el juez natural en primera instancia (se transcribe
con posibles errores incluidos):

Así las cosas, de las pruebas aportadas al proceso, se desprende que la
declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la demandante, fue producto
de la facultad discrecional con que contaba el Alcalde Municipal de
Ansermanuevo (V), por ser un cargo de libre nombramiento y remoción,

3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022

y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
4 Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. César Palomino

Cortés, radicado: 25000-23-42-000-2015-05433-01.

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autoridad la cual, según la normatividad, contaba con la facultad para adoptar tal
disposición.

Lo anterior, pese a los argumentos expuestos en la demanda, según los cuales
la peticionaria se encontraba en un estado de debilidad manifiesta en atención a
su condición de salud, escenario que no se ajusta a lo acreditado con las
historias clínicas aportadas, las cuales dan cuenta de que, si bien la demandante
se encontraba en desarrollo de un tratamiento médico, al momento en que fue
declarada su insubsistencia -02 de enero de 2020-, está ya se había reintegrado
al cargo que desempañaba hace más de diez meses, toda vez que su reintegro
acaeció el 26 de febrero de 2019.

Aunado a lo anterior, se tiene que, si bien la patología padecida por la señora
Luz Aida Acevedo Arango disminuyó su estado de salud y registro varias
incapacidades en el año 2019, tal condición, solo afectó el desempeño de sus
funciones de manera temporal según las incapacidades médicas aportadas, una
por tres meses y posteriormente otra por diez (10) días, por lo que, según los
pronunciamientos jurisprudenciales citados, estamos frente a una enfermedad
común con dolencias e incapacidades normales y transitorias.

Sobre el estado de debilidad manifiesta por salud, la Corte Constitucional5 en
pronunciamiento del 10 de abril de 2023, determinó:

«15. En primer lugar, hay que señalar que una persona se encuentra en una
situación de debilidad manifiesta por motivos de salud en el ámbito laboral
cuando: “su situación de salud le impide o dificulta sustancialmente el
desempeño de sus labores en condiciones regulares, sin necesidad de que
exista una calificación previa que acredite una discapacidad”. En este
sentido, la Corte ha establecido que para determinar si una persona es titular
de la garantía de estabilidad laboral reforzada no se requiere una calificación
de pérdida de capacidad laboral, sino que se deben cumplir los siguientes
tres presupuestos8 . Primero, que se establezca que el trabajador realmente
se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte
significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades.
Segundo, que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el
empleador en un momento previo al despido. Tercero, que no exista una
justificación suficiente para la desvinculación, de tal forma que sea claro que
el despido fue discriminatorio».

Visto lo anterior, debe señalarse que la actora no logró acreditar que la decisión
discrecional de insubsistencia de su nombramiento en el cargo de libre
nombramiento y remoción, tuviera origen en móviles falsos, y no por razones del
mejoramiento del servicio, toda vez que, no basta con el simple dicho, sino que
se debe demostrar ante el plenario tal situación; lo anterior conlleva a tener por
no acreditado el cargo de nulidad por falsa motivación formulado por el
demandante, y como consecuencia de ello se denegaran las pretensiones de la
demanda.

36. En esa oportunidad, el juzgado hizo especial ahínco en el material probatorio
recaudado, y destacó que del mismo no fue posible inferir que la accionante se
encontrara en el estado de vulnerabilidad manifiesta alegado. Esto, sin desconocer que,
evidentemente, conforme a las historias clínicas aportadas al plenario, la servidora
padecía de una patología que menguó su estado de salud, pero que, al momento del
retiro, no le afectaba o impedía el desempeño de las funciones asignadas.

37. En el recurso de apelación, las alegaciones se encaminaron a señalar que el cargo
que fungía la accionante no era de libre nombramiento y remoción -argumento que, no

5 Sentencia T-094 de 2016.

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se trajo a esta instancia constitucional-; y a reiterar que, al momento de la desvinculación,
la señora Acevedo Arango se encontraba en estado de vulnerabilidad manifiesta por
cuestiones de salud.

38. El Tribunal accionado, al resolver la alzada en la sentencia censurada, abordó los
reproches efectuados por la accionante contra el acto administrativo que la retiró del
servicio, y que, como se dijo, en lo atinente al fuero de estabilidad reforzada, se replican
en la solicitud de amparo. Sobre el particular, luego de hacer extensa referencia a la
legislación vigente, a la jurisprudencia aplicable en la materia, y al material probatorio
obrante en el expediente, expuso:

45. De lo acreditado en el proceso se tiene que la demandante en el año 2018
le fue practicado un procedimiento médico para tratar el diagnóstico de túnel
carpiano, pero del mismo fue dada de alta e ingresó a laborar desde el 26 de
febrero de 2019 con recomendaciones.

46. Aunque al plenario se allegaron diferentes incapacidades presentadas
durante el año 2019, las mismas se generaron por poco tiempo (2 días, 3 días,
2 días, 5 días, 3 días, 10 días, 2 días) y en intervalos muy amplios entre la
una y la otra, además se registró la causa como “enfermedad general”.

47. En ese caso, no resulta posible presumir que la demandante se
encontraba en un tratamiento continúo por una o varias patologías en
específico, pues del certificado médico expedido el 30 de octubre de 2019 y
de la misma consulta del 16 de mayo de 2020 se advierte que la señora Luz
Aida asistía al servicio médico por “múltiples síntomas” y los resultados de
reportes de exámenes concluían que se encontraba dentro de los “límites
normales”.

48. Tampoco se demostró que la demandante estuviera catalogada como una
persona con “diversidad funcional” que le dificultara total o parcialmente
aportar su fuerza de trabajo en una actividad que le permita garantizar su
subsistencia. Con ello, este cargo debe despacharse negativamente.

39. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es
que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado del
material probatorio allegado, y sustentado en los hechos que se demostraron concluyó
que la accionante no demostró los vicios alegados.

40. Ahora bien, obsérvese que las decisiones de ambas instancias censuradas en el sub
lite, se profirieron a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha
mencionado que «(…) por regla general, los empleados públicos de libre nombramiento
y remoción, que relaciona el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, no gozan de
estabilidad laboral reforzada como consecuencia, bien, de las funciones a su cargo o de
la suma confianza que exige su labor»6.

41. Ello, sin desconocer la protección especial que recae sobre las personas en situación
de discapacidad7, o que tienen diversidad funcional, dado que «(…) la jurisprudencia
constitucional ha señalado que, sin importar el tipo de relación laboral y la naturaleza de
la discapacidad, todo trabajador que se encuentre en esta situación tiene derecho a que

6 SU-003 de 2018.

7 Artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

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se le garantice la estabilidad laboral reforzada por estar en una condición de debilidad
manifiesta [Léase como: condición de vulnerabilidad manifiesta]»8.

42. Lo anterior, bajo la claridad de que, «no toda persona enferma, convaleciente o que
esté en tratamiento para conjurar una afección de salud, hace parte de aquellas [se
refiere a las personas en situación de discapacidad]»9; y considerando que, la Corte
Constitucional en la sentencia C-824 de 2011, al analizar la constitucionalidad de la Ley
361 de 7 de febrero de 199710, concluyó que «Más que de discapacidad leve y moderada,
la jurisprudencia ha señalado que en estas situaciones debe hablarse de personas que
por su estado de salud física o mental se encuentran en condiciones de debilidad
manifiesta [Léase como: condición de vulnerabilidad manifiesta], que les dificulta trabajar
en ciertas actividades o hacerlo con algunas limitaciones y que por tanto, requieren de
una asistencia y protección especial para permitirles su integración social y su realización
personal, además de que gozan de una estabilidad laboral reforzada».

43. En consonancia con lo expuesto, en cada caso, en aras de determinar si el empleador
incumplió los deberes que la jurisprudencia constitucional ha establecido para efectos de
garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de este grupo poblacional, el
operador judicial debe examinar, de cara al material probatorio allegado, que: (i) el
servidor se encuentre en situación de discapacidad, o en estado de debilidad manifiesta;
(ii) Que el empleador tenga conocimiento de tal situación; y (iii) que se halle probado el
nexo causal entre el despido y el estado de salud del trabajador.

44. En ese orden, se evidencia que las autoridades judiciales accionadas, en primer
lugar, procedieron a determinar si la servidora Acevedo Arango se encontraba en
situación de discapacidad o vulnerabilidad manifiesta, en aras de establecer si al
momento de la desvinculación ostentaba fuero de estabilidad en razón de su condición
de salud.

45. No obstante, en ambas instancias, con apoyo del caudal probatorio recaudado, los
operadores judiciales concluyeron que, si bien la empleada reportaba algunas afecciones
de salud, entre ellas la del túnel del carpo, del que fue operada en el año 2018, al
momento del retiro, que se produjo el 3 de enero de 2020, no presentaba una situación
médica que le dificultara total o parcialmente el desarrollo de su fuerza de trabajo en
alguna actividad que le permitiera asegurar su subsistencia.

46. Es decir, descartaron que, a la fecha de la desvinculación, la señora Acevedo Arango
se encontrara en una situación de salud limitante o que ostentara una diversidad
funcional, que la pusiera en situación de vulnerabilidad manifiesta y, por ende, la hiciera
sujeto de especial protección, amparada por el fuero de estabilidad laboral reforzada que
invocó en el curso del proceso de origen, y que ahora continúa reclamando en esta sede
constitucional.

8 Sobre el particular, se puede consultar las sentencias T-292 de 2011 y T-327 de 2012.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera;
Radicado 25000-23-42-000-2018 01641-02.
10 «Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de
discapacidad y se dictan otras disposiciones».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03428-01
Demandante: Luz Aida Acevedo Arango

47. Así las cosas, para la Sala, resulta evidente que, con la totalidad de argumentos
invocados en la tutela, la accionante pretende convertir este valioso mecanismo de
protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso
ordinario. Por tanto, se impone confirmar el fallo impugnado.

48. Finalmente, la Subsección coincide con lo manifestado por el fallador de primera
instancia, en relación con la facultad oficiosa de decretar pruebas, dado que su ejercicio
se reserva para aquellos casos en que es necesario disponer de un elemento de prueba
adicional, en aras de dilucidar aspectos que no resultan claros del material probatorio
obrante en el expediente, pero de ninguna manera se encamina a suplir o a reemplazar
la carga probatoria que pesa sobre la parte que alega el supuesto de hecho que pretende
hacer valer. En todo caso, en esta oportunidad no se avizora que se haya presentado
dicha situación, puesto que las autoridades judiciales accionadas llegaron a la plena
convicción de que la empleada no se encontraba en estado de vulnerabilidad manifiesta
para el momento del retiro.

49. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia impugnada, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

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